- El Estuario del Guadalquivir es un área de excepcional valor natural incluida en la Red Natura 2000 con la denominación de Zona de Especial Conservación del Bajo Guadalquivir. Hoy, en el Día en que se conmemora el nacimiento de la Red Natura 2000, denunciamos el incumplimiento de la Directiva Hábitat que la regula y que obliga a que “todo plan o proyecto que pueda afectar de forma apreciable a un lugar de la Red Natura sea evaluado adecuadamente”.
- Denunciamos que no se han evaluado adecuadamente los vertidos mineros a la ZEC del Bajo Guadalquivir que provendrán de las minas de Aznalcóllar y Cobre las Cruces.
El Estuario del Guadalquivir abarca unas 4.700 hectáreas. Es el tramo de río, con influencia mareal, comprendido entre la presa de Alcalá y la desembocadura. Se trata de un área de excepcional valor natural que está incluida en la Red Europea Natura 2000 con la denominación de Zona de Especial Conservación (ZEC) del Bajo Guadalquivir, y también forma parte de la Reserva de la Biosfera de Doñana.
La Directiva Hábitat, aprobada el 21 de mayo de 1992, es la norma que regula y protege a la Red Natura 2000. Su artículo n.º 6 punto 3 establece que “todo plan o proyecto que pueda afectar de forma apreciable a un lugar de la Red Natura 2000 debe evaluarse adecuadamente. Las autoridades competentes solo aprobarán el proyecto si se aseguran de que no causará perjuicio a la integridad del lugar”. Pues bien, denunciamos que no se ha hecho una “evaluación adecuada” de los vertidos mineros procedentes de las minas: Los Frailes (Aznalcóllar) y Cobre Las Cruces (Gerena), que van a causar un vertido al Guadalquivir de 130 millones de metros cúbicos de aguas contaminadas con metales pesados, insuficientemente depuradas. Este vertido es 10 veces mayor que el ya producido durante el primer periodo de funcionamiento de la mina de Cobre Las Cruces entre 2009 y 2023 y que ha contaminado gravemente los sedimentos y seres vivos del estuario.
Aunque los vertidos de ambas minas se han sometido a un procedimiento de evaluación ambiental entre 2018 y 2024, dicha evaluación se ha basado en el supuesto de que los metales pesados que se viertan al Guadalquivir serán transportados disueltos en el agua hasta la desembocadura y se diluirán en el océano Atlántico sin producir una contaminación significativa. Sin embargo, esto es falso como han demostrado y publicado científicos de las universidades de Sevilla, Cádiz y Granada. Por el contrario, la mayor parte de los metales se unirán a partículas de arcilla y materia orgánica muy abundantes en el estuario y se depositarán en los sedimentos del fondo del río. Dicha demostración se ha hecho de forma empírica al estudiar el vertido ya provocado por la mina de Las Cruces entre 2009 y 2023.
A pesar de que la Junta de Andalucía conoce dichos estudios, publicados en la prestigiosa revista Integrated Environmental Assessment and Management (14 diciembre 2025), no ha atendido la petición de los autores, así como de diversas organizaciones sociales y ayuntamientos del Bajo Guadalquivir, solicitando que se constituya un comité científico independiente para evaluar mediante nuevas investigaciones el problema, y que temporalmente, se declare una moratoria a nuevos vertidos mineros al Guadalquivir.
La conducta de la Junta de Andalucía, más allá de un caso de sordera científica, podría estar incurriendo en un delito de prevaricación administrativa al mantener los permisos ambientales para dichos vertidos conociendo que se basan en supuestos científicos falsos.
Además de la Directiva Hábitat, se está incumpliendo el Principio de No deterioro de la Directiva Marco de Agua que subraya la necesidad de prevenir una mayor degradación de los entornos acuáticos.
Asociación Cívica Salvemos el Guadalquivir, Greenpeace y Ecologistas en Acción.
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