La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos ha presentado ante el Congreso una serie de peticiones en defensa de los migrantes y refugiados, instando a reautorizar el Programa de Visas para Trabajadores Religiosos y a mantener los servicios de acogida para menores no acompañados. En un comunicado difundido este 4 de junio, los obispos advirtieron de que las políticas de deportación masiva socavarían el debido proceso y separarían a las familias.

Los prelados subrayaron la importancia del programa de visados religiosos para garantizar la labor pastoral de la Iglesia en comunidades de inmigrantes. Asimismo, pidieron protección para los servicios de refugiados y rechazaron expresamente cualquier ampliación de las medidas de control y detención migratoria. La petición llega en un contexto de debate legislativo sobre el presupuesto migratorio, donde algunas voces en el Congreso han propuesto endurecer las restricciones.

La Conferencia Episcopal recordó que «la acogida al extranjero es un principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia» y que cualquier política que atente contra la dignidad de los migrantes «resulta incompatible con los valores cristianos». Aunque el texto no menciona cifras concretas, los obispos han hecho un llamamiento a los legisladores para que prioricen «la misericordia por encima del rigor» en la tramitación de las próximas leyes migratorias.

La posición episcopal marca un claro distanciamiento respecto a las promesas electorales del presidente Donald Trump, quien ha defendido un endurecimiento de las políticas migratorias. Los obispos, por el contrario, insisten en que el debido proceso y la unidad familiar deben prevalecer sobre cualquier medida de control, incluso en el contexto de un debate presupuestario que podría determinar el futuro de miles de solicitantes de asilo.

La rupia indonesia ha caído a mínimos históricos durante abril y mayo de 2026, acercándose peligrosamente al umbral psicológico de las 18.000 unidades por dólar. La divisa superó la barrera de las 17.000 a principios de abril, lo que reavivó dolorosos recuerdos de la crisis financiera asiática de 1997-1998 en la población indonesia.

La depreciación no obedece únicamente a la fortaleza del dólar estadounidense, sino que responde a factores domésticos que han agravado la presión sobre la moneda, según analistas financieros. Entre ellos destacan la debilidad de las exportaciones indonesias, la incertidumbre política interna y la salida de capitales extranjeros del mercado de bonos soberanos.

Un contexto global adverso

El Banco Central de Indonesia (Bank Indonesia) ha intervenido en varias ocasiones para estabilizar la rupia, aunque sin éxito duradero. La entidad ha vendido reservas de divisas y ajustado los tipos de interés, pero la presión vendedora persiste. Mientras tanto, el déficit por cuenta corriente del país se ha ampliado, lo que incrementa la vulnerabilidad de la moneda a shocks externos.

La situación recuerda a la crisis de 1997-1998, cuando la rupia perdió más del 80% de su valor y provocó una grave recesión. Aunque la economía indonesia actual es más sólida, con un sector bancario mejor capitalizado, la dependencia de las materias primas y la reducción del superávit comercial limitan su margen de maniobra.

La ola de depreciación que golpeó el mercado de divisas indonesio durante abril y mayo de 2026 ha empujado a la rupia a mínimos históricos, peligrosamente cerca de un nuevo umbral psicológico de 18.000 unidades frente al dólar.

El gobierno del presidente Prabowo Subianto ha anunciado un paquete de medidas para frenar la caída, que incluye la restricción de importaciones no esenciales y la promoción de inversiones en sectores estratégicos. Sin embargo, los analistas dudan de que estas acciones sean suficientes sin una coordinación regional más amplia, dado que la fortaleza del dólar afecta a toda Asia emergente.

Nuevos documentos publicados por la organización de investigación Declassified UK revelan que las denuncias de crímenes de guerra cometidos por el Servicio Aéreo Especial (SAS) británico en Afganistán fueron desestimadas en un solo día por una investigación oficial. Los archivos, difundidos el 29 de mayo de 2026, plantean nuevas dudas sobre cómo los oficiales superiores del SAS manejaron las acusaciones de ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones del derecho internacional durante la misión en Afganistán.

Según los documentos, la investigación interna archivó las alegaciones en el plazo de 24 horas, sin considerar pruebas ni entrevistar a testigos clave. La rapidez del proceso ha suscitado acusaciones de encubrimiento y de que los mandos del SAS protegieron a sus efectivos frente a posibles procesos penales.

Declassified UK, que ha analizado los archivos, señala que las denuncias incluían casos de civiles asesinados en redadas nocturnas y operaciones en las que no se reportaron bajas enemigas. La organización denuncia que la celeridad en desestimar los casos impidió cualquier investigación independiente y vulneró los protocolos de rendición de cuentas del Ejército británico.

El Ministerio de Defensa del Reino Unido ha declinado hacer declaraciones sobre los documentos, aunque fuentes militares citadas por la investigación afirman que las acusaciones carecían de fundamento. Sin embargo, los archivos contradicen esta versión al mostrar que ni siquiera se abrió una fase preliminar de investigación.

Las revelaciones se producen en un momento en que el Reino Unido afronta varias demandas de veteranos y familiares de víctimas afganas por presuntos crímenes de guerra. La Comisión de Investigación de Afganistán, creada en 2023, aún no ha publicado sus conclusiones finales.