El Papa León XIV ha expresado su «profundo dolor» por el asesinato de Mons. Osório Citora Afonso, obispo de Quelimane, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en su residencia episcopal tras un ataque armado ocurrido durante la madrugada del viernes en Mozambique, según informó la Santa Sede en un comunicado este 6 de junio.

El pontífice, que calificó el hecho como un «acto de violencia injustificable», envió un telegrama de condolencias a la diócesis de Quelimane y a toda la Iglesia en Mozambique. En el texto, León XIV condenó enérgicamente el crimen y pidió justicia para el obispo asesinado, al tiempo que ofreció oraciones por su eterno descanso y por la comunidad católica local, consternada por la pérdida de su pastor.

Un crimen que sacude a la Iglesia mozambiqueña

Mons. Osório Citora Afonso, de 57 años, era obispo de Quelimane desde 2018. Su muerte violenta ha provocado una ola de conmoción en el país africano, donde la Iglesia católica desempeña un importante papel social y mediador en conflictos. Las autoridades locales han abierto una investigación para esclarecer los hechos, aunque hasta el momento no se han reportado detenidos ni se ha determinado el móvil del ataque.

La diócesis de Quelimane, ubicada en la provincia de Zambezia, centro de Mozambique, ha sufrido en los últimos años episodios de violencia vinculados a grupos armados no estatales que operan en la región. El asesinato del obispo representa un escalofriante precedente en un país donde los líderes religiosos gozan de amplio respeto, según informó la agencia Fides.

El Papa León XIV, que asumió el pontificado en 2025, ha hecho de la defensa de los cristianos perseguidos uno de los ejes de su magisterio. Este es el primer caso de un obispo asesinado durante su papado, lo que ha intensificado las llamadas a la comunidad internacional para que preste atención a la inseguridad en Mozambique.

La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos ha presentado ante el Congreso una serie de peticiones en defensa de los migrantes y refugiados, instando a reautorizar el Programa de Visas para Trabajadores Religiosos y a mantener los servicios de acogida para menores no acompañados. En un comunicado difundido este 4 de junio, los obispos advirtieron de que las políticas de deportación masiva socavarían el debido proceso y separarían a las familias.

Los prelados subrayaron la importancia del programa de visados religiosos para garantizar la labor pastoral de la Iglesia en comunidades de inmigrantes. Asimismo, pidieron protección para los servicios de refugiados y rechazaron expresamente cualquier ampliación de las medidas de control y detención migratoria. La petición llega en un contexto de debate legislativo sobre el presupuesto migratorio, donde algunas voces en el Congreso han propuesto endurecer las restricciones.

La Conferencia Episcopal recordó que «la acogida al extranjero es un principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia» y que cualquier política que atente contra la dignidad de los migrantes «resulta incompatible con los valores cristianos». Aunque el texto no menciona cifras concretas, los obispos han hecho un llamamiento a los legisladores para que prioricen «la misericordia por encima del rigor» en la tramitación de las próximas leyes migratorias.

La posición episcopal marca un claro distanciamiento respecto a las promesas electorales del presidente Donald Trump, quien ha defendido un endurecimiento de las políticas migratorias. Los obispos, por el contrario, insisten en que el debido proceso y la unidad familiar deben prevalecer sobre cualquier medida de control, incluso en el contexto de un debate presupuestario que podría determinar el futuro de miles de solicitantes de asilo.

La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) ha publicado un subsidio de oración para conmemorar el 250 aniversario de la independencia del país, en el que sitúa la inmigración, la justicia y la dignidad de los migrantes en el centro de la celebración. El texto, dado a conocer el 1 de junio de 2026, busca vincular la efeméride patria con la doctrina social de la Iglesia, en un gesto que adquiere especial relevancia en el contexto político estadounidense, donde el fenómeno migratorio es objeto de encendido debate.

Una mirada desde la fe a la realidad migrante

El subsidio, destinado a las parroquias y comunidades católicas de todo el país, incluye oraciones, reflexiones y propuestas pastorales que subrayan la necesidad de acoger a los recién llegados como parte esencial de la identidad nacional. Según la USCCB, la iniciativa pretende recordar que la hospitalidad hacia el extranjero es un principio fundamental del Evangelio y un pilar de la tradición católica.

La publicación del documento coincide con un momento de particular tensión en la frontera sur de Estados Unidos, donde las políticas migratorias han generado fuertes controversias tanto en el ámbito político como en el social. La USCCB, que en el pasado ha criticado las medidas restrictivas de varias administraciones, refuerza así su posición defensora de los derechos de los migrantes.

La conmemoración de los 250 años de nuestra nación nos invita a reflexionar sobre el significado de ser una tierra de inmigrantes y a renovar nuestro compromiso con la justicia y la dignidad de todos los que llegan a nuestras costas en busca de una vida mejor.

El subsidio incluye también materiales educativos sobre la historia de la inmigración en Estados Unidos y sugerencias para actividades parroquiales que promuevan el diálogo intercultural. La Conferencia Episcopal estadounidense anima a las diócesis a utilizar estos recursos durante las celebraciones del 4 de julio y a lo largo del año jubilar.

Con esta iniciativa, la USCCB se suma a otras voces religiosas que piden una reforma migratoria integral, en un país donde la población católica representa aproximadamente el 20% del total y donde los hispanos constituyen una parte creciente de los fieles.

La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha aumentado el límite de refugiados procedentes de la comunidad afrikáner de Sudáfrica, pero ha mantenido las restricciones de capacidad para el resto de países, según informaron fuentes oficiales este viernes. La medida ha generado el rechazo de los obispos católicos de Estados Unidos, que piden ampliar los criterios de acogida a otros grupos perseguidos.

El obispo de la Diócesis de Victoria, Texas, Mons. Brendan J. Cahill, expresó su desaprobación ante la decisión. En declaraciones a la prensa, el prelado consideró que la política migratoria estadounidense debe basarse en la necesidad humanitaria y no en criterios étnicos o nacionales. «La persecución no conoce fronteras ni etnias; cualquier persona que huya de la violencia o la discriminación merece ser considerada», afirmó.

La comunidad afrikáner y la persecución en Sudáfrica

Los afrikáneres, descendientes de colonos europeos, denuncian desde hace años una persecución sistemática en Sudáfrica, que incluye expropiaciones forzosas de tierras y violencia rural. El Gobierno de Trump ha considerado que esta situación justifica un trato preferencial en el programa de reasentamiento, aunque los obispos advierten de que otros colectivos, como los cristianos de Nigeria o los rohinyás de Birmania, también sufren una violencia equiparable.

La decisión de la Casa Blanca se produce en un contexto de endurecimiento general de la política migratoria, con cuotas reducidas para la mayoría de los países. Según datos de la Conferencia Episcopal estadounidense, el número de refugiados admitidos en 2026 sigue muy por debajo de los niveles históricos, lo que ha generado críticas tanto de organizaciones religiosas como de defensores de los derechos humanos.

No podemos cerrar los ojos ante el sufrimiento de los afrikáneres, pero tampoco ignorar a otros que huyen de la misma muerte o la misma opresión. La compasión no admite excepciones arbitrarias.

Mons. Cahill instó a la Administración a «revisar las cuotas globales» y a «priorizar la protección de todos los perseguidos», independientemente de su origen. La Iglesia católica en EE.UU. mantiene una red de acogida para refugiados que, según los obispos, se ve «infrautilizada» por las restricciones impuestas.