Alex Buselli, periódico Umanità Nova (Italia)
Luís Inácio Lula da Silva, desde su primer intento de convertirse en presidente de Brasil en las elecciones de 1989, se ha enfrentado a una fuerte oposición de la élite conservadora y burguesa brasileña. Hasta entonces, el Partido de los Trabajadores (PT) aún mantenía algunos puntos programáticos progresistas, con algunas corrientes internas impulsando la construcción de una sociedad socialista. El país estaba saliendo de la dictadura militar (1964-1985) y había luchas apoyadas por movimientos sociales y sindicatos. No permitir la elección del representante de los sectores obreros era el objetivo fundamental de la burguesía brasileña. Fue en esta coyuntura que el mayor conglomerado televisivo del país, Rede Globo, había manipulado el último debate presidencial, acusando no demasiado encubiertamente al PT de haber participado en el secuestro de Abilio Diniz, uno de los más grandes empresarios brasileños.
Con los años, el PT había perdido su apariencia socialista, mostrándose cada vez más abierto al mercado capitalista. Cuando finalmente Lula fue elegido, anunció un gran proyecto de reconciliación de clases en su "Carta al pueblo brasileño", eligiendo al empresario José Alencar como su vicepresidente.
La incidencia de las exportaciones de productos básicos en la economía casi se había duplicado con los gobiernos del PT. Esto había sido posible gracias a la demanda de China que estimuló la economía brasileña y el país asiático a su vez dependía de la capacidad de los países occidentales para absorber productos manufacturados.
Al mismo tiempo, el gobierno buscó el apoyo de una parte de la industria brasileña en sectores como la construcción civil (impulsada por inversiones estatales, generando un boom inmobiliario) y de la manufactura, financiando obras de infraestructura para lograr consensos políticos y restaurar un mínimo del consumo interno de los hogares. El crecimiento económico, sin embargo, dependía de variables externas incontrolables. El sueño de Lula era fortalecer los BRICS (grupo de países con Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y su propio banco para tener una política exterior menos dependiente de Estados Unidos.
En esencia, el proyecto del PT y el antiguo proyecto del PC brasileño fueron el desarrollo de una economía capitalista autónoma. Países como Brasil, Rusia y China, sin embargo, tienen una inserción particular en el capitalismo mundial: la de exportar productos elaborados por industrias de baja tecnología o materias primas.
Cuando estalló la crisis, las exportaciones y el crédito cayeron, poniendo fin al sueño de consumo de millones de brasileños que se creían parte de la "clase media". Era claro que la política de "redistribución del ingreso" no era más que el aumento del consumo a través del crédito, una tendencia contracíclica muy utilizada en la crisis de 2008. El consenso social había terminado y el descontento aumentaba cada vez más: los más pobres querían seguir consumiendo y hacer realidad sus sueños de ascenso social, mientras los más ricos ya no aceptaban ninguna política, aunque sea mínima, de redistribución de la renta.
El Impeachment de Dilma Roussef
Con la llegada de la crisis económica y el descontento tanto de los pobres como de los ricos del país, el PT aún tuvo tiempo de dar un último suspiro y probar su última carta para mantenerse en el poder. En la campaña presidencial de 2014, el PT utilizó los últimos recursos a su alcance para persuadir al electorado. En particular, el partido de Lula y Roussef declaró que si ganaba la oposición se perderían todos los logros sociales de los últimos 12 años, especialmente el "Programa Bolsa Família". Los logros no fueron muchos, pero en un país tan desigual como Brasil ese progreso era vital. Estas palabras del PT habían llegado a buena parte del electorado, haciéndolo ganar las elecciones presidenciales de 2014.
Al asumir el poder en 2015, el gobierno de Rousseff dejó en claro que el objetivo era recuperar la base de apoyo de la burguesía. Esto se vio cuando el banquero Joaquim Levy fue colocado en el Ministerio de Hacienda, iniciando de facto una serie de pequeñas reformas que atentaban contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
Para los mercados internos y externos estas reformas no fueron suficientes: para ellos era necesario poner personas capaces de llevar a cabo medidas incisivas y no blandas en el poder del gobierno. Medidas deseadas por el capital financiero e imperialista.
Con el golpe judicial de 2016 (conocido como Operación Lava Jato, dirigido por Estados Unidos) Dilma Roussef había sido destituida del poder, y algunos de los políticos y empresas cercanas al proyecto del PT fueron diezmados o adaptados a la nueva realidad. El vicepresidente Michel Temer se había convertido en presidente. A partir de ese momento, las reformas atentaron contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras: aumento de la jornada laboral diaria y semanal, contratos de trabajo de duración determinada, despidos sin previo aviso, permiso para hacer trabajar a mujeres embarazadas. La aprobación de estas medidas no encontró mucha oposición, incluida la de los sectores de movimientos sociales y sindicales vinculados al PT, desmovilizados durante los años del proyecto PT de reconciliación de clases.
Lula y la mayoría de los líderes del PT han sido investigados. El poder judicial procesó sistemática y selectivamente a los miembros del PT. La élite que había tolerado a Lula cuando había crecimiento económico se vengó. El ex trabajador en el poder era algo que la élite no quería y desde el primer mandato de Lula ha habido intentos político-legales de sacarlo del poder, siempre infructuosos porque el crecimiento económico ha apoyado al gobierno. Antes de las elecciones de 2018, Lula fue arrestado. El camino para profundizar el ataque a los derechos de los trabajadores y trabajadoras seguía abierto. Había pasado el tiempo de la conciliación.
Elecciones 2018: el idiota útil y el regreso de los militares
En las elecciones de 2018 Lula estuvo preso pero aún podía ser candidato, Bolsonaro fue el candidato que se erigió como la voz de la derecha más radical (siempre con su 15% de los votos) y Geraldo Alckmin, exgobernador del estado de São. Paulo, era candidato del establishment capitalista y burocrático. Lula era el favorito. El apoyo electoral de Alckmin no aumentó y Bolsonaro se mantuvo con su público fiel. El Poder Judicial, en la figura del juez Sérgio Moro (encargado del operativo Lava Jato), armó un procedimiento para inhabilitar a Lula. Cuando se implementó este proceso, el PT eligió al profesor Fernando Haddad, ex alcalde de São Paulo, como candidato presidencial del partido. Sin Lula, el PT había perdido apoyo; Bolsonaro, como representante de la política antisistema, comenzaba a ganar apoyos, mientras que el candidato del gran capital, Geraldo Alckmin, era incluso superado por candidatos de menor expresión.
Con este escenario, Jair Bolsonaro el idiota se había convertido en el único candidato verdaderamente viable para vencer al PT. A partir de ese momento, lo que vimos fue el verdadero circo de los horrores de la política brasileña: el apoyo de la gran burguesía internacional a Bolsonaro, la presencia de los militares, verdaderos líderes pensantes de la política "bolsonaria" y sedientos de poder, la violencia de las milicias y sectores religiosos evangélicos. Sin embargo, era necesario resolver un problema final que podría impedir la elección de Bolsonaro el idiota: él mismo. La "puñalada" que recibió durante la campaña electoral fue la excusa perfecta para mantenerlo fuera de la campaña, los debates públicos y la televisión, además de darle al candidato una especie de aura heroica y martirizada contra la izquierda "comunista" y los "corruptos"del Partido de los Trabajadores”. Juego jugado, juego ganado.
El inicio del gobierno de Bolsonaro y la guerra de la comunicación híbrida
Con la llegada del Coronavirus a Brasil en marzo del año pasado, Bolsonaro ha decidido hacer una apuesta alta pero consciente. Mantuvo la guerra híbrida pero se posicionó contra el aislamiento social y las medidas de prevención del contagio. Sabía que Brasil estaba y está en crisis económica, y la crisis de salud solo agrava el escenario. El coronavirus le dio la oportunidad que necesitaba para no asumir la responsabilidad de la conducción de la economía del país, trasladando la responsabilidad a gobernadores y alcaldes que pueden implementar de manera autónoma medidas de aislamiento social.
Dado que Brasil es un país con muchos problemas estructurales (falta de saneamiento básico, expansión urbana indiscriminada, falta de recursos económicos, etc.), cualquier medida de aislamiento social sería limitada y los efectos de la pandemia serían enormes. Sabiendo esto, Bolsonaro pronunció un discurso en el que dijo que si la economía cerraba, muchas más personas morirían de hambre que con COVID-19.
Los muertos se amontonaban, los hospitales estaban llenos, las medidas de contención y aislamiento social de los gobernadores no funcionaban y la economía se había derrumbado. Los parlamentarios brasileños, sin el apoyo del gobierno de Bolsonaro, aprobaron una ayuda de emergencia de 600 reales que llegó a más de 50 millones de personas, casi el 40% de la población activa. Incluso en este escenario caótico, la popularidad del presidente ha aumentado. Su apuesta de poner los muertos de la pandemia sobre los hombros de los gobernadores y la crisis económica generada por las medidas de aislamiento social estaba funcionando.
A pesar de las investigaciones contra él y su familia que generaron más de 60 solicitudes de juicio político (todas ignoradas celosamente por los legisladores y el poder judicial), el gobierno continuó promulgando leyes en beneficio del capital.
Sin embargo, con la existencia de la vacuna, la situación ha cambiado. La población está cansada, hambrienta y asustada; Ve en la vacuna la posibilidad de salir del infierno en que se ha convertido el país. No hay brasileño que no conozca a alguien que murió con el Coronavirus. El pacto entre el ejército, la Corte Suprema y el parlamento, que le permitió a Bolsonaro decir lo que quería mientras el gobierno era ejercido por otros, se fracturó. La negación de Bolsonaro comenzaba a generar descontento con las grandes empresas debido al agravamiento de la crisis. La falta de perspectivas de recuperación económica no se compensó con la aprobación de reformas legislativas.
Tanto la población como el Capital pueden resistir desastres, siempre que exista la perspectiva de una recuperación futura. El grave fallo en la producción, compra y logística de vacunas, concreta las previsiones del colapso. Esto socava la recuperación de la normalidad económica y crea peligrosos riesgos de inestabilidad política y social. La anulación del juicio contra Lula puso una pieza extra en el tablero. Lula actúa como el salvador del país, llamando a los jefes de Estado a comprar vacunas para los gobernadores que las compran sin esperar la aprobación del gobierno nacional.
Es en ese contexto que el gobierno de Bolsonaro: a) deja espacio para el "centrão", un grupo de operadores políticos que apoyan a todos los gobiernos brasileños siempre que reciban dinero; b) defiende el distanciamiento social, el uso de máscaras y la vacunación después de un año de dura oposición; c) simula una ruptura con sectores de las fuerzas armadas que abandonaron el gobierno en bloque a fines de marzo de este año. Una ruptura que deja abiertas dos posibilidades: la primera es alimentar, con el visto bueno del gran capital, la posibilidad de un autogolpe para sus seguidores más fanáticos (sectores de las Fuerzas Armadas, Policía Militar y milicias) mientras que la segunda es dejar la puerta abierta al juicio político si la situación política no cambia y la gran burguesía ya no confía en Bolsonaro (abriendo así el camino al general Mourão, vicepresidente de Bolsonaro, que asume el poder y recompone el apoyo político del gobierno).
Llegados a este punto, las piezas en juego nos muestran que hay dos posibilidades: 1) la gestión de la pandemia cambia radicalmente; 2) el gobierno de Bolsonaro terminará, a través de un juicio político (una solución que satisfaría a parte de la élite y burguesía brasileña) o mediante una elección, como lo desea la izquierda institucional (en particular el PT). Dejar actuar al gobierno un año y medio antes de las próximas elecciones (con todo lo que aún pueden morir cientos de miles de personas) parece ser el deseo de parte de esa sedicente izquierda del PT.
Al poner la situación actual del gobierno de Bolsonaro en una perspectiva histórica, hemos logrado separar lo esencial de lo que es un drama en el escenario. Al final, Bolsonaro sigue siendo el idiota útil y el genocidio no lo provoca solo él, sino una élite con mentalidad esclavista aliada con el capital monopolista internacional, un parlamento que juega el juego de la burguesía y un poder judicial corrupto y funcional a los intereses de los que están en el poder. Mientras tanto, la población es masacrada, la izquierda real diezmada y el país destruido.
NOTA
[1] La exclusividad social, económica, de género y racial de estos grupos se puede ver en las relaciones que mantienen con el personal doméstico que emplean. Las trabajadoras domésticas, además de ser sobreexplotadas a nivel económico, viven una condición de real sometimiento social y cultural hacia sus jefes (como "dormir en la habitación de la criada"), dejando anonadados a los extranjeros que vienen a Brasil.
[TPublicado originalmente en italiano en https://umanitanova.org/?p=13939. Traducido por la Redacción de El Libertario.]
