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Hoy — 12 Diciembre 2025Web Tortuga AA-Moc

Una protesta en la planta de CAF en Amorebieta exige poner fin a los contratos con Israel

12 Diciembre 2025 at 00:00
Por: (tortuga)

Adur Galdos

Un grupo de activistas se concentró el miércoles en la planta de CAF en Amorebieta (Bizkaia) para denunciar la vinculación de la multinacional ferroviaria con proyectos desarrollados por el Estado israelí en territorios palestinos ocupados.

Durante la protesta se leyó un manifiesto en el que se acusa a la compañía de ser “cómplice directa del genocidio y del apartheid israelí”. El texto recuerda que Naciones Unidas incluye oficialmente a CAF en la lista de empresas que operan en asentamientos israelíes ilegales, situando su actividad en el marco de la vulneración sistemática del derecho internacional.

El manifiesto subraya además que infraestructuras como el tranvía de Jerusalén o el metro de Tel Aviv funcionan como “herramientas de anexión y limpieza étnica”, al conectar colonias con el centro urbano y contribuir a la fragmentación del territorio palestino, dificultando aún más la continuidad geográfica y social de sus comunidades.

Según han denunciado, la empresa participa en distintos niveles del sistema ferroviario –desde la señalización y la electrificación hasta el mantenimiento y la explotación del servicio–, lo que, en su opinión, convierte a la multinacional en un actor estructural dentro del dispositivo de ocupación.

Según los manifestantes, incluso los trabajadores y trabajadoras de la compañía han expresado públicamente su rechazo a estos contratos con Israel, señalando que existen voces internas que reclaman una revisión urgente de la política comercial de la empresa.

Los activistas han defendido el boicot político, económico y cultural como una herramienta legítima para frenar la complicidad empresarial, alineándose con las campañas internacionales promovidas por el movimiento en solidaridad con Palestina.

La lectura del manifesto concluyó con una exigencia inequívoca: “CAF debe romper inmediatamente toda relación con el régimen israelí. No hay neutralidad posible ante el genocidio”.

La protesta de Amorebieta se suma a la acción desarrollada hace dos semanas en la sede de Beasain, donde decenas de personas se encadenaron para denunciar de manera directa el papel de la empresa en las políticas de ocupación.

Con estas intervenciones, los colectivos implicados buscan mantener una presión continuada sobre CAF y abrir un debate público sobre la responsabilidad de las empresas vascas en el genocidio palestino.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/bds-i...

Entender la autodisolución del PKK

12 Diciembre 2025 at 00:00
Por: (tortuga)

Por Rojava Azadî Madrid

¿Qué significa para Oriente Medio?

El 12 de mayo de 2025, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (Partiya Karkerên Kurdistanê, PKK) anunció su disolución tras más de cuatro décadas de lucha armada contra el Gobierno turco. Esto se produjo tras el llamamiento del líder encarcelado del PKK, Abdullah Öcalan, para que se disolviera la organización. El 11 de julio, los combatientes del PKK participaron en una ceremonia que simbolizaba el desarme. ¿Qué significará esto para los movimientos kurdos de liberación y para Oriente Medio en general?

En el siguiente análisis, una militante feminista kurda se basa en más de diez años de compromiso político y de investigación con el movimiento de liberación kurdo para explorar estas cuestiones. Criada en Irán y afincada en la diáspora kurda, la autora, Soma.r, ha estado en estrecho contacto con las mujeres participantes y sigue vinculada activamente al movimiento.

Introducción

Un grupo de combatientes del PKK se desarmó simbólicamente el 11 de julio de 2025 en la cueva de Jasana, situada en la región autónoma kurda de Irak. El lugar tiene un profundo significado histórico y político: en 1923 sirvió de refugio y base de mando durante los ataques coloniales británicos. Ese mismo año, la cueva de Jasana se convirtió en un lugar clandestino para la impresión de Bangî Haq («Llamada a la verdad»), el primer periódico revolucionario kurdo, fundado por el periodista Ahmad Khwaja. Este acto entrelazó la resistencia anticolonial, la lucha política y el periodismo clandestino.

Un siglo después, el acto de desarmarse aquí no es una rendición, sino una declaración política que resuena a través de las capas del tiempo. Traza una línea entre el pasado y el presente, invocando la memoria como estrategia. Al elegir Jasana, los combatientes nos recuerdan que las revoluciones pueden cambiar de forma, pero sus raíces son profundas. Donde el imperio buscaba el silencio, las voces kurdas imprimían la verdad. Donde ahora se deponen las armas, pueden surgir nuevas luchas, arraigadas en la misma tierra, pero moldeadas por nuevos imaginarios.

Este acto cobra mayor relevancia a la luz de los acontecimientos recientes. Solo dos días antes, Abdullah Öcalan, el legendario líder del PKK, reapareció en un mensaje de vídeo —el primero desde 1999— en el que pedía el fin de la lucha armada e instaba a un cambio definitivo hacia la política democrática. Este momento invita no solo a la conmemoración, sino también a la interpretación: ¿cómo lleva a cabo un movimiento guerrillero, que en su día fue sinónimo de resistencia armada, una transformación política a través de actos simbólicos?

Para comprender la autodisolución del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), debemos tener en cuenta la amplitud de su base social, que abarca a decenas de millones de personas. Desde el encarcelamiento de Öcalan en 1999, el movimiento kurdo en Turquía ha crecido más allá de sus orígenes guerrilleros hasta convertirse en un complejo proyecto político arraigado en diversos grupos urbanos y rurales, seculares y religiosos, kurdos y no kurdos, aunque el proletariado sigue siendo fundamental. Ahora opera a través de una estructura híbrida que combina un brazo armado en Qandil con una amplia red civil que incluye sindicatos, municipios, partidos legales, organizaciones de mujeres, medios de comunicación y plataformas de solidaridad transnacionales. Su praxis política es a la vez territorial y transnacional, legal y clandestina, militarizada y profundamente social. Entre los cambios más transformadores se encuentra el auge del movimiento de liberación de las mujeres kurdas (KWLM), que ha reposicionado la emancipación de género como un núcleo tanto simbólico como estratégico. En todas las cartas de Öcalan, el proyecto Rojava y el papel cada vez más importante del KWLM se defienden sistemáticamente como los logros contemporáneos más significativos del PKK.

En un acontecimiento significativo para el panorama político kurdo, el PKK anunció su disolución tras su XII Congreso. Esta decisión se tomó tras una serie de diálogos iniciados en octubre de 2024, en los que participó Abdullah Öcalan (a través de su sobrino y la delegación del Partido de la Igualdad y la Democracia de los Pueblos, DEM) y que fueron impulsados por las declaraciones del líder del Partido del Movimiento Nacionalista (Milliyetçi Hareket Partisi, MHP), Devlet Bahçeli, un partido político ultranacionalista de extrema derecha de Turquía. Öcalan hizo hincapié en la necesidad de pasar de la lucha armada a la política democrática en la cuestión kurda, afirmando que tenía la capacidad de liderar este cambio si las condiciones lo permitían.

En respuesta, el PKK inició consultas internas y expresó su disposición a convocar un congreso bajo la dirección de Öcalan. El 27 de febrero de 2025, Öcalan emitió un llamamiento formal a la paz y a una sociedad democrática, instando al PKK a poner fin a sus actividades armadas y a asumir la responsabilidad de lograr una resolución pacífica. En respuesta, el PKK declaró un alto el fuego unilateral el 1 de marzo. A esto le siguió el XII Congreso de la organización, en el que los dirigentes del PKK y del Partido de las Mujeres Libres del Kurdistán (PAJK) adoptaron formalmente la decisión de disolver el PKK y poner fin a su campaña armada.[1]

La visión estratégica de Öcalan se desarrolló más ampliamente en el número de mayo de 2025 (n.º 521) de Serxwebûn, la publicación mensual oficial del PKK. Este último número incluía el documento completo de 20 páginas que Öcalan había presentado al Congreso, junto con una carta de cuatro puntos dirigida a los delegados, en la que se esbozaba el marco político para la transición a una fase pacífica y democrática del movimiento kurdo. Al anunciar el fin de sus 44 años ininterrumpidos de historia, la revista declaró: «Todo está listo para un nuevo y más sólido comienzo».

En su carta del 27 de abril, Abdullah Öcalan esboza una visión transformadora para la era posterior al PKK centrada en la nacionalidad democrática, la economía ecológica y comunal y la modernidad democrática como alternativa tanto al Estado nación capitalista como al socialismo real. Propone la sociedad democrática como programa político de la nueva era, que no pretende capturar el Estado, sino crear estructuras autónomas y de base como las comunas. En este marco, conceptos como socialismo democrático, comunalismo y confederalismo regional cobran importancia tanto para la liberación kurda como para una transformación regional más amplia. Öcalan lo denomina una nueva forma de internacionalismo e insta a todos los actores a asumir la responsabilidad de materializarlo, sugiriendo que el éxito en Kurdistán podría tener un efecto dominó en Turquía, Siria, Irak e Irán. [2]

Los textos de este número, que incluyen discursos, resoluciones y documentos del congreso, reflejan un intento de reconfigurar el horizonte estratégico del movimiento.

El reciente llamamiento de Öcalan a la disolución no carece de precedentes, ya que el PKK ha oscilado durante mucho tiempo entre la lucha armada y la negociación. Sin embargo, este momento señala un cambio ideológico más profundo: desde 2004, el movimiento se ha reestructurado en torno al «confederalismo democrático» a través de la Unión de Comunidades Democráticas del Kurdistán (KCK), un marco global que incluye al PKK, pero que brilla por su ausencia en el actual plan de disolución.

El significado de «disolución» sigue siendo muy ambiguo. ¿Significa el fin del PKK, un simple cambio de imagen o un cambio táctico dentro de un arco más largo de adaptación política? Más críticamente, ¿qué significa el desmantelamiento de una estructura que históricamente ha difuminado la resistencia armada y la movilización popular para las luchas anticolonialistas y contra el Estado en la región?

Incluso dentro del PKK, las interpretaciones varían. Zagros Hiwa, portavoz de Relaciones Exteriores de la KCK, declaró en Sterk TV que las resoluciones piden el fin del conflicto armado —no el desarme— y cuestionó la viabilidad de esto, dada la proximidad de 100 metros entre los soldados turcos y los guerrilleros. Otros no están de acuerdo. Amir Karimi, de la rama del PKK en Irán-Kurdistán, afirmó: «Quienes más han luchado y soportado tienen el mayor derecho a hablar de paz». Por su parte, el presidente del Parlamento turco, Numan Kurtulmuş, enmarcó el proceso como parte de un esfuerzo nacional para resistir la fragmentación imperialista:

La decisión del PKK de participar en el desarme pone de manifiesto contradicciones internas. A pesar de estar encarcelado desde 1999, Öcalan sigue siendo la autoridad indiscutible del movimiento, centralizando la toma de decisiones en una estructura vertical que suprime el pluralismo interno. Su reciente declaración «Puedo decir que los opositores al proceso no tienen ningún valor. Fracasarán» resume un modelo en el que la autoridad carismática eclipsa la deliberación colectiva, generando una crisis de legitimidad en la que se espera que los combatientes y activistas sigan directrices impuestas desde arriba sin mecanismos de toma de decisiones participativa. Esta centralización reproduce una base militante despolitizada y sofoca la democratización interna necesaria para una transformación genuina.

«Irak y Siria se han fragmentado, el Líbano se ha vuelto ingobernable. Libia, Sudán y Somalia se han dividido. Estos países se han convertido en campos de batalla alimentados por divisiones tribales, étnicas y religiosas, y algunos han sido desmantelados por organizaciones terroristas. Podríamos haber esperado pasivamente, como una «vaca amarilla», a que llegara nuestro turno de ser destrozados, o los turcos, los kurdos y todos los demás podríamos unirnos para derrotar esta agenda imperialista. Hemos elegido el segundo camino y estamos comprometidos a avanzar juntos».

Como era de esperar, este llamamiento ha generado división, incertidumbre y un amplio espectro de respuestas entre los activistas kurdos. Aquí desentrañaremos estas cuestiones analizando la evolución histórica del PKK en relación con los procesos de paz, y exploraremos las implicaciones más amplias de su disolución para los movimientos contemporáneos anticapitalistas, anticolonialistas y contra el Estado.

Comenzaremos con una breve descripción general de cómo surgió la violencia revolucionaria a través de la lucha armada en el movimiento kurdo, y cómo esta trayectoria se entrelazó con una serie de iniciativas de paz fallidas que a menudo reproducían nuevos ciclos de guerra. A continuación, pasaremos a la pregunta central: ¿por qué el PKK ha persiguido el desarme unilateral?

Examinaremos su decisión en relación con los cambios en la dinámica política a nivel regional, nacional y mundial. Por último, reflexionaremos sobre lo que está en juego, las incertidumbres y los cálculos estratégicos que rodean esta medida, y concluiremos con una lectura de género que pone de relieve el papel del movimiento de liberación de las mujeres kurdas en la configuración tanto de los límites como de las posibilidades de este proceso.

En segundo lugar, se prevé que el Parlamento turco establezca un organismo denominado provisionalmente «Comisión para la Paz Social y la Transición Democrática», encargado de formular un marco jurídico e institucional para apoyar el desarme y reformas democráticas más amplias.

Aunque estas iniciativas pueden desarrollarse inicialmente a una escala limitada y simbólica, sus defensores las consideran indicadores de la voluntad mutua de avanzar en el proceso de paz. No obstante, experiencias pasadas, como el envío de tres grupos de guerrilleros al Estado turco entre 2000 y 2007, ponen de relieve la persistente vulnerabilidad de tales esfuerzos ante las políticas represivas del Estado y la duradera desconfianza estructural que sigue obstaculizando una resolución duradera. Ni los guerrilleros y guerrilleras, ni los y las dirigentes del PKK parecen ser ingenuas respecto a los riesgos que ello conlleva. Parecen abordar el proceso con cautela estratégica y previsión política, conservando deliberadamente la opción de volver a la lucha armada si fuera necesario. Como declaró Bese Hozat [5], copresidenta del Consejo Ejecutivo del KCK, en una entrevista tras el desarme simbólico de 30 guerrilleros en el Kurdistán iraquí en julio:

El calvario kurdo de la violencia estatal y la apatridia

Como declaró el PKK el 12 de mayo de 2025:

El PKK nació como un movimiento de liberación contra la política de negación del pueblo kurdo consagrada en el Tratado de Lausana y la Constitución turca de 1924.

De ser una «nación» imperial reconocida, los kurdos pasaron a ser «minorías étnicas» en Estados que los reprimieron, asimilaron y borraron. A pesar de ser casi 40 millones —el 20 % de la población de Turquía—, los kurdos siguen siendo el pueblo apátrida más grande del mundo, excluido del reconocimiento político y cultural.

La represión estatal ha adoptado a menudo formas genocidas: la campaña Anfal de Irak (1987-1988) mató a 180.000 kurdos; las políticas de desnacionalización de Siria en la década de 1960 dejaron a decenas de miles de personas apátridas; Irán enmarca los ataques militares contra las regiones kurdas como «yihad»; y Turquía prohibió durante mucho tiempo las palabras «kurdo» y «Kurdistán», etiquetando a los kurdos como «turcos de las montañas». Solo la guerra entre el PKK y el ejército turco se ha cobrado más de 40.000 vidas, en un contexto más amplio de conflictos kurdos que han matado a más de 250.000 personas desde la década de 1960.

La República Turca se construyó sobre el genocidio de los armenios y la negación de la identidad kurda, lo que sirvió para imponer un proyecto nacionalista homogeneizador. El PKK surgió en la década de 1970 como respuesta directa a este régimen excluyente. Su oposición no fue solo militar, sino también cultural y política, como simboliza el juramento parlamentario de Leyla Zana en 1991 («Hago este juramento por la fraternidad de los pueblos turco y kurdo»), en kurdo, por el que cumplió diez años de prisión.

Hoy en día, el imperialismo turco combina el colonialismo interno con la expansión neoimperialista regional. Desde 2016, Ankara ha desplegado milicias islamistas proxy (como el «Ejército Nacional Sirio» (SNA)) en todo el norte de Siria (Afrin, al-Bab, Azaz, Jarablus, Idlib). Estas milicias permiten a Turquía externalizar la guerra mientras promueve una agenda neo-otomana de arabización forzada, islamización e ingeniería demográfica. Las promesas de salarios de hasta 2.500 dólares atraen a jóvenes que sobreviven con apenas unas decenas de dólares, convirtiendo la guerra en un empleo precario.

Desde 2015, Turquía ha lanzado sucesivas operaciones —Escudo del Éufrates, Rama de Olivo, Primavera de Paz— ocupando zonas kurdas, desplazando a la población y permitiendo el saqueo, la violencia masiva y la reingeniería étnico-política. Los ataques aéreos en Irak contra Qandil y Sinjar se han intensificado, sin apenas respuesta internacional. Este modelo de guerra —privatizado, precario y transnacional— se ha extendido a Libia (2019-2020), Azerbaiyán (2020), Yemen, Níger y Pakistán. Redes paramilitares vinculadas a la inteligencia turca, como la Brigada Sultán Murad, operan desde pueblos kurdos como Sinara, cerca de Afrin.

El alcance de Turquía también es extraterritorial: en Europa, los activistas kurdos son vigilados, extraditados o asesinados. Los asesinatos de figuras feministas clave como Sakine Cansız (París), Hevrîn Xelef (Siria) y Nagihan Akarsel (Irak) reflejan una estrategia de género para decapitar el liderazgo revolucionario y sofocar la articulación feminista transnacional. El imperialismo turco fusiona la milicianización islamista, las economías de guerra transnacionales y las soberanías fragmentadas, produciendo una violencia desregulada en la que la lógica del mercado prevalece sobre los intereses del Estado.

Esta violencia extraterritorial no es una extensión aislada del poder estatal, sino un mecanismo central de una agenda geopolítica más amplia. Esta proyección agresiva de la fuerza no es meramente oportunista, sino que forma parte de un proyecto neootomano y neocolonial más amplio destinado a reafirmar la influencia turca en sus antiguos territorios imperiales. Un elemento central de esta visión es la integración de la geografía y los recursos de Kurdistán en la arquitectura emergente del comercio mundial, en particular a través del Corredor Medio, que se analiza más adelante.

Sin embargo, esta violencia ha generado una resistencia igualmente transnacional. El PKK ha politizado la cuestión kurda, transformando a una población apátrida en un sujeto político organizado. Liderado en gran parte por mujeres, su proyecto sigue siendo una de las pocas visiones revolucionarias contemporáneas centradas en la justicia social, el pluralismo y las críticas radicales al poder. Frente a los izquierdismos estatistas, campistas o nacionalistas, predominantemente moldeados por paradigmas verticales, militaristas y masculinistas, el movimiento kurdo —especialmente su dimensión feminista— desplaza lo político de los paradigmas centrados en el Estado a formas encarnadas, localizadas y solidarias. Su lema, Jin, Jiyan, Azadî («Mujer, Vida, Libertad»), forjado en décadas de lucha subalterna, se convirtió en un grito global durante el levantamiento iraní de 2022.

Pero esta resistencia fue posible gracias a la lucha armada. Y eso plantea la pregunta clave: ¿qué será del horizonte revolucionario kurdo con la anunciada disolución del PKK?

La paz como máscara de la guerra: la traición recurrente al movimiento kurdo

El repetido colapso de los procesos de paz en Kurdistán no revela una falta de compromiso por parte del pueblo kurdo, sino la negativa arraigada de los Estados de la región a reconocer los derechos kurdos. En Irán, las conversaciones de Viena de 1989 terminaron con el asesinato del líder kurdo Abdul Rahman Ghassemlou y sus colegas, un acto que se repitió con el asesinato de su sucesor, Sadegh Sharafkandi, en Berlín en 1992. En Irak, el incumplimiento por parte de Bagdad del Acuerdo de Autonomía de 1970 condujo a la campaña genocida Anfal.

Turquía ha seguido una trayectoria similar. Mientras que el movimiento kurdo ha buscado constantemente el diálogo, la política del Estado turco oscila entre gestos de paz efímeros y una represión sistemática. La iniciativa del presidente Özal a principios de la década de 1990 murió con él, y la década siguiente fue testigo de una violencia estatal masiva, que incluyó torturas, desplazamientos forzados y borrado cultural. La captura de Abdullah Öcalan en 1999 marcó un cambio: él pidió un alto el fuego y la disolución del PKK. Sin embargo, la respuesta punitiva del Estado no hizo más que profundizar la desconfianza kurda.

A pesar de la represión, el movimiento kurdo se transformó. En 2004 surgió el confederalismo democrático, que rechazaba el nacionalismo en favor del pluralismo de base. La resistencia armada continuó junto con las estrategias político-legales, que culminaron en los avances electorales del Partido Democrático Popular (Halkların Demokratik Partisi, HDP). Pero los esfuerzos de paz, incluidas las conversaciones de Oslo (2008-2011) [3] y el Proceso de İmralı (2013-2015), fueron saboteados por el Estado. En primer lugar, la filtración de las negociaciones provocó una reacción nacionalista en 2009; más tarde, en 2015, el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan abandonó el Memorándum de Dolmabahçe en respuesta a los avances kurdos en Siria, en particular la victoria de las YPG y las YPJ (Unidades de Defensa Popular y Unidades de Protección de las Mujeres) en Kobanê. El colapso del proceso de paz desencadenó una brutal represión que desplazó a más de 350.000 personas y provocó la muerte de alrededor de 1.700, al tiempo que situó a Turquía entre los principales encarceladores de periodistas del mundo. En agosto de 2016, Erdoğan negaba que se hubiera producido ninguna negociación. Desde esta perspectiva, los gestos del Gobierno turco hacia las negociaciones de paz han señalado a menudo su preferencia por las operaciones militares, ya sea mediante la guerra o el golpe de Estado.

Para muchas personas en Kurdistán, la lucha armada se ha convertido en una necesidad existencial contra lo que consideran una dominación colonial, precisamente como resultado de este conflicto asimétrico, que algunos describen como una «guerra contra la paz». Inspirado por Frantz Fanon, el PKK enmarca la violencia como una autodefensa estratégica. Si bien las críticas internas cuestionan la guerra urbana y la militancia prolongada, persiste un amplio apoyo kurdo, arraigado en el trauma histórico y el fracaso de las vías políticas. El persistente encuadre por parte del Estado de la identidad kurda como una amenaza refuerza este punto muerto.

Para 2025, cualquier horizonte de este tipo parecía más difícil de alcanzar que nunca. Pero «todo lo sólido se desvanece en el aire». Como destacaron el académico kurdo Adnan Çelik y otras voces dentro del movimiento, el mensaje de Öcalan durante el XII Congreso del PKK, aunque inesperado, supuso una ruptura: en contraste con su llamamiento de 2015 a una «apertura democrática», la declaración de 2025 despojó de riqueza ideológica a los llamamientos anteriores, omitiendo las críticas al Estado nación, al capitalismo neoliberal, al colonialismo interno y al patriarcado. Si bien la declaración inicial presenta al PKK como una reliquia de la Guerra Fría desprovista de legitimidad estratégica o ideológica (pidiendo su desarme sin concesiones políticas ni reconocimiento de las reivindicaciones históricas kurdas), esta postura se revisa parcialmente en la carta del 27 de abril, que dedica una atención significativa a la historia de la represión kurda por parte de los Estados regionales y al legado de resistencia del PKK.

Ampliamente percibido como una capitulación unilateral, el cambio de Öcalan provocó conmoción dentro del movimiento, y muchos lo interpretaron como una forma de humillación implícita y de borrado de los sacrificios pasados, según Çelik. Sin embargo, en lugar de provocar el colapso, impulsó tanto respuestas organizativas inmediatas (como una propuesta de congreso de disolución) como un intenso esfuerzo interpretativo para preservar legados críticos. Este momento marca una importante reconfiguración estratégica, que desplaza el foco de atención de la búsqueda de un proyecto sociopolítico a la gestión del legado militante, la memoria y la resiliencia política en medio de un panorama geopolítico transformado.

Hoy en día, la cuestión kurda sigue sin resolverse estructuralmente. La reconciliación es imposible mientras el Estado turco oscile entre ofertas de paz vacías y una represión brutal. Mientras el Estado se aferra a los paradigmas nacionalistas, el movimiento kurdo sigue adaptándose, entre la insurgencia y la imaginación, la memoria y la resiliencia.

Esta tensión entre la negación del Estado y la resistencia kurda quedó patente en el histórico discurso de Erdoğan tras el desarme, el 12 de julio, en el que reconoció oficialmente que el Estado turco cometió asesinatos en masa de kurdos, los despojó de sus derechos e inició esta violencia en lugares como la prisión de Diyarbakır. Admitió haber quemado pueblos, criminalizado a personas no identificadas, prohibido el idioma kurdo y negado a las madres el derecho a hablar kurdo con sus hijos. Pronunciado tras el desarme simbólico del PKK, el discurso, que insistía en la unidad de turcos, kurdos y árabes, marca un cambio de la insurgencia a la reconciliación, y sirve como un espectáculo orquestado por el Estado en el que este reafirma su poder soberano controlando la narrativa tanto de la violencia pasada como del orden futuro, posicionándose como único árbitro de la memoria, la verdad y la legitimidad histórica. Enmarcado como un acto de cierre, este momento consolida, en cambio, la autoridad del Estado. La disolución de la lucha armada kurda no se traduce en una transformación política genuina, sino en una contención simbólica. Lo que parece paz es, en realidad, un cambio de imagen de la dominación, que prepara el terreno para nuevas formas de control bajo el pretexto de la reconciliación.

¿Por qué la disolución?

En una carta fechada el 25 de abril de 2025, Abdullah Öcalan articuló los motivos que justificaban la propuesta de disolución del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), enmarcándola no como una derrota, sino como un cambio de paradigma deliberado. Destacó que este proceso, lejos de ser un desarme inmediato exigido por el Estado turco, requiere una profunda crítica ideológica, una autorreflexión y un debate prolongado para remodelar tanto la personalidad como la mentalidad. El PKK, fundado para elevar la conciencia nacional kurda y denunciar la opresión sistémica, se enfrenta ahora a una fase en la que el siguiente paso hacia la libertad debe basarse en instituciones democráticas, la renovación cultural y el comunalismo [4], transformaciones que el PKK, como organización armada jerárquica, ya no puede encarnar. Es en esta trayectoria donde debe entenderse la disolución: como la culminación de una ruptura teórica con el modelo de Estado nación del siglo XX y su militarismo, definido por una violencia sistémica que ahora «ha perdido su justificación (razón de ser)». La visión de Öcalan del confederalismo democrático, basada en la autonomía local, la igualdad de género y la economía ecológica, supone una ruptura decisiva con los modelos estatistas y militarizados del pasado y un avance hacia un proyecto social posestatal.

Sin embargo, esta evolución ideológica no es repentina ni está exenta de controversia. Desde la década de 1990, el PKK ha experimentado una importante transformación interna, enfrentándose al colapso del socialismo y a las tendencias autoritarias inherentes a los paradigmas estatistas. La supervivencia del movimiento ha dependido de su capacidad de adaptación y de su compromiso crítico, lo que ha culminado en la decisión del XII Congreso de aceptar la disolución como una reorientación radical y no como una capitulación. La carta destaca que el fracaso durante dos décadas a la hora de integrar plenamente los principios democráticos, ecológicos y feministas en las estructuras organizativas ha precipitado este momento de cambio decisivo.

Estratégicamente, la presencia política kurda ha ganado protagonismo en toda Turquía y en Oriente Medio en general, especialmente a través de iniciativas de liberación de la mujer y avances políticos en las cuatro regiones kurdas. Este progreso desafía la anterior caracterización de Turquía del PKK como una mera entidad terrorista. La reciente declaración del asesor presidencial Mehmet Uçum de que «los y las kurdas son un componente esencial de la nación turca» señala un reajuste ideológico a nivel estatal.

En esta situación, la disolución del PKK puede considerarse una medida táctica para eliminar los obstáculos al reconocimiento internacional, especialmente de las estructuras kurdas en Rojava, donde la etiqueta de «terrorista» ha servido para justificar las incursiones militares turcas. El desarme tiene como objetivo proteger a Rojava como proyecto político autónomo, garantizando su supervivencia y legitimidad en los escenarios regional e internacional. Los informes sugieren que pronto podría celebrarse una reunión entre Abdullah Öcalan y Masoud Barzani (líder histórico del Partido Democrático de Kurdistán en el Kurdistán iraquí), un acontecimiento que, sobre todo, refuerza la hipótesis de una alianza regional kurda emergente destinada a reforzar la estabilidad de Rojava en el contexto geopolítico actual.

A pesar de los logros diplomáticos derivados del papel que desempeñaron las fuerzas kurdas en la lucha contra el ISIS, el apoyo internacional ha seguido siendo inconsistente. El llamamiento de Öcalan a la disolución voluntaria podría ser una estrategia preventiva para evitar la derrota total en medio de un creciente aislamiento militar. Desde el colapso del proceso de paz de 2015, la intensificación de la presión militar turca (operaciones transfronterizas, guerra con drones y vigilancia) ha confinado las operaciones del PKK principalmente a Qandil, erosionando su capacidad dentro de Turquía. Incluso el XII Congreso del PKK, celebrado recientemente, tuvo lugar doce años después del XI Congreso, debido principalmente a la falta de seguridad y a la presión militar de Turquía. El PKK abordó esta cuestión en una carta publicada el 4 de mayo, dirigida al pueblo y a los activistas del movimiento:

Una mirada retrospectiva a las últimas dos décadas revela lo siguiente: aunque el nuevo paradigma tenía por objeto facilitar una integración más profunda con la sociedad, en la práctica fueron los miembros del cuadro quienes experimentaron una mayor desconexión con ella, incluso cuando el movimiento en su conjunto avanzaba hacia la despenalización. Si bien el objetivo era cultivar estructuras organizativas más sólidas y promover modos de vida comunitarios y socialistas, lo que realmente surgió fue un aumento del individualismo y el materialismo. Es evidente que en nuestro compromiso con las masas, no logramos proporcionar una educación adecuada ni fomentar la organización de una sociedad verdaderamente democrática. En el ámbito militar, no fuimos capaces de desarrollar ni implementar un entrenamiento y una organización eficaces para la autodefensa social. Nos mantuvimos, en las montañas, al nivel de unidades guerrilleras separadas de la sociedad y completamente rodeadas. Esta situación no solo provocó un aumento de las bajas, sino que también debilitó el impacto político y propagandístico de nuestra lucha armada. Poco a poco, nuestra capacidad para llevar a cabo una guerra eficaz quedó confinada a una zona geográfica muy limitada.

Los avances tecnológicos, en particular la guerra algorítmica y la vigilancia en tiempo real, han profundizado este aislamiento, ya que los Estados de la OTAN dan prioridad a las relaciones con Ankara. Mientras tanto, la autonomía kurda en Siria se ve amenazada por la centralización de ese régimen, y la influencia turca crece en el norte de Irak con la aprobación tácita de la población local. Estas condiciones han llevado al centro político del PKK a pasar de la lucha armada a la búsqueda de la legitimidad civil e institucional en toda la región kurda. La disolución representa un desarme simbólico y una reubicación estratégica, trasladando la lucha kurda a los ámbitos político y transnacional, donde el poder popular se redefine fuera del paradigma de la confrontación militar.

El descenso en el reclutamiento del PKK y el fracaso a la hora de traducir las alianzas contra el ISIS en un apoyo internacional duradero subrayan la necesidad de este reajuste estratégico. Los partidarios de Öcalan entienden su propuesta no como una rendición, sino como una adaptación lúcida a las nuevas realidades geopolíticas y militares, incluida la perspectiva de un alto el fuego temporal en Qandil y Rojava.

Según muchos analistas kurdos, la postura de Öcalan refleja su persistente oposición a Israel y su reticencia a que el movimiento kurdo se vea obligado, por necesidad estratégica, a una alianza táctica o pragmática con este país. Esto, argumentan, es lo que le impulsa a buscar soluciones políticas preventivas destinadas a evitar tales alineamientos. Otros defensores del movimiento kurdo sostienen que la decisión de Öcalan y el PKK fue un intento estratégico de evitar que Kurdistán se convirtiera en la próxima Gaza de Oriente Medio. Argumentan que las limitaciones militares del PKK frente a un aparato bélico interestatal e internacional altamente tecnificado, junto con la persistente campaña de Turquía para aniquilar Kurdistán y Rojava, hicieron necesaria una recalibración política. Este cambio, sugieren, también se debe al declive del poder material y simbólico de la solidaridad global con la causa kurda, que sigue siendo significativamente más débil que el amplio apoyo movilizado para Palestina. Desde esta perspectiva, si Turquía llevara a cabo un escenario similar al de Gaza contra el pueblo kurdo, habría poca capacidad o voluntad internacional para intervenir. Con la disminución de los medios materiales de resistencia y la ausencia de una movilización regional o internacional comparable, los actores kurdos deben adoptar estrategias alternativas para sobrevivir. Por lo tanto, esta decisión no se considera una retirada, sino una táctica calculada y pragmática para resistir en un contexto geopolítico cada vez más inviable.

Este giro estratégico no puede entenderse sin reconocer el profundo coste humano del conflicto. Las guerrillas kurdas, los cuadros del PKK y, sobre todo, la población civil están agotados; los costes acumulados de la guerra se han vuelto insoportables. Se han perdido miles de vidas jóvenes, se han destruido ciudades enteras, se han fracturado familias, se han marcado cuerpos con cicatrices y generaciones han sido moldeadas por la prisión, el exilio, la precariedad y el estigma. Esta acumulación de sufrimiento durante más de cuarenta años confiere a la palabra «paz» una nueva resonancia: no como capitulación, sino como una necesidad vital, un respiro largamente esperado tras décadas de asfixia.

Desde la perspectiva del Estado turco, la disolución se alinea con una estrategia política orquestada por Recep Tayyip Erdoğan, que pretende extender su poder más allá del límite constitucional de 2028. Al presentarse como el artífice de un nuevo proceso de paz, Erdoğan espera ganarse a parte del electorado kurdo y fracturar a la oposición. Enmarcado como una reconciliación, el llamamiento a poner fin a la lucha armada es, en realidad, una maniobra para romper las alianzas emergentes entre las fuerzas kurdas y las corrientes progresistas de la oposición. En 2019, el apoyo táctico de los votantes kurdos (en particular a través del HDP (ahora Partido de la Igualdad de los Pueblos, DEM)) fue crucial para la victoria de la oposición en grandes ciudades como Estambul y Ankara. Esta estrategia busca aislar a las facciones nacionalistas seculares dentro del Partido Republicano del Pueblo (Cumhuriyet Halk Partisi, CHP) de aquellas abiertas al diálogo con el movimiento kurdo, al tiempo que mantiene un discurso de seguridad para uso interno. Esta ingeniería electoral se basa en un doble cálculo: debilitar la movilización conjunta de la oposición y disuadir a las fuerzas kurdas de criticar demasiado abiertamente al régimen por temor a poner en peligro una posible paz.

En esta compleja configuración, el movimiento kurdo se encuentra en una posición que recuerda a las protestas del parque Gezi de 2013. Al igual que entonces, cualquier apertura al diálogo con el Estado implica, paradójicamente, reconocer su legitimidad, aunque siga siendo el principal objeto de controversia. Esta tensión obliga al movimiento kurdo a adoptar una postura equilibrada: participar en los esfuerzos de paz sin disolverse en la política institucional turca ni alienar a los movimientos sociales más amplios. El resultado es una forma de aislamiento estratégico, pero también puede ser una oportunidad para construir un espacio político autónomo en el que la cuestión kurda pueda articularse sin armas, pero sin renunciar.

Mientras tanto, Erdoğan sigue explotando la retórica de la securitización, criminalizando a las figuras políticas kurdas y perpetuando el eufemismo de «enemigo interno» para consolidar su base conservadora. El contraste entre la represión en curso y el lenguaje conciliador de la paz subraya la naturaleza cínica de la iniciativa: no se trata de un compromiso genuino con la resolución, sino de una maniobra táctica disfrazada de diálogo.

Tanto Erdoğan como el Estado turco en su conjunto buscan facilitar la integración de Kurdistán y sus recursos en los mercados capitalistas contemporáneos a través de su desarme. En un discurso en el que esbozó el nuevo proceso para 2025, Erdoğan articuló abiertamente los objetivos capitalistas que impulsan esta iniciativa:

Una Turquía libre de terrorismo elevará la economía turca por encima de todo lo demás. Una vez que logremos este objetivo, la Unión Turca de Cámaras y Bolsas de Mercancías (TOBB) será la principal beneficiaria. A partir de ese momento, Turquía competirá en una nueva liga.

Del mismo modo, el ministro de Finanzas turco, Mehmet Şimşek, declaró que Turquía ha gastado casi 1,8 billones de dólares en las últimas cinco décadas en la «lucha contra el terrorismo», y que poner fin al conflicto podría reportar importantes beneficios económicos al país.

Sin embargo, estas imperativas económicas no se limitan a consideraciones internas. Están integradas en las ambiciones geopolíticas más amplias de Turquía. El llamado proceso de paz de 2025 entre Turquía y el PKK no es tanto un paso genuino hacia la reconciliación como una maniobra geopolítica destinada a neutralizar el poder militar, político y económico kurdo como condición previa para la integración de Turquía en el capitalismo infraestructural neoliberal. Un elemento central de esta estrategia es la realización del «Corredor Central», una ruta comercial transeuroasiática que conecta China con Europa a través de Asia Central, el Cáucaso y Turquía. Este corredor posiciona a Turquía como un centro logístico en la circulación capitalista mundial. Es crucial tanto para la Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda (BRI, un proyecto multimillonario que conecta China con Europa, África y Oriente Medio a través de rutas terrestres y marítimas) como para el Corredor India-Oriente Medio-Europa (IMEC, un proyecto de infraestructura competidor destinado a asegurar el dominio geopolítico y comercial occidental) respaldado por Estados Unidos.

El «Corredor Central»

Más recientemente, esta visión se ha visto reforzada por la iniciativa «Development Road» (Carretera del Desarrollo), un proyecto de 17.000 millones de dólares liderado por Irak, Turquía y los Estados del Golfo, que conecta el Golfo Pérsico (a través del puerto iraquí de Grand Faw) con Europa a través del territorio turco. La ruta propuesta atraviesa directamente el sureste de Turquía, de mayoría kurda, lo que amplía aún más los intereses geopolíticos de la contención kurda. Tras los acontecimientos del 7 de octubre y el genocidio israelí en Palestina que aún continúa, las alianzas geopolíticas regionales se han desestabilizado aún más, lo que ha dado lugar a una nueva ola de políticas estratégicas de corredores en las que la centralidad logística y diplomática de Turquía no ha hecho más que intensificarse. En medio del colapso de los equilibrios de poder tradicionales en el Levante y el Golfo, el control de Turquía sobre estas rutas infraestructurales (en particular las que eluden la influencia iraní y siria) se ha vuelto aún más indispensable tanto para los bloques occidentales como para los no occidentales.

Pero para que Turquía consolide el control sobre estas rutas, debe eliminar a todos los actores subalternos o no estatales, especialmente a las fuerzas kurdas. Por lo tanto, el desarme del PKK no debe interpretarse como una desmilitarización, sino como el fin de la lucha armada kurda bajo un nuevo régimen de securitización de las infraestructuras. Con la neutralización del «corredor chií» de Irán (eje Teherán-Damasco-Beirut), el derrocamiento de Assad y la ruptura del eje del PKK y las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) bajo la presión de Estados Unidos e Israel, los actores kurdos han sido eliminados estructuralmente de las negociaciones de poder regionales. Con el apoyo tácito de la OTAN, Turquía ha llevado a cabo campañas militares y una reingeniería demográfica para consolidar el control sobre las regiones kurdas. En este contexto, la «paz» se convierte en un eufemismo de la pacificación capitalista, en la que la reconciliación política es sustituida por la contención espacial y militar para permitir flujos ininterrumpidos de capital, bienes e influencia geopolítica a través de los corredores imperiales de extracción y control.

El respaldo de Erdogan al llamamiento del PKK al desarme debe considerarse en el contexto más amplio de los cambios geopolíticos en Oriente Medio y la evolución del equilibrio de poder en la región. También refleja el uso estratégico que hace Turquía de la dinámica kurda para contrarrestar a rivales como Israel e Irán. Una compleja interacción de cálculos políticos nacionales y regionales ha empujado a Turquía a adoptar esta táctica. Esto se articula claramente en una carta del Comité Central del PKK fechada el 4 de mayo:

La escalada de la Tercera Guerra Mundial en Oriente Medio, los resultados del conflicto de Gaza que comenzó el 7 de octubre de 2023, los importantes ataques de Hamás y Hezbolá contra las agresiones israelíes y el colapso del régimen baazista en Siria (que ha extendido la transformación regional a Irán y Turquía) han desempeñado un papel fundamental para llevarnos a esta situación. El miedo y la ansiedad existencial generados dentro del Estado turco y el gobierno del AKP-MHP, combinados con las presiones para un cambio democrático impuestas internamente por nuestro movimiento y el pueblo turco, y externamente por el sistema capitalista transnacional, constituyen los principales factores que motivan a la administración de (Devlet) Bahçeli y su conocida retórica y llamamientos a la acción. En consecuencia, hemos llegado a la etapa actual como resultado de los acontecimientos políticos y militares mencionados anteriormente.

La paradoja es profunda: un movimiento que posee una considerable fuerza territorial y organizativa se ve obligado a reinventarse precisamente porque ese poder lo hace susceptible de ser aniquilado algorítmicamente. En última instancia, la propuesta de Öcalan invita a replantearse fundamentalmente la lucha revolucionaria en una era definida por los drones, los metadatos y la vigilancia total. Desafía al movimiento kurdo a imaginar una forma de resistencia que trascienda la confrontación armada, encontrando el poder en el silencio en lugar de en los disparos.

De la guerra de guerrillas a la transición política: tensiones, esperanzas, horizontes

El anuncio en febrero de 2025 de la posible retirada armada del PKK plantea profundas preguntas sobre las condiciones en las que una prolongada lucha guerrillera podría dar paso a un proceso político, especialmente en un contexto marcado por un autoritarismo arraigado, la represión y los bloqueos ideológicos. Aunque algunos interpretan esta medida como un signo de reconfiguración estratégica e ideológica, sigue siendo profundamente ambigua. El Gobierno turco, que enmarca el momento no como un «proceso de paz», sino como un «limpieza de proceso terrorista» («Terörden arındırma süreci»), muestra una postura punitiva que se aleja del lenguaje conciliador de 2015, lo que pone en duda la posibilidad de una resolución justa y completa.

Esto plantea varias preguntas urgentes. ¿Puede definirse la democratización en Turquía como meros gestos simbólicos (como la liberación condicional de Abdullah Öcalan y su comparecencia en el Parlamento para pedir a los kurdos que se retiren de Qandil y adopten una vía política pacífica) o concesiones culturales limitadas, o debe implicar reformas constitucionales de gran alcance, la liberación masiva de presos políticos y el reconocimiento formal de los derechos colectivos kurdos, incluida la autonomía regional y el derecho a la educación en lengua kurda? ¿Sería suficiente el restablecimiento de los mandatos municipales anulados, el regreso de personas exiliadas o una amnistía general para convencer al PKK de que ha surgido una vía política viable? Muchas personas temen que Erdoğan pueda incumplir sus compromisos una vez que haya conseguido la influencia política que busca, repitiendo la traición del proceso de 2015 y arriesgándose a volver al conflicto con el movimiento kurdo en una posición de fragmentación y legitimidad debilitada.

A diferencia de otros procesos de paz (como los que involucran al Ejército Republicano Irlandés en Irlanda del Norte, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Colombia o Euskadi ta Askatasuna (ETA) en el estado español), el Estado turco se ha negado a participar en la verdad y la reconciliación, la reestructuración constitucional o el reconocimiento político genuino. En Colombia, por ejemplo, el desarme fue acompañado de iniciativas de justicia restaurativa, mujeres a menudo lideradas por y sobrevivientes de la violencia estatal. El movimiento de mujeres kurdas tiene un potencial similar, pero el caso kurdo sigue siendo excepcional por su criminalización sistemática y su negación de la existencia de un problema político. Al mismo tiempo, le muchos otros ejemplos es que cuenta con el apoyo de un movimiento civil y político de masas poderoso e influyente. La lucha no se ha limitado al ámbito militar, sino que también se ha arraigado profundamente en los ámbitos civil y político.

En este panorama en evolución, algunos analistas destacan dos acontecimientos que podrían marcar los primeros pasos hacia el desarme y la transición a un orden democrático. En primer lugar, en un gesto simbólico, un grupo de guerrilleros, algunos de los cuales ocupaban anteriormente puestos de liderazgo, depusieron públicamente las armas en presencia de los medios de comunicación, acompañados de una declaración en la que afirmaban:

Estamos dispuestos a participar en la política democrática.

Si cumpliéramos incondicionalmente todas las exigencias del Estado, el resultado sería el siguiente: se esperaría que otros grupos hicieran lo mismo: destruir sus armas, regresar a Turquía y rendirse. Si ese enfoque se convirtiera en la norma, el destino que nos esperaría a nosotros y a nuestros compañeros y compañeras sería el encarcelamiento o la muerte. Pero ese futuro no es el que aceptamos. El Estado turco debe comprenderlo.

Aun así, algunas personas pertenecientes al movimiento ven esto como una oportunidad para trascender su legado leninista militarista y jerárquico. Un cambio hacia una mayor participación civil y una renovación interna podría reposicionar al PKK dentro de un marco democrático más amplio. La aparición del Partido DEM como actor significativo sugiere la posibilidad de transformar una formación nacionalista kurda en una fuerza pluralista capaz de unir a los distintos sectores democráticos de Turquía. Sin embargo, el riesgo de abandono (tanto por parte del Estado turco como de los apoyos internacionales) es muy grande, lo que hace que la promesa de renovación dependa de reformas estructurales, y no de concesiones retóricas.

Es fundamental contar con un marco de justicia transicional. Sin reconocer las atrocidades cometidas en el pasado (en particular durante la década de 1990 y el brutal período 2015-2016) cualquier alto el fuego seguirá siendo frágil. La verdad, la reparación y la descolonización de los discursos nacionales son requisitos previos para una paz significativa. De lo contrario, la memoria colectiva kurda seguirá soportando traumas sin sanar que podrían reavivar el conflicto.

El contexto regional hace que el desarme sea precario. Siria sigue siendo inestable y el frágil alto el fuego entre las fuerzas kurdas y Hayat Tahrir al-Sham (HTS), tras la reciente Conferencia de Unidad Kurda, parece cada vez más incierto. Las continuas campañas militares de Turquía contra las posiciones kurdas en Irak y Siria, que incluyen más de 500 ataques aéreos contra zonas controladas por el PKK en el Kurdistán iraquí solo en mayo de 2025, socavan la viabilidad de una transición hacia la paz. Al mismo tiempo, las supuestas ofertas secretas de Ankara, como el reconocimiento de la autonomía kurda en Siria a cambio de la disolución del PKK, siguen siendo vagas y poco fiables. Una ofensiva a gran escala contra Rojava amenazaría con derrumbar la arquitectura civil y militar del proyecto kurdo.

Dentro de esta configuración transnacional, el PKK no es una fuerza guerrillera aislada, sino parte de una red más amplia establecida desde 2002 a través de la Unión de Comunidades de Kurdistán (KCK), que incluye al PYD en Siria (2003), al PJAK en Irán (2004) y al PÇDK en Irak (2002). Estas organizaciones hermanas, aunque nominalmente autónomas, están ideológicamente alineadas con la visión de Öcalan del confederalismo democrático y están profundamente arraigadas en sus respectivas sociedades, en particular a través de iniciativas lideradas por mujeres. La ambigüedad del llamamiento al desarme de Öcalan (si se dirige únicamente al ala turca del PKK o se extiende a estas entidades aliadas) aumenta la incertidumbre. Algunas analistas sugieren que los cuadros podrían ser reasignados a otros frentes, como el PJAK o Rojava, en lugar de ser desmovilizados por completo, lo que plantea la posibilidad de una disolución táctica en lugar de estratégica. Entonces, el destino de las fuerzas guerrilleras en las montañas de Qandil sigue siendo incierto, ya que las señales de Ankara son ambiguas y a menudo contradictorias, lo que difumina la línea entre el rumor y la realidad. Por ejemplo, Şamil Tayyar, miembro del AKP, afirmó que cerca de 300 altos cargos del PKK serían reubicados en terceros países como Sudáfrica y Noruega, mientras que aproximadamente 4.000 combatientes serían recibidos gradualmente en la frontera. Sin embargo, más allá de estas declaraciones extraoficiales, ¿qué medidas concretas (más allá de los gestos retóricos) tomará realmente el Estado turco?

A nivel interno, la supresión de Erdoğan contra el CHP (que históricamente ha sido un partido nacionalista secular cómplice de las políticas antikurdas) revela las paradojas dentro de la oposición turca. Para muchos kurdos, el CHP sigue siendo parte del problema en lugar de una alternativa, lo que complica la formación de una coalición democrática inclusiva. Mientras tanto, las tensiones internas dentro del movimiento kurdo, combinadas con la consolidación autocrática de Erdoğan, siguen fragmentando el campo político, lo que hace incierta una realineación política pluralista.

A pesar de estos retos, el movimiento kurdo demuestra una notable resiliencia y adaptabilidad estratégica. Sigue articulando una visión política que se resiste a la militarización al tiempo que afirma el derecho a la autodefensa, alineándose con las luchas descoloniales globales. En Rojava, por ejemplo, la Administración Autónoma mantiene una formidable infraestructura de seguridad, que incluye las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF), las YPG-YPJ y las fuerzas Asayish, con un número estimado de más de 80 000 miembros. En Rojhilat (Kurdistán bajo dominio iraní), el PJAK sigue organizando la oposición al régimen iraní. Estas formaciones reflejan un movimiento transfronterizo profundamente arraigado que no puede reducirse a un mero fenómeno guerrillero.

Esta infraestructura material sugiere que, incluso si el proceso actual se derrumba, el PKK y sus aliados podrían pasar a una nueva fase de resistencia, quizás más fragmentada y prolongada. Décadas de guerra asimétrica, consolidación ideológica e integración social han dotado al movimiento de una capacidad de supervivencia sin parangón entre muchos actores revolucionarios. Su legitimidad no solo proviene de su capacidad militar, sino también del cultivo de la conciencia política, la liberación de género y la autonomía de base.

En el fondo de esta esperanza se esconde una cuestión ética más profunda. ¿No es profundamente injusto (quizás incluso cínico) proyectar nuestras visiones de democracia radical, anticapitalismo, internacionalismo feminista y antifascismo no estatal sobre un pueblo que ya soporta la marginación, la represión, la pobreza estructural y la criminalización implacable? ¿Podemos, de buena fe, pedirle a un pueblo geopolíticamente vulnerable y asediado que cargue, solo, con el peso de nuestras utopías revolucionarias? ¿Cómo puede una fuerza revolucionaria marginal —aislada política y militarmente, desprovista de respaldo estatal o internacional— sobrevivir no solo como organización, sino como portadora de una visión política y una práctica emancipadora? ¿Cómo puede preservar sus ideales en un entorno dominado por Estados poderosos y actores imperiales dispuestos a aniquilarla mediante masacres, limpieza étnica y violencia sexual sistémica? Esta coyuntura crítica nos obliga a reconsiderar los propios términos de nuestra solidaridad. ¿Cómo podemos mantener una postura política radical en un orden global cada vez más dominado por la militarización y el autoritarismo, sin caer en la abstracción romántica o la resignación política?

Lo que está en juego no es solo el destino de un grupo armado, sino la viabilidad de un proyecto político que ha redefinido los parámetros de la lucha en Oriente Medio. Mientras el espectro de una nueva guerra se cierne entre promesas incumplidas y escalada militar, el movimiento kurdo sigue planteando una pregunta universal: ¿cómo puede una fuerza revolucionaria, despojada de su condición de Estado y enfrentada a una represión abrumadora, preservar su praxis emancipadora sin sucumbir a la desaparición o a la claudicación?

Repensar la disolución desde una perspectiva de género

Durante mucho tiempo eclipsado por el PKK, el movimiento de mujeres kurdas ha emergido desde la década de 1990 como un poderoso actor ideológico y organizativo, lo que muchas personas describen como una «revolución dentro de la revolución». Inicialmente marginadas dentro de una estructura militarizada y dominada por los hombres, las militantes kurdas convirtieron esta exclusión en una oportunidad estratégica al formar una alianza dialéctica y recíproca con el líder del PKK, Abdullah Öcalan. Esta relación, lejos de la sumisión patriarcal, permitió a ambas partes convertirse en recursos políticos mutuos: Öcalan instrumentalizó el movimiento de mujeres para expandir y reformar el PKK, mientras que las mujeres utilizaron su autoridad simbólica para centrar la liberación de género en la lucha kurda.

El reconocimiento de Öcalan de las mujeres como la «fuerza de vanguardia de la revolución» fue clave para redefinir el liderazgo y la legitimidad en un movimiento moldeado durante mucho tiempo por el virilismo. Fomentó la creación de estructuras paralelas de mujeres y apoyó la jineolojî, una epistemología feminista teorizada como central en su visión del confederalismo democrático. A su vez, las mujeres kurdas legitimaron su liderazgo ideológico. Reafirmaron especialmente el llamamiento de Öcalan a suspender la lucha armada tras su captura en 1999, un momento de profunda crisis para el PKK marcado por deserciones masivas entre 2002 y 2004 (aproximadamente 1.500 combatientes abandonaron el PKK en medio de una reorientación ideológica y luchas internas que culminaron con el retorno al conflicto armado a mediados de 2004). La lealtad continuada de las mujeres durante este periodo fue una elección estratégica destinada a preservar la continuidad ideológica en medio de la fragmentación y la represión.

Sin embargo, esta lealtad tenía límites. Las propuestas para una mayor autonomía, como la creación de un Partido de las Mujeres Trabajadoras Kurdas, fueron bloqueadas por el Comité Central del PKK, lo que reveló las persistentes limitaciones estructurales. Aun así, la alianza se mantuvo, sobre todo porque el giro ideológico de Öcalan en 2005 hacia el confederalismo democrático situó la igualdad de género en el centro de un nuevo modelo político. En 2012, Öcalan se negó a reunirse con una delegación de paz que no contara con representación del movimiento feminista, lo que puso de relieve su carácter indispensable. Simbólicamente, en 2013, las mujeres de Rojava anunciaron la creación de las YPJ (Unidades de Protección de las Mujeres) el día del cumpleaños de Öcalan, reafirmando tanto su confianza en su visión como su reivindicación de una militancia autónoma.

Esta paradoja (construir la autonomía política de las mujeres a través de un líder masculino) genera tensiones críticas. Si bien el discurso de Öcalan promueve la descentralización y la desmilitarización, su carismática autoridad sigue siendo fundamental. El horizonte feminista del movimiento se ve así envuelto en una dependencia estratégica. Los repetidos llamamientos de Öcalan al desarme del PKK, especialmente en los últimos años, amplifican esta contradicción: desafían la masculinidad militarizada arraigada desde hace tiempo en la lucha revolucionaria, pero también provocan incertidumbre sobre la influencia de las mujeres en un proceso político desarmado.

Históricamente, la resistencia armada permitió a las mujeres kurdas ganar visibilidad, liderazgo y legitimidad. El combate rompió los tabúes de género y creó un capital simbólico, aunque corría el riesgo de reproducir lo que algunos teóricos denominan «masculinidad adoptada», es decir, una réplica de las normas patriarcales bajo el disfraz de la igualdad revolucionaria. El actual cambio hacia la desmilitarización, si bien abre espacio para prácticas feministas comunitarias y no jerárquicas, también amenaza con desmantelar las estructuras que protegían y empoderaban a las mujeres en condiciones de violencia estatal. Esta tensión es fundamental en los debates sobre el futuro del movimiento.

La posible disolución del PKK plantea preguntas urgentes: ¿Aprovechará el movimiento de mujeres kurdas el momento para afirmar su plena autonomía? ¿Desarrollará una postura feminista distintiva sobre este cambio estratégico? ¿La disolución debilita o empodera a las mujeres dentro de la lucha kurda?

El desarme podría representar un paso hacia la paz feminista o una vulnerabilidad estratégica. Algunas militantes abogan por una desmilitarización cautelosa y condicional, supeditada a la consolidación institucional, el reconocimiento internacional y las garantías de los derechos de las mujeres, ya que afianza las mentalidades bélicas masculinas y abre espacio para prácticas feministas radicales, comunitarias y no jerárquicas. Históricamente arraigada en ideales masculinistas (donde el heroísmo, el martirio y el valor militar definían la legitimidad), la violencia revolucionaria kurda se ve ahora cuestionada por el llamamiento de Öcalan a la desmilitarización, que busca orientar el movimiento hacia un horizonte feminista desligado de la masculinidad militarizada. Sin embargo, otras personas advierten de que la desmilitarización podría exponer a las mujeres a una renovada violencia patriarcal y estatal, especialmente si los logros alcanzados por las YPJ o las YJA-Star (las Unidades de Mujeres Libres, Yekîneyên Jinên Azad ên Star) no se salvaguardan políticamente.

Más allá de la lucha armada, las mujeres kurdas y turcas han desempeñado durante mucho tiempo un papel fundamental en la resistencia civil y los compromisos de paz más amplios. Las Madres por la Paz (Dayikên Aşîtîyê), madres kurdas que perdieron a sus hijos en el conflicto entre el PKK y el Estado, se convirtieron en símbolos de la resistencia no violenta en las décadas de 1990 y 2000. Campañas como «No toques a mi amigo/a» (1990) y «Las mujeres caminan juntas» movilizaron a redes de base para hacer frente al nacionalismo, el racismo y la guerra. [6] En 2009, la Iniciativa Feminista por la Paz (BİKG) reunió a mujeres de diferentes etnias para exigir la desmilitarización, la reconstrucción social y procesos de paz inclusivos. Estos movimientos demostraron cómo las mujeres han transformado las experiencias de pérdida y marginación en compromiso político.

En una carta fechada el 30 de mayo desde la prisión de İmralı a la Academia Jineolojî, Öcalan reafirmó que la liberación de las mujeres es la verdadera medida del socialismo, calificándola como la base de su lucha revolucionaria. Describió la jineolojî como un proyecto transformador en curso y a las mujeres como líderes potenciales de la paz y la democracia en Oriente Medio. De hecho, Öcalan confía en las mujeres para liderar esta transición, dado el papel protagonista que han desempeñado en anteriores iniciativas de paz en Kurdistán.

La elección de Bese Hozat (comandante desde hace mucho tiempo y copresidenta de la Unión de Comunidades de Kurdistán (KCK) y compañera cercana de Sakine Cansız, la icónica líder feminista del PKK asesinada en París en 2013) como figura central en la simbólica ceremonia de desarme del PKK el 11 de julio subraya la importancia duradera del liderazgo de las mujeres en el movimiento kurdo. Incluso en un momento de transición, este gesto simbólico reafirma el compromiso ideológico del movimiento con la liberación de género y honra el legado del feminismo revolucionario kurdo.

El reto ahora consiste en sortear las contradicciones de la desmilitarización: equilibrar la ética feminista con la necesidad de protección, la autonomía con las alianzas estratégicas y la construcción de la paz con la agencia política.

Cualquier proceso de paz futuro debe centrarse en las realidades vividas y las visiones políticas de las mujeres kurdas. Su papel no ha sido secundario, sino fundamental, y son sus decisiones estratégicas, y no solo las de Öcalan, las que darán forma al próximo capítulo del movimiento kurdo.

Conclusión

Desde la perspectiva de los partidarios del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), la posible disolución de la organización no debe interpretarse como el fin de la lucha kurda, sino como el inicio de una nueva fase de resistencia aún por definir. Si bien esta perspectiva encarna un optimismo estratégico, también exige una reflexión cuidadosa. Redefinir la resistencia en un contexto tan complejo requiere una comprensión matizada de sus limitaciones, contradicciones y riesgos inherentes. En otras palabras, aunque este enfoque puede abrir nuevas vías para el movimiento, no debe aceptarse acríticamente como una solución definitiva sin un análisis exhaustivo. Para garantizar su legitimidad, es necesario contar con mecanismos que permitan integrar en este proceso las críticas de los miembros y activistas del PKK, en particular las voces de las mujeres presas políticas.

El PKK se enfrenta a una confluencia de retos complejos, entre los que se incluyen presiones militares y tecnológicas cada vez más intensas, así como limitaciones políticas tanto a nivel nacional como regional. Estos retos limitan gravemente la capacidad del movimiento para mantener la lucha armada y lograr una transformación estructural. El cambio hacia formas de organización legales y dirigidas por civiles representa una apuesta estratégica significativa. Si bien esta transición merece una seria consideración y experimentación, su éxito depende del cumplimiento de varias condiciones críticas; sin ellas, el fracaso o la marginación siguen siendo un riesgo considerable. Además, la tensión entre las presiones inmediatas del Estado y la visión a largo plazo del PKK de un proceso político prolongado plantea dudas sobre la viabilidad y el momento adecuado para este cambio.

Si Erdoğan vuelve a socavar el proceso político, el PKK está dispuesto a reanudar la resistencia armada, no por desesperación, sino como continuación de su lógica política duradera basada en la dignidad colectiva y la autodeterminación. No obstante, tal resurgimiento probablemente conllevaría dificultades y costes significativos, que recaerían de manera desproporcionada sobre la población kurda.

Lejos de ser un mero actor táctico, el movimiento de liberación kurdo encarna un proyecto político más amplio que altera fundamentalmente las nociones predominantes de soberanía y legitimidad en toda la región. Cualquier cambio sustantivo en su orientación estratégica exige comprender la interacción entre las limitaciones estructurales, los riesgos geopolíticos y las relaciones de poder asimétricas a nivel local, regional e internacional. En el mejor de los casos, el giro del movimiento hacia la institucionalización no solo podría consolidar su legitimidad política, sino también abrir nuevas vías para la reconciliación intrakurda, en particular con rivales de larga data como el Partido Democrático del Kurdistán (KDP). Este reajuste estratégico podría sentar las bases para una arquitectura política kurda transnacional, más inteligible y diplomáticamente aceptable para los actores internacionales, especialmente las potencias occidentales que históricamente han marginado las reivindicaciones kurdas en favor de su alineamiento estratégico con Ankara.

Esta redefinición en curso de la resistencia kurda también se enfrenta a importantes retos internos, como las tensiones entre facciones y la necesidad imperiosa de una reconciliación política, que debe ir acompañada de la aceptación de los actores regionales y globales. Sin embargo, este proceso ofrece la posibilidad de cultivar estructuras políticas más inclusivas y legítimas.

Por último, la transformación propuesta en el lenguaje y las modalidades de la resistencia (articulada por Abdullah Öcalan y los partidarios del PKK) responde a las realidades de la vigilancia tecnológica y la guerra contemporáneas. Esto desafía la resistencia militante convencional, haciendo hincapié en la adaptabilidad, la resiliencia y la rearticulación del poder en formas novedosas y menos visibles.

NOTAS:

1- «El proceso que culminó en nuestro XII Congreso comenzó con una reunión el 23 de octubre de 2024 entre el sobrino del líder Apo y nuestra delegación. Esta reunión se celebró en respuesta a las declaraciones y llamamientos realizados por Devlet Bahçeli, líder del Partido del Movimiento Nacionalista (MHP), a principios de octubre. Durante la reunión, el líder Apo declaró públicamente que «si se dan las condiciones necesarias, tiene la capacidad tanto teórica como práctica para trasladar la cuestión kurda de un contexto de violencia y conflicto a uno de política democrática y resolución legal». En los meses siguientes, se celebraron una serie de reuniones entre la delegación del Partido de la Igualdad y la Democracia de los Pueblos (Partido DEM) y el líder Apo en la isla de İmralı. Estos encuentros fueron acompañados de mensajes del líder Apo que dieron forma al proceso. En primer lugar, envió cartas a los líderes de los partidos políticos de Turquía, seguidas de correspondencia dirigida a nosotras. En estas cartas, articuló su posición sobre la conclusión de las actividades realizadas en nombre del PKK y el fin de la lucha armada, afirmando que su misión histórica había llegado a su fin. En nuestra respuesta, expresamos nuestra disposición a celebrar el congreso propuesto, al tiempo que subrayamos que decisiones tan fundamentales solo podían tomarse con la participación directa y el liderazgo del líder Apo durante el propio congreso. Dando un paso más, el líder Apo, a través de la delegación del Partido DEM, emitió el 27 de febrero el «Llamamiento por la paz y una sociedad democrática». En este llamamiento, nos instó a convocar el congreso y a tomar decisiones para poner fin oficialmente a las actividades bajo el nombre del PKK y dar por concluida la lucha armada. También declaró su disposición a asumir toda la responsabilidad histórica de la iniciativa. Tras este llamamiento, en una declaración pública publicada el 1 de marzo, reafirmamos la posición que habíamos compartido anteriormente en nuestra carta al líder Apo. Para apoyar el proceso, declaramos un alto el fuego unilateral, que comunicamos al público. Estos acontecimientos provocaron un intenso debate público tanto a nivel nacional como internacional. Participamos activamente en estos debates, exponiendo nuestros puntos de vista y esforzándonos por ofrecer evaluaciones tanto escritas como verbales para ayudar a nuestro pueblo y a nuestros aliados a comprender de forma clara y exhaustiva el proceso. Además, transmitimos tanto las actas de las reuniones celebradas con el líder Apo como las directrices elaboradas en nombre de las direcciones del PKK y del PAJK (Partido de las Mujeres Libres de Kurdistán) en relación con la organización de nuestro partido. Todas estas acciones se llevaron a cabo con el pleno conocimiento y consentimiento de la delegación del congreso. Para ver la declaración completa, consulte la declaración del Comité Central del PKK de fecha 4 de mayo de 2025.

2- «Nuestra visión para la nueva era se basa en la reconstrucción de la sociedad sobre la base de la nacionalidad democrática, los principios ecoeconómicos y el comunalismo. Para establecer filosóficamente esta estructura (sus dimensiones ideológicas y su encarnación en la sociedad en general) tenemos la responsabilidad de formular su marco teórico y conceptual… Estamos en proceso de dar forma a los componentes ideológicos, el programa práctico y las dimensiones táctico-estratégicas del futuro. La sociedad democrática constituye el programa político de esta era. No tiene como objetivo principal al Estado. La política de una sociedad democrática es la política democrática… El socialismo democrático, del mismo modo, significa una democracia con base social… La vida libre de los pueblos es posible gracias a la comuna… En un esfuerzo por trascender la modernidad y el socialismo real que la sirvió, buscamos desarrollar un nuevo análisis y una teoría socialista alternativa. A este marco lo llamamos «modernidad democrática». En él, se propone la nación democrática como alternativa al Estado nación; la comuna y el comunalismo sustituyen al capitalismo; y la economía-ecología se propone en lugar del industrialismo. Se desarrollaron análisis correspondientes para articular y respaldar estos cambios conceptuales… La victoria en Kurdistán también tendrá un impacto en Siria, Irán e Irak. La República de Turquía tendrá la oportunidad de renovarse, abrazar la democracia y asumir un papel de liderazgo en la región… Puedo afirmar con confianza que los oponentes a este proceso carecen de valores significativos y que, en última instancia, fracasarán. Sin embargo, hacer realidad esta visión supone una responsabilidad significativa para todas las partes implicadas. El confederalismo regional se está revelando como una necesidad absoluta; al mismo tiempo, este camino exige inevitablemente la aparición de una nueva forma de internacionalismo». Puede leer la carta completa aquí.

3- El Partido de la Justicia y el Desarrollo (Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP) respondió con una represión intensificada. En 2009, los «juicios KCK» condujeron a la detención de casi 10.000 personas (políticos, defensoras de los derechos humanos, sindicalistas y feministas) bajo amplios cargos de terrorismo.

4- El concepto de «comuna» cobra importancia. Para Öcalan, representa el instrumento auténtico del pueblo, opuesto al Estado nación, que él considera la extensión armada del capitalismo. La construcción de una sociedad comunal a través de municipios democráticos solo es posible con una lucha anticapitalista coherente, respaldada por una claridad política y una determinación inquebrantable. Sin ello, el proyecto fracasará.

5- La familia de Bese Hozat fue víctima de la masacre que el Estado turco llevó a cabo durante el levantamiento de Dersim en 1938. Ella afirmó que su familia fue objeto de un genocidio, en el que murieron tanto su padre como su abuelo. Su hermano y su hermana también fueron asesinados por el Estado turco. Su abuela, superviviente de la masacre, logró escapar tras soportar graves penurias a manos de los soldados turcos.

6- Véase, por ejemplo, este artículo de Soma Negahdarinia.

Fuente: https://kaosenlared.net/entender-la...

Ayer — 11 Diciembre 2025Web Tortuga AA-Moc

Charla stop war

11 Diciembre 2025 at 00:00
Por: (tortuga)

Pérez-Reverte, la épica imperial y la historia convertida en souvenir

11 Diciembre 2025 at 00:00
Por: (tortuga)

Arturo Pérez-Reverte ha vuelto a soltar una de esas frases que incendian titulares:
“Europa se hizo contra España.”
La épica le funciona bien. La historia, no tanto.

El problema no es que narre. Es que lo hace confundiendo análisis con nostalgia. Porque si Inglaterra “nació contra España”, alguien debería explicarle que Inglaterra ya era un reino en el siglo X, cuando España ni existía como Estado.

La réplica del historiador Jagoba Álvarez Ereño fue quirúrgica:
“Es una parida histórica tan grande y tan de barra de bar que no sé por dónde empezar.”
Cuando la historia se usa como decorado, pasa esto.

Y lo grave no es solo el error. Es lo que implica: convertir la violencia colonial en folklore, como si los imperios fueran aventuras y no estructuras de explotación y muerte.

La frase de Reverte encaja en un patrón muy claro: convertir a España en víctima eterna de potencias extranjeras. Un relato emocional que sustituye hechos por heridas imaginarias.

Pero no necesitamos mitología. Necesitamos historia material.
Europa no se construyó “contra España”. Se construyó con guerras internas, alianzas, comercio, desigualdad, religión y poder. Igual que España, igual que cualquier imperio europeo.

El relato épico es cómodo. No obliga a mirar quién pagó las conquistas.
No menciona a las enfermeras y enfermeros, maestras y maestros o a las y los jornaleros que sostuvieron el país mientras los reyes firmaban tratados a golpe de sangre ajena.

En la misma entrevista, Reverte dice que España tiene “mala suerte” porque tuvo reyes incapaces, aristocracias explotadoras y un clero fanático.
Spoiler: no es mala suerte. Es estructura de poder.

El imperio no se cayó por falta de épica. Se cayó porque estaba construido sobre desigualdad extrema, un modelo económico extractivo y una clase dirigente aferrada a sí misma.

Hoy, ese relato sigue apareciendo en tertulias, novelas y entrevistas: una España heroica, herida, solitaria, rodeada de enemigos.
El problema de esa fantasía es que alimenta a los mismos que venden identidad mientras recortan derechos.

Por eso es tan importante que historiadores como Álvarez Ereño respondan. No solo para corregir. Para desactivar el populismo nostálgico que la extrema derecha usa como gasolina cultural.

Si la historia sirve para algo, es para comprender cómo se articula el poder, cómo se distribuye la riqueza y quién quedó fuera de la foto. No para fabricar banderas retroactivas.

Lo que está en juego no es el pasado. Es el presente. Porque cuando la épica sustituye al análisis, ganan quienes quieren un país que mire hacia atrás para no ver lo que está delante.

Europa no se hizo contra España.
Europa se hizo contra sus pueblos.
Y esa parte, curiosamente, nunca sale en las entrevistas literarias.

Fuente: https://www.facebook.com/photo/?fbi...

La impunidad de las grandes empresas

11 Diciembre 2025 at 00:00
Por: (tortuga)

-Cuando, en su día, Julio César fue a Egipto con barcos y soldados y saqueó el país, fue una acción heróica. A ningún tribunal se le habría ocurrido incoar un proceso contra Julio César por esa razón. Fue un logro de primera clase, del que todavía nos beneficiamos hoy, después de que Shakespeare escribiera un drama del que incluso los no ilustrado citan la frase: "Bruto es un hombre honorable". Pero imagínese que, en vez de con doscientos barcos, César va con tres, con una tripulación mal armada, y desembarca en Egipto, y empiezan a saquear, ahí tiene usted el simple supuesto del golpe de un gángster, y esa acción merece la horca. ¿Cual es la diferencia? ¿Por qué una acción enriquece la historia y la otra termina en la horca? Porque el ser humano siente aversión hacia la escasez. Es una cuestión de número. Las pequeñas empresas tienen que atenerse al orden civil. Para las grandes empresas, no hay normas. Así que siempre hay que elegir el lado de las grandes empresas, porque sin duda son peligrosas, pero garantizan la impunidad.


Extractado de la novela de Alfred Döblin "El regreso de las tropas del frente" (Vol II de la segunda parte de la trilogía "Noviembre de 1918"). Publicado originalmente entre 1939 y 1949.
Pocket Edhasa, Barcelona 2017

AnteayerWeb Tortuga AA-Moc

Descubiertas fosas comunes en Gaza en torno a centros de recogida de ayuda humanitaria

10 Diciembre 2025 at 00:00
Por: (tortuga)

Abeer Salman
Yahya Abou-Ghazala,
Thomas Bordeaux
Jeremy Diamond
Gianluca Mezzofiore
Lou Robinson

Desaparecidos en Gaza: una investigación de CNN apunta a que el ejército israelí está arrasando con excavadoras los cadáveres de palestinos que buscan ayuda.

Ammar Wadi sabía que estaba arriesgando su vida cuando se dispuso a buscar una bolsa de harina para su familia de un camión de ayuda cerca del cruce de Zikim hacia Gaza en junio.

"Perdóname, mamá, si me pasa algo", escribió en la pantalla de inicio de su celular. "Quien encuentre mi teléfono, por favor, dígale a mi familia que los quiero mucho".

En medio de los constantes disparos israelíes contra quienes buscaban ayuda este verano, Wadi nunca regresó a casa y el mensaje que dejó fue entregado a su familia semanas después por alguien que encontró su teléfono. Fue la última vez que supieron de él.

Wadi se encuentra entre las docenas de palestinos cuyos seres queridos dicen que desaparecieron cerca de Zikim y cuyo destino sigue siendo desconocido.

Una investigación de la CNN apunta ahora a que el ejército israelí enterró con excavadoras los cuerpos de algunos de los fallecidos cerca del cruce en fosas poco profundas y sin identificar. En otras ocasiones, sus restos simplemente se dejaron descomponer a la intemperie, sin posibilidad de recuperación en la zona militarizada.

La práctica de manipular incorrectamente los cadáveres tirándolos a fosas comunes sin identificar puede violar el derecho internacional, según expertos legales.

La investigación de CNN, que también encontró que los solicitantes de ayuda fueron asesinados por fuego israelí indiscriminado cerca del cruce, se basó en cientos de videos y fotografías de los alrededores de Zikim, junto con entrevistas a testigos oculares y conductores de camiones de ayuda locales.

Las imágenes satelitales también muestran actividad de excavadoras durante todo el verano en las zonas donde murieron los solicitantes de ayuda. Dos videos, geolocalizados por CNN en la zona de Zikim, muestran las secuelas de un incidente ocurrido en junio, mostrando cuerpos parcialmente enterrados alrededor de un camión de ayuda volcado.

CNN habló con dos exmilitares israelíes que describieron casos en otras partes de Gaza durante la guerra, donde cuerpos de palestinos fueron enterrados con excavadoras en fosas poco profundas. Solicitaron el anonimato por no estar autorizados a hablar sobre el asunto.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) negaron haber utilizado excavadoras para retirar cadáveres, pero no aclararon si se utilizaron para enterrarlos. Las FDI declararon a CNN que la presencia de excavadoras en los alrededores de Zikim era una práctica rutinaria, utilizada con fines operativos, como la lucha contra amenazas explosivas o para necesidades de ingeniería rutinarias.

Según el derecho internacional, las partes en conflicto deben cooperar para enterrar a los muertos de una manera que permita identificarlos, dijo Janina Dill, codirectora del Instituto Oxford de Ética, Derecho y Conflictos Armados.

“El objetivo es evitar que los muertos se conviertan en desaparecidos y permitir la conmemoración, principalmente por parte de sus familias”, dijo Dill. “Además, si los cuerpos son mutilados deliberadamente o maltratados de forma que atenten contra su dignidad, esto puede constituir 'ultrajes a la dignidad personal', lo cual constituye un crimen de guerra según las Convenciones de Ginebra”.

Sin embargo, sigue sin determinarse si las FDI rastrean los lugares donde supuestamente han enterrado cadáveres. Uno de los denunciantes de las FDI declaró a CNN que, cuando su unidad enterró a nueve personas a principios de 2024, la ubicación de la tumba no se marcó. Las FDI no respondieron a la pregunta de CNN sobre este incidente.

Casi seis meses después de la desaparición de Wadi, su familia sigue sin respuestas. Sin embargo, en lugar de encontrar consuelo en su último mensaje telefónico, la madre de Wadi, Nawal Musleh, está atormentada por lo que quizá nunca descubra.

"Cuando lo recuerdo, no puedo parar de llorar", dijo a CNN. "Aceptamos lo que Dios nos ha dado, pero solo queremos saber qué le pasó a nuestro hijo".

'Es como el Triángulo de las Bermudas'

Un par de videos gráficos publicados en las redes sociales el 11 de septiembre (revisados ​​y geolocalizados por CNN) muestran un flujo constante de palestinos huyendo del área de Zikim cargando sacos de harina bajo una lluvia de disparos.

En las imágenes, al menos una persona que transportaba harina parece recibir un disparo por la espalda; los disparos parecen provenir de la dirección de una posición de las FDI que CNN ha identificado en imágenes satelitales.

Robert Maher, de la Universidad Estatal de Montana, un experto forense de audio, analizó los videos para CNN y descubrió que los disparos se originaron a unos 340 metros (1.115 pies) del lugar de filmación, lo que corresponde a la distancia desde la posición de las FDI.

En el otro video, también se ve a un grupo atendiendo los cuerpos de una persona aparentemente muerta y otra gravemente herida, antes de llevárselos. Mientras tanto, los disparos continúan.

En una declaración a CNN, las FDI dijeron que “no disparan intencionalmente contra civiles inocentes” y que en los casos en que surge una amenaza, “se dispara con fines de advertencia o para neutralizar la amenaza”.

Otras imágenes y fotografías revisadas por CNN muestran múltiples cadáveres que no pudieron ser recuperados de Zikim por otros solicitantes de ayuda o la defensa civil debido a las condiciones peligrosas.

El 15 de junio, dos testigos presenciales declararon a CNN que un camión de ayuda humanitaria que viajaba desde el cruce fue invadido por una multitud de palestinos hambrientos. Los camiones de ayuda humanitaria son operados por contratistas locales privados en Gaza para recoger suministros del cruce y transportarlos a la Franja.

Poco después de que el camión de ayuda fuera rodeado, el ejército israelí abrió fuego contra el vehículo y muchas personas parecieron haber recibido disparos y desplomarse debajo del camión, dijeron los testigos presenciales.

Varios días después se permitió el acceso a la zona a una ambulancia operada por trabajadores de defensa civil.

“Quedamos impactados por la escena”, declaró a CNN uno de los trabajadores de defensa civil, quien pidió no ser identificado por temor a su seguridad. “Los cuerpos que recuperamos estaban descompuestos; claramente llevaban allí un tiempo; había señales de que los perros se los habían comido”.

Obtenido por CNN

Videos obtenidos y geolocalizados por CNN en esa ubicación en Zikim muestran un camión de ayuda volcado y aplastado entre escombros. Varios cuerpos en descomposición están dispersos alrededor del vehículo, parcialmente enterrados en montículos de arena. Cerca se ve un perro callejero.

El equipo de defensa civil solo pudo recuperar 15 cadáveres y, con la ambulancia llena, aproximadamente 20 nunca fueron recuperados, según el trabajador. Las Fuerzas de Defensa de Israel no respondieron a las preguntas sobre este incidente.

Media docena de conductores de camiones de ayuda local que trabajaron en la ruta de Zikim hablaron con CNN bajo condición de anonimato debido a temores por su seguridad.

Describieron escenas de cuerpos esparcidos y en descomposición como algo común, con excavadoras israelíes a veces limpiando los cadáveres en la arena.

“Veo gente muerta cada vez que conduzco por Zikim… Vi cómo las excavadoras israelíes enterraban los cadáveres”, dijo un conductor. “Si hubieras pasado por esa zona en julio, no te lo perderías; mantuve las ventanas cerradas”.

“Las excavadoras del ejército israelí los entierran o los cubren con tierra”, dijo otro conductor.

Imágenes satelitales y fotografías refuerzan estos testimonios, capturando la presencia constante de excavadoras israelíes desde finales de julio hasta principios de agosto. Se observan indicios de actividad de excavadoras en los alrededores del cruce de Zikim desde mediados de junio, justo después de la apertura de la ruta de ayuda, hasta el 12 de septiembre, fecha de su cierre.

Parte de la actividad de las excavadoras parece estar relacionada con la limpieza de la ruta de ayuda, que frecuentemente estaba llena de cajas y escombros.

En otras ocasiones, las imágenes satelitales muestran actividad de excavadoras sin un propósito claro, como cuando una excavadora empujó un área de tierra de 30 metros cuadrados (322 pies cuadrados) en una pila corta a mediados de junio, a unos 400 metros (1.300 pies) de distancia de donde se encontró el camión volcado atendido por trabajadores de defensa civil días antes.

Las excavadoras también se utilizaron repetidamente para demoler las ruinas de edificios detrás de los cuales los solicitantes de ayuda buscaban refugio de los disparos israelíes, como se ve en numerosos vídeos.

Dos testigos presenciales dijeron a CNN que el 7 de septiembre, mientras la gente buscaba cerca de Zikim alguna señal de sus familiares desaparecidos, se encontraron con lo que dijeron que parecían ser cadáveres arrasados.

“Encontré los cuerpos allí tirados junto con las cajas de cartón (con ayuda)… las apilaron una sobre otra”, dijo a CNN Adel Mansour, uno de los testigos que fue a buscar a su hijo de 17 años.

Un conductor de camión de ayuda que trabajaba en las rutas de Zikim le dijo a CNN: “Es como el Triángulo de las Bermudas; nadie sabe qué está pasando en esa zona, y parece que nadie lo sabrá nunca”.

Los denunciantes de las FDI hablan

Estos informes sobre la destrucción de los cuerpos de palestinos por parte del ejército israelí no se limitan al cruce de Zikim. Denunciantes de las Fuerzas de Defensa de Israel que hablaron con CNN y la ONG de veteranos antiocupación Breaking the Silence (BTS) señalaron un patrón más amplio de maltrato militar a los muertos en Gaza durante la guerra.

Un denunciante de las FDI, que anteriormente sirvió en un puesto avanzado en el corredor de Netzarim, habló con CNN bajo condición de anonimato por temor a represalias.

El soldado dijo que nueve cuerpos de palestinos desarmados fueron dejados descomponerse durante casi dos días alrededor de su base a principios de 2024. El olor de los cadáveres en descomposición se volvió abrumador a medida que los perros hurgaban entre los restos, dijo.

“Nuestro comandante pidió a los D9 —las excavadoras— que cubrieran los cuerpos con arena”, recordó. “Solo ver esta cantidad de cuerpos a tu alrededor, cuando ves que están desarmados, cuando ves a los perros comiéndoselos para jugar con los huesos, las piernas y el cráneo… es terrible”.

Según el informante, no se tomaron fotos de los cuerpos para su posterior identificación ni para señalar su ubicación. «Las familias quizá desconozcan qué pasó con sus seres queridos», dijo.

BTS, que ofrece un foro para que las tropas israelíes se pronuncien y verifica sus relatos, también dijo que había recibido numerosos testimonios de soldados sobre esta práctica.

Otro exsoldado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), un capitán que sirvió en un centro de mando que supervisaba a las tropas israelíes en Gaza a finales de 2023, afirmó que nunca recibió instrucciones del ejército sobre el tratamiento de los cadáveres de palestinos asesinados en Gaza. Cuando el cadáver de un palestino asesinado por las fuerzas israelíes bloqueó una carretera en Gaza, afirma que los oficiales del centro de mando finalmente decidieron usar una excavadora para empujar el cuerpo a una fosa poco profunda junto a la carretera.

"Nunca nos dieron ningún protocolo ni ninguna orden sobre cómo manejar todos los cuerpos, ya sean combatientes o no combatientes, que encontramos en la guerra", dijo el denunciante a CNN bajo condición de anonimato.

Las FDI no respondieron a las preguntas de CNN sobre los testimonios de los ex soldados.

En los últimos dos años, el ejército israelí ha enterrado repetidamente cadáveres palestinos en fosas comunes, poco profundas y sin identificar en distintos lugares de Gaza. Esto incluye cientos de cadáveres descubiertos el año pasado en el Hospital Nasser de Khan Younis, según las autoridades locales, y el asesinato de 15 trabajadores humanitarios en el sur del territorio en marzo, que se detalló en un informe de CNN.

Las Fuerzas de Defensa de Israel han negado sistemáticamente enterrar a palestinos en fosas comunes.

Las Fuerzas de Defensa de Israel también han utilizado excavadoras en varios momentos de la guerra para destruir sistemáticamente cementerios palestinos. El año pasado, una investigación de la CNN reveló que el ejército israelí profanó al menos 16 cementerios en su ofensiva terrestre en Gaza, dejando lápidas destruidas, tierra removida y, en algunos casos, cuerpos desenterrados.

Las FDI no pudieron explicar la destrucción de los cementerios identificados, pero dijeron que los militares a veces "no tienen otra opción" que atacar lugares que, según afirman, Hamás utiliza con fines militares y explicaron que se retiraron cuerpos de algunas fosas comunes en un intento de rescatar rehenes.

Con muchos palestinos que intentaron conseguir comida este verano aún desaparecidos, la búsqueda desesperada de respuestas continúa para sus familias. Algunos mantienen la esperanza de que sus seres queridos aún estén vivos en algún lugar, como detenidos por Israel o desplazados en otras partes de Gaza.

“Ammar (Wadi) era alguien cuya ausencia deja un enorme vacío; perderlo es como perder una parte de uno mismo”, dijo su hermano Hossam. “Si es martirizado, que Dios se apiade de él, pero si está vivo, al menos podemos aferrarnos a la esperanza”.

Traducido del inglés por Tortuga con ayuda de un traductor automático.

Fuente: https://edition.cnn.com/2025/12/03/...

La clase obrera italiana contra la economía de guerra

10 Diciembre 2025 at 00:00
Por: (tortuga)

Josefina L. Martínez
Fuentes: CTXT

Trabajadores y estudiantes italianos sorprendieron al mundo este otoño con dos huelgas generales de alto contenido político en solidaridad con Palestina y movilizaciones multitudinarias en más de 100 ciudades. Ahora vuelven a tomar la delantera contra el militarismo de los gobiernos europeos. El sindicato de base USB, junto a numerosas organizaciones, convocan una huelga general para el 28 de noviembre en la que se proponen volver a “bloquearlo todo”. El 14 de noviembre, habrá huelga estudiantil. Una de las grandes centrales sindicales, la CGIL, ha lanzado su propia convocatoria de huelga general para diciembre. La clase trabajadora y la juventud italiana apuntan a la “economía de guerra” y los presupuestos militaristas de Meloni. ¡Avanti compagni!

“La clase obrera es una y sin fronteras”

José Nivoi es portavoz del Colectivo Autónomo de Trabajadores Portuarios de Génova (CALP), integrante del sindicato USB y uno de los activistas que se embarcaron rumbo a Gaza en la Global Sumud Flotilla a finales de agosto. Desde Génova lanzaron el grito de guerra que sacudió al mundo entero: “Si tocan a la flotilla, bloqueamos todo”. El 22 de septiembre, Nivoi recibió en alta mar las alentadoras noticias que llegaban desde Italia: el sindicalismo de base y los estudiantes habían ocupado puertos, estaciones de trenes y carreteras para protestar contra el genocidio en Gaza. El 3 de octubre, mientras Nivoi se encontraba detenido ilegalmente en una cárcel de Israel, junto a cientos de activistas de la Global Sumud Flotilla, en Italia tenía lugar una importante huelga general por Palestina, convocada por la CGIL y otros sindicatos. Desde que fue deportado a Italia, ha participado en asambleas y movilizaciones para reafirmar la idea de que es necesario enlazar la lucha por Palestina con la lucha contra la guerra.

La lucha de los portuarios contra el transporte de armamento arrancó hace ya varios años. “La intención era vincular temas como la guerra, las decisiones geopolíticas, la deslocalización, con las repercusiones que todo eso tiene en el mundo del trabajo. Durante muchos años los sindicatos confederales como CGIL, CISL, UIL han introducido en la clase trabajadora el pensamiento de que los intereses de los trabajadores solo se restringen a lo que ocurre en la fábrica, en el puerto, desligándolo de las cuestiones externas”, explica el delegado sindical.

A diferencia de ese tipo de sindicalismo integrado y corporativo, los portuarios de Génova se propusieron intervenir en los grandes asuntos internacionales. “Es muy importante que los trabajadores sepan que lo que experimentan en el mundo del trabajo es una parte integral de las opciones políticas, del Estado en el que viven y trabajan, pero también de cuáles son las opciones a nivel internacional. Basta pensar en el hecho de que todos los Estados están trasladando las inversiones de la economía pública al sector militar: eso crea un empobrecimiento indirecto de la clase trabajadora. Este es el primer elemento de por qué hemos logrado movilizar a una gran parte de los trabajadores portuarios de Italia en apoyo de Palestina. Aquí también hay un problema ético: si contribuyo con mis horas de trabajo a mover armamentos a Israel, también soy parte de esa cadena logística que conduce a la muerte.”

Si las cadenas logísticas del capital conducen a la muerte, los portuarios italianos han abierto grietas en esos eslabones, por medio de la asociación obrera y la huelga. Ahora van a por más: tienen el ambicioso objetivo de organizar una huelga internacional en los puertos del Mediterráneo contra el transporte de armas. ¿Por qué no? “En Génova celebramos una segunda asamblea de coordinación internacional de puertos, en la que también estuvieron presentes representantes de los puertos de España, Grecia, Marruecos, Francia y otros, con la intención de llevar a cabo una movilización internacional en apoyo de Palestina”. Nivoi considera que “hay que razonar como razonan los patrones, es decir, formar un cártel en el verdadero sentido de la palabra con la clase obrera a nivel internacional”. Esa es la única forma de “hacer crujir” sus políticas internacionales, afirma.

“El 22 de septiembre se rompieron completamente los diques”

Roberto Marchese tiene 29 años, trabaja en el sector ferroviario desde el 2016 (se ocupa del mantenimiento de infraestructuras) y estudia filosofía en la universidad de Florencia. Como trabajador-estudiante, forma parte de una nueva generación que ha radicalizado su acción política en la lucha por Palestina. El 22 de septiembre, mientras José Nivoi continuaba su viaje por el Mediterráneo rumbo a Gaza, Roberto se encontraba en Calenzano, a las afueras de la ciudad de Florencia. Allí, junto con diez mil personas, trabajadores y estudiantes, bloquearon durante varias horas el peaje de la autopista de ingreso a la ciudad. Después salieron en manifestación, recorriendo la zona industrial de la Toscana, y se plantaron ante las puertas de la fábrica de armas Leonardo, el principal fabricante de armas de la Unión Europea. Esa escena se replicó, al mismo tiempo, en varias ciudades italianas.

El 22 de septiembre “percibimos que nos dirigíamos hacia una jornada histórica, política y socialmente”, afirma. Ese día se expresó desde abajo un descontento muy grande con los sindicatos tradicionales, que se habían negado a llamar al paro junto a USB. Roberto cuenta que en la calle se logró la unidad, más allá de las siglas. “Las movilizaciones de las últimas semanas han sido muy importantes y hacía años que no se veían en Italia manifestaciones de este tipo, que han unido a trabajadores, trabajadoras, estudiantes y toda la ciudadanía para reclamar el fin del genocidio en Palestina, la ruptura de los acuerdos diplomáticos, académicos, militares y comerciales con Israel y para oponerse a la economía de guerra que nuestro Gobierno, en consonancia con los gobiernos europeos, quiere imponernos”.

La acción del sindicalismo de base, junto al movimiento estudiantil y miles de trabajadores que se manifestaron de forma espontánea tuvo tal impacto que la CGIL se vio obligada a convocar otra huelga general, el 3 de octubre. Esta constituyó una nueva jornada histórica: “Lo más importante es que las huelgas generales fueron huelgas políticas. En Italia no hemos visto huelgas políticas tan concurridas en las últimas décadas”, señala.

Dirigentes sindicales, trabajadores de base, estudiantes o militantes de la izquierda italiana. Todos aquellos a los que les preguntamos acerca del significado del 22 de septiembre y la huelga del 3 de octubre, coinciden en algo: hubo un punto de inflexión, una ruptura. Una trabajadora de USB lo expresaba de este modo en una asamblea: “Ese día se puso punto final a un largo período de impotencia”. José Nivoi, como portuario, utiliza metáforas acuáticas para dar cuenta del cambio: “El 22 se rompieron completamente los diques, también con respecto a cómo era la percepción de las huelgas generales. Estábamos acostumbrados a huelgas generales que eran un paseo, el día de la manifestación, y luego todos a casa. En cambio, el 22 fue un día de verdadera movilización general, no solo por Palestina, no solo por la flotilla –que encendió la imaginación–, sino por toda la gente que estaba en la calle. Gente que no llega a fin de mes, que tiene contratos de miseria, que, aunque va a trabajar se la considera pobre. En Italia ha habido movilizaciones en más de 100 plazas, algo que no se veía desde los años 70, con más de 2 millones de personas en las calles, incluso en pueblos de provincia que ni siquiera sabía que existían, manifestaciones oceánicas, fue algo increíble.”

La clase obrera contra la economía de guerra

El Gobierno italiano tiene previsto destinar el 5 % del PIB a armamento para 2035, frente al 1,5 % gastado en 2024. Es decir, triplicar lo invertido en defensa en menos de diez años. “Estamos inmersos en una economía de guerra, que prevé gastar en rearme y recortar necesariamente en otros sectores como la sanidad y la educación, que ya llevan años sufriendo recortes en Italia y que ahora se verán aún más dañados”, explica Roberto Marchese. Desde hace un tiempo se está organizando con otros ferroviarios para rechazar el doble uso (civil y militar) del transporte. “En el caso de los ferrocarriles, se planea invertir en la denominada movilidad militar europea, que prevé utilizar los ferrocarriles civiles con el denominado doble uso, civil y militar, y que implicará que, como trabajadores, nos veremos obligados a transportar armamento y material de destrucción”.

Los trabajadores de Tech Workers Coalition también protestan contra el “doble uso” civil y militar de su trabajo. Giuseppe Lingeti, 32 años, es doctor en física y trabaja como desarrollador de software. Para los trabajadores y trabajadoras de la informática, la electrónica y la ingeniería, la presencia de proyectos militares en su área de trabajo no es ninguna novedad. “En el ámbito de la aplicación industrial, muchas tecnologías se han desarrollado a partir de proyectos militares, y siempre ha sido estructural en el capitalismo de los países imperialistas tener una parte asignada al ejército. Lo que ha cambiado en los últimos veinte años es la proporción militar de la producción tecnológica”, afirma Lingeti. Por un lado, “se ha producido un aumento del uso militar de tecnologías de doble uso, es decir, instrumentos producidos en el ámbito civil que también encuentran aplicación en el ámbito militar, como por ejemplo las telecomunicaciones, el análisis y el cifrado de datos, la ciberseguridad, el reconocimiento y el análisis de imágenes o el diseño y la producción de aviones y satélites. Por otro lado, también se ha producido un importante crecimiento de los proyectos explícitamente militares, en el contexto de la conversión de cadenas industriales enteras, como la metalurgia, la automoción, la fabricación y los electrodomésticos, de la producción civil a la producción bélica, aprovechando también la crisis productiva que atraviesan países como Italia y Alemania”.

Lingeti destaca que el movimiento por Palestina está acelerando un proceso de “tomar la palabra” entre los trabajadores del sector. En perspectiva, se plantea la cuestión de cómo organizar formas de rechazo colectivo a los proyectos bélicos, mediante bloqueos y huelgas, para lo cual “es necesario un mayor arraigo del sindicalismo combativo en el sector”.

¿Cómo seguir?

El Liceo Righi, en Roma, ha estado ocupado por cientos de estudiantes durante varias semanas, al igual que otras escuelas

Después de un mes de efervescencia, marcado por las grandes huelgas y el despertar político de miles de trabajadores y estudiantes, la gran pregunta que surge es: ¿cómo continuar el movimiento? La energía está ahí, ¿cómo lograr que no se disipe? En las últimas semanas, se multiplicaron iniciativas en todo el territorio italiano. Asambleas, concentraciones, ocupaciones de escuelas y protestas en las universidades. El Liceo Righi, en Roma, ha estado ocupado por cientos de estudiantes durante varias semanas, al igual que otras escuelas. Incluso han tenido que enfrentar las provocaciones de grupos de ultraderecha enviados para “romper” las tomas. No lo han logrado. Los estudiantes están convocando una huelga general estudiantil para el próximo 14 de noviembre.

Desde el sindicato USB han convocado una nueva huelga general para el 28 de noviembre, que apunta contra los presupuestos militaristas del Gobierno Meloni. “Habrá otra huelga general porque la ley de presupuestos italiana está vinculada al mundo militar, al rearme, básicamente debido a los dictados de la Unión Europea. Génova será un poco el corazón, intentaremos entrar en el puerto con la manifestación y bloquearlo completamente durante 24 horas”, asegura José Nivoi del CALP. Giuseppe Lingeti apoya la huelga del 28 y considera que es fundamental “organizar asambleas en tantos lugares de trabajo como sea posible para relanzar la dinámica de la movilización.” Y apunta que hace falta “construir coordinaciones intersindicales, para evitar la fragmentación de las siglas, construyendo la unidad en la lucha, pero también para desafiar a la CGIL y obligarla de nuevo a proclamar la huelga general el próximo 28 de noviembre, en la fecha convocada por la USB”.

Por su parte, la central sindical CGIL ha decidido desmarcarse de la convocatoria del sindicalismo de base, llamando a una huelga general en otra fecha. Sectores de la oposición sindical dentro de la CGIL habían propuesto confluir con USB. La vuelta a una lógica de división entre las centrales sindicales no ayuda al movimiento.

En este contexto de reverdecer de la lucha de clases, muchos también se preguntan cómo transformar esa importante unidad y fuerza conseguida en las calles, en una nueva herramienta política de la clase trabajadora y quienes están luchando contra los planes de guerra y austeridad. Una organización política que sea completamente independiente del centroizquierda italiano, que ha gobernado durante años en diferentes coaliciones, y que, al igual que la extrema derecha, apoya el curso de la “economía de guerra”. Es decir, se ha abierto un debate acerca de cómo reconstruir un proyecto socialista, que se nutra de las luchas actuales en Italia.

Principio di speranza

En un artículo que publicamos en CTXT hace un año, sobre la película del director italiano Nani Moretti, decíamos que hacía falta abrir la imaginación política. Y que, si bien nada nos aseguraba el triunfo, la derrota estaba garantizada si no lográbamos sacarnos de encima a los predicadores del conformismo. Del otro lado, tenemos una impresionante historia de luchas colectivas y revolucionarias. Es necesario retomarlas para preparar otro futuro, escribimos. Hoy ese deseo no parece tan abstracto como entonces. La clase obrera y la juventud estudiantil han salido a escena en Italia contra el genocidio en Palestina y la economía de guerra, como parte de una nueva ola de protestas a nivel mundial. ¿Será un adelanto de lo que puede ocurrir de forma más generalizada, contra la economía de guerra de los gobiernos imperialistas? Aún es temprano para responder, pero speranza hoy se dice en italiano.

Josefina L. Martínez. Periodista. Autora de ‘No somos esclavas' (2021)

Fuente: https://ctxt.es/es/20251101/Politic...

Tomado de: https://rebelion.org/la-clase-obrer...

¿Vuelve la mili? (y 2)

9 Diciembre 2025 at 00:01
Por: (tortuga)

Ver también:
¿Vuelve la mili? (1)


Rafael Ajangiz, para Tortuga.

En el capítulo anterior ya concluíamos que estamos ante la vuelta del servicio militar obligatorio en Europa. En este segundo, vamos a repasar las decisiones que están tomando los distintos países europeos que hoy por hoy no tienen mili obligatoria, prestando una especial atención a este nuestro país ibérico.

Países sin servicio militar obligatorio

Empezamos por un clásico europeo del servicio militar voluntario. El Reino Unido abolió la mili obligatoria en 1960. Lo hizo, aunque en aquel momento tenía déficit de reclutamiento, en función de su historial de solo acudir a la leva en tiempos de guerra. Y lo hizo al revés de Estados Unidos, que intentó prolongar la mili obligatoria para alimentar sus guerras en otros continentes, algo que le salió mal, porque se encontró con una fortísima resistencia interna cuando Vietnam hasta el punto de evitar desde entonces cualquier intención de volver al reclutamiento obligatorio. No hay vuelta atrás. Es tal la tradición histórica en el Reino Unido que cuando, en las elecciones de 2023, sobre la base de un evidente déficit del reclutamiento voluntario, el gobierno conservador de Sunak propuso la vuelta a la mili obligatoria, hubo tal reacción contraria de las generaciones jóvenes que el Partido Laborista reaccionó firmemente en contra y, poco después, los analistas militares confirmaron que recuperar la obligatoriedad no era la manera de resolver el déficit de reclutamiento voluntario.

Seguimos por los primeros países que, en 1992-93, decidieron abolir la mili obligatoria: Bélgica y Holanda. Bélgica, que lo hizo en 1992, es uno de los modelos adaptativos más mencionados hoy en día. Este país ofrece a quienes cumplen 17-18 años un servicio militar de doce meses con una paga mensual de 2.000 euros, en la esperanza de que se queden en las fuerzas armadas; si no lo hacen, quedarán como reservistas durante otros diez años. Con este programa, también abierto a mujeres, Bélgica espera incorporar a 1.000 voluntarios en el primer año y hasta 7.000 nuevos voluntarios en cada año posterior hasta llegar a disponer de una fuerza de hasta 40.000 reservistas no profesionales en 2030. Un programa que, en palabras del Gobierno, pretende disponer de suficientes efectivos sin tener que recurrir a la recuperación del servicio obligatorio, algo a lo que se oponen la mayoría de fuerzas políticas e incluso los propios militares, que insisten en que no tienen ni presupuesto, ni infraestructura ni equipamiento para formar a reemplazos de conscriptos.

Holanda pretende más que doblar sus efectivos militares, de los actuales 70.000 hasta unos 200.000, para 2030. Un primer paso es mandar a quienes cumplan 17 años, hombres y mujeres, un cuestionario voluntario donde deben dar cuenta de su formación, capacidades y motivaciones, así como cercanía o afinidad con la política de defensa. El objetivo es ofrecerles un “año de servicio” para que prueben la carrera militar. Simultáneamente, el Gobierno está promoviendo un servicio comunitario voluntario de 80 horas, en el que ya participan unos 25.000 jóvenes cada año, con ánimo de incorporar unos 110.000, la mitad de la cohorte anual. Podría entenderse como el camino para establecer un servicio nacional obligatorio equivalente al de Suecia.

Francia evitará imponer un servicio militar obligatorio mientras siga funcionando la incorporación de jóvenes al servicio nacional en sus dos variantes civil y militar, es lo que dijo el presidente Macron en 2018. El objetivo del Gobierno es asegurar suficientes efectivos militares y para ello necesita incorporar al servicio militar voluntario entre 60.000 y 70.000 jóvenes cada año. Un primer paso para ello fue la creación en 2019 del “Service National Universel” (SNU). El SNU, coordinado con las fuerzas armadas, está dirigido a jóvenes entre 15 y 17 años y dura un mes. En 2023 participaron 40.135 voluntarios, la mayoría de ellos en servicios comunitarios.

El SNU sería una primera toma de contacto para promover el servicio militar voluntario. En realidad, según documentos oficiales, el Gobierno está trabajando con cuatro escenarios: 1) un servicio militar voluntario que incorpore a esos 60.000-70.000 al año, algo que mejoraría la incorporación al ejército profesional, así como el reclutamiento de la Guardia Nacional; 2) un servicio civil obligatorio de cinco meses, seguido de tres meses de formación militar voluntaria; si 600.000 jóvenes (el 75% de la cohorte anual) hicieran ese servicio civil, bastaría con que un 10% de ellos realizase también el servicio militar voluntario para cumplir con las cifras; 3) un servicio obligatorio que empezase con un tronco común de 12 días y luego se dividiese en cinco meses de servicio civil o bien tres meses de servicio militar; 4) la recuperación del servicio militar obligatorio con un servicio civil de mayor duración. Como podemos ver, es muy posible que Francia recupere el servicio obligatorio en sus dos vertientes civil y militar.

En julio de 2025, hemos asistido en Alemania a un intenso debate sobre la recuperación del servicio militar obligatorio, incluso incluyendo a mujeres. Esta propuesta fue impulsada por el ministro de Defensa Boris Pistorius sobre la base de que Alemania debe incrementar los efectivos militares. Haciendo referencia al modelo sueco, propuso concretamente que, al cumplir 18 años, todos los jóvenes con pasaporte alemán recibieran una invitación formal para incorporarse a un entrenamiento militar básico de 6 meses que luego podría ampliarse hasta 17 meses de servicio. La idea no fue bien recibida por los neoliberales del Freie Demokratische Partei y también llegaron críticas desde su propio partido, el Sozialdemokratische Partei. En cambio, la Christlich Demokratische Union, cuya ex-líder Angela Merkel fue precisamente quien decidió el fin de la mili en 2011, se posicionó a favor de recuperar el servicio obligatorio.

El debate ha durado meses y, finalmente, este mismo noviembre, el Gobierno de coalición ha aprobado la propuesta de Pistorius de enviar, a partir de 2026, un cuestionario digital obligatorio para registrar datos de capacidad física y mental, así como motivación e interés, para identificar quienes podrían incorporarse al servicio militar. Un servicio militar en principio voluntario pero que contempla la posibilidad de un alistamiento parcialmente obligatorio e incluso un sorteo para elegir quintos en caso de que no se logren los objetivos de reclutamiento. Existe incertidumbre sobre si ello conllevaría la recuperación del servicio civil. El movimiento pacifista alemán ya se está organizando para movilizar a la gente joven y parece preferir la insumisión a su histórica aceptación del servicio civil.

En mayo de 2024, la Lega propuso una ley para recuperar en Italia un servicio civil o militar obligatorio de seis meses de duración para los jóvenes entre 18 y 26 años, con implantación o gestión regional en vez de nacional. La propuesta fue registrada en el Congreso pero aún no se ha aprobado. Al actual ministro de Defensa, Guido Crosetto (Fratelli d'Italia), no le convence la propuesta a pesar de que, como hemos visto más arriba, los votantes de su partido estarían a favor en casi un 70%. El problema es que el 73% de los jóvenes a quienes se impondría la obligación está rotundamente en contra.

Llegamos a España. Partimos de un déficit histórico en el reclutamiento militar voluntario así como de efectivos militares (ver reciente artículo en Tortuga) a pesar de la “buena imagen” de las fuerzas armadas españolas en las encuestas del CIS y a pesar de la aprobación de medidas “compensatorias” para hacer más ventajosa la profesión militar (al respecto, es interesante consultar los estudios e informes del Observatorio de la Vida Militar). Así la cosas, no hemos oído, como pasa en los países del entorno, ninguna voz proponiendo la recuperación de la mili obligatoria, ni tan siquiera VOX ha dicho, por ahora, esta boca es mía. La ministra Margarita Robles, con mando en plaza, lo descarta rotundamente: en marzo de 2024 dijo en la Comisión de Defensa del Senado que “en España no va a haber servicio militar obligatorio, ni creo que se le haya pasado por la cabeza a nadie”. Está en la memoria del PSOE el varapalo que sufrieron los sucesivos gobiernos de Felipe González al no poder disciplinar nuestra desobediencia colectiva; fuimos más listas y operativas.

Porque, aunque muchas veces nos cueste decirlo, el mayor logro del movimiento antimilitarista en este país ha sido la abolición del servicio militar obligatorio. Deberíamos estar orgullosas y reivindicarlo con frecuencia. Porque, cuando en 1996 el candidato Aznar prometió el fin de la mili, el SMO era ya un cadáver viviente debido a una masiva objeción de conciencia espoleada a su vez por una exitosa desobediencia civil insumisa sin parangón mundial (solo podríamos encontrar equivalente en la resistencia norteamericana a la guerra de Vietnam y eso que era una guerra a morir en país lejano).

De aquellas lluvias, estos lodos. Las fuerzas armadas españolas viven desde entonces una auténtica travesía en el desierto. Margarita Robles se las ve y se las desea para legitimarlas socialmente. Tal como lo atestiguan estudios propios, ni tan siquiera el envío de fuerzas españolas a misiones internacionales, esa gran apuesta que comenzó con el despliegue en Bosnia-Herzegovina en 1995, ha servido para mejorar su imagen. Hasta los desfiles militares suenan mal. De ahí que hoy su mejor baza sea la UME, esa que vemos día sí y día también en la tele. Lo que en verdad nos pesa es que, gracias a ministros como Morenés, haya sido la industria de defensa, cooptando los espacios de decisión gubernamental, quien realmente se ha beneficiado de la mayor inversión militar de los últimos decenios.

¿Puede volver la mili obligatoria en este país? Va a costar un poco más que en Francia o Alemania, las dos grandes referencias a tomar en cuenta, porque aquí sigue pesando mucho el desobediente pasado reciente, pero es bastante posible que termine planteándose. No parece probable que la mili sea argumento de las próximas elecciones, cada vez más cerca, porque no da votos como en Europa. Pero las cosas pueden cambiar si llega un nuevo gobierno de derechas. El 69% de los votantes de VOX están hoy a favor y el PP se encuentra dividido en partes iguales a favor y en contra. Presiones llegarán desde Europa y la OTAN. Francia y Alemania irán marcando el paso. Y las cosas, como está pasando con el incremento del gasto militar, van más deprisa de lo que parece. Si en dos o tres años entramos en esa coyuntura, ¿seríamos capaces de activar o coadyuvar a una resistencia desde nuestra experiencia? Nuestra mejor virtud ha sido siempre ir uno o dos pasos por delante. Ya está tocando darle una vuelta y anticipar.

La República Checa es unos de esos países donde el apoyo a un servicio militar obligatorio ha crecido desde la invasión de Ucrania. De todas maneras, el apoyo a esta idea está todavía por debajo del 50% y ningún partido la ha propuesto en serio. En septiembre de 2024, el ministro de Defensa de Bulgaria, Atanas Zapryanov, anunció que su país no recuperaría el servicio militar obligatorio pero que estaban valorando diversas maneras de entrenamiento militar de la población.

Países con servicio militar obligatorio

Podemos identificar tres modelos principales entre los países que han seguido manteniendo o bien han recuperado recientemente la mili obligatoria: 1) servicio obligatorio en el que se llama a filas a una mayoría de los quintos, el caso de Austria, Suiza, Estonia, Finlandia o Grecia; 2) obligación por sorteo, donde se llama a quienes dicte el bombo, el caso de Dinamarca, Letonia o Lituania; 3) servicio obligatorio selectivo, donde se elige a los quintos en función su nivel formativo y su motivación o interés por lo militar, el caso de Suecia y Noruega. En la práctica, como hemos visto más arriba, el porcentaje de quienes finalmente cumplen con la mili cambia mucho de país a país y va desde el 8% de Suecia hasta el 90% de Austria; entre medio quedan Dinamarca y Noruega (13%), Suiza (43%), Lituania (43%), Estonia (50%), Finlandia (70%) y Grecia (83%). Letonia empezará en 2026.

Entre estos, los cuatro países nórdicos son los más mencionados hoy en día como posibles modelos a emular. Tres de ellos incorporan también a mujeres: Noruega desde 2015, Suecia desde 2018 y Dinamarca desde 2025. Incorporar a mujeres se está convirtiendo en tendencia, muy evidente ya en los casos de Bélgica y Holanda, pero con Francia, Alemania y Grecia dispuestas a ello. Todo por la igualdad (y asegurar un reclutamiento suficiente). Además, los cuatro países nórdicos están incorporando como criterio de reclutamiento selectivo el hecho de tener conocimientos informáticos avanzados.

Entrando más en detalle, Finlandia es el ejemplo emblemático de país con servicio militar obligatorio. El reclutamiento implica a 27.000 hombres cada año, aproximadamente el 70% de la cohorte de edad, a los que hay que sumar otras 1.500 mujeres como voluntarias. En Dinamarca, la mayoría de las 4.700 incorporaciones anuales son “voluntarias” y el resto hasta completar aforo resultan de un sorteo que incluye por igual a hombres y mujeres desde este año 2025. El Gobierno quiere llegar a reclutar un mínimo de 7.000 para el año 2033, así que es bastante probable que año tras año vayan aumentando lxs elegidxs por sorteo.

Noruega y Suecia tienen un sistema semi-obligatorio centrado en encontrar perfiles concretos. El objetivo no es entrenar a grupos enteros de edad sino reclutar solamente a quienes cumplan con las necesidades operativas de las fuerzas armadas. A los 17 años, todo joven, hombre o mujer, tiene que rellenar un cuestionario sobre su salud física y mental, antecedentes criminales, e interés o motivación para incorporarse a las fuerzas armadas. Sobre estos datos iniciales y algunas entrevistas después, las fuerzas armadas “invitan” a quienes consideran candidatxs más idónexs. En Noruega, de los 60.000 jóvenes del reemplazo anual, alrededor de un 13% termina haciendo la mili, dos tercios son hombres y un tercio son mujeres. En Suecia, que suspendió el servicio obligatorio en 2010 pero lo recuperó en 2017, aproximadamente un 8% del reemplazo termina haciendo la mili, de los que una cuarta parte son mujeres. Además, desde 2023, se incluye también un servicio civil en sectores sensibles como servicios de emergencia y de mantenimiento o soporte en el suministro de energía eléctrica. Empieza a haber análisis técnicos sobre la solvencia del modelo.

Tradiciones diferentes, tendencias convergentes

Estamos en un contexto de incremento del gasto militar y de los efectivos militares para hacer frente a las “nuevas amenazas” a nuestra soberanía, ahora pensando más en la defensa del territorio y sus fronteras que hace algunos años; habría que añadir también la defensa de intereses de todo tipo, económicos sobre todo. Se empiezan a oír voces recordando el contrato social, los derechos y valores ciudadanos, las libertades que nos hemos dado, también la patria. Nos encontramos, sin duda, en un escenario de preparación de la guerra, de una gran guerra, hay que decirlo.

Podríamos hacer un calendario prospectivo: Austria, Grecia, Finlandia, Estonia, Lituania, Suiza, Noruega, Dinamarca y Suecia ya están en la obligatoriedad; Letonia empieza en 2026; Alemania volverá en 2027; Bélgica, Holanda, Portugal y Francia entre 2027 y 2028, Italia nunca se sabe, ¿España?

En este país tenemos la mejor experiencia europea de resistencia al reclutamiento forzoso. Recordarla, ponerla en valor, explicarla, hacerla llegar a las nuevas generaciones, que la desconocen, es nuestra obligación. Aquí en nuestro país y fuera de nuestro país. Y es que no existe ninguna publicación en inglés, francés, alemán o italiano que cuente con detalle cómo se organizó nuestra insumisión y por qué salió tan bien.

Israel roba decenas de piezas arqueológicas en Cisjordania y las traslada a un museo israelí

9 Diciembre 2025 at 00:00
Por: (tortuga)

Israel confisca decenas de piezas arqueológicas en Cisjordania y los traslada a un museo israelí

Joan Cabasés Vega

Una comitiva de soldados y representantes civiles israelíes se desplegó el jueves en un municipio al noreste de Ramala, en Cisjordania, y confiscó decenas de piezas arqueológicas. Las autoridades israelíes, que procedieron a trasladar los restos a un museo israelí ubicado en territorio ocupado, aseguran que la operación forma parte de un esfuerzo para proteger el patrimonio histórico de la zona.

La expropiación se produce en un momento de tensión alrededor de las intenciones israelíes sobre las antigüedades en Cisjordania, puesto que Israel tiene en marcha una operación similar que los expertos advierten que sería la mayor apropiación de tierras arqueológicamente relevantes en su historia.

Los hechos sucedieron en una colina ubicada en Al-Mazra Al-Sharqiya, un poblado cercano a Ramala, la capital administrativa de Cisjordania. Según han reconocido las autoridades israelíes, la confiscación incluyó capiteles, monedas y columnas de piedra —testimonios afirman que fueron alrededor de cinco—. Los vestigios han terminado en el Museo del Buen Samaritano, impulsado por las autoridades israelíes en el este de Cisjordania, uno de los tres territorios palestinos ocupados por Israel junto con la franja de Gaza y Jerusalén Este.

La Administración Civil, la autoridad israelí que se encarga de los asuntos civiles en Cisjordania, justificó el jueves la extracción mediante un comunicado. En la nota, la institución alega que residentes palestinos habían construido una villa en la colina que acoge el lugar histórico conocido como Burj Lasana, que estuvo habitado durante alrededor de 2.000 años entre la Edad de Hierro (desde el 1200 antes de Cristo) y el periodo de las Cruzadas (hasta el 1200 después de Cristo). La Administración asegura que esa construcción causaba daños en los restos arqueológicos de la zona, donde también se encuentran una fortaleza del tiempo de las Cruzadas, una iglesia bizantina y un baño antiguo.

El actual Gobierno israelí, el más derechista en la historia del país, puso al mando de la Administración Civil a Bezalel Smotrich, un israelí que no esconde su deseo de expandir la soberanía de Israel sobre el conjunto de la Palestina histórica, que reside en una colonia judía en Cisjordania y que lidera al mismo tiempo el Ministerio de Finanzas. Este Ejecutivo ha impulsado un nuevo esfuerzo para poner las antigüedades de Cisjordania bajo el control de las instituciones civiles israelíes, algo que choca con el derecho internacional al tratarse de un territorio ocupado militarmente. Muchos ven la maniobra como un paso más en la anexión de facto del territorio, en este caso a través de la arqueología.

El incidente del jueves en Burj Lasana es parte de una tendencia mayor. El mes pasado, la Administración Civil anunció su intención de expropiar grandes partes de Sebastia, un importante yacimiento arqueológico de la era romana cercano a la ciudad de Nablus, en el norte de Cisjordania, y asociado a la capital del antiguo reinado israelita de Samaria. La organización israelí Peace Now, contraria a la ocupación israelí, denuncia que la operación representaría la mayor confiscación de tierras arqueológicamente significativas en la historia de Israel.

“El plan se apropiaría de 180 hectáreas que pertenecen a los pueblos palestinos de Burqa y de Sebastia, incluyendo miles de olivos”, escribió Peace Now en un comunicado. La orden israelí para esa expropiación, que fue publicada el 12 de noviembre y a la que accedió la agencia The Associated Press, solo concedió a los propietarios palestinos de algunas de aquellas tierras 14 días para presentar alegaciones.

Como en el caso cercano a Ramala, las autoridades israelíes vinculan el proyecto en Sebastia con la protección y el desarrollo de los lugares antiguos. En 2023, el Gobierno liderado por Benjamín Netanyahu inició los planes para convertir el lugar en una atracción turística bajo control de Israel y en beneficio de la sociedad israelí, algo que desplazaría a los residentes palestinos del territorio y que pondría fin al turismo liderado por la población local de la zona.

“Preservar los lugares antiguos es una parte central de nuestro trabajo y de nuestra responsabilidad para proteger la historia de la región”, expusieron el jueves representantes de la Unidad Arqueológica israelí, que es parte de la Administración Civil, según declaraciones recogidas por el medio de comunicación israelí i24News. “Cualquier daño a un lugar antiguo no solo afecta el artefacto en sí, sino también la capacidad de entender y documentar la historia que el lugar refleja”.

El ministro de Turismo y Antigüedades, Hani al-Hayek, ha denunciado esta semana la destrucción de puntos arqueológicos a manos israelíes. Según declaraciones recogidas por agencias de noticias palestinas, la ofensiva israelí en Gaza iniciada en 2023 habría dañado total o parcialmente 226 de los 316 lugares antiguos en el enclave, algo que el ministro ha descrito como un “ataque para eliminar la identidad palestina y la memoria colectiva”.

Fuente: https://elpais.com/internacional/20...

El coste de oportunidad del gasto militar español

8 Diciembre 2025 at 00:00
Por: (tortuga)

Juan Carlos Rois
Tortuga.

Mientras esperamos a que el Gobierno presente el presupuesto del Ministerio de Defensa que se prevé para 2026 (y de paso nos permita indagar en sus tripas para seguir detectando el gasto militar que dispersa en partidas fuera del presupuesto de defensa y que el gobierno no reconoce como gasto militar) desde aquí seguimos indagando en visibilizar en lo posible el efecto demoledor que el mismo tiene sobre nuestras vidas y nuestro día a día.

En un anterior texto hemos explicado como el gasto militar, en un contexto general de carga fiscal más regresivo e injusto que en los países de nuestro entorno (según los expertos hasta un 7% más injusto, porque Spain es diferente), impacta más a las clases más pobres que a las más ricas. Los pobres pagan más que nadie las armas con las que los ricos protegen su posición de poder y privilegio. Y a juzgar con la pasividad ante este desafuero lo hacen con gusto.

Tal vez, al menos ese es el propósito, retratar lo idiotas que somos al soportar un gasto que nos perjudica y que perpetua la situación que nos lo impone sirva para despertar la indignación más que decirle a la gente que con no sé cuantos mil euros que vale un misil podríamos comprar no sé cuantos lapiceros o hacer otros tantos hospitales.
Y es cierto. ¡la de cosas que podrían hacerse bien! Pero ¿a quién le importa?

Añadamos antes de ir a lo que nos importa que además, mientras usted paga esta situación con todos sus ingresos, los ricos tienen la doble suerte de poder usar los «beneficios» que ofrecen las deducciones y rendijas legales pero, sobre todo, de tributar con una gran parte de su riqueza no como usted, sino por impuestos más beneficiosos y «baratos» como el de sociedades u otros que graban las rentas.
El hecho de que usted o yo, aunque nos consideremos de la clase media, estemos entre los tres o cuatro tramos de menos ingresos de renta, supone además que pagamos más el gasto militar que los que están en el 1% más rico, pongo por caso ¿no le parece motivo para la protesta? Pues le doy otro: destinar un 0.1% de la riqueza nacional (unos 1.600 millones de euros) a gasto militar le supone a usted una pérdida de «escudo social» o servicios comunitarios como sanidad o educación gratuita que en algún momento va a necesitar, de unas 170 veces más que a los ricos que le pisan el cuello y que no necesitan ese escudo. ¿le parece poco? Pues siga leyendo, porque, como le intentaré explicar, pagamos como idiotas, pensamos como hormigas y nos tratan como siervos. Y puede que todo ello sea parte de una misma cadena de dominaciones.

Ahora nos vamos a intentar centrar en el coste de oportunidad del gasto militar.

Coste comparativo

El coste de oportunidad mide lo que una inversión en algo tan improductivo (e inmoral) como el gasto militar (o el rearme) supone en términos de mejores alternativa que se podrían realizar con un gasto equivalente en cuestiones relacionadas con, por ejemplo, la seguridad humana y ecológica, la aplicación a políticas productivas socialmente útiles (porque otro problema es que no todas las actividades «productivas» lo son) o a políticas de lucha contra la iniquidad. La vieja idea de los cañones y la mantequilla que ha llevado habitualmente al desastre a los pueblos.

En nuestro caso, y usando los datos que proporcionan FEDEA, la AIREF o las propias cuentas estatales, hemos elaborado un cuadro que nos va a servir de puto de partida para hacer nuestras estimaciones.

Sería algo complejo explicar cómo hemos llegado a este cuadro pero, para simplificar, están avalados por las fuentes utilizadas y miden, por decilas de riqueza de la población (cada decila unos 4.7 millones de personas) la renta media, el tipo de carga fiscal que soporta cada decila sumando impuestos directos, indirectos, cotizaciones, etc.) y las diferencias entre carga militar y beneficio social que obtienen de las políticas publicas, y el impacto porcentual del gasto militar en su renta.

Comparamos ahora cómo se comporta por tramos de riqueza la carga adicional de gasto militar que implica un aumento hipotético del mismo comparándolo con el beneficio social perdido (coste de oportunidad) y con el impacto en la renta bruta de tal evolución.

Ahora hemos elaborado un nuevo cuadro en que hemos consignado distintos escenarios de incremento del PIB del gasto militar (incremento % PIB) para verificar como al aumentar la carga militar adicional por decilas, provoca una pérdida de beneficios sociales global (es decir, a todos los deciles), pero también desigual (en perjuicio de los más pobres y de las clases medias).

Sobre este escenario podemos ver cómo varían los impactos sociales para cada decil si aumentamos por ejemplo un 0,05%, 0,10%, 0,15%, 0,20%, 0,30%, 0,50% y 1,00% del PIB.

El resultado es esclarecedor de la pérdida de beneficios sociales y del enorme coste de oportunidad, en general y específicamente para los más pobres, a medida que aumentamos la carga militar.

Si comparamos los deciles 1 a 3 (los tres más pobres) con el D 10, más rico, encontramos que el 30% más pobre paga 5 veces más en euros absolutos que el 10% más rico y que la ratio de impacto relativo (de 84x) representa para ellos casi 100 veces más esfuerzo porcentual de su renta que en el decil más rico.

Lo representamos en la siguiente gráfica, que muestra cómo en cualquier hipotético escenario de crecimiento del gasto militar, la carga y esfuerzo relativo son mucho mayores para el 30% más pobre de la población a razón de 5 veces más de carga y unas 80 veces de esfuerzo relativo.

Aparece ahora que a medida que se incrementa el PIB en gasto miliar (del 0,05% al 1% PIB) suben las distancias entre lo que cada decil asume de carga nominal a razón aproximada de 5 veces en contra de los deciles mas pobres (147 euros frente a 731).
E igualmente, en las líneas de impacto sobre la renta la de los deciles 1 a 3 pasan de 0,25 a 4,99, lo que supone, como hemos dicho, un esfuerzo relativo de 80 veces mayor peso en los deciles más pobres que en el decil más rico.

El impacto relativo para el decil más pobre es del orden de 150 a 170 veces mayor que al más rico en tanto por ciento de sus rentas, aunque el incremento per cápita de gasto militar sea igual para todos (60 euros/hab en este tramo). Mientras que con el incremento de gasto militar del 0,05% el decil pobre 36,7 euros (0,42% de su renta renta) el más rico pierde aproximadamente 7,3 euros (el 0,00% de renta) en D10. Si el incremento es de 0.10% los más pobres perderán 73,3 euros (0,84%) frente a 14,6 euros (0,01%) los más ricos.

Existe una pauta clara: el mismo euro empleado en militarización implica sacrificios sociales mucho más altos, en proporción a la renta, para los deciles pobres que para los ricos. Es la economía, idiota, que dijo el otro.

La columna «Beneficio Social Perdido» es pequeña en euros (0,1 a 0,4 euros/año por persona) porque estamos contabilizando solo una fracción marginal de retorno social directo que implican los impuestos (el que se refiere a retornos en términos de prestaciones sociales dado que si no será imposible de representar el resultado en el cuadro), pero el mensaje estructural es bastante potente: la carga militar adicional per capita (que supone por ejemplo el 0,1% PIB en gasto militar) en términos de coste de oportunidad afecta a todos los deciles, el beneficio social alternativo regresivo (o que deja de producirse), pero se concentra en los deciles más pobres (del 1 al 3) que son los que dependen más de los servicios públicos (y que son los usuarios principales de estos).

Por eso cada euro sustraído a favor del gasto militar tiene una productividad social perdida mucho mayor que el que se retrae de servicios usados por los deciles altos.
Estamos hablando de una «doble regresividad» de cada punto de aumento del gasto militar: en cuanto a su financiación «desigual» en contra de los mas pobres y por los beneficios perdidos par financiar políticas más beneficiosas parra el conjunto de la población.

Un uso alternativo de la cantidad aumentada por Sánchez en el gasto militar que heredó de Rajoy (aunque podríamos extender los períodos a los anteriores ardores de modernización de Aznar o incluso de Felipe González) hasta nuestros días, utilizado para políticas sociales reales y no cosméticas de «escudo social» o para construir políticas estructurales, habría sido un verdadero revulsivo para el cambio estructural que se necesita para responder a los retos de seguridad humana que tenemos. Solo en términos redistributivos, por ejemplo, en términos de renta, podrían haber supuesto un aumento de rentas de la decila más pobre de 3.878 euros anuales en 2025, más de 1/3 de su renta.

Coste social

Vamos a dar un segundo paso. ¿Podemos establecer una correlación matemática que nos permita calcular el coste de oportunidad del gasto militar? Se nos ha ocurrido esta propuesta provisional que esperamos poder afinar en el futuro.

Para nuestro ejercicio teórico vamos a intentar calcular el coste de oportunidad de cada 0,1 % del aumento del PIB en gasto militar, en términos, como hemos dicho de gasto social alternativo sacrificado (por ejemplo en educación, sanidad, prestaciones sociales, etc) en un escenario de recursos fiscales limitados.

Para hacerlo usamos una metodología que se usa en economía para este tipo de cosas. Se llama Frontera de posibilidades de producción y mide el uso alternativo eficiente de dos bienes y el coste de oportunidad.

Aunque resulta farragoso, lo explicamos de forma más o menos matemáticas. Sin trampa ni cartón.

El coste de oportunidad básico (CO) por tanto mide el sacrificio social con esta razón o fórmula:

En ella

sería = 0,001PIB (porque queremos verificar el coste para cada 0,1% PIB de aumento del gasto militar)

sería el gasto reasignado, ponderado por distribución progresiva del gasto público (como hemos visto en páginas anteriores, con mayor peso en las decilas más bajas).

Así las cosas, para el impacto por decil «d» nuestra fórmula sería:

En este galimatías matemático con el que queremos dar consistencia a nuestros cálculos, explicamos la nomenclatura que vamos a usar:

d quiere supone cada decil (D1, D2, etc).
pd refleja la proporción de beneficio social del decil d,
Rd para la renta media per cápita del decil
y Pd a la población de la decil (más o menos 4,8 millones en la población española).

Aplicadas estas fórmulas de brujería matemática a nuestro propósito en el escenario español, donde estimamos un PIB del año 2025 de 1,65 billones de euros (1.650 millones cada 0,1%). La reasignación de estos 1.650 millones de euros de gasto social progresivo (70% a los deciles 1-5 aproximadamente si usamos los cuadros que hemos visto más arriba) nos ha llevado a confeccionar el siguiente cuadro de distribución del impacto.

Aplicadas estas fórmulas de brujería matemática a nuestro propósito en el escenario español, donde estimamos un PIB del año 2025 de 1,65 billones de euros (1.650 millones cada 0,1%). La reasignación de estos 1.650 millones de euros de gasto social progresivo (70% a los deciles 1-5 aproximadamente si usamos los cuadros que hemos visto más arriba) nos ha llevado a confeccionar el siguiente cuadro de distribución del impacto.

Si ahora calculamos el coste de oportunidad de un aumento del 1% del PIB en gasto militar (en lugar de 0,1%), multiplica las fórmulas anteriores por 10: y el incremento del gasto militar =0,01 PIB, asumiendo el mismo gasto social alternativo progresivo reasignado.

Es decir,

Con PIB 2025 1,65 billones de euros, equivale a 16.500 millones de euros reasignados.

En este caso, el cuadro de impacto aparece terrorífico:

El tercio más pobre de la población, aquel sobre el que mayor impacto tienen las políticas redistributivas y los servicios colectivos, pierde 8.750 millones de euros sin mover una pestaña.

Las clases más pobres (deciles 1-3) pierden 8.750 millones de euros en prestaciones, un 4,5-15,3% de su renta per cápita, amplificando desigualdad al erosionar subsidios que mitigan pobreza en 32,5% vía gasto público progresivo.

Para mear y no echar gota.

Los puntos unidos por la línea representan combinaciones máximas posibles: si sube el gasto militar, baja el máximo gasto social alcanzable, ilustrando el enorme coste de oportunidad entre gasto militar y políticas sociales.

Todo esto no hace sino mostrar claramente el significado antisocial del gasto militar dentro de una política fiscal redistributiva no suficientemente progresiva y no enfocada principalmente para luchar contra la pobreza o reducir la iniquidad.

La distribución del mismo, ya sea total, ya sea de las diferencias que establezcamos desde el año que elijamos al presente, o de cualquier otra partida, distribuidas entre la población en general o sobre alguno de sus tramos, supone capacidades y oportunidades vitales elocuentes que el aumento del gasto militar impide.

Acudiendo a los datos oficiales que ofrece FEDEA sobre la estructura de nuestra carga social, y haciendo una proyección del aumento porcentual de un 1% del gasto militar, podemos afirmar que cada 1% del PIB adicional en gasto militar (cuya financiación en hipótesis se realiza en un 50% con más impuestos indirectos y en un 50% con recortes proporcionales de prestaciones monetarias y de gasto en sanidad y educación) la regresividad del sistema fiscal aumenta, al elevar la carga relativa sobre los deciles de menor renta.

También reduce la capacidad redistributiva global del Estado en varios puntos porcentuales (subiendo el índice de Gini de la renta disponible extendida en torno a unas pocas milésimas) y supone para los hogares de D1 una pérdida de oportunidades del orden de varios cientos de euros por persona al año (del entorno del 2 a 3% de su renta), con caídas también relevantes, de alrededor del 1,5 a 2,5% de su renta, para D2 y D3.

Como de aquí a la presentación de los presupuestos quedará un mes (o más), en próximas entregas iremos explicando más sorpresas que nos acarrea el creciente e indeseable gasto militar en el que se han empeñado los propagadores de la nueva/vieja fe militarista.

Una jueza archiva la causa contra un subinspector de Policía acusado de torturas en un informe de Asuntos Internos

8 Diciembre 2025 at 00:00
Por: (tortuga)

La defensa del joven que fue agredido recurre el auto de sobreseimiento tomando como base el documento que realizó la unidad de este Cuerpo de Seguridad del Estado.

Los hechos ocurrieron durante la celebración del ascenso de Córdoba CF a Segunda División, en junio de 2024.

Alejandra Luque

El 24 de junio de 2024, centenares de personas y aficionados acompañaron a los jugadores del Córdoba CF en su celebración por el ascenso del equipo a Segunda División. El fin de fiesta se produjo en la plaza de Las Tendillas, donde, en un momento dado, la Policía Nacional cargó alegando “una pelea entre ultras y el lanzamiento de objetos a sus vehículos” que se saldó con una persona detenida. El joven pasó aquella noche en el calabozo y después ingresó en el Hospital Reina Sofía debido a las lesiones que sufrió. Decidió denunciar y, cerca de un año y medio después, la jueza de Instrucción número 7 de Córdoba ha archivado la causa contra el policía denunciado, pese, incluso, al informe de Asuntos Internos de la Policía Nacional que ratifica hasta cuatro delitos que habría cometido el agente: lesiones, detención ilegal, torturas y falsedad documental durante la detención del joven.

El recurso de la defensa, al que ha tenido acceso este periódico y que avanzó ABC Córdoba, rebate en su integridad el auto de archivo, que se ha basado en que el agente -que es subinspector y jefe de Subgrupo de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR)- “no participó en la detención al encontrarse en una calle aledaña realizando otras diligencias”, según un boletín de denuncia firmado por el propio agente. La jueza instructora ha atendido que no existían indicios sólidos para continuar el procedimiento contra este policía.

En primer lugar, el letrado Francisco Poyatos muestra su sorpresa con la afirmación de que no existe “indicio” de comisión de los delitos, y recuerda que según el informe elaborado por Asuntos Internos apuntaba que el policía habría sido el presunto autor de cuatro delitos cometidos tras la detención del joven durante la madrugada del 25 de junio de 2024. Así, el informe le atribuía un delito de lesiones agravadas y otro de detención ilegal, “porque el joven permaneció -injustificadamente y de forma prohibida- 15 minutos en el furgón de la UPR con el único propósito de agredirle y porque no había denuncias interpuestas por rotura de escaparates o mobiliario urbano necesarias para indemnizaciones y resarcimientos de los afectados”.

En tercer lugar, dicho informe recoge un delito de torturas al apuntar la investigación interna que el joven, “ya privado de libertad, habría recibido golpes en la cara y la cabeza tanto con la defensa como con los puños”. En cuarto y último lugar, se le atribuye a este subinspector un delito de falsedad documental “por atribuirle al detenido un delito de atentado, por obviar la retención en el furgón y por referir daños en escaparates y mobiliario urbano” que, según la defensa, no constan en ninguna denuncia presentada en los siete días posteriores.

El recurso afirma, asimismo, que ningún comercio o particular denunció tales daños, pese a que serían imprescindibles para solicitar indemnizaciones, circunstancia que, a juicio de la defensa, pone en cuestión la versión policial reflejada en el atestado.

Sobre el argumento de la magistrada relativo a que el policía estaba en una calle aledaña a donde ocurrieron los hechos, el abogado de la defensa sostiene que la hora consignada en los boletines policiales es aproximada, que el propio investigado pudo modificarla y que basar el archivo en ese extremo es “improcedente” dada la gravedad de los hechos que describía Asuntos Internos.

El recurso también subraya que el subinspector figuraba en el encabezamiento del atestado de detención del joven, algo que, según el letrado, no puede quedar relegado a un “protocolo” como sostiene la resolución judicial.

Otro de los puntos criticados es la valoración de la identificación del agente. Según el recurso, la jueza considera relevante que el policía negara haberse quitado el casco, lo que dificultaría reconocerlo. La defensa reprocha que dé por válida esa afirmación y la eleve “a categoría de verdad”, pese a tratarse de su propia versión de los hechos.

Por último, la defensa califica de “penoso y sangrante” que se archive la causa contra el agente inicialmente investigado mientras se mantiene la acusación contra su defendido por un delito de atentado“. El Juzgado de Instrucción número 7 deberá resolver sobre el recurso, y en caso de desestimarlo, será la Audiencia Provincial quien decida si procede o no la imputación del policía.

Fuente: https://cordopolis.eldiario.es/cord...

Detienen al jefe de estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid acusado de quedarse con alijos de droga

7 Diciembre 2025 at 00:00
Por: (tortuga)

Diana Serrano

El jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional en Valladolid ha sido detenido este jueves, a las 09.00 horas, en una operación antidroga dirigida por el departamento de Asuntos Internos de Madrid.

Fuentes próximas al caso han confirmado a EFE que el inspector está acusado de quedarse con parte de los alijos de droga intervenidos en distintos operativos. Estos apuntan también a que el detenido mantenía un "alto tren de vida".

EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León ha confirmado que el detenido es marido de la procuradora de las Cortes de Castilla y León por Ciudadanos y actual concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda.

Junto a este inspector se ha detenido a varias personas más, que no son agentes de policía, pero que estarían implicadas en delitos de tráfico de drogas, según aseguran a este medio fuentes oficiales.

El dispositivo ha incluido el precinto de varias zonas de la Comisaría de Delicias, donde trabajaba el arrestado. Los agentes de Asuntos Internos han accedido a dependencias internas para asegurar material y documentación vinculada a la investigación.

Asuntos Internos ha tomado contacto con varios agentes del grupo para tomarles declaración como testigos y conocer el alcance del caso.

La operación continúa abierta y sigue bajo secreto de sumario, según ha confirmado a este periódico la Delegación del Gobierno de Castilla y León. Por lo que no han trascendido más datos sobre el volumen de sustancias supuestamente sustraídas ni sobre las posibles conexiones del detenido con redes externas.

Fuente: https://www.elespanol.com/castilla-...

Teatro Antimilitarista: (10) La muerte agradecida

7 Diciembre 2025 at 00:00
Por: (tortuga)

Maxi de Diego: Teatro antimilitarista (contra las guerras y sus secuaces)
Selección de poemas y pequeñas obras teatrales de temática antimilitarista.


Villancico de las madres que tienen a sus hijos en brazos

¡Dulce Jesús, que estás dormido!
¡Por el santo pecho que te ha amamantado,
Te pido
que este hijo mío no sea soldado!

Se lo llevarán, ¡y era carne mía!
Me lo matarán, ¡y era mi alegría!
Cuando esté muriendo, dirá:
"¡Madre mía!"
Y yo no sabré la hora ni el día.

¡Dulce Jesús, que estás dormido!
¡Por el santo pecho que te ha amamantado,
Te pido
que este hijo mío no sea soldado!

María Lejárraga


La muerte agradecida

Despacho lujoso.

LA MUERTE: Gracias por recibirme.
EMPRESARIO: Es un placer atender a una gran accionista.
LA MUERTE: Vaya, veo que tienen información contrastada.
EMPRESARIO: No puede ser de otra manera, somos una empresa puntera en el sector.
LA MUERTE: Nuestro sector.
EMPRESARIO: ¿Cómo dice?
LA MUERTE: Digo nuestro sector porque yo también formo parte de él.
EMPRESARIO: Claro, como accionista que es...
LA MUERTE: No solo como accionista. Precisamente para presentarme y mostrarle mi agradecimiento quería hablar con usted, con ustedes.
EMPRESARIO: Claro, claro. Usted dirá.
LA MUERTE: Estoy pensando ampliar mi... ¿Cómo se dice en términos empresariales? Mi... ¡campo de negocio! Eso es. Creo que se dice así. Discúlpeme, pero es que yo no soy experta en negocios.
EMPRESARIO: No se preocupe, la entiendo. Pero necesitaría que me explicara con más detalle a qué negociado se dedica su empresa.
LA MUERTE: Bueno, empresa, empresa, lo que se dice empresa, no es. Más bien un negocio personal.
EMPRESARIO: Bien, pero como le digo, para analizar de qué manera mi empresa puede contribuir a la mejora de su cuenta de resultados...
LA MUERTE: ¿Cuenta de resultados?
EMPRESARIO: Bueno, sus beneficios, para entendernos.
LA MUERTE: No, si yo en realidad no me beneficio. (Rectifica después de una pausa. Se da cuenta de que no va por buen camino.) Bueno, en parte sí, porque sobre todo a mí me gusta hacer bien mi cometido en esta vida.
EMPRESARIO: ¿Y su cometido es...?
LA MUERTE: (Cambiando de asunto.) Su fábrica, me han dicho, fabrica misiles inteligentes y drones con capacidad de ataque.
EMPRESARIO: Entre otras armas. En nuestra web puede ver parte de nuestros productos.
LA MUERTE: ¿Parte?
EMPRESARIO: Bueno, hay artefactos que por motivos de seguridad no se pueden presentar públicamente.
LA MUERTE: Bien, no se preocupe. Si a mí solo me interesa, y este es el motivo de mi entrevista con usted, como con otros empresarios del sector, proponerles o pedirles que sus sistemas armamentísticos amplíen o refuercen, no sé cómo decirlo, su capacidad destructiva, especialmente, la mortífera. ¿Me entiende?
EMPRESARIO: Bueno, claro. Ese es nuestro objetivo. De hecho, contamos con un departamento de investigación que lo que busca es perfeccionar la capacidad selectiva de los hipotéticos ataques con el objetivo de que nuestro armamento sea más productivo. De esta manera, nuestros compradores pueden extender su capacidad destructiva. Por poner solo un ejemplo, Arabia Saudí (6) sigue siendo uno de los principales compradores de armas españolas, a pesar de ser una monarquía absolutista, allí la guerra con su vecina Yemen ha provocado al menos 250.000 muertes.
LA MUERTE: (Al oír la última palabra sufre un estremecimiento, como una ligera convulsión que finaliza con una perceptible cara de placer.) Interesante, desconocía ese dato. Nunca se me ha dado bien mi propia contabilidad. Me consuela usted, de verdad. Sin duda mi sensación de que los antimilitaristas y pacifistas estaban consiguiendo parar las guerras debe ser errónea.
EMPRESARIO: Efectivamente. Tenga usted en cuenta que nuestra actividad cuenta con el apoyo de todos los gobiernos y de sus campañas publicitarias a favor de nuestro negociado. Sin ir más lejos, nuestro Ministerio de Defensa acaba de hacer público un argumentario que ensalza nuestra labor frente a aquellos que prefieren los gastos sociales (7)
LA MUERTE: ¡Qué bien! Pues me voy mucho más tranquila. Ya no le molesto más, que tendrá mucho que hacer. Bueno, ya no tanto.
EMPRESARIO: Ya no tanto, ¿por qué? No la entiendo.
LA MUERTE: No se preocupe, son cosas mías.

(La MUERTE le da la mano. Al tocarla, el EMPRESARIO recibe una especie de descarga eléctrica que se traduce en un fuerte dolor en el pecho. Se retuerce de dolor hasta que cae fulminado, muerto.)

LA MUERTE: ¡Qué pena! Con lo simpático y eficaz que parecía. Menos mal que no era un ingeniero especialista en misiles inteligentes. Estos encargados de comunicación se encuentran a montones hasta debajo de las piedras. ¡Uy, qué expresión más bonita utilizan estos humanos! ¡Debajo de las piedras! Me encanta. (Sale. Oscuro.)

Notas:

6 https://www.publico.es/politica/gob...

7 https://www.elsaltodiario.com/opini...

Regadera

7 Diciembre 2025 at 00:00
Por: (tortuga)

Israel ha creado un monstruo que no puede parar: Los colonos ya atacan hasta a su ejército

6 Diciembre 2025 at 00:00
Por: (tortuga)

Miguel Flores.

En Palestina ya sabían que este otoño iba a ser difícil. Lo fue el pasado y también el de 2023, cuando la guerra en Gaza hizo estallar a su vez una campaña masiva de colonización de Cisjordania. Aunque los 116 puestos de avanzada que se han fundado desde entonces son ilegales, según la ley israelí, el gobierno de Benjamin Netanyahu ha permitido, incentivado e incluso financiado la construcción de este tipo de asentamientos.

En estas microcolonias ha proliferado un perfil de israelí más extremista y convencido de que los árabes que viven a su alrededor ‘violan' la Tierra de Israel que la Biblia les prometió a los judíos. La Juventud de las Colinas —como se hacen llamar, por su disposición estratégica en cada cima del territorio— está dispuesta a quemar, golpear, herir e incluso matar cuanta vida palestina se les ponga por delante. Y, pese a que el propio Shin Bet —el servicio interno de inteligencia israelí— los ha declarado terroristas, han podido operar libremente sin que el gobierno les pusiera límites. Al menos hasta ahora.

Este mes de octubre, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha registrado 264 ataques de colonos israelíes contra palestinos, coincidiendo con la cosecha de la aceituna en Cisjordania, con la festividad judía de Succot, con el aniversario de los atentados de Hamás y con la firma del acuerdo de alto el fuego en Gaza. Eso son ocho incidentes al día, 56 a la semana. Un récord absoluto desde que la ONU empezó a contar este tipo de agresiones en 2006, y que ha obligado al gobierno más derechista de la historia de Israel a condenar el "terrorismo" de la Juventud de la Colina por primera vez.

El 12 de noviembre, una horda de entre 50 y 60 de estos jóvenes vandalizó una importante fábrica de lácteos en el pueblo de Beit Lid. El ejército israelí mandó a sus antidisturbios a la nave en llamas y, según el portavoz militar, los colonos atacaron a los soldados. El presidente Isaac Herzog salió a la palestra pocas horas después y advirtió que aquellos "individuos violentos y peligrosos" acababan de cruzar "una línea roja".

Más tarde, el propio Netanyahu prometió que los "alborotadores" cargarían "con todo el peso de la ley" y convocó una reunión con las autoridades, algo que no se había visto en estos dos años. "Avergüenzan al judaísmo y dañan el proyecto de asentamientos", dijo también el ministro de Exteriores, Gideon Saar, refiriéndose a los responsables de ataques contra palestinos y contra el ejército. Israel Katz, ministro de Defensa, calificó a los mismos de "criminales".

Estos alegatos parecían llegar a deshora. Las principales voces del gobierno israelí no habían salido a denunciar la violencia colona durante el mes más violento desde que se tienen registros y, sin embargo, el presidente hablaba ahora de una ‘línea roja'. "Una de las motivaciones [tras la condena pública] es la brutalidad de los últimos ataques", explica Yonatan Mizrachi, codirector del proyecto Settlement Watch en el movimiento pacifista israelí Peace Now. Para Mizrachi, lo de Beit Lid había traspasado varios límites: "Es un pueblo donde no había habido muchos problemas antes, y de repente entraron decenas de colonos a perpetrar un ataque de gran escala", explica a El Confidencial.

La ‘línea roja' a la que se refería Herzog responde también a que la violencia de los colonos contra palestinos haya empezado a salpicar a las tropas del ejército israelí. Sobre todo, en un momento en el que el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, ha advertido que Israel podría tener una capacidad de acción más limitada "en los frentes de Líbano, Gaza y Siria si no detenemos a los alborotadores judíos".

Las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) están intentando decir basta pese a que han tenido un papel vital a la hora de posibilitar estos ataques, suministrar armas a los asentamientos e incluso acudir a la llamada de los colonos para abrir fuego contra la población palestina —según la OCHA, las fuerzas israelíes han matado a más de 200 árabes en Cisjordania en lo que va de año—. Tras los ataques de octubre, el jefe del Comando Central de las FDI, Avi Bluth, dijo haber dado una directiva "clara" a sus soldados: "No os quedéis de brazos cruzados. Haced todo lo que esté en vuestras manos para impedir cualquier crimen nacionalista".

Pero que el ejército quiera detener esta crisis no significa que los comentarios del gobierno israelí vayan a marcar un cambio de rumbo. Junto a Netanyahu, Katz, Herzog y Saar, hay al mando del país dos figuras íntimamente ligadas a la colonización por la fuerza de Cisjordania: el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y el de Finanzas, Bezalel Smotrich —apodado también el ‘ministro de Asentamientos'—. Ambos viven en colonias israelíes en Cisjordania, y entraron en el gobierno de coalición de 2022 con la condición de promover y desarrollar el asentamiento en cada rincón de la Tierra de Israel.

Con los mayores instigadores del proyecto colonial en su frágil gobierno, no se espera que las palabras de Netanyahu vayan a detener al monstruo que él mismo ha alimentado. "Existe una simbiosis entre este gobierno y los asentamientos ilegales. Creo que, simplemente, Netanyahu es listo y ha aprovechado los últimos ataques al ejército para distanciarse de estos grupos anarquistas", explica Mizrachi. "No son tantos, no tienen tanto poder. El ejército podría acabar con ellos en un par de semanas. Pero, claro, el ejército no puede hacer nada sin el gobierno", añade el analista de Peace Now.

En la reunión que el primer ministro convocó para abordar la crisis de la Juventud de las Colinas, se propuso atajar el problema con programas educativos y diálogo. No hay mención de que asistiera Smotrich, cuyo ministerio formula la política de asentamientos, ni tampoco Ben Gvir, que supervisa la policía. Sí estuvo presente David Zini, jefe del Shin Bet desde junio, cuando Netanyahu despidió a su predecesor —el mismo que había calificado de grupo terrorista a la Juventud de las Colinas—.

En lugar de revertir una orden de hace un año que prohíbe a las autoridades israelíes detener sin cargos a sospechosos judíos, Zini —colono él mismo en Cisjordania— propuso usar pulseras electrónicas de vigilancia para los que atacaran a palestinos. Así, en palabras de Avner Barnea, ex alto funcionario del Shin Bet, Israel seguirá practicando una "aplicación selectiva de la ley". "La propuesta de Zini parece ser un intento de evitar que los sospechosos sean llevados ante la justicia", explicaba Barnea, también investigador en la Universidad de Haifa, en un artículo en Haaretz.

Parte del problema no es solo que las autoridades no detengan a los colonos, sino que la propia Justicia israelí desestime la mayoría de los casos. Según la organización israelí de derechos humanos Yesh Din, cerca del 94% de las investigaciones abiertas por la Policía israelí en torno a la violencia de colonos entre 2005 y 2024 concluyeron sin una acusación. Solo el 3% de los expedientes abiertos resultaron en condenas totales o parciales. Como explica Barnea, "existe abundante evidencia contra los perpetradores del terrorismo judío, principalmente proveniente de cámaras palestinas y otras cámaras sobre el terreno. Este material no se recopiló de manera ordenada ni se utilizó para investigaciones ni procesamientos".

Mahmud Daghamin, que el pasado mes de octubre grabó cómo ocho jóvenes colonos encapuchados mataban a sangre fría a diez de sus corderos y rociaban gas pimienta a sus cuatro hijos pequeños en el pueblo de Al-Samúa, cuenta a El Confidencial: "Hemos contactado a la policía varias veces, y no han movido un dedo. Ni siquiera han pedido los vídeos de las cámaras de seguridad". Mahmoud Fatafta, portavoz del Ministerio palestino de Agricultura, explica a este diario: "Todos estos discursos parecen más un ejercicio coordinado de simulación para la opinión pública, y no van a servir para nada más que distraer".

Desde que el gobierno israelí prometió "mano dura" contra los colonos, las autoridades han desmantelado Givat Hatilim, una extensión del puesto de avanzada Givat Tzur Misgabi, parte de la constelación de asentamientos de Gush Etzion. Según la policía israelí, desde que se fundó hace dos años, Givat Hatilim se había convertido en un punto de encuentro para jóvenes de extrema derecha involucrados en actividades violentas. Aquella demolición fue dramática: decenas de personas habían acudido a protestar, llamadas de todas partes del territorio por voces como Daniela Weiss, fundadora de la ONG Nachalat y conocida ya dentro y fuera del país como la ‘abuela de los colonos'. En otros rincones de Cisjordania, se veían grafitis sobre casas árabes que rezaban: "Un judío no desahucia a otro judío".

Yonatan Mizrachi, de Peace Now, vio la escena. "Es un juego. Había gente gritando y llorando. El ejército ni siquiera demolió todas las casas del puesto de avanzada", explica. "Es todo un teatro, y nada de esto va a traer cambio a la política israelí de asentamientos. Para ello, Netanyahu tendría que evacuar y demoler decenas, si no cientos, de asentamientos ilegales. Hasta que el gobierno no envíe a cientos de colonos de vuelta a Israel, no habrá un cambio", cuenta el codirector de Settlement Watch.

Fuente: https://www.elconfidencial.com/mund...

Sidenor y la complicidad en el genocidio de Gaza

6 Diciembre 2025 at 00:01
Por: (tortuga)

Gorka Castillo

La ética humanitaria se extingue en el altar de los beneficios económicos. Así ha quedado claro incluso para la justicia española, que investiga a tres altos cargos de la empresa siderúrgica vasca Sidenor por la venta de al menos 4.587 toneladas de aceros especiales a la multinacional israelí IMI (Israeli Military Industries), propiedad de Elbit Systems, dedicada a la fabricación de armamento promocionado con la garantía de haberse probado en Gaza. Es la misma corporación con la que el Ministerio del Interior tenía firmado un contrato para el suministro de munición a la Guardia Civil, que en septiembre fue cancelado a causa de la tormenta política que levantó. Para Sidenor, en cambio, su relación comercial con uno de los gigantes de la tecnología armamentística israelí ha sido un negocio redondo. La policía que investiga el caso calcula que entre febrero de 2023 y junio de 2025 la empresa vasca se embolsó casi seis millones de euros. El problema es que su nombre ya aparecía subrayado en rojo en los informes que diversas organizaciones civiles elaboran periódicamente sobre las entidades que se lucran de la política segregacionista y criminal practicada por el Gobierno de Netanyahu en Palestina. Aunque Sidenor no esté expresamente señalada en el exhaustivo informe de Francesca Albanese “De la economía de la ocupación a la economía del genocidio” ni en la base de datos de la ONU sobre los grandes beneficiarios de la ocupación y la maquinaria de guerra israelí, algo que sí sucede con la Compañía Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), su prolongada actividad comercial con IMI encaja en una de las pautas que contribuyen a la destrucción de la vida palestina, según la relatora de Naciones Unidas.

Por este motivo, los negocios de Sidenor han acabado sobre la mesa de un juzgado, en este caso del magistrado de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge, gracias a la querella interpuesta por la Comunitat Palestina de Catalunya contra tres de sus principales directivos, entre ellos su presidente José Antonio Jainaga. Está investigado por exportar, a un país que perpetra horrendos crímenes, material imprescindible para la construcción de armas pesadas y ligeras sin autorización de la Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU). Jainaga, que hace apenas un mes era elevado al olimpo financiero tras ganar la subasta por el control de la empresa de trenes Talgo al holding húngaro Magyar Vagon, declaró el pasado 12 de noviembre ante el juez De Jorge que el acero vendido a IMI en plena masacre en Gaza cumplió con la legislación vigente, ya que cuando se realizó la venta no existía ninguna limitación a las relaciones comerciales con Israel. Efectivamente, Sidenor suspendió sus exportaciones el 5 de julio, dos meses antes de que se oficializara el embargo de armas, pero lo hizo después de que la organización Prou Complicitat Amb Israel denunciara que el barco ZIM Luanda atracado en el puerto de Barcelona se disponía a cargar 40 bloques de barras de acero adquiridas por la insaciable compañía IMI para mantener su producción a pleno rendimiento.

El envío fue cancelado, pero la demanda judicial contra tres directivos de Sidenor siguió su curso. Hay indicios de que traficó durante meses con mercancías especiales, infringiendo la Ley Orgánica de Represión de Contrabando, además de participar “por complicidad” en un crimen de lesa humanidad y genocidio, tal y como se recoge en los artículos 29, 607 y 607 bis del Código Penal. Según los datos manejados en la causa, Sidenor transfirió 4.587 toneladas de acero en 42 ocasiones, 33 de ellas después del 7 de octubre de 2023. El último envío fue de 356 toneladas el pasado mes de mayo. Una investigación del diario Berria ha descubierto que tenía comprometidos otros dos cargamentos, para finales de junio, que no se llegaron a enviar: uno de 18.718 kilos y otro de 104.230.

El empresario vasco ha quitado hierro al hecho de encontrarse bajo la lupa de la justicia, asegurando que nunca fue consciente de que este negocio alimentaba el mercado de la muerte que Israel tiene abierto en tierras palestinas. Sin embargo, ahora se ha sabido que la siderúrgica vasca, que cuenta con plantas productivas en Euskadi, Cantabria y Catalunya, y delegaciones comerciales en Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, no solicitó la autorización necesaria al Gobierno español para la venta de materiales especiales, como el acero de aleaciones precisas que necesitan los fabricantes de armas, ni inscribió su nombre en el registro correspondiente, una condición sine qua nonpara comercializar este tipo de componentes con países que vulneran los derechos humanos. David Aranda, que actúa como acusación popular en nombre de la Comunitat Palestina de Catalunya y de la campaña ‘Fin al Comercio de Armas con Israel', considera que la instrucción del caso Sidenor es algo más que un procedimiento administrativo. “Es un hito importante, porque las denuncias contra las grandes corporaciones suelen contar con un amplio margen de impunidad. La causa manda un mensaje claro a todas aquellas empresas que se están lucrando con el genocidio”, afirma.

Tras digerir el trago de comparecer ante un juzgado, Jainaga y los otros dos altos directivos de Sidenor aguardan ahora la fase decisiva de la compra de Talgo al fondo Pegaso, una inversión comprometida para su futuro financiero que debe producirse antes del 31 de enero. La curiosidad es grande por comprobar si el costurón judicial abierto termina pasándole factura. “Que propietarios tan celosos de su imagen y de su compromiso empresarial como José Antonio Jainaga sufran por su mala imagen pública no se puede negar, pero aquí hay una apuesta de país, una iniciativa estratégica para Euskadi”, afirman a CTXT fuentes cercanas al departamento de Industria del Gobierno vasco. El coste de la operación para adquirir Talgo asciende a 156,7 millones de euros, de los que 47 millones serán aportados por el propio Jainaga a través de la sociedad de inversión Clerbil que él mismo fundó en 2016 para comprar Sidenor a la multinacional brasileña de aceros Gerdau. Como socios aparecen el fondo Finkatuz del Ejecutivo vasco y la fundación BBK, que invertirán otros 47 millones de euros cada uno, y la fundación Vital, que aportará 20 millones. En conjunto, adquirirán el 30% de las acciones de Talgo, suficientes para controlar la empresa, ya que más de la mitad del resto de las participaciones están en manos de pequeños inversores. El Gobierno español también será accionista a través de la SEPI. Invertirá 45 millones de euros en una ampliación de capital y otros 30 millones mediante un préstamo convertible que los acreedores bancarios exigen para aceptar la refinanciación de los 400 millones de euros de deuda que acompaña a una compañía ferroviaria en bancarrota.

El Gobierno vasco no ha ocultado su inquietud por la investigación abierta en la AN pero, tras escuchar las explicaciones de Jainaga sobre su venta de acero a IMI Systems en pleno genocidio, ha pedido que no se realicen “juicios paralelos”. También ha insistido en que la imputación del empresario no debe afectar a la operación de compra de Talgo. Hace unos días, el vicelehendakari, el socialista Mikel Torres, echó un último capote público al dueño de Sidenor al ratificar que sus declaraciones en sede judicial, junto a la documentación que aportaron sus abogados, son pruebas suficientes para descartar cualquier duda sobre sus maniobras comerciales en Israel. “Yo desde un primer momento puse de manifiesto la presunción de inocencia y, conociendo a Jainaga y su compromiso con la industria vasca, pensaba que no pondría en peligro la empresa por comercio ilegal”, confesó Torres.

Una certidumbre que colisiona frontalmente con las investigaciones que prestigiosas organizaciones civiles como el Centre Delàs, el Observatorio de Derechos Humanos en España (ODHE) y toda la constelación de movimientos organizados a nivel internacional bajo el paraguas de BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones contra Israel), incluida la relatora de la ONU Francesca Albanese, sobre los nefastos impactos que tienen las operaciones comerciales con Israel en el exterminio palestino.

“Cualquiera que haya evaluado de forma independiente la situación ve no solo violaciones de derechos humanos sino también crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Si las empresas con conocimiento de esto continúan con sus actividades de todos modos, pensando que no tienen influencia sobre las decisiones de Israel, eso es una flagrante violación de sus responsabilidades en materia de derechos humanos”, afirma la profesora de Derecho en la Universidad St. Mary's de Texas y experta en las directrices de la OCDE, Tara Van Ho, en una detallada información elaborada por la plataforma de investigación ‘Follow the Money'.

La propia Francesca Albanese no ha dejado de denunciar que sostener el genocidio requiere de un apoyo permanente a nivel internacional. Una cobertura política, económica y cultural que pasa por lo más elemental: el suministro de los recursos materiales que hagan posible mantener la masacre y el apartheid para una economía que empieza a presentar grietas. Entre 2022 y 2024, el presupuesto militar de Israel aumentó del 4,2% al 8,3% del PIB. El déficit del país se incrementó un 6,8% y el Gobierno de Netanyahu lo trata de minimizar con la emisión de bonos a inversores, incluidos 8.000 millones de dólares en marzo de 2024 y otros 5.000 millones de dólares en febrero de 2025, además de emisiones en shekels, la moneda oficial, en el mercado interno. Estos bonos están en el foco crítico de atención mundial, desde Irlanda –el país que asignó Tel Aviv para vender sus bonos en Europa tras la salida de Reino Unido de la UE– y Luxemburgo, sede del Banco Europeo de Inversiones, hasta la Asamblea General de las Naciones Unidas. En el informe de Francesca Albanese del pasado mes de julio se cita que esta manera de obtener liquidez por parte del Gobierno israelí está jugado “un papel crítico en la financiación del ataque en curso contra Gaza”. El comercializador de los bonos de Israel en Estados Unidos, Israel Bonds, afirma haber obtenido más de 5.500 millones de dólares en inversiones globales en los últimos dos años, el doble de lo habitual, según el canal económico Bloomberg.

La Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos también considera que existe una base sólida “para establecer la responsabilidad civil y penal de las corporaciones que facilitan crímenes de lesa humanidad”. En 1947, los directivos de las compañías industriales Flick, I. G. Farben y Krupp fueron juzgados en Nuremberg por el uso de prisioneros de guerra, el trabajo esclavo para la producción de armas, el saqueo de propiedades públicas y privadas, y su pertenencia a una organización criminal. Sin embargo, por el genocidio palestino apenas hay ejemplos de denuncias que hayan prosperado, pese a que todas las pesquisas internacionales apuntan a que un millar de empresas siguen lucrándose con el exterminio. En el informe Albanese se detalla la actividad de 45 grandes sociedades mercantiles que apoyan y financian la ocupación israelí. Uno de los sectores más beneficiados es la banca. Además de poderosas entidades estadounidenses de inversión que se han lanzado a la compra de bonos israelíes como Vanguard, Wellington Management, Franklin Resources y Capital Group, hay otros cuatro compradores europeos: la italiana BPER Banca, la francesa Crédit Agricole y las alemanas Allianz y DZ Bank. La brasileña Itaú Unibanco es la única entidad no estadounidense o europea en la lista confeccionada por ‘Follow the money' tras una larga investigación. El Centre Delàs, por su parte, ha identificado hasta 12 entidades financieras españolas, entre ellas Santander, BBVA y CaixaBank, pero también otros bancos estatales como Ibercaja, Banco Caminos o Banca March, que han financiado a siete de las 15 empresas que proveen de armas y municiones a Israel: Boeing, Day & Zimmerman, General Dynamics, Oshkosh Corp, Leonardo, Rheinmetall y MTU Friedrichshafen. De estas entidades financieras, Santander y BBVA son los principales bancos que han financiado a los fabricantes de las armas que utiliza el ejército de Israel para cometer el genocidio en Gaza, con más de 2.442 y 1.500 millones de dólares, respectivamente.

“En la práctica, no hay ninguna ventanilla jurídica a la que dirigir estas demandas. La cuestión fundamental, en contraste con la fuerza de la armadura jurídica de la ‘lex mercatoria', es que sigue habiendo un enorme hueco en el derecho internacional por donde se escapa la responsabilidad realmente existente de las grandes corporaciones que colaboran con el genocidio o el apartheid”, explica Juan Hernández, especialista del Observatorio de Multinacionales de América Latina (OMAL). Es el caso de Edreams, una de las principales plataformas españolas de viajes online, que sigue vendiendo turismo en su web mientras contribuye a sostener a las colonias y excluye a los palestinos, con narrativas que omiten la anexión ilegal de los territorios. Su nombre está desde 2020 en la base de datos elaborada por la ONU sobre empresas cómplices de los asentamientos israelíes. También CAF, la Compañía Auxiliar de Ferrocarriles con sede en Beasain, responsable de la expansión de las líneas de tranvía entre la parte ocupada de Jerusalén y las colonias ilegales próximas. La empresa acaba de anunciar que logró un beneficio neto de 100 millones en el tercer trimestre de este año gracias al incremento del 8% en el volumen de ventas que le han proporcionado ingresos por valor de 3.165 millones de euros. CAF tiene suscrito un contrato desde 2019, compartido con la constructora israelí Shapir, para desarrollar las obras, la venta de unidades, el mantenimiento y la gestión de las líneas roja y verde del tranvía durante 15 años, ampliables hasta 25 años, que asciende a 1.800 millones. Entre el accionariado de la constructora de trenes figura el Gobierno vasco, Kutxabank y la Fundación BBK. El resto de accionistas se completan con una importante participación de la plantilla, que tiene un 24,9%, la familia Domínguez, propietaria de la firma de moda Mayoral, y el exaccionista de la farmacéutica Almirall, Daniel Bravo Andreu.

Fuente: https://ctxt.es/es/20251101/Politic...

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