De la tempestad…

Como ya hemos contado en infinidad de ocasiones, este periódico nació para convocar a la huelga del 29 de septiembre de 2010, con el doble objetivo de llamar a la movilización contra los recortes impuestos por el PSOE y de visibilizar el papel paralizador de los sindicatos oficiales.

Año y medio después, y ya con un año de publicación periódica, sacábamos 4.000 periódicos a las calles de Madrid contra la reforma laboral del PP a la que denominamos la reforma del miedo y que fue enfrentada con la huelga general del 29 de marzo de 2012.

El abaratamiento de los costes del despido y la prioridad de los convenios de empresa, tendrían unas consecuencias claras que se confirmaron con el paso del tiempo:

“cobraremos menos, tendremos una inseguridad absoluta sobre nuestro futuro y nuestras condiciones laborales quedarán totalmente ligadas a los deseos y necesidades de la empresa. La reducción de la indemnización por despido e incluso su supresión durante el año de prueba supone una merma de nuestros ingresos y un incentivo para los empresarios a la hora de reducir su plantilla y aumentar beneficios. En última instancia, la idea de la reforma laboral es muy simple: “reducir los costes laborales” para “aumentar la productividad”. A las claras, que nosotros trabajemos más por menos para que “todos” (pero unos antes que otros) podamos salir de la crisis.

Pero si de algo va esta reforma no es tanto de recortes, rebajas y reducciones… eso es el medio. Esta reforma de lo que va es de miedo, de miedo y poder. El miedo que persigue imponer en los trabajadores a costa de aumentar el poder de los empresarios para hacer y deshacer a su antojo. Todos los puntos de la reforma se resumen en uno: aumentar la precariedad y la indefensión a la que los trabajadores nos vemos sometidos, que puede llevarnos a aceptar todas las condiciones que exija el empresario. Con la amenaza del despido sobrevolando por la cabeza, se pretende reducir la combatividad que pudiese mostrar el empleado y, como ya ha reconocido el PP, aumentar su “rendimiento”. Sabiendo que el despido es casi gratuito y que más de cinco millones de parados están prácticamente obligados a aceptar cualquier trabajo, ¿Quién va a exigir que se le paguen las horas extraordinarias? ¿Cómo decirle al jefe que quieres vacaciones? ¿Cómo negociar un convenio de empresa?”

… a la calma

Unos meses después, salíamos a la calle el 14 de noviembre en la Huelga General europea y no fue hasta el 8 de marzo de 2018 y 2019 cuando el movimiento feminista nos llamó a dejar quieta la herramienta (y el delantal y el monedero) porque era la hora de luchar.

La ausencia de convocatorias de huelga general, a pesar de que la ofensiva no se detuvo, se explica no solo por la inacción de las dos grandes centrales sindicales, sino en la parálisis entre la clase trabajadora provocada por la crisis y la inestabilidad laboral.

Si bien la falta de paros generales llaman más la atención, la reducción de huelgas sectoriales o de empresa han sido también una dinámica constante en estos años. Analizando las jornadas no trabajadas por convocatoria de huelga, excluyendo los paros generales, observamos que en los años anteriores a 2010 se perdieron entre ochocientas mil y millón y medio de días de trabajo al año por huelga. En 2011 y 2012, pasamos a parar en quinientos y ochocientos mil días, respectivamente, y desde entonces a 2020, las jornadas de trabajo perdidas fluctúan entre los doscientos y trescientos cincuenta mil días.

En los últimos años, vivimos un ligero aumento de los días no trabajados por huelgas, habiéndose convocado 707 huelgas e todo el Estado, siendo 253 de ellas en Euskadi, que viene liderando la lucha obrera.

Aunque parezca un sinsentido, podemos decir que en estos momentos, más allá de la no convocatoria de huelgas generales, el problema está en su convocatoria irreflexiva.

La huelga debe ser una herramienta de lucha que sirva para ganar un conflicto o, al menos para mostrar al enemigo nuestra fuerza. Si bien no podemos negar la buena voluntad de sus convocantes, las llamadas huelgas generales de 2024 y 2025 por Palestina parecen olvidar estos objetivos.

La reciente huelga convocada por CGT, animado por organizaciones solidarias con el pueblo palestino, ha estado muy lejos de esos propósitos. Según cifras de la Seguridad Social, solo alrededor de siete mil personas dejaron de trabajar ese día y la manifestación, al menos en Madrid, tuvo una participación muy inferior a la histórica convocatoria que unas semanas antes sacó a la calle a cientos de miles personas.

En palabras de CNT-AIT Albacete,“vemos que se profundiza en una dinámica donde las convocatorias de huelga se convierten en inocuas y los mismos afiliados a los sindicatos ni siquiera las secundan. Con estas formas de convocatoria de arriba abajo y los resultados de incidencia, se puede llegar a banalizar culturalmente la herramienta de transformación social más poderosa que tiene la clase trabajadora, la Huelga General.

Sin duda, el despertar de una solidaridad internacionalista ante un genocidio merece todo el apoyo e iniciativa de los sindicatos de clase (…). El boicot y el sabotaje contra el sionismo deben ser la forma de acción predominante, porque el desplazamiento, los asesinatos y las agresiones sionistas al pueblo palestino van a continuar, a pesar de los “ultimátums de paz”.

Misma reflexión realizaban desde CNT Granada: hemos visto que preparar una huelga general que llame a secundarla a todos los sectores productivos en apenas una semana es una ardua – por no decir prácticamente imposible – tarea: es difícil llegar en tan poco tiempo a aquellas trabajadoras/es de las empresas en las que sí tenemos presencia para que ese día hagan huelga con nosotras y, aún más complicado todavía, llegar a las plantillas de los sectores productivos en los que no tenemos presencia para que se unan el 15 de octubre a las protestas y paren de producir ese día. Eso, si es que nos tomamos en serio lo que supone una huelga general. Otra cosa distinta es que esta convocatoria se esté tratando de una huelga de carácter simbólico utilizando, además, las redes sociales como casi único medio de difusión y no emanando de los centros de trabajo: ¿cuántas personas que no participan de movimientos sociales se habrán enterado de esta convocatoria del 15 de octubre?

Así pues, queremos ser honestas con nuestra afiliación, a quienes nos debemos, con nuestras secciones, motor de nuestro sindicato, y con todas aquellas personas que simpatizan con nuestras ideas: una huelga es una poderosa herramienta de lucha de la clase trabajadora y, como tal, debe usarse con estrategia y, por qué no, con tiempo (como así se vino haciendo en las Huelgas Feministas del 8M de 2018 y 2019: meses y meses de trabajo previos al gran día en el que todas paramos y salimos a las calles por el fin del patriarcado).

Si la huelga no sirve para detener de verdad el tejido productivo, aunque sea por un día, para formar asambleas de trabajadoras/es que debatan qué pueden hacer por Palestina, etc, ¿de qué sirve para el objetivo de detener el genocidio, de pedir el cese de relaciones con el estado sionista? Debemos plantearnos si nuestras luchas son cascarones vacíos o tienen un movimiento real detrás. Y, como es el caso que nos concierne, si queremos que esta tenga un apoyo desde la base de la clase trabajadora y que desborde los límites de lo que conocemos como ‘movimientos sociales’, no basta con convocar ‘a golpe de corneta’ una huelga. Necesitamos trabajar en el desarrollo de nuestra afiliación, así como de la clase trabajadora en su conjunto. Un trabajo más difícil pero necesario, que cambia cualitativamente las posibilidades de enfrentarnos ante la barbarie.

La derogación que no deroga

Tras unos años de poca actividad en cuanto a normas que afectaran a las relaciones laborales, en 2019 se firmó el pacto de investidura que abría el camino al autodenominado Gobierno más progresista de la historia. En el que PSOE y Unidas Podemos afirmaban que “Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012”. También se establecía que se sustituiría la Ley Mordaza, así que ya sabéis el resultado.

Al poco tiempo, Yolanda Díez, en ese momento sucesora de Pablo Iglesias, nos explicaba (es un decir) que “técnicamente no se podía derogar la reforma laboral”, lo que era manifiestamente falso y que demostraba la falta de respeto constante que tiene la izquierda a sus votantes.

Así, tras un camino marcado por excusas y declaraciones grandilocuentes, llegamos a la nueva reforma laboral de la izquierda, pactada y aplaudida al unísono por patronal y sindicatos mayoritarios.

Revisando el texto de la norma, hace unos años nos preguntábamos y respondíamos: «¿Se ha derogado la reforma laboral? Rotundamente, no. ¿Se han derogado, al menos, los aspectos más lesivos de la reforma laboral? Pues depende de para quién. Para los trabajadores, no. Para los sindicatos mayoritarios, que habían perdido poder de negociación en el ámbito de los convenios colectivos, tal vez sí.

Como agradecía la patronal, la nueva norma mantenía «intactos los mecanismos de flexibilidad interna que garantizan la adaptabilidad de las empresas»(modificaciones de condiciones de trabajo, ERTE, movilidad funcional) y no alteraba en nada el régimen del despido, tanto el individual como el colectivo«.

La reforma basó su éxito en la desaparición de la contratación temporal fraudulenta, utilizando una fórmula infalible: cambió los términos. Quien se acostaba siendo temporal se levantó siendo fijo discontinuo. Los que tenían la suerte de ser transformados a indefinidos, verían que la alegría duraba poco tiempo: sin trabas al despido, es irrelevante el tipo de contrato.

Lo que era evidente que ocurriría (y que la ministra de Trabajo sabía porque, como no nos olvidamos de repetir, era abogada laboralista) sucedió. Los contratos temporales fueron sustituidos por indefinidos que finalizaban por no superar el periodo de prueba (tipo de cese que ha aumentado un 656%) o, si la duración era algo mayor, se usaba el despido disciplinario o el objetivo (aumentando este despido un 145% y y 186% respectivamente).

Por tanto, la duración de los contratos, tras la reforma, ha tenido poco cambio y la precariedad e incertidumbre se mantiene, aunque no podemos dar datos exactos puesto que esa estadística se ha dejado -hábilmente- de publicar.

Otra de las victorias altamente publicitadas por los Gobiernos de coalición (tanto de Podemos como de Sumar), es la gran cifra de personas ocupadas. Esos datos ocultan una realidad y es la disminución de la media del número de horas trabajadas por persona. La duración media de la jornada es de 31 horas semanales, lo que desvela que existe una ocupación a tiempo parcial indeseada cada vez mayor que logra que tener un contrato de trabajo no evite estar en situación de pobreza.

Además de innegables avances en temas de conciliación de vida familiar (más duración del permiso por nacimiento, alguna mayor facilidad para la adaptación de jornada y ampliación de algunos permisos), otra bandera del Gobierno ha sido la ampliación del salario mínimo. Si bien es cierto que éste casi se ha duplicado desde el año 2011 (de 641 euros a 1.220) la inflación del 34,5% de este periodo se ha llevado gran parte de la subida (hay que tener en cuenta que el IPC no incluye el precio de la vivienda, que ha aumentado una media del 45% y del 12,8% solo este último año). Además, esta subida del salario mínimo no ha empujado la subida del resto: el salario mediano de 2011 ascendió 19.287 euros y el de 2025 a 24.800, lo que supone, teniendo en cuenta la inflación, una pérdida salarial de mil euros anuales.

Unas notas sobre el cisma en CNT

No podemos hablar de cuestiones sobre el trabajo y pasar por alto algo sobre lo que hemos mantenido un prudente (y puede que algo cobarde) silencio durante estos años. La ruptura en el anarcosindicalismo entre las CNTs, con especial gravedad en lo sucedido en nuestra ciudad, nos hace caer en el pesimismo sobre el mundo nuevo que queremos construir y nos hace dudar de si nuestros principios de asamblearismo, apoyo mutuo, acción directa y antipunitivismo podrán ser los pilares de éste. No queremos ahondar en el conflicto, quien quiera conocer las versiones de ambos bandos puede leer los comunicados de cada organización (y quien quiera lanzarse al barro puede ver los lamentables foros y publicaciones en redes sociales de ex-compañeros echándose mierda), pero sí reprochar (algunas como afiliadas, todas como compañeras) la incapacidad de ambas organizaciones de resolver un problema con la madurez y generosidad que se debía esperar del sindicato.

Demandas en los juzgados, agresiones entre compañeros, calumnias, decisiones tomadas de espaldas a la afiliación y construcción de un relato donde la CNT contraria era el mayor enemigo imaginable, ha eclipsado el trabajo de algunas afiliadas que, en la sombra, han tratado de poner algo de sentido en esta ruptura mientras algunos trataban de torpedear cualquier acercamiento. Todo nuestro respeto hacia ellas y nuestro mayor deseo de que, contra todo pronóstico, el conflicto no acabe de una manera que nos avergüence a todas durante años.

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Cuando en el 2011 decidimos embarcarnos en la aventura de publicar un periódico mensual, el movimiento por la vivienda estaba empezando a coger fuerza. Todavía teníamos recientes las manifestaciones de V de Vivienda que arrancaron en el 2006, las primeras Plataformas de Afectadas por las Hipotecas (PAHs) se habían creado en 2009 y habían logrado paralizar varios desahucios y, pocos meses después, las asambleas de barrio surgidas durante el 15-M (2011) crearían comisiones de vivienda que lucharían, con mayor o menor éxito, por evitar la expulsión de sus vecinas de sus casas.

La cronificación del problema de acceso a la vivienda

Quince años después, la situación de la vivienda, lejos de mejorar, no ha hecho más que empeorar. Pese a que han proliferado PAHs (como en Madrid Centro, Vallekas o pueblos del sur de Madrid), asambleas de vivienda (como en Villalba, Carabanchel, Latina, etc), sindicatos de barrio (como en Hortaleza o Moratalaz), grupos de Stop Desahucios (Granada, Gipuzkoa, etc) y sindicatos de inquilinas por toda la geografía estatal (Madrid, Barcelona, Málaga, etc) y a pesar a los miles de desalojos parados por la acción directa de las vecinas, la crisis se ha hecho crónica.

Por un lado, más de 1,7 millones de personas han perdido sus casas en este tiempo, produciéndose la mayor cantidad de desahucios no durante los peores años de la crisis, sino en los años posteriores (2012-2019), que eran de supuesto crecimiento de la economía. Por otro lado, el precio de la vivienda a la venta y, sobre todo, en alquiler, ha alcanzado máximos históricos, con subidas de más del 75% en algunos territorios del Estado, según Eurostat.

Ayudas al rentismo para paliar el problema

Pese a llevar más de seis años soportando a los autodenominados gobiernos más progresistas de la galaxia (PSOE, Podemos y Sumar), éstos no han hecho nada por solucionar el problema. Todas sus políticas giran en torno a dar más ayudas a los rentistas, a los que piden que actúen con responsabilidad, pero nunca confrontan o limitan su poder. Nada de fijar precios máximos de alquiler, prohibir los arrendamientos de temporada o aumentar la duración de los contratos. El último ejemplo: a principios de enero de este año, el gobierno anunció un sistema de incentivos para que los propietarios que deben renovar contratos de alquiler lo hagan sin subir el precio, que se traduce en una bonificación fiscal del 100% del IRPF para aquél que decida no especular (más de lo que ya lo está haciendo). En otras palabras, se trata de subvencionar con dinero público el rentismo, congelando los altos precios que se vienen dando desde hace años.

Decisiones como ésta visibilizan que no es que la socialdemocracia no sea incapaz de solucionar el problema, sino que es parte del mismo.

La sociedad de propietarios y la lucha de clases

A diferencia de lo que hace el movimiento de vivienda, la progresía (que participa alegremente del rentismo) no sitúa el marco de la vivienda en términos de lucha de clases, sino en una simple falta de oportunidades. Así, la izquierda institucional se encuentra mucho más cómoda hablando, por ejemplo, de desigualdad generacional, en vez de clases sociales. Y tiene algunos datos que lo respaldan: en dos décadas, la brecha de riqueza entre quienes tienen 65-74 años y los que hoy rondan los 35-44 se ha multiplicado por nueve.

En esta línea, el informe Brecha generacional: cómo el sistema de pensiones y el modelo fiscal penalizan a los jóvenes españoles, realizado por el Instituto Juan de Mariana, busca transmitir la idea de que los privilegios de los jubilados lastran a las nuevas generaciones, obligadas a sostener un sistema de pensiones injusto. La conclusión es clara: reformar —y, en la práctica, privatizar— las pensiones.

Sin embargo, si analizamos con detenimiento los datos, podemos observar que en 2008, un joven ganaba el doble de lo que costaba alquilar una vivienda y hoy tendría que destinar el 92% de su salario para emanciparse. Y es que ahí tenemos la respuesta al problema: es la vivienda lo que marca la diferencia, no los jubilados. Por ello, desde 2007, la tasa de emancipación juvenil ha caído al 15%, y tres de cada cuatro chavales con empleo siguen atrapados en casa de sus padres.

¿Existe una desigualdad de riqueza entre los boomers y las nuevas generaciones? Sí, pero gran parte de la misma se explica por la propiedad inmobiliaria. Por ello, no podemos meter en el mismo saco a toda una generación como lo hace, por ejemplo, Analía Plaza (con bastante humor) en La Vida Cañón (Ediciones Temas de Hoy). La diferencia estriba en la clase, no en la edad; y la clase se ve cada vez más definida por el número de viviendas en propiedad.

“Durante los últimos 50 años, la llamada sociedad de propietarios se convirtió en un proyecto central de integración económica y política”, explica el sociólogo Javi Gil en un artículo. “El neoliberalismo hizo de la financiarización de la vivienda la palanca de crecimiento durante décadas. Los hogares accedieron de forma masiva a la propiedad, lo que los transformó en clase media. Y su bienestar comenzó a apoyarse cada vez menos en los salarios o en el Estado de bienestar, y más en la revalorización de sus viviendas.

Conceptos como capitalismo patrimonial o capitalismo rentista se han empezado a utilizar para describir esta nueva realidad: una economía en la que la riqueza depende cada vez menos del trabajo y la producción, y cada vez más de la revalorización de los activos, con la vivienda como eje central. No es un detalle menor que el valor de los bienes inmuebles constituya hoy el mayor depósito de riqueza del planeta, equivalente a casi cuatro veces el PIB mundial.

Esta transformación ha disparado la concentración de riqueza y ensanchado la brecha social. La propiedad de activos se reparte de forma profundamente desigual, y en los últimos 50 años la distancia entre los más ricos y el resto de la sociedad no ha hecho más que crecer.

En 1987, bastaban tres años de salario para comprar una vivienda. Hoy, los jóvenes necesitarían el equivalente a 14 años de sueldo. La conclusión es demoledora: como generación, el acceso a la propiedad es imposible, porque los salarios se han desligado de los precios de la vivienda”.

El colmo es que, pese a que la vivienda está profundizado la desigualdad económica de nuestra sociedad, el discurso de la clase dominante se va imponiendo cada vez más. En quince años hemos pasado de la solidaridad generalizada con las desahuciadas – en 2013 la revista Pronto regalaba pegatinas de “Stop Desahucios” – a que empresas de desokupación influyan en la agenda política, se aplauda a políticos que dejan a familias enteras en la calle como hizo Albiol en Badalona estas navidades y todas las reformas políticas van dirigidas a dar más poder a los propietarios y castigan a quien no tiene casa. Gracias a una alianza entre empresas de seguridad, inmobiliarias, medios de comunicación y políticos de todos los ámbitos – recordemos a Rita Maestre hablando de la okupación como un “problema” o a Manuela Carmena repitiendo los mantras de Desokupa – el español medio empatiza más con el “pequeño” propietario que acumula cuatro inmuebles como fuente de ganancia que con una familia sin alternativa habitacional.

Acabemos con el negocio de la vivienda

Las manifestaciones del 13 de octubre de 2024 (Madrid) y del 5 de abril de 2025 (estatal), en las cuales participaron más de 150.000 personas en cada una, han sido las más masivas por el tema de la vivienda desde la Transición, lo cual evidencia la enorme preocupación que genera la situación actual. En ellas, la demanda principal fue la de poner fin al negocio de la vivienda. Por ejemplo, el comunicado de la segunda de estas manis establecía que “la vivienda debería ser un derecho, no un bien con el que especular. Sin embargo, los fondos de inversión y los rentistas siguen acumulando beneficios mientras miles de personas son desahuciadas, expulsadas de sus barrios o condenadas a vivir en condiciones indignas. Y todo esto con la complicidad del Estado y los partidos políticos institucionales, que han convertido la vivienda en un modelo de negocio”.

¿Y cómo se pretende conseguir acabar con la especulación? No es fácil. El movimiento de vivienda es muy amplio, englobando a anarquistas, comunistas, socialistas, reformistas y militantes y afectadas sin adscripción a un marco teórico. Y, por ello, las estrategias escogidas a lo largo de los años han sido variadas (lo cual, a veces, genera conflictos): poner el cuerpo frente a comisiones judiciales y cordones policiales para parar desahucios, negociar alquileres sociales con bancos, okupar edificios y alojar a múltiples familias, hacer campañas visibilizando casos dramáticos, convocar manifestaciones para exigir reformas legislativas, etc. Y, si bien a nivel social no se ha logrado siquiera hacer la vivienda algo más accesible, sí ha logrado encontrar soluciones prácticas e individuales para miles de personas a lo largo de los años. Y eso no es poco.

La lección que podemos sacar de los últimos años es que el asalto institucional que protagonizaron activistas como Ada Colau no ha servido para nada. Todas las victorias se han logrado desde los movimientos sociales, desde la solidaridad y la horizontalidad. Es obvio que ningún gobierno va a acabar con la mercantilización de la vivienda, por lo que algo tan básico como garantizar la cobertura de una necesidad humana parece un objetivo radical que únicamente se conquistará mediante estrategias colectivas igualmente radicales. Y la huelga de alquileres puede ser una de ellas.

Una huelga de alquileres tendría como objetivo desbordar económicamente a grandes fondos, a pequeños propietarios y a empresas de alquiler seguro que garantizan el pago de la renta. Es una propuesta para afectar directamente a sus beneficios, en la que pueden ser parte activa amplios sectores, que delimita claramente los intereses y facciones contrapuestas en este conflicto y que saca la lucha de los pasillos de la política institucional para llevarla a nuestro propio escenario. Una propuesta inspirada por ejemplos de lucha históricos (como la huelga de alquileres de Barcelona de 1931), pero también recientes (como la huelga de cuidados del 8M de 2018 y 2019 o algunas propuestas de impago de las rentas durante la pandemia de 2020).

Durante los últimos quince años el movimiento de vivienda ha demostrado ser resiliente y valiente. No ha parado su actividad pese a que en 2015 se reformaron las leyes administrativas y penales para criminalizarlo (exponiéndose varias a activistas a la posibilidad de ir a prisión), ni a las amenazas de grupos fascistas que están trabajando para algunos fondos. Por ello, esperemos que su lucha continúe y que sepa hacer todo lo necesario para acabar con el negocio de la vivienda de una vez por todas.

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El Convenio Colectivo de Acción e Intervención Social se está negociando a día de hoy. Un convenio que rige la relación y ámbito laboral de las trabajadoras de las siguientes áreas, tal y como aparecen denominadas en el actual Convenio: área de intervención psicosocial y socio-educativa (centros de acogida, centros de atención a mujeres víctimas de violencia, agresiones, etc., pisos, centros de día, comedores sociales, programas de atención, intervención y mediación, etc.), área de intervención sociolaboral (servicios de inserción laboral, orientación para el empleo, etc.), área de intervención sociosanitaria y asistencial (servicios de apoyo emocional, de prevención del VIH y drogodependencias, servicios sociosanitarios de rehabilitación dirigidos a colectivos en situación de riesgo o exclusión social, servicios de Salud Mental, servicios de emergencia social, centros de atención a las toxicodependencias y otras dependencias, centros residenciales para poblaciones en riesgo de exclusión social, etc.) y área de gestión, investigación, diseño, evaluación, diagnóstico y planificación estratégica de programas sociales (asesoría y consultoría, servicios de formación y orientación, acompañamiento y mediación a personas para prevenir la pérdida de su vivienda, etc.).

La mesa negociadora se encuentra conformada por los sindicatos CCOO y UGT y las organizaciones patronales AEEISSS, ANESOC y OEIS. Ésta última, la Organización Estatal de Intervención Social, constituida, según su página web, por las siguientes 27 entidades, engloba a 22.000 trabajadoras: Aldeas Infantiles, AECC, Asociación Norte Joven, ACCEM, Asociación Proyecto Hombre, Asociación PAIDEA, Cáritas, COCEDER, Cruz Roja, Acción contra el Hambre, Fundación Adecco, Anesvad, CEPAIM, La Merced Migraciones, Oxfam Intermón, Plan Internacional, RAIS, Secretariado Gitano, Save the Children, Fundación Social La Sapiencia, Fundación Tomillo, Médicos sin Fronteras, Movimiento por la Paz, Pinardi, YMCA, Educo e Intered.

Como informa la Plataforma del Sector Social en Madrid, organización asamblearia que agrupa a trabajadoras de forma independiente a las centrales sindicales mayoritarias, durante los últimos 18 años, se han firmado 3 convenios. La Plataforma señala que el convenio de 2007 sigue siendo la base principal de referencia, habiendo quedado, como es lógico, totalmente desfasado, incompleto y sin actualizar categorías, funciones, jornadas, etc., y, aunque se han producido revisiones salariales anuales, las subidas salariales han sido inferiores a la subida del IPC, es decir, las trabajadoras del sector han perdido poder adquisitivo en los últimos años. Por ello, uno de las reivindicaciones principales es la salarial, pero, con el objetivo no sólo de ajustar el salario al actual nivel de vida sino de alcanzar los salarios de los trabajadores públicos, pues, con cada vez más frecuencia, dichas empresas sustituyen a servicios de carácter estatal, dentro de la dinámica externalizadora y privatizadora presente en todos los niveles de la Administración sin importar el color político de sus gestores.

Otra reivindicación presente es la reducción de las horas de trabajo hasta alcanzar las 37,5 horas semanales, así como la mejora de las condiciones laborales (cuidado de la salud física, mental y emocional de las trabajadoras), el reconocimiento como servicio público esencial, la dignificación de la atención a las personas que participan en estos servicios y, por tanto, la dignificación de las propias personas, etc.

Los sindicatos de carácter reformista y pactista han denunciado el bloqueo patronal a la negociación en un primer comunicado titulado “El principio del fin de la paz social en la intervención social”. En dicho comunicado han acusado a la patronal de no asumir ni la mínima reivindicación de equiparar los salarios al actual nivel de vida, en contraste con la dinámica presente respecto a los altos cargos, por ejemplo, en 2024, las trabajadoras de CEAR denunciaban las subidas salariales de hasta casi un 30% para cargos superiores.

El pasado 24 de noviembre, estos sindicatos publicaban una nueva nota de prensa anunciando el inicio de una serie de movilizaciones si continúa el bloqueo por parte de las tres entidades patronales.

En esta disputa, en la que convergen diferentes ejes de conflicto (como la precarización y feminización de estos servicios de acompañamiento y cuidado, la privatización de un elemento del Estado social que, a través de supuestas fundaciones y asociaciones, la Administración acaba externalizando toda una serie de servicios, los recortes presupuestarios en nombre de, por un lado, el equilibrio fiscal, o, por el otro, el relato neoliberal, racista e individualista de la extrema derecha presente en las instituciones, el impacto personal y mental en las propias trabajadoras, etc.), la amenaza de la ruptura de la paz social por parte de las dos centrales sindicales que con más ahínco han trabajado para mantenerla, nos hace entrever la gravedad de las intenciones de una serie de empresas, ONGs, fundaciones y asociaciones, que proyectan una imagen pública que colisiona con la realidad de las trabajadores que las sostienen.

Pero, aunque dicha imagen pública ha sido de forma recurrente usada como chantaje a las trabajadoras, porque algunas de ellas se sostienen aún en parte por las donaciones y suscripciones de miles de personas voluntariosas, también, es una herramienta de presión y fuerza poderosa para todas nosotras. No olvidemos que tienen mucho que perder. Aplaudimos la organización autónoma de las propias afectadas, con la esperanza de que acabe constituyéndose un elemento de contrapoder suficiente no sólo para plantar a la patronal sino para que CCOO y UGT sientan la presión y deban poner en práctica, como mínimo, lo amenazado en sus comunicados y no acepten las cuatro migajas que les puedan ofrecer apelando a la “responsabilidad” que constantemente mencionan, una responsabilidad que siempre coarta a las trabajadoras pero nunca repercute en sentido contrario.

Por un auténtico principio del fin de la paz social en la intervención social.

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