El presidente francés, Emmanuel Macron, ha ordenado este viernes 5 de junio una investigación sobre el sistema judicial del país tras el asesinato de Lyhanna, una niña de 11 años, en el suroeste de Francia. El mandatario calificó lo sucedido como un «mal funcionamiento» de la justicia, después de que el principal sospechoso hubiera sido acusado formalmente en dos ocasiones de violación a una menor sin que los casos prosperaran.

La muerte de la menor ha desatado una ola de indignación en Francia y ha reabierto el debate sobre la protección de los menores y la eficacia del sistema judicial. Según ha trascendido, el sospechoso, un hombre que ya había estado bajo investigación por delitos sexuales contra otra niña, logró eludir la prisión preventiva en ambas ocasiones, lo que permitió que estuviera en libertad cuando se produjo el crimen.

Un historial judicial en entredicho

Las dos acusaciones previas contra el sospechoso fueron archivadas o quedaron estancadas por diversas razones procesales, según fuentes judiciales citadas por medios locales. Esta situación ha llevado a la Fiscalía a abrir una investigación interna para determinar si hubo negligencia o errores en la tramitación de los casos. El Ministerio de Justicia francés ha anunciado que colaborará con la pesquisa.

El Gobierno galo ha prometido una revisión exhaustiva de los protocolos de protección a menores y de seguimiento de los acusados por delitos sexuales. Macron, que se ha reunido con la familia de la víctima, ha asegurado que «nada justifica que un sistema que debía proteger a una niña haya fallado de esta manera».

La indignación ciudadana se ha traducido en concentraciones en varias ciudades, con pancartas que exigen «justicia para Lyhanna» y una reforma profunda de la justicia. El caso ha reavivado el recuerdo de otros crímenes similares en Francia en los que el sistema judicial fue señalado por no actuar a tiempo.

La Asamblea Legislativa de California, en Estados Unidos, aprobó el 1 de junio de 2026 un proyecto de ley que prohíbe a los menores de 16 años el uso de redes sociales sin el consentimiento explícito de sus padres o tutores. La medida, que obtuvo un respaldo unánime de 76 votos a favor y ninguno en contra, busca proteger a los menores de los posibles daños asociados a estas plataformas, como el acoso, la exposición a contenido inapropiado o la adicción digital.

Una cláusula polémica

Sin embargo, la ley incluye una cláusula que ha generado controversia entre defensores de las libertades civiles y organizaciones de la sociedad civil. El texto permite al fiscal general de California ampliar la definición de «plataforma cubierta» sin necesidad de una nueva votación del Legislativo. Esto significa que el fiscal podría incluir nuevas aplicaciones o servicios dentro del ámbito de la prohibición de forma unilateral, sin control parlamentario adicional.

Enterrada tras la votación 76-0 hay una cláusula que permite al fiscal general ampliar quién cuenta como plataforma cubierta sin que el Legislativo vuelva a votar.

La disposición ha sido criticada por grupos como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que advierten de un posible abuso de poder ejecutivo en un asunto que afecta a derechos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información.

California se suma así a otros estados estadounidenses que han impulsado restricciones al uso de redes sociales entre menores, en un contexto de creciente preocupación por la salud mental infantil y adolescente. No obstante, la inclusión de esta cláusula de ampliación sin control legislativo podría enfrentar desafíos judiciales por parte de la industria tecnológica y organizaciones de derechos digitales.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, ha acusado a Ucrania de asesinar a un menor durante la celebración del Día Internacional del Niño, el pasado 1 de junio. En declaraciones a la agencia Sputnik, Zajárova calificó el ataque con dron sobre la localidad de Geníchesk, en la región de Jersón, como una muestra de la «naturaleza abiertamente terrorista» del régimen de Kiev.

«La anti-valoración de Ucrania es una demostración de su naturaleza abiertamente terrorista y del rechazo a los estándares de valores civilizacionales», afirmó la portavoz rusa, según recoge la agencia. El incidente se produce en un contexto de intensificación de los ataques con drones por ambas partes en el conflicto, que ya supera los tres años de duración.

Las autoridades rusas no han precisado el número total de víctimas ni la edad del menor fallecido, pero han utilizado el suceso para reforzar la narrativa de que Ucrania es un «Estado terrorista» que desprecia las normas internacionales. La acusación se suma a una larga lista de denuncias mutuas de crímenes de guerra desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.

La anti-valoración de Ucrania es una demostración de su naturaleza abiertamente terrorista y del rechazo a los estándares de valores civilizacionales.

Las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales han documentado violaciones de los derechos de la infancia por parte de ambos bandos, incluidos ataques contra escuelas y hospitales. Sin embargo, no ha sido posible verificar de forma independiente el ataque denunciado por Moscú. Geníchesk es una localidad costera del mar de Azov bajo control ruso desde los primeros meses de la guerra.

El Día Internacional del Niño, instaurado por la ONU en 1954 para promover el bienestar infantil, ha quedado empañado por el conflicto, que ha causado la muerte de miles de menores desde 2022. La portavoz rusa concluyó que «el régimen de Kiev demuestra constantemente su desprecio por la vida humana».