La junta militar de Mali ha condenado a 20 años de prisión al agente francés de la DGSE Yann V., detenido en agosto de 2025 en Bamako y acusado de orquestar una «tentativa de desestabilización» contra el régimen del general Assimi Goïta. La sentencia, anunciada el 5 de junio de 2026, tensa aún más las relaciones entre Francia y la junta maliense, y afecta la estabilidad del Sahel, región de interés estratégico para España.

Según fuentes de la administración judicial maliense, el agente estaba registrado oficialmente ante las autoridades malienses como personal de la DGSE, lo que no le eximió de ser procesado por conspiración. Las autoridades no han detallado las pruebas presentadas ni el desarrollo del juicio, pero la condena se enmarca en la ofensiva diplomática de Bamako contra París desde la llegada al poder de la junta en 2020.

La condena ha sido recibida con frialdad por el Gobierno francés, que en un comunicado del Ministerio de Exteriores calificó la sentencia de «desproporcionada y contraria al derecho internacional». Francia ya había retirado su embajador en Bamako en mayo de 2026, en un contexto de creciente hostilidad. La junta, por su parte, intensifica su acercamiento a Rusia, con la que mantiene acuerdos de seguridad.

Implicaciones para el Sahel y España

El incidente se produce mientras la junta maliense refuerza su alianza con el grupo paramilitar ruso Wagner, presente en el país desde 2021. Fuentes del Ministerio de Defensa español, citadas por Europa Press, han expresado su preocupación por el posible incremento de la inestabilidad en la región, dado que España participa en misiones de entrenamiento y lucha contra el terrorismo en el Sahel a través de la Unión Europea. La condena al agente de la DGSE podría acelerar la ruptura diplomática entre ambos países y complicar los esfuerzos antiterroristas en la zona.

La cadena de televisión marroquí Medi1 TV ha recibido autorización oficial para emitir en Mali a partir del 5 de junio de 2026, según confirmaron fuentes del sector mediático en Bamako. La decisión, adoptada por las autoridades malienses, permite a la cadena ampliar su presencia en el país, donde ya cuenta con una emisora de radio en FM desde hace varios años.

La licencia refuerza la influencia mediática y cultural de Marruecos en la región del Sahel, un área de creciente interés estratégico para España por sus vínculos migratorios, de seguridad y económicos. Medi1 TV, que ya se dirige a las audiencias malienses a través de Radio Méditerranée Internationale (Medi 1) —presente en Bamako desde hace varios años—, busca con este paso consolidar su apuesta por un partenariado mediático duradero que fomente el intercambio cultural y el diálogo entre los pueblos africanos.

Aunque no se han difundido datos concretos sobre el alcance de la audiencia ni los plazos de inicio de las emisiones televisivas, la medida se enmarca en la estrategia de Rabat por proyectar su soft power en el continente, compitiendo con otras potencias regionales como Argelia o Turquía. Para España, el control de los flujos migratorios procedentes del Sahel y la estabilidad en la región son prioridades en las que la acción de actores externos como Marruecos puede tener un impacto significativo.

La autorización se produce en un contexto de creciente competencia mediática en el Sahel, donde varios países buscan ampliar su influencia a través de medios de comunicación. Mali, gobernado por una junta militar desde 2020, ha mostrado apertura a actores externos que no provengan de antiguas potencias coloniales, lo que favorece la entrada de cadenas como Medi1 TV.

La justicia maliense ha condenado a 20 años de prisión al oficial de la Dirección General de Seguridad Exterior (DGSE) francesa Yann V., declarado culpable de «atentado a la seguridad del Estado». La sentencia, dictada el 5 de junio de 2026, agrava la crisis diplomática entre Francia y Malí, iniciada tras la llegada al poder de la junta militar en 2020 y la posterior salida de las fuerzas francesas en 2022.

El oficial francés llevaba detenido cerca de un año en Malí, sin que las autoridades francesas hubieran logrado su liberación mediante gestiones diplomáticas. La condena representa el capítulo más severo de las tensiones bilaterales desde la ruptura de relaciones militares y la retirada de la misión antiterrorista francesa Barkhane.

La noticia tiene relevancia para España, que mantiene un destacamento militar en la región del Sahel dentro de la misión de la Unión Europea y coopera con países de la zona en materia de seguridad. La condena de un espía francés por parte de un tribunal maliense puede endurecer aún más el entorno diplomático para los intereses europeos en la región, donde el avance de grupos yihadistas y la inestabilidad política son una amenaza directa para la seguridad de los países vecinos, incluidas las fronteras meridionales de España.

Por el momento, el Gobierno francés no ha hecho declaraciones oficiales sobre la sentencia, aunque fuentes diplomáticas europeas consultadas señalan que se estudian todas las vías legales y diplomáticas para tratar de revertir la condena. La junta militar maliense, por su parte, ha endurecido en los últimos meses su postura contra lo que considera injerencias extranjeras, en un contexto de acercamiento a Rusia y a la compañía militar privada Wagner.

El 25 de abril, una ofensiva combinada de rebeldes del Frente de Liberación de Azawad (FLA) y yihadistas del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (Jnim) tomó la ciudad de Kidal, en el norte de Mali, expulsando al general El Hadj Ag Gamou, gobernador de la región desde 2023. La noticia, que no trascendió hasta el 5 de junio, supone un giro estratégico en el conflicto del Sahel.

Kidal, capital histórica de la región de Azawad, es un enclave clave para el control del norte de Mali. Su caída evidencia la fragilidad del gobierno de transición maliense tras la retirada de las fuerzas francesas (operación Barkhane) y la progresiva descomposición del acuerdo de paz de 2015.

La pugna entre dos líderes tuareg

Según la revista Jeune Afrique, que anticipó la operación, la toma de Kidal es también el desenlace de una rivalidad entre dos personalidades del mundo tuareg. Por un lado, Gamou, un general que encarna la alianza histórica con Bamako y fue nombrado gobernador en 2023 para mantener el control de la región. Por otro, Alghabass Ag Intalla, líder del FLA, que junto al Jnim busca restaurar la autonomía de Azawad.

La guerra de los tuareg por Kidal es un reflejo de las fracturas internas que la comunidad tuareg arrastra desde la rebelión de 2012 y que la retirada francesa ha reavivado.

La ofensiva combinada rebelde-yihadista aprovechó el vacío de poder dejado por las fuerzas internacionales y la debilidad del ejército maliense, concentrado en otras regiones del país. El Jnim, filial de Al Qaeda en el Sahel, ha demostrado en los últimos meses su capacidad para coordinar acciones con grupos independentistas tuareg, pese a sus diferencias ideológicas.

Implicaciones para el Sahel y España

La caída de Kidal en manos de una alianza rebelde-yihadista amenaza con desestabilizar aún más el Sahel, una región donde España mantiene intereses estratégicos en materia de seguridad y control migratorio. Mali, Níger y Burkina Faso, gobernados por juntas militares, han visto multiplicarse los ataques desde 2023, y el avance del Jnim podría incrementar la presión sobre las fronteras de países vecinos como Costa de Marfil o Senegal.

Francia, que mantiene una reducida presencia militar en la región, no ha confirmado nuevas intervenciones, mientras la Unión Europea sigue financiando programas de estabilización. La comunidad internacional, por el momento, no ha ofrecido una respuesta coordinada ante la toma de la capital regional por parte de insurgentes.

La junta militar de Malí ha puesto precio a la cabeza de Iyad Ag Ghaly, considerado el hombre más buscado del Sahel, en una operación dirigida a desmantelar las redes yihadistas que operan en la región. La decisión, anunciada el 5 de junio de 2026, refuerza la estrategia de las autoridades de Bamako para consolidar su control sobre un territorio castigado por años de violencia insurgente.

Una oferta por varios cabecillas

Además de Ag Ghaly, fundador del Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (GSIM), el Gobierno maliense ha ofrecido recompensas por información sobre Amadou Kouffa, líder del Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (Jnim), y dos dirigentes del Frente de Liberación de Azawad (FLA): Alghabass Ag Intalla y Bilal Ag Cherif. Las cuantías no han sido especificadas, pero la iniciativa supone un giro en la estrategia de seguridad del país.

El anuncio se produce en un contexto de creciente presión de la junta contra los grupos armados, tanto yihadistas como separatistas, que mantienen su influencia en el norte de Malí. La oferta por Ag Ghaly, un tuareg que lideró la insurgencia de 2012 antes de aliarse con Al Qaeda, busca debilitar una estructura que ha sabido recomponerse tras la intervención militar francesa en 2013.

Repercusiones en el Sahel

La medida maliense se inscribe en la dinámica de seguridad del Sahel, una región que España sigue de cerca por su impacto en las rutas migratorias y la amenaza yihadista. Malí, gobernado por una junta militar desde el golpe de 2020, ha optado por una política de fuerza frente a los grupos armados, en detrimento de los acuerdos de paz alcanzados en 2015. La puesta a precio de los líderes insurgentes podría agravar la inestabilidad en la zona, según analistas consultados.

La iniciativa también refleja el alejamiento de Bamako de sus antiguos socios occidentales y su acercamiento a Rusia, que ha desplegado instructores militares y material en el país. La oferta por los líderes yihadistas no ha sido comentada por las facciones armadas, que mantienen su capacidad de golpear en el centro y norte del territorio maliense.

Senegal atraviesa una crisis política de calado tras la destitución del primer ministro y aliado de largo plazo, Ousmane Sonko, por parte del presidente Bassirou Diomaye Faye el pasado 22 de mayo. El cese —producto de la pugna por el poder entre los dos antiguos socios— eleva el riesgo de inestabilidad en el país, según analistas consultados por fuentes diplomáticas. La crisis podría minar el papel de Senegal como mediador clave en la convulsa región del Sahel, donde las juntas militares prorrusas ganan terreno.

Un giro que podría beneficiar a Washington

La apertura de Faye a colaborar con Estados Unidos, unida a la salida de Sonko, podría facilitar los esfuerzos de la administración Trump por reconstruir lazos con los regímenes del Sahel —hoy vinculados a Moscú— y apuntalar la fallida operación antiterrorista regional, según analistas. Un Senegal inestable podría debilitar el papel del país como pacificador, pero una administración pos-Sonko más alineada con Washington podría fortalecer la influencia estadounidense en la zona.

Un Senegal inestable podría debilitar el papel del país como pacificador en el Sahel. Pero un Gobierno pos-Sonko abierto a EE.UU. podría fortalecer la mano de Trump.

Faye y Sonko llegaron al poder hace algo más de dos años con un programa rupturista. La ruptura entre ambos, según los analistas, debilita la institucionalidad senegalesa y amenaza la estabilidad de un país que hasta ahora había sido un oasis democrático en una región convulsa. La evolución de la crisis será seguida de cerca tanto por las cancillerías africanas como por Washington, que ve en Dakar un socio estratégico para contrarrestar la influencia rusa en el Sahel.

El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), uno de los think tanks más influyentes de Washington, ha lanzado una advertencia en su informe anual de riesgos publicado este miércoles: la amenaza yihadista en África crece de forma acelerada mientras Estados Unidos prosigue con su repliegue militar en el continente. La advertencia llega en un momento en que el Sahel y el África subsahariana se han convertido en el epicentro global del terrorismo, con grupos afiliados a Al Qaeda y al Estado Islámico expandiendo su control territorial.

Según el informe del CSIS, el vacío dejado por las fuerzas estadounidenses está siendo ocupado por facciones yihadistas que aprovechan la inestabilidad política y los conflictos locales para ganar influencia. El repliegue, que ha incluido la reducción de efectivos en países como Níger, Chad y Somalia, ha debilitado la capacidad de inteligencia y las operaciones antiterroristas que antes contenían a estos grupos.

Un frente yihadista en expansión

El análisis señala que el avance es particularmente notable en la región del Sahel, donde grupos como el Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) y el Estado Islámico en el Gran Sahara (ISGS) han consolidado zonas de influencia. En África oriental, la rama somalí de Al Shabaab sigue lanzando ataques transfronterizos, mientras que en Mozambique, la insurgencia vinculada al Estado Islámico mantiene su capacidad operativa pese a los esfuerzos regionales.

El CSIS subraya que la retirada de EE.UU. no solo reduce la presión militar directa, sino que también afecta a la formación de fuerzas locales y a la recopilación de inteligencia, que eran pilares de la estrategia antiterrorista estadounidense en la última década. «Sin presencia sobre el terreno, la capacidad de anticipar y neutralizar amenazas se reduce drásticamente», advierte el documento, citado por fuentes del instituto.

Implicaciones geopolíticas

El repliegue estadounidense coincide con un creciente activismo de potencias como Rusia y China en la región. Moscú, a través del Grupo Wagner y otras compañías militares privadas, ha ampliado su influencia en países como Malí, Burkina Faso y la República Centroafricana, ofreciendo seguridad a regímenes frágiles a cambio de concesiones mineras. Pekín, por su parte, aumenta su presencia económica y diplomática, aunque sin involucrarse directamente en operaciones antiterroristas.

El informe concluye que, en el actual escenario, la amenaza yihadista en África podría alcanzar niveles no vistos desde la década de 2010, cuando grupos como Boko Haram y Al Shabaab sembraron el caos en amplias zonas del continente. «La comunidad internacional debe reaccionar o enfrentará consecuencias que trascenderán las fronteras africanas», sentencia el CSIS.

El primer ministro de Níger, Sifi Ghrieb, inauguró el pasado 3 de junio una central eléctrica en Niamey financiada y construida por Argelia, en un acto que subraya el creciente peso de Argel en la región del Sahel. La infraestructura, cuyo coste no ha sido revelado, forma parte de una estrategia argelina para consolidar su presencia energética y diplomática frente a competidores como Marruecos y Francia.

Durante la ceremonia, Ghrieb elogió el «genio argelino» y declaró:

Como ella ha sido el faro de los revolucionarios, Argelia será el luminar de África.

Las palabras del mandatario nigerino reflejan el tono de alianza estratégica que ambos países buscan proyectar, en un contexto donde Níger necesita urgentemente mejorar su acceso a la electricidad para impulsar su desarrollo económico.

La central, cuyo nombre y capacidad no se han especificado, representa el primer gran proyecto de infraestructura argelino en Níger en años, según fuentes gubernamentales. Argelia ha intensificado su activismo en el Sahel mediante inversiones en energía, carreteras y telecomunicaciones, aprovechando el vacío dejado por Francia tras su retirada militar de la región.

La apuesta energética de Argelia en Níger supone un movimiento geopolítico relevante, ya que ambos países comparten una frontera de casi 1.000 kilómetros y forman parte de la misma cuenca sedimentaria, lo que abre la puerta a futuras colaboraciones en hidrocarburos. Además, Argel actúa como mediador en los conflictos del Sahel y ha ofrecido su mediación entre Níger y los grupos yihadistas que operan en la zona.

La inauguración de la central se produce en un momento de tensión diplomática entre Argelia y Marruecos, que compiten por la influencia en África Occidental. Marruecos ha impulsado el gasoducto Nigeria-Marruecos, mientras que Argelia apuesta por el Trans-Saheliano. Para España, que mantiene estrechos vínculos con Marruecos y depende de la estabilidad saheliana para controlar los flujos migratorios, el avance argelino en Níger introduce un nuevo factor de competencia estratégica en la región.

En el norte de Costa de Marfil, la población y las fuerzas de seguridad tratan de contener la amenaza yihadista que se expande desde el Sahel. La región fronteriza con Malí y Burkina Faso se ha convertido en el último bastión contra los grupos armados que operan en la zona. Residentes consultados por la prensa local expresan su desilusión con el líder burkinés, Ibrahim Traoré, a quien algunos creían capaz de frenar la violencia.

«On a cru en Ibrahim Traoré», declaró un habitante, reflejando el desencanto por la falta de resultados.

El país enfrenta tres frentes críticos: la amenaza terrorista en sus puertas, la llegada de refugiados que pone a prueba la cohesión comunitaria, y la lucha contra la propagación de las ideas de la Alianza de Estados del Sahel (AES). Las autoridades marfileñas han reforzado la presencia militar en la zona norte, que ha sido escenario de ataques esporádicos vinculados a grupos como el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM) y el Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS).

Costa de Marfil es uno de los países más estables de África Occidental, pero la presión yihadista ha obligado a un incremento del gasto militar y de las operaciones de patrullaje. La situación es especialmente delicada en las localidades de Ferkessédougou y Korhogo, donde la cooperación de la población civil resulta clave para evitar infiltraciones. Las fuerzas armadas, apoyadas por Francia, mantienen controles reforzados en los pasos fronterizos, mientras que la comunidad internacional observa con preocupación el avance del extremismo en la región.

El comercio entre Turquía y Malí se ha más que triplicado en la última década, con las armas como principal capítulo de exportación turca desde 2024, según datos oficiales consultados por este periódico. El incremento refleja una apuesta estratégica de Ankara por ganar influencia en el Sahel, una región donde la presencia europea —en particular la francesa y española— se ha debilitado en los últimos años.

Turquía ha pasado de ser un socio comercial menor a convertirse en un proveedor clave de material militar para Bamako. Las armas y municiones representan el primer puesto de exportación turco a Malí desde 2024, un giro que coincide con la retirada de tropas francesas y el repliegue de misiones europeas en la región. El volumen total de intercambios bilaterales se ha multiplicado por tres en diez años, según las estadísticas oficiales malíes.

Una presencia discreta pero estratégica

La expansión comercial se enmarca en una estrategia más amplia de Turquía por penetrar en África occidental, donde ofrece cooperación militar y económica sin las condiciones políticas que exigen los países europeos. Malí, gobernado por una junta militar desde 2020, ha estrechado lazos con Ankara mientras rompía relaciones con la antigua potencia colonial, Francia.

El Ministerio de Defensa turco confirmó en un comunicado reciente que la cooperación se centra en la formación de fuerzas malíes y el suministro de equipos, sin precisar cifras. Según fuentes diplomáticas en Bamako, Turquía ha entregado vehículos blindados, drones y armamento ligero en los últimos dos años.

Las armas y municiones representan el primer puesto de exportación turco hacia Malí desde 2024.

Implicaciones para la seguridad en el Sahel

El auge turco preocupa a los analistas europeos, que ven en esta alianza un factor adicional de inestabilidad en una región ya castigada por el yihadismo y los golpes de Estado. El Sahel es una zona prioritaria para la seguridad de España, debido a la proximidad de las Islas Canarias y el control de las rutas migratorias. El refuerzo de Turquía en Malí complica los esfuerzos de la Unión Europea por contener la expansión de grupos armados en la zona.

Organismos internacionales han alertado del riesgo de una carrera armamentística en la región. La ONU, a través de su Oficina para África Occidental, señaló el pasado marzo que el aumento de las importaciones de armas en el Sahel podría alimentar los conflictos locales y dificultar los procesos de paz.

El sucesor del presidente de Benín, Patrice Talon, ha realizado una visita sorpresa a Niamey (Níger) y Ouagadougou (Burkina Faso), los pasados 2 y 3 de junio, para reunirse con los líderes de la Alianza de Estados del Sahel (AES), el general Tiani y el capitán Traoré. El movimiento supone un giro en la política exterior beninesa, que busca restablecer relaciones diplomáticas y de cooperación tras años de tensiones regionales.

Un contexto de ruptura diplomática

Las relaciones entre Benín y los países del Sahel se habían deteriorado significativamente desde los golpes de Estado en Níger y Burkina Faso, que llevaron a la creación de la AES. Benín, al igual que otros países de la CEDEAO, había mantenido una postura crítica y medidas de presión, incluyendo cierres fronterizos y sanciones. Ahora, el nuevo presidente electo —que aún no ha asumido el cargo oficialmente— apuesta por el diálogo directo con las juntas militares.

Según fuentes de la presidencia beninesa citadas por medios locales, la gira tiene como objetivo «renovar los lazos de amistad y explorar vías de cooperación en seguridad, comercio y movilidad fronteriza». La visita, de perfil bajo, no fue anunciada previamente, y solo se confirmó tras la llegada de la delegación a Niamey.

Una gira que incluye a otros vecinos

Tras las escalas en Níger y Burkina Faso, el enviado de Talon se desplazará a Lomé (Togo), Abiyán (Costa de Marfil) y Acra (Ghana), países que han mantenido canales más abiertos con la AES. La secuencia de visitas sugiere un esfuerzo coordinado de Benín para reconstruir puentes con sus vecinos del Sahel, al tiempo que reafirma su alineamiento con las posiciones moderadas de la CEDEAO.

El gesto de Benín se produce en un momento en que varias capitales de la región intentan recomponer el tablero diplomático, ante el creciente peso de la AES como bloque alternativo y la progresiva retirada de la influencia francesa del Sahel.

El director de la Oficina Central de Investigaciones Judiciales (BCIJ) de Marruecos, Cherkaoui Habboub, ha revelado que 130 ciudadanos marroquíes combaten actualmente en organizaciones terroristas en África, principalmente en el Sahel y África Occidental. La declaración, realizada el 1 de junio de 2026 en una entrevista al diario Al Ahdath Al Maghribiya, expone las fragilidades internas del reino alauí en su lucha antiterrorista y el riesgo de desbordamiento hacia el norte de África y España.

Habboub advirtió de que la amenaza no se limita a los combatientes desplazados, sino que se extiende a la radicalización exprés de menores dentro de Marruecos, un fenómeno que calificó de “nuevo desafío” para los servicios de seguridad. La cifra de 130 combatientes, aunque modesta en términos absolutos, refleja la persistencia de redes de reclutamiento y la permeabilidad de las fronteras en una región donde la inestabilidad es creciente.

Expertos en seguridad consultados señalan que la presencia de marroquíes en grupos como el Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS) o JNIM (vinculado a Al Qaeda) convierte al Sahel en un vivero de combatientes experimentados que podrían regresar a Marruecos o infiltrarse en el sur de Europa. España, por su proximidad geográfica y la intensa cooperación antiterrorista con Marruecos, sigue siendo un objetivo potencial si la presión migratoria y yihadista se intensifica.

El director del BCIJ insistió en que Marruecos actúa como “baluarte regional” contra el terrorismo, pero la propia dimensión de la diáspora combatiente revela grietas en el control interno. “Luchamos contra el terrorismo en el extranjero para proteger nuestras propias ciudades”, ha declarado Habboub, sin precisar si los combatientes marroquíes han sido identificados en operaciones concretas o si existe un plan de repatriación.

La noticia llega en un contexto de competencia diplomática entre Marruecos y España por la influencia en el Sahel, donde ambos países despliegan estrategias de cooperación militar y desarrollo. Mientras Rabat ofrece sus servicios de inteligencia a los países vecinos, Madrid teme que una desestabilización del norte de África pueda generar flujos migratorios descontrolados y células dormidas en suelo español. El Ministerio del Interior español sigue con atención el fenómeno, según fuentes del departamento.

Por ahora, la cifra de 130 combatientes marroquíes es la primera estimación oficial de Rabat en años, y supone un reconocimiento implícito de que la amenaza yihadista no solo viene de fuera, sino que también se nutre de estructuras internas.

El aparato de seguridad de Camerún ha experimentado un giro estratégico de calado: Yaundé ha ido reemplazando paulatinamente a sus tradicionales asesores israelíes por consejeros estadounidenses, tanto en labores de inteligencia como en la protección personal del presidente Paul Biya, de 93 años, según ha podido constatar la prensa africana.

Durante décadas, Israel fue el socio privilegiado de Camerún en materia de seguridad. El país centroafricano, situado en una zona clave del Sahel y en el flanco sur del Mediterráneo, mantenía vínculos estrechos con los servicios israelíes, que formaban a sus cuerpos de élite y asesoraban en la lucha contra el terrorismo de Boko Haram y los grupos separatistas de las regiones anglófonas.

Un relevo silencioso

La transición ha sido gradual pero constante. Fuentes diplomáticas consultadas indican que Washington ha incrementado su presencia de forma discreta desde 2023, ofreciendo formación, equipos de vigilancia y asesoramiento en contrainteligencia. Empresas privadas de seguridad estadounidenses han comenzado a cubrir también la protección presidencial, un terreno que antes ocupaban exclusivamente firmas israelíes como la veterana International Security and Defence Systems (ISDS).

El giro responde a varios factores. Por un lado, Camerún busca diversificar sus alianzas en un contexto de creciente inestabilidad regional, donde la influencia rusa avanza en países vecinos como la República Centroafricana. Por otro, EE.UU. considera a Camerún un socio estratégico para contener la expansión yihadista en el Sahel y para controlar las rutas migratorias hacia Europa.

Implicaciones para la seguridad regional

Este cambio de orientación se produce en un momento delicado. La región del Sahel vive una oleada de golpes de Estado que ha llevado a países como Malí, Burkina Faso y Níger a romper sus lazos con Francia y acercarse a Rusia. Camerún, sin embargo, se mantiene firme en la órbita occidental, y la apuesta por Washington refuerza su papel de aliado fiable frente a la inestabilidad.

Para España, Camerún es un país de interés prioritario por dos razones. En primer lugar, es un nodo energético: por sus costas transita una parte significativa del gas natural licuado que Europa importa, y la empresa española Naturgy mantiene participaciones en proyectos de extracción en sus aguas. En segundo lugar, la inestabilidad en el Sahel afecta directamente a las rutas migratorias hacia las islas Canarias, que en los últimos años han registrado flujos crecientes de migrantes procedentes de esa región.

Según fuentes del Ministerio de Defensa camerunés, la colaboración con Estados Unidos se ha intensificado en la lucha contra Boko Haram y el Estado Islámico en África Occidental, con intercambios de inteligencia en tiempo real y apoyo logístico. El relevo de los asesores israelíes no ha sido traumático, pero marca un hito en la reconfiguración de las alianzas en una de las zonas más volátiles del continente.

Dos ataques con drones en la región de Kordofán, en Sudán, han dejado cerca de 70 víctimas mortales, según informaron el domingo una ONG local y un responsable de la zona. Los bombardeos, ocurridos el viernes y el sábado, se enmarcan en uno de los frentes más violentos de la guerra civil que desangra el país desde hace más de un año.

57 muertos el viernes y 10 el sábado

El primer ataque, perpetrado el viernes, causó 57 muertos, mientras que el segundo, el sábado, elevó la cifra en 10 víctimas. Las autoridades locales y organizaciones humanitarias han denunciado la falta de asistencia médica en la región, donde los hospitales han sido parcialmente destruidos por el conflicto.

La guerra civil sudanesa, que enfrenta al Ejército regular con las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido, ha provocado una de las peores crisis humanitarias del mundo, con más de ocho millones de desplazados y una hambruna que amenaza a millones de personas en varias regiones del país.

Kordofán, escenario de combates encarnizados

La región de Kordofán, rica en recursos naturales y estratégica por su posición en el centro de Sudán, ha sido escenario de combates encarnizados desde el estallido de la guerra en abril de 2023. El control de la zona permite el acceso a las rutas que conectan Jartum con las regiones occidentales de Darfur, también afectadas por la violencia.

Los ataques con drones, una táctica empleada por ambas partes del conflicto, han multiplicado las víctimas civiles en los últimos meses. La comunidad internacional, que ha mediado en varias rondas de negociaciones, no ha logrado hasta ahora un alto el fuego duradero.

La concentración del poder en torno a la figura del presidente maliense Assimi Goïta aumenta los riesgos de inestabilidad en el Sahel, según advierten los politólogos Salah Ben Hammou y Hiba Naciri. El análisis, recogido por la prensa africana, subraya que la toma de decisiones en Bamako se articula cada vez más en torno a la lealtad personal y no a los intereses nacionales o militares.

Una deriva autoritaria en el Sahel

Desde que Goïta llegó al poder mediante un golpe de Estado en 2021, Mali ha experimentado un progresivo aislamiento internacional y un alejamiento de sus aliados tradicionales, como Francia. El país se ha apoyado en mercenarios del grupo Wagner, ahora integrado en el aparato de seguridad ruso, para contener a los grupos yihadistas que asolan la región. Sin embargo, la personalización del poder, según los analistas, debilita las instituciones y facilita futuras asonadas militares.

El poder se concentra alrededor de un solo dirigente, aumentando los riesgos políticos.

Ben Hammou y Naciri, especialistas en gobernanza africana, apuntan que este modelo de liderazgo personalista ya ha provocado crisis en otros países del Sahel, como Burkina Faso o Níger, donde los golpes de Estado se han sucedido. La falta de contrapesos y de toma de decisiones colegiada convierte al régimen maliense en vulnerable a fracturas internas.

Implicaciones para España y la Unión Europea

La inestabilidad en Mali preocupa especialmente a España, por su proximidad geográfica y el impacto en los flujos migratorios hacia Canarias. La Unión Europea mantiene una misión de entrenamiento militar en el país, aunque su efectividad se ha visto reducida por las tensiones diplomáticas con la junta. Mientras, la influencia de Rusia se consolida en la región, desplazando a los socios europeos. La fragmentación del poder en el Sahel abre una ventana de oportunidad para grupos yihadistas y redes de tráfico ilícito, según los expertos.

Para los politólogos, la única salida estable pasa por una transición inclusiva que diluya la concentración de poder en Goïta y fortalezca las instituciones civiles. Sin embargo, las próximas elecciones previstas para 2027 no parecen, por ahora, capaces de garantizar un cambio de rumbo.

La escalada de violencia en el Sahel ha dado un nuevo y preocupante giro. Existen indicios sobre el presunto uso de armas a sub-municiones de origen ruso en Mali. Este hecho, que se enmarca en la creciente presencia militar e influencia de Moscú en la región, ha despertado de inmediato las alarmas en los centros de análisis de seguridad españoles, dado el interés estratégico que el Sahel tiene para el país.

Las armas a sub-municiones, prohibidas por más de un centenar de países en virtud de la Convención de Oslo de 2008, están diseñadas para liberar múltiples bombas más pequeñas sobre un área extensa. Su uso genera un grave riesgo para la población civil, ya que una parte significativa de estos artefactos no detona en el impacto y permanece como mina terrestre durante años. La revelación se produce en un contexto de auge de la violencia yihadista y de lucha por el control territorial en el país del Sahel central.

Implicaciones para la seguridad española

España sigue con extrema atención la evolución de la crisis en el Sahel, una región considerada como el principal foco de inestabilidad para la seguridad nacional. Las consecuencias directas para el país son múltiples: desde el incremento de las presiones migratorias hacia las costas canarias hasta la potencial amenaza terrorista que representan los grupos armados que operan en la zona, que utilizan las rutas del desierto para trasladar combatientes y recursos.

Fuentes del Ministerio de Defensa español han señalado que «cualquier escalada en la zona del Sahel es seguida con máxima preocupación por los servicios de inteligencia». La posible implicación de material bélico ruso en el conflicto maliense añade una nueva dimensión geopolítica a la crisis. Moscú ha ido consolidando su influencia en la región mediante acuerdos con gobiernos del área, en particular con la junta militar de Malí, a través de la controvertida presencia de mercenarios del grupo Wagner, ahora bajo el paraguas del Ministerio de Defensa ruso bajo la denominación Africa Corps.

Una escalada que preocupa a la comunidad internacional

La presunta utilización de armamento no convencional en el conflicto maliense ha sido condenada por diversas organizaciones de derechos humanos. La ONU, a través de su Misión de Estabilización en Malí (MINUSMA), que concluyó su retirada en 2023, ya había documentado en el pasado graves violaciones del derecho internacional humanitario por todas las partes del conflicto. La posible introducción de armas a sub-municiones elevaría el nivel de brutalidad del conflicto y complicaría aún más cualquier perspectiva de diálogo político.

España mantiene destacamentos militares en el marco de la misión de entrenamiento de la UE en Malí (EUTM Malí), aunque la misión cesó sus operaciones en el país en 2024 debido a las tensiones entre la junta y la comunidad internacional. No obstante, la cooperación con países vecinos como Níger o Senegal sigue siendo clave en la estrategia antiterrorista y de control migratorio. La revelación de esta semana refuerza la tesis de que el Sahel se está convirtiendo en un escenario de confrontación indirecta entre potencias, con consecuencias directas para la seguridad de los países del sur de Europa.

El bloguero maliense Aziz Maïga, conocido en las redes como ‘Aziz Maïga no miente’ y alineado con la junta militar de Malí, fue arrestado en Abiyán el pasado 3 de mayo y puesto en detención provisional algo menos de un mes después, según informaron fuentes judiciales marfileñas. Se desconocen los cargos exactos, aunque la investigación se centra en sospechas de espionaje e injerencia en los asuntos internos de Costa de Marfil.

Un mes de arresto antes de la detención formal

Maïga, que acumula decenas de miles de seguidores en las plataformas digitales, fue detenido en la capital económica marfileña a principios de mayo. Durante casi un mes permaneció retenido sin que trascendieran los motivos de su captura. Finalmente, el 29 de mayo, tras ser interrogado por las autoridades, un juez ordenó el ingreso en prisión provisional. La decisión se produce en un contexto de creciente tensión diplomática entre Malí y Costa de Marfil, que han mantenido posiciones enfrentadas sobre la situación sociopolítica en el Sahel.

El activista se había destacado por su defensa de la junta militar que gobierna Malí desde el golpe de Estado de 2020 y por sus críticas a los gobiernos vecinos, especialmente a Costa de Marfil, al que acusa de albergar a grupos opositores malienses. Su arresto ha generado reacciones en la blogosfera regional, donde sus seguidores denuncian una persecución política, mientras que los medios marfileños subrayan que la justicia actúa con independencia.

Tensión en el Sahel y trasfondo diplomático

El caso refleja la compleja red de rivalidades en el Sahel, donde Malí, gobernado por una junta militar, mantiene relaciones tensas con sus vecinos costeros, como Costa de Marfil, alineados con la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO). La detención de Maïga podría endurecer aún más las posiciones entre Bamako y Abiyán, que ya han roto relaciones diplomáticas en el pasado. Por el momento, no hay información sobre una posible solicitud de extradición o la intervención de la embajada maliense en el proceso judicial.

El presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, ha declarado que África debe «olvidar la democracia», una afirmación que trasciende la mera provocación y se inscribe en la creciente tendencia autoritaria en la región del Sahel. La declaración, realizada el 29 de mayo de 2026, refleja el deterioro de la gobernanza democrática en una zona castigada por la violencia yihadista y los golpes de Estado.

Traoré, que llegó al poder mediante un golpe militar en 2022, forma parte de una nueva generación de líderes sahelianos que han roto con los modelos occidentales de gobierno. Su mensaje resuena especialmente en un contexto donde países como Malí y Níger también han visto erosionadas sus instituciones democráticas bajo el peso de la inseguridad y la injerencia extranjera.

Una crisis de legitimidad en el Sahel

La democracia liberal, promovida durante décadas por potencias como Francia, es percibida por amplios sectores de la población como un sistema ineficaz para garantizar seguridad y desarrollo. En los últimos cinco años, la región ha sufrido al menos ocho golpes de Estado, y la presencia de grupos yihadistas vinculados a Al Qaeda y al Estado Islámico ha desbordado a los Estados centrales.

Las declaraciones de Traoré no son un hecho aislado, sino que forman parte de un discurso que gana adeptos entre líderes africanos que buscan modelos alternativos. «Democracia en África… olvidar», habría afirmado el mandatario burkinés, según fuentes presentes en el acto. La frase, cargada de simbolismo, ha sido recibida con alarma en las capitales occidentales.

Implicaciones para España y Europa

La deriva autoritaria en el Sahel tiene consecuencias directas para la seguridad de España. La región es un punto crítico en las rutas migratorias hacia Canarias y un foco de expansión del yihadismo. Madrid ha intentado mantener una política de cooperación con países como Burkina Faso, pero la retórica de Traoré complica cualquier acercamiento basado en valores democráticos.

Francia, antigua potencia colonial, ha visto cómo su influencia se desplomaba en la zona, mientras que actores como Rusia y Turquía ganan terreno ofreciendo apoyo militar sin condiciones políticas. En este escenario, el llamado a «olvidar la democracia» supone un desafío directo a la estrategia de la Unión Europea, que vincula la ayuda al desarrollo con el respeto a los derechos humanos y el Estado de derecho.