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El gobierno británico suspende el pedido a la armamentística israelí Elbit Systems tras la huelga de hambre de los activistas de Palestine Action

16 Enero 2026 at 00:00
Por: (tortuga)

Redacción El Salto

A la espera del juicio y encarcelados preventivamente por delitos relacionados por su participación en las acciones de Palestine Action, tres de los activistas presos han decidido abandonar la huelga de hambre. Una de ellas. Heba Muraisi, de 31 años, llevaba más de 70 días en huelga. Muraisi ha sido trasladada de prisión a una más cercana a su entorno familiar. Esta ha sido la mayor huelga de hambre coordinada desde 1982, cuando los presos republicanos irlandeses se negaron a comer para hacer valer sus reivindicaciones.

Otros de los cuatro activistas que también estaban en huelga de hambre, habían decidido pausar la protesta por motivos de salud. Ahora, no la reanudarán. Desde hace días se temía por la vida de estas personas, que han llevado su reivindicaciones al límite. Algunos de ellos habían tenido que ser hospitalizados por estar en riesgo de muerte. Solo una persona, Umer Khalid, que lleva en huelga un mes, es la única persona que mantiene la protesta. “Solo pudimos hablar pocos minutos cuando entró alguien a sacarle el teléfono. No tenemos contacto desde entonces, no sabemos nada de él”, afirma a El Salto Francesca Nadin, portavoz de Prisioners 4 Palestine, desde Londres.

Desde esta organización aseguran que los y las huelguistas han permanecido firmes en sus demandas y sabían que el sacrificio era muy grande. “Y no lo hicieron preocupadas por su propia salud, todo lo contrario. Estaban muy, muy claras con todo esto, siempre lo decían y lo repitieron hasta el final: que iban a seguir hasta ganar las demandas”, explica Nadin.

“Una victoria rotunda”

El motivo para abandonar la protesta ha sido el paso dado por el gobierno británico, que da respuesta a una de las demandas del grupo: no adjudicar un nuevo contrato —por valor de 2.000 millones de libras— que estaba previsto a Elbit Systems UK, una filial de Elbit Systems, uno de los mayores fabricantes de armas israelíes.

Prisoners 4 Palestine asegura que se trata de “una victoria rotunda para lxs huelguistas de hambre, que resistieron con sus cuerpos, tras los muros y los barrotes de las prisiones, para sacar a la luz el papel de Elbit Systems, el mayor fabricante de armas israelí, en la colonización y ocupación de Palestina”. Puntualizan que la pérdida de este contrato de 2000 millones de libras esterlinas marca “un punto de inflexión significativo” en esta “sórdida alianza estratégica” y auguran que “los días de Elbit en Gran Bretaña están contados”.

En palabras de Francesca Nadin, “Está claro que esta huelga, además de otras campañas, ha aumentado la presión sobre el Gobierno británico con todo lo que está haciendo con respecto a la represión de activistas y lo que éste sigue haciendo en Palestina. Esto se suma al contexto más grande de la huelga, el poner el foco en eso, y tener a toda la gente de este país hablando de lo mismo”.
Vulneración de derechos básicos

Desde que entraron en prisión, los activistas vienen denunciando una serie de vulneraciones básicas. En primer lugar, no hay que olvidar que el sistema de prisión preventiva británico prevé una pena de seis meses, pero si nada cambia, para cuando se lleve a cabo el juicio de estos activistas, estos habrán pasado más de un año en prisión preventiva. En segundo lugar, Palestine Action ha asegurado que hasta ahora, los detenidos han vivido sometidos a restricciones comunicativas y a interferencias por parte de las administraciones penitenciarias.

También esta situación parece que va a empezar a cambiar. Según Prisioners 4 Palestine, “a pesar de la cruel y constante negligencia médica que sufrieron lxs huelguistas de hambre, como la denegación de ambulancias en casos de emergencia vital y los tratos degradantes en el hospital”, los y las responsables de la atención sanitaria en prisiones se habrían reunido con la organización, “a petición del Ministerio de Justicia”, detallan. Los y las activistas presas también han podido empezar a recibir paquetes y correo que antes se les había retenido.

Palestine Action pedía también la documentación que acredite las relaciones entre los funcionarios del Estado británico con Israel —algo que habría podido suceder—, se exige que se publiquen los registros gubernamentales de todas las exportaciones de Elbit Systems UK de los últimos cinco años y que se rescindan todos los contratos pendientes con la filial. Por último, también se pide la retirada de cargos de los activistas presos y que se elimine a Palestine Action de la lista de “organizaciones terroristas”.

Una clasificación “desproporcionada”

Palestine Action es una organización que fue clasificada como “organización terrorista” por el gobierno británico en julio de 2025, después de que varios de sus activistas allanasen una base aérea en Oxfordshire y vandalizasen una fábrica, cerca de Bristol, de Elbit Systems. Esta clasificación ocasionó gran malestar entre las organizaciones internacionales de derechos humanos por considerarla “desproporcionada”. Incluso el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a las autoridades del país a revocar la decisión y consideró que gobierno británico estaba confundiendo “la libertad de expresión con actos de terrorismo”. Türk advirtió que la decisión le parecía “desproporcionada”, “innecesaria” e “inadmisible” y que contravenía “las obligaciones internacionales del Reino Unido en materia de derechos humanos”.

Además de encarcelar a estos activistas de manera preventiva por “daños criminales, robo y disturbios violentos”, el gobierno británico ha arrestado a unas 1.600 personas relacionadas con la organización. El Reino Unido prohibió Palestine Action bajo la Ley de Terrorismo del año 2000. Según esto, ser miembro de la organización o expresar apoyo de manera pública puede ocasionar sanciones penales, incluyendo multas y penas de prisión de hasta 14 años.

A pesar de este panorama, Nadin defiende que la situación de los presos ha animado a la gente en muchos lugares a tomar acciones muy parecidos a las de Palestine Action, y que ha habido decenas durante el tiempo que ha durado la huelga. “Sabemos que han empezado grupos como Palestine Action en cerca de 24 países, porque claro, en otros países no es ilegal”, indica. Admite con orgullo que este miércoles la noticia del fin de la huelga salió en todos los medios masivos de Reino Unido, “de manera que reconocieron esta victoria. Entonces, algo ha cambiado desde el principio al final de esta huelga porque al principio, durante semanas, nos ignoraron por completo”, concluye la activista.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/reino...

El gobierno español activa la cláusula para sortear el embargo de armas a Israel un día antes de Nochebuena

27 Diciembre 2025 at 00:00
Por: (tortuga)

Alejandro López de Miguel - Itziar Elizalde

El Gobierno estrena el botón del pánico para esquivar el embargo de armas a Israel un día antes de Nochebuena, en pleno parón navideño. El Consejo de Ministros del 23 de diciembre, el último del año, ha acordado recurrir por primera vez a la cláusula de escape que introdujeron en el real decreto-ley de embargo, aprobado en septiembre.

En la misma jornada, el Ejecutivo también ha acordado destinar algo más de 2.000 millones de euros a partidas relacionadas con la Defensa, con el objetivo de cumplir con los compromisos asumidos con la OTAN.

Fuentes de Moncloa reconocen a Artículo14 que esta “excepción” en el embargo se ha utilizado “para que Airbus pueda seguir fabricando en España, tal y como marca el decreto”. Este mecanismo para soslayar los controles fue duramente criticado por los aliados parlamentarios de izquierdas de la coalición, así como por el socio minoritario del Gobierno, Sumar.

Temían que sirviera para seguir comprando y vendiendo armas al régimen de Benjamín Netanyahu, a sus empresas o a las que operan en los territorios ocupados por Israel. Desde el Gobierno confirman que esta “excepción”, que se activa por acuerdo del Consejo de Ministros, se utiliza ahora por primera ocasión: “Está pensada para cuestiones así”. Y rechazan que vaya a servir para comprar o vender armas a Israel.
Salvar las piezas del A400M

En este sentido, distintos medios se han hecho eco este martes de la petición del gigante aeronáutico europeo al Gobierno para que activase esta cláusula, recogida en la disposición adicional primera del decreto ley “de medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina”.

Airbus trasladó las dificultades que venía arrastrando con el desarrollo del avión de transporte A400M, según informa El Español. En concreto, con los impedimentos para importar la tecnología israelí que puedan requerir los clientes que adquieran estas aeronaves, y no con los componentes específicos que incorpora.

El texto del acuerdo aprobado por el Ejecutivo no detalla los componentes concretos a adquirir, ni ningún dato específico; tampoco alude a ningún importe o impacto económico.

Airbus, junto a Indra y Escribano Mechanical & Engineering, es uno de los grandes ganadores de los Programas Especiales de Modernización (PEMs), dispuestos por el Gobierno para lograr cumplir con el compromiso de gasto del 2,1% del PIB en Defensa.

Es, además, un jugador relevante en el ámbito industrial español. Con ocho centros en Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía, la compañía genera más de 14.000 puestos de trabajo y aporta cerca de 2.800 millones de euros al Producto Interior Bruto.
Sin detalles

La nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz, no aludió a esta cuestión en su primera rueda de prensa para explicar los acuerdos alcanzados por el Ejecutivo. A menudo, además, la referencia del Consejo de Ministros es parca en detalles.

En este caso, el acuerdo básicamente alude en genérico a “la transferencia de determinado material de defensa y doble uso, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 10/2025, de 23 de septiembre”.

La disposición adicional a la que se refiere el acuerdo puede activarse cuando el Gobierno considere que la aplicación del embargo “suponga un menoscabo para los intereses generales nacionales, previo informe de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU)”.

La presidencia de este organismo, la JIMDDU, que debe estudiar e informar antes de que se aplique una excepción al embargo, corresponde a la Secretaría de Estado de Comercio, dentro del Ministerio de Economía. Fuentes del departamento que lidera Carlos Cuerpo aseguraron no tener más información sobre este acuerdo.

Una cláusula que planeaban “evitar”

El Ejecutivo de Pedro Sánchez, que ha situado la denuncia del “genocidio” en Palestina en el centro de su política internacional -y doméstica-, ha mantenido estos dos años que España dejó de comprar y vender armas a Israel en octubre de 2023. Sin embargo, el ejemplo de contratos como el conocido en Semana Santa para adquirir 17 millones de balas a una empresa de este país, que no se rescindió oficialmente hasta septiembre de 2025, evidencian que estas relaciones comerciales seguían existiendo.

Teóricamente, el decreto de embargo debía servir para “blindar” legalmente la prohibición de mantener relaciones comerciales con el Estado hebreo. El Gobierno logró su convalidación en el Congreso de los Diputados en octubre, con el apoyo de Podemos, que durante semanas advirtió de que se trataba de un “decreto fake“.

El 8 de septiembre, Sánchez compareció sin previo aviso en Moncloa para anunciar este real decreto. Se aprobó en Consejo de Ministros dos semanas después, tras las multitudinarias protestas en Madrid contra la participación de un equipo israelí en la Vuelta Ciclista a España (14 de septiembre). La cláusula de escape no trascendió hasta la rueda de prensa de Cuerpo después del Consejo de Ministros.

En su día, el Ejecutivo argumentó que este botón del pánico permitiría “una excepción puntual de manera excepcional”. También aseguró que aspiraba a “minimizar, y si es posible evitar” su uso. La ha utilizado exactamente tres meses después de estas palabras.

Inversión en Defensa

La última cita del año sirvió también para dar el último empujón presupuestario a la inversión en Defensa, con el objetivo de cumplir con las exigencias de la Alianza Atlántica. En total, se dio luz verde a un gasto de más de 2.001,22 millones de euros. Casi la mitad del importe corresponde a la adquisición de camiones tácticos para las Fuerzas Armadas. Otro 21,5% del gasto (430 millones de euros) se destinará a la construcción de cuatro submarinos S-80, y un 17,66% a infraestructura global y ciberseguridad.

Así, el Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Defensa a suscribir un acuerdo marco para la adquisición de camiones medios y pesados de transporte táctico de las unidades, con una duración de cuatro años desde su formalización, con posibilidad de dos años de prórroga.

El Ejército de Tierra ha definido cuatro tipos de camión, desde modelos medios todoterreno 4×4 hasta uno pesado 8×8, con capacidad de carga de, al menos, 15.000 kilogramos. Su finalidad es “completar y mejorar la cobertura” de estos vehículos, así como “afrontar la renovación de la flota en aquellos casos en los que hayan finalizado o estén próximos al final de su ciclo de vida”.

Submarinos

El segundo acuerdo, por valor de 432,04 millones, autoriza la modificación de la Orden de Ejecución Complementaria para la construcción de cuatro submarinos de la serie S-80. Estos buques son el proyecto insignia de la defensa naval, liderado por Navantia, la constructora naval pública.

Con esta nueva ampliación, el coste total del programa rozará los 4.500 millones de euros. “Esta modificación es necesaria para poder alcanzar una configuración adecuada de los submarinos, adquirir repuestos y atender la gestión de las obsolescencias detectadas en los diferentes sistemas e instalaciones de los buques”, ha argumentado Defensa.

Por otra parte, el Ejecutivo invertirá 353,54 millones en el equipamiento y los servicios para la protección global de la Infraestructura Integral de Información para la Defensa, junto con herramientas de ciberseguridad de uso transversal del Ministerio de Defensa. El acuerdo tendrá una duración de tres años, desde el 1 de junio de 2026 o desde la fecha de formalización del contrato, hasta el 31 de mayo de 2029, con posibilidad de una prórroga adicional de un año.

Asimismo, el Consejo ha autorizado otra partidas de menor importe. Entre ellas, la contribución voluntaria de España a la Organización del Tratado del Atlántico Norte para la participación en el sistema de la Lista Priorizada de Requerimientos de Ucrania en 2025, por importe de 100 millones.

En total, una inyección extraordinaria de 2.000 millones de euros. Más la activación de la cláusula de escape. Todo, en mitad de las vacaciones de Navidad, cuando buena parte de los ciudadanos acostumbran a desconectar de la actualidad.

Fuente: https://www.articulo14.es/politica/...

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