El fallo conocido como Callais, publicado el 4 de junio de 2026, ha acabado con las restricciones que la Voting Rights Act (Ley de Derecho al Voto) imponía al gerrymandering político en Estados Unidos. Según el tribunal, la decisión elimina lo que quedaba de control sobre la manipulación de los distritos electorales con fines partidistas.
En la medida en que la Voting Rights Act servía al menos como una restricción mínima al gerrymandering político, esa restricción ha desaparecido.
El dictamen, emitido por un tribunal federal de apelaciones, supone un giro en la jurisprudencia electoral estadounidense. Hasta ahora, la ley de 1965 permitía a los tribunales federales intervenir cuando el trazado de distritos perjudicaba de forma desproporcionada a minorías raciales. Con el fallo Callais, los demandantes tendrán que demostrar una intención discriminatoria explícita, algo muy difícil de probar, lo que deja sin herramientas efectivas a los defensores del voto.
La decisión ha sido celebrada por sectores conservadores, que la consideran un paso hacia la neutralidad racial en las leyes electorales. En cambio, organizaciones de derechos civiles la han calificado de golpe mortal a la democracia representativa. Activistas advierten que el fallo abre la puerta a un gerrymandering aún más agresivo de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre de 2026.
El tribunal, en su razonamiento, argumentó que la Voting Rights Act no puede usarse para corregir desequilibrios políticos siempre que no haya una prueba clara de discriminación racial. Esto, según críticos, ignora que el racismo estructural está a menudo implícito en el diseño partidista de los distritos.
El caso Callais se suma a una serie de resoluciones judiciales que han ido vaciando de contenido la ley de 1965, tras el fallo del Tribunal Supremo de 2013 en el caso Shelby County v. Holder, que eliminó la obligación de ciertos estados de obtener autorización federal previa para modificar sus leyes electorales.
