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AnteayerEcologistas en Acción

Exigimos la recuperación integral y el fin de los vertidos mineros al río Guadiamar, arteria hídrica de Doñana

4 Junio 2026 at 16:49
  • Activistas de Ecologistas en Acción han desplegado pancartas en el entorno del río Guadiamar con los mensajes ‘¡Recuperación integral del río Guadiamar!’ y ‘¡Stop vertidos mineros!’. 
  • La acción forma parte de las más de 50 iniciativas impulsadas por la Alianza por la Restauración de la Naturaleza bajo el lema #LaNaturalezaSeLevanta para reclamar la restauración de ecosistemas y la recuperación de territorios degradados.
  • La organización exige un Plan Nacional de Restauración ambicioso que incluya la recuperación integral del río Guadiamar y su reconexión con la marisma, una actuación clave para restaurar Doñana.

Exigimos la recuperación integral del Guadiamar

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente Ecologistas en Acción denuncia que, casi tres décadas después del desastre minero de Aznalcóllar, el río Guadiamar sigue soportando vertidos procedentes de la actividad minera y continúa amputado de la marisma de Doñana. La organización reclama el fin inmediato de estos vertidos y advierte de que la Junta de Andalucía parece más preocupada por impulsar la reapertura de la mina de Aznalcóllar que por culminar la recuperación ecológica de una cuenca clave para el futuro de Doñana.

Para Ecologistas en Acción la restauración del Guadiamar no puede limitarse a actuaciones parciales. La organización ecologista considera  imprescindible recuperar su función como principal arteria hídrica de Doñana mediante la reconexión efectiva del río con la marisma, permitiendo que vuelva a aportar los caudales y la dinámica ecológica que históricamente sustentaron este humedal. Sin embargo, esta propuesta lleva años bloqueada por la falta de ambición de las administraciones y por su temor a afrontar las expropiaciones necesarias de los terrenos para hacerla realidad. Mientras tanto, estos mismos terrenos continúan transformándose para usos agrarios intensivos incompatibles con la recuperación ecológica de Doñana, como las recientes plantaciones de olivos superintensivos en la finca Hato Blanco Viejo por fondos de inversión.

La organización recuerda que la recuperación integral del Guadiamar ha recibido un importante respaldo político tras la aprobación en el Congreso de los Diputados de una iniciativa que insta a impulsar la restauración del río y su reconexión con la marisma como una actuación estratégica para la protección de Doñana. Un apoyo institucional que debe traducirse en compromisos concretos y actuaciones efectivas sobre el terreno.

Ecologistas en Acción rechaza asimismo cualquier autorización de nuevos vertidos mineros al estuario del Guadalquivir, un ecosistema ya sometido a una fuerte presión ambiental y sobre cuyo deterioro vienen alertando desde hace años diversos estudios científicos. La organización considera igualmente necesaria la recuperación de otros espacios clave para la funcionalidad hidrológica de Doñana, como el Brazo de la Torre, cuya restauración contribuiría a mejorar la conectividad ecológica y la resiliencia de todo el sistema.

Por todo ello, Ecologistas en Acción exige al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y a la Junta de Andalucía, que sitúen la restauración integral del río Guadiamar entre las prioridades del futuro Plan Nacional de Restauración y que adopten medidas urgentes para poner fin a los vertidos mineros que siguen amenazando una de las principales arterias hídricas de Doñana. Recuperar el Guadiamar es recuperar Doñana.

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Emplazamos al PSOE a presentar recurso de inconstitucionalidad para las leyes de Montes y de Gestión Ambiental

29 Mayo 2026 at 09:36
  • Ecologistas en Acción de Andalucía recuerda al PSOE andaluz su compromiso adquirido en la reunión celebrada el 13 de Mayo con los miembros de la dirección del PSOE andaluz Alejandro Moyano, secretario adjunto de organización; Ignacio Henares, secretario de Acción Climática y Transición Energética y Paco Cuenca, portavoz y coordinador de Cultura y Nuevos Derechos de Ciudadanía. 

En dicha reunión quedó clara la involución que supone tanto la Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía (LEGAM), como la Ley de Montes, cuestión compartida también  por el Colegio de Ambientólogos de Andalucia y los Agentes de Medio Ambiente.

Ambas leyes inciden en la privatización, desregulación y externalización tanto de la gestión de los montes andaluces como del control ambiental de actividades y proyectos, entrando en contradicción con la legislación básica estatal, por lo que son perfectamente recurribles. Los montes públicos podrán ser descatalogarlos, instalando usos en suelo forestal incompatibles con su carácter.  En el caso de la Legam, las obligatorias labores de la Administración de control y fiscalización de actividades con repercusión ambiental, podrán ser llevadas a cabo por empresas privadas.

El recurso de inconstitucionalidad por parte del grupo parlamentario socialista es imperioso; para llevarlo al Congreso hacen falta 50 diputados. Pasadas las elecciones, seguimos esperando y el plazo termina en el mes de junio.

Aportamos nota de prensa publicada el 14 de Mayo, explicando la reunión mantenida con este colectivo, en la cual hubo un compromiso por parte de la candidata María Jesús Montero de recurrir estas leyes con visos de clara inconstitucionalidad.

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Año tras año, poco a poco, están quemando Doñana

25 Mayo 2026 at 11:43

  • Ecologistas en Acción insta a la Junta de Andalucía a reforzar la protección de Doñana frente a incendios forestales.
  • Ayer se iniciaron dos incendios forestales en el Parque Nacional de Doñana cerca de la Vereda de Sanlúcar, a cinco kilómetros uno de otro, horas después del paso de las Hermandades de la provincia de Cádiz que tendrían que volver a pasar por allí de vuelta. Uno de los incendios fue dado por extinguido por la Junta de Andalucía varias horas después, pero el otro sigue activo.
  • Ni los trabajos forestales se completan, dada la gran carga de pinos cortados secos combustibles abandonada, ni el personal de vigilancia ambiental es suficiente, para unas 128.000 hectáreas del Espacio Natural Doñana, 54.000 de ellas Parque Nacional.

Están quemando Doñana. En años anteriores el Parque Natural, en esta ocasión, el Parque Nacional. Ayer se iniciaron dos incendios forestales en el Parque Nacional de Doñana cerca de la Vereda de Sanlúcar. Uno en el Corral de Félix y otro después a cinco kilómetros aproximadamente más al sur, en el Paraje La Algaida. El primero se inició a mediodía y el segundo por la tarde, los dos colindantes con la Vereda de Sanlúcar, camino que varias horas antes habían recorrido las Hermandades de la provincia de Cádiz. El del Corral de Félix fue extinguido por el dispositivo del INFOCA en unas seis horas. El del Paraje La Algaida sigue activo y ha quemado ya más de 500 hectáreas.

Estamos en una comarca que ocupa año tras año el número uno en Andalucía en número de conatos e incendios, tanto en la parte de Huelva como en la de Sevilla. El año pasado ocurrieron unos 50 incendios y conatos solo en la parte de Huelva, mientras también hubo en la provincia de Sevilla en el Corredor Verde del Guadiamar, términos municipales de Aznalcázar, Puebla del Río o Isla Mayor. Y ello sin olvidar el gran incendio de Las Peñuelas que devastó más de 8.000 hectáreas de Doñana.

La asiduidad de los incendios se incrementa y los lugares donde se producen se amplían. Los tránsitos en periodo de alto riesgo de incendio forestal ocurren por zonas boscosas y, en Doñana en particular, el fuego se mantiene bajo la superficie del suelo al tratarse de turberas y mucha hojarasca de pinar por tiempo indeterminado.

Cada año se incrementan el tránsito rociero, aumentan los permisos para entrar vehículos, en vez de reducirlos, se acumulan muchos miles de personas que ante un incendio forestal quedarían totalmente desamparadas a merced de las llamas, no pudiendo garantizarse su seguridad por mucho dispositivo policial y ambiental que se haya desplegado.

La Hermandades de la provincia de Cádiz iniciarán en breve su retorno por esta Vereda de Sanlúcar, hecho que, debido a que el siniestro sigue activo y hay fuertes vientos, y especialmente al mantenimiento del incendio bajo la superficie del suelo, puede suponer una temeridad en caso de llevarse a cabo.

Por todo ello, viendo los impresionantes medios trabajando en la extinción con personal de INFOCA de varias provincias desplazadas (al menos Córdoba, Cádiz, Málaga y Huelva), que no tienen los retenes completos y sus vehículos, inadecuados para el monte y la arena se ven atascados, Ecologistas en Acción espera que se garantice la seguridad en la vuelta de las Hermandades gaditanas y se tome la decisión oficial de determinar su vuelta por la playa.

Una vez extinguido el incendio, Ecologistas en Acción solicitará al Gobierno andaluz que se realice, como no puede ser de otra manera, una investigación profunda y que la información resultante trascienda para que la sociedad le de una respuesta seria y eficiente, tanto si ha sido un incidente o una negligencia, como si ha sido una persona incendiaria y delincuente, pues parece claro que no ha sido causa natural.

Doñana es un espacio natural singular frágil súper protegido también requiere y así lo hará constar la organización, un incremento de los medios humanos para la vigilancia, pues con dos decenas de agentes de medio ambiente es insuficiente, a todas luces, para vigilar, controlar y proteger las 128.000 hectáreas del Espacio Natural de Doñana, 54.000 de las cuales conforman el Parque Nacional.

Ecologistas en Acción instará igualmente a la administración andaluza a retirar los pinos secos y los restos de trabajos forestales (madera quemada principalmente) del Espacio Natural Doñana, invirtiendo un presupuesto suficiente en la gestión forestal integral de los ecosistemas de Doñana, y para formar el equipo de trabajadores necesario con la dotación apropiada para realizar sus labores de extinción con eficacia, devolviendo al INFOCA al lugar de excelencia que siempre le ha correspondido.

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Los vertidos mineros al Guadalquivir incumplen la Directiva Hábitats

21 Mayo 2026 at 11:35
  • El Estuario del Guadalquivir es un área de excepcional valor natural  incluida en la Red Natura 2000 con la denominación de Zona de Especial Conservación del Bajo Guadalquivir.  Hoy, en el Día en que se conmemora el nacimiento de la Red Natura 2000, denunciamos el incumplimiento de la Directiva Hábitat que la regula y que obliga a que “todo plan o proyecto que pueda afectar de forma apreciable a un lugar de la Red Natura sea evaluado adecuadamente”. 
  • Denunciamos que no se han evaluado adecuadamente los vertidos mineros a la ZEC del Bajo Guadalquivir que provendrán de las minas de Aznalcóllar y Cobre las Cruces.

El Estuario del Guadalquivir abarca unas 4.700 hectáreas. Es el tramo de río,  con influencia mareal, comprendido entre la presa de Alcalá y la desembocadura. Se trata de un área de excepcional valor natural  que está incluida en la Red Europea Natura 2000 con la denominación de Zona de Especial Conservación (ZEC) del Bajo Guadalquivir, y también forma parte de la Reserva de la Biosfera de Doñana.

La Directiva Hábitat,  aprobada el 21 de mayo de 1992, es la norma que regula y protege a la Red Natura 2000. Su artículo  n.º 6 punto 3 establece que “todo plan o proyecto  que pueda afectar  de forma apreciable  a un lugar de la Red Natura 2000 debe evaluarse  adecuadamente. Las autoridades competentes solo aprobarán  el proyecto  si se aseguran  de que no causará  perjuicio  a la integridad del lugar”. Pues bien,  denunciamos que no se ha hecho una “evaluación  adecuada” de los vertidos mineros procedentes de las minas:  Los Frailes (Aznalcóllar) y Cobre Las Cruces (Gerena), que van a causar un vertido al Guadalquivir de 130 millones de metros cúbicos de aguas contaminadas con metales pesados, insuficientemente depuradas.  Este vertido es 10 veces mayor que el ya producido durante el primer periodo de funcionamiento de la mina de Cobre Las Cruces entre 2009 y 2023 y que ha contaminado gravemente los sedimentos  y seres vivos del estuario.

Aunque  los vertidos de ambas minas se han sometido a un procedimiento de evaluación ambiental entre 2018 y 2024, dicha evaluación  se ha basado en el supuesto de que los metales pesados  que se viertan al Guadalquivir  serán transportados disueltos en el agua hasta la desembocadura  y se diluirán en el océano Atlántico sin producir una contaminación significativa.  Sin embargo, esto es  falso como han demostrado y publicado científicos de las universidades de Sevilla, Cádiz y Granada. Por el contrario, la mayor parte de los metales se unirán a partículas de arcilla y materia orgánica muy abundantes en el estuario y  se depositarán  en los sedimentos del fondo del río. Dicha demostración se ha hecho de forma empírica al estudiar el vertido ya provocado por la mina de Las Cruces entre 2009 y 2023.

A pesar de que la Junta de Andalucía conoce dichos estudios, publicados en la prestigiosa revista Integrated  Environmental  Assessment and Management (14 diciembre  2025), no ha atendido la petición de los autores, así como de diversas organizaciones sociales y ayuntamientos del Bajo Guadalquivir,  solicitando que  se constituya un comité científico independiente para evaluar mediante nuevas investigaciones el problema, y que temporalmente, se declare una moratoria a nuevos vertidos mineros al Guadalquivir.

La conducta de la Junta de Andalucía, más allá de un caso de sordera científica, podría estar incurriendo en un delito de prevaricación administrativa al  mantener los permisos  ambientales para dichos vertidos conociendo que se basan en supuestos científicos falsos.

Además de la Directiva Hábitat, se está incumpliendo  el Principio de No deterioro de la Directiva Marco  de Agua que subraya la necesidad de prevenir  una mayor degradación  de los entornos acuáticos.

Asociación Cívica Salvemos el Guadalquivir, Greenpeace y Ecologistas en Acción.

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La protección del Guadalquivir frente a los vertidos mineros moviliza a miles de personas en Sanlúcar de Barrameda

9 Mayo 2026 at 11:30
  • Foto ©Claudia Wiens por Greenpeace

  • Los nuevos vertidos proyectados multiplicarían por diez la contaminación, afectando gravemente a la biodiversidad y a agricultores y pescadores.
  • Informes científicos demuestran que los vertidos de Cobre Las Cruces y Aznalcóllar han contaminado el estuario del río con efectos ecotóxicos para su fauna como los albures, pescado consumido habitualmente en pueblos ribereños.
  • Cofradía de Pescadores de Sanlúcar, Ecologistas en Acción, Salvemos el Guadalquivir y Greenpeace, organizaciones convocantes, denuncian que la Junta de Andalucía ignora los efectos de los dos vertidos y reclaman una moratoria y un comité de expertos/as independientes.

Miles de personas se han dado cita hoy en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) en una masiva manifestación contra los proyectos de reapertura de la Mina Los Frailes (Aznalcóllar) y Cobre las Cruces (Gerena), que traen consigo vertidos al río Guadalquivir que pueden ser letales para los ecosistemas del estuario y para las actividades económicas que dependen de ellos, como la pesca y la agricultura, y para el Parque Nacional de Doñana.

A pesar de la lluvia y bajo el lema “No a los vertidos mineros al Guadalquivir”, esta movilización, convocada por la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar, Ecologistas en Acción, Salvemos el Guadalquivir y Greenpeace, es un paso más dentro de la campaña de denuncia sobre la desprotección a la que se enfrenta el río Guadalquivir. La marcha ha sido apoyada también por varios ayuntamientos de localidades de la desembocadura y la ribera del Guadalquivir como Sanlúcar, Chipiona, Trebujena, Rota y Coria del Río.

Las entidades convocantes advierten que los vertidos que prevén realizar la Mina Los Frailes (Aznalcóllar) y Cobre Las Cruces (Gerena) al río Guadalquivir tras su reapertura pueden ser letales para los ecosistemas del estuario y para las actividades económicas que dependen de ellos, como la pesca y la agricultura.

La Mina Los Frailes prevé realizar un vertido de más de 85 mil millones de litros de agua con metales pesados al Guadalquivir durante 18 años, a través de una tubería que tendrá el punto de vertido frente al estadio de La Cartuja de Sevilla. Por su parte, la empresa Cobre las Cruces quiere realizar un nuevo vertido de más de 32 mil millones de litros durante 14 años, en La Algaba. Ambos vertidos llevarán disueltos metales pesados como cromo, arsénico, plomo, selenio o mercurio. Estos metales pesados representan una amenaza grave tanto para los ecosistemas y la biodiversidad como para la salud de las poblaciones ribereñas y de las personas consumidoras de la variedad de productos que se cosechan en el Bajo Guadalquivir y se pescan en el río y el Golfo de Cádiz, dado que muchas especies se reproducen en el estuario.

Por otro lado, las organizaciones convocantes advierten que el estuario del Guadalquivir ya está contaminado por metales pesados debido a los vertidos mineros producidos por la mina de Las Cruces desde 2009, tal y como ha constatado el estudio realizado por científicos de las Universidades de Sevilla, Cádiz y Granada. En este estudio, se ha comprobado la presencia de plomo por encima de lo permitido por la Unión Europea (UE) en albures, un pescado que tradicionalmente se consume en los pueblos ribereños. Igualmente, se ha constatado la presencia de arsénico en el límite de lo permitido en galeras, un crustáceo de muchísimo consumo en la zona de la desembocadura. La suma de estos dos nuevos vertidos podría multiplicar por diez la contaminación de metales pesados en los sedimentos del río. Esto comprometería el futuro de los sectores agrario, pesquero y mariscador de la zona, los cuales tienen una importancia capital para la economía y el desarrollo local.

A pesar de que las empresas y la Junta de Andalucía aducen que la fórmula de vertido respeta la cantidad de metales pesados en disolución legalmente permitida, las organizaciones advierten de que la ciencia ha demostrado que los metales pesados no salen por la desembocadura, sino que se acumulan en los sedimentos del estuario, debido al alto contenido de material en suspensión que tiene el río desde la presa de Alcalá del Río hasta la costa gaditana.

Esta cantidad de material en suspensión hace que los metales pesados se adhieran y decanten, lo cual, unido a la dinámica mareal del estuario del Guadalquivir, impide que estos metales salgan rápidamente por la desembocadura. Por un lado, porque la presa de Alcalá del Río se comporta como un “fondo de saco”, frenando las mareas y favoreciendo la sedimentación; y por otro, porque en la desembocadura del río se produce lo que se conoce como “tapón salino”, que frena la salida de las aguas interiores hacia el mar. Todo ello hace que la presencia de metales pesados termine afectando a los ecosistemas, pasando a la red trófica, afectando a los usos pesqueros, ganaderos, agrícolas y de ocio sostenible, y poniendo en peligro los potenciales usos del agua del Guadalquivir para consumo humano en caso de sequía prolongada. Además, las operaciones de dragado del estuario depositan esos sedimentos contaminados en el Golfo de Cádiz.

Por todo ello, las organizaciones exigen la paralización de las autorizaciones y prospecciones mineras mediante una moratoria y la constitución de un grupo técnico-científico de expertos/as independientes que evalúe en profundidad sus efectos en el medio ambiente y sus afecciones a la salud y la seguridad alimentaria. Asimismo, también demandan que se tengan en cuenta los efectos sinérgicos de ambos vertidos, puesto que la autorización ambiental del vertido de Los Frailes ha sido concedida sin tener en cuenta el efecto sumatorio que tiene con el vertido ya autorizado de la mina de Cobre las Cruces.

Además, denuncian la actitud de sordera institucional que está teniendo la Junta en esta cuestión, ante las reiteradas voces de alarma que las diferentes organizaciones y entidades han demostrado en relación a estos proyectos de vertido. Una actitud que se ve reforzada con la falta de transparencia de la Consejería de Medioambiente de la Junta de Andalucía que oculta informes técnicos en los procesos judiciales que ya hay abiertos en el TSJA, sobre la deficiente evaluación de los efectos del vertido y posibles incumplimientos de los objetivos ambientales del Estuario del Guadalquivir.

Comunicado aprobado por la Plataforma Ciudadana Salvemos el Guadalquivir,

remitido a los medios de comunicación a través de Greenpeace

 

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La Junta de Andalucía oculta documentación al TSJA sobre los futuros vertidos tóxicos de la mina de Aznalcóllar en el Guadalquivir

6 Mayo 2026 at 12:02

  • Oculta un informe técnico sobre posibles incumplimientos ambientales y distribución de metales contaminantes, realizado por encargo de la Dirección General de Recurso Hídricos.
  • El TSJA ordena a la Junta entregar la documentación ocultada en un plazo de 10 días.

El pasado 29 de abril de 2026, la Sección 3ª de Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha requerido a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, dirigida por la anterior Consejera de Salud, Catalina García, para que en el plazo de 10 días le remita la documentación requerida.

Este requerimiento se realiza a instancias de Ecologistas en Acción en el procedimiento 621/2024 iniciado en octubre de 2024 contra la Autorización Ambiental Unificada (AAU) otorgada en julio de 2024 por esa Consejería. Esa AAU incluye la autorización de vertido a la empresa Minera Los Frailes (MLF) de Grupo México, para volcar más de 85 mil millones de litros de aguas tóxicas, desde el recinto minero de Aznalcóllar al Estuario del Guadalquivir, en zona de Red Natura 2000, junto al estadio de la Cartuja.

Es la tercera vez que la Junta de Andalucía remite el expediente incompleto al TSJA, dilatando con mala fe durante año y medio la posibilidad de que Ecologistas en Acción pueda formular su demanda.

En esta ocasión la Consejería demandada ha ocultado un importante informe técnico realizado en 2023 por una consultora externa, SITRA, especializada en gestión de aguas industriales, contratada por la Dirección General de Recurso Hídricos de la Secretaría General del Agua para realizar una simulación y evaluación de los efectos del vertido sobre los objetivos ambientales de la masa de agua afectada, considerando diferentes escenarios de caudal de agua en el estuario.

La Junta se Andalucía sólo ha facilitado un resumen del informe elaborado por SITRA, donde se refleja que si el caudal de agua desembalsado en la presa de Alcalá del Río es inferior a 35 m3/s, el vertido de Minera Los Frailes (MLF) no permite alcanzar los objetivos de calidad en la masa de agua receptora. También se indica que debido a la diferencia existente entre los valores de concentraciones en el río y en el vertido, se ha determinado como parámetro más crítico el Cadmio, siendo 400 veces mayor esta concentración respecto al valor de base en el río.

Igualmente el TSJA reclama datos más precisos sobre la distribución del contenido en Cadmio, Plomo, Mercurio, Níquel, Arsénico, Cobre, Cromo, Zinc contenidos en el vertido.

A pesar de todo lo anterior, la Consejería aprobó finalmente en julio de 2024 un incremento del volumen de vertido durante sus 17 años de explotación, desde 2.600.00 m3/año hasta 4.000.000 m3/año, es decir, 23.800.000 m3 más de lo inicialmente proyectado, sin que dicho incremento del 53% fuera nunca sometido a información o participación pública, vulnerando por tanto la legislación ambiental vigente.

Tampoco ha tenido en cuenta la Consejería demandada el verdadero comportamiento de los metales y metaloides presentes en el futuro vertido, que se adhieren a las abundantes partículas en suspensión que contienen las aguas del Estuario del Guadalquivir, y provocan que esos contaminantes se precipiten y se depositen en los sedimentos del río, como ya han examinado varias publicaciones científicas de investigadores de las Universidades de Sevilla, Cádiz y Granada.

Sin ese análisis detallado, toda la evaluación ambiental del vertido autorizado a la filial de Grupo México carece de fundamento científico, y es por ello que resulta imprescindible la realización de una profunda revisión científica realizada por un Comité de Expertos independientes, como la que en su día sirvió para descartar la ejecución del proyecto de dragado de profundización del Estuario del Guadalquivir, tras Sentencia judiciales del Tribunal Supremo de 2015 y 2019, ante los daños ambientales irreversibles que aquel proyecto iba a provocar, que no habían sido adecuadamente analizadas en la declaración de impacto ambiental realizada previamente por el Ministerio competente.

Esta es una de las principales reivindicaciones de la manifestación convocada por Ecologistas en Acción, Greenpeace, Salvemos el Guadalquivir y la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda para el próximo sábado 9 de mayo, con salida desde Bajo de Guía, junto a la desembocadura del Guadalquivir frente a las costas de Doñana.

Porque la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de Catalina García, y la Secretaría General del Agua, dirigida por Ramiro Angulo, no han tenido en cuenta en sus autorizaciones, el conocimiento científico existente de la hidrodinámica y comportamiento físico-químico del futuro vertido de Minera Los Frailes en el Estuario del Guadalquivir, apostando por los intereses económicos de la multinacional minera Grupo México, frente al interés público general que obliga a garantizar la calidad de las aguas del Guadalquivir, y de las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y de ocio sostenible que conviven actualmente, desde Sevilla hasta Sanlúcar de Barrameda.

2026-04-29 Diligencia Suspensión Piden Completar Expediente

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