El pasado 15 de junio, se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el “Acuerdo de 4 de junio de 2026, de la Comisión de Selección a la que se refiere el artículo 305 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por el que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plazas de alumnos y alumnas de la Escuela Judicial para su posterior acceso a la Carrera Judicial por la categoría de juez/a, y plazas de alumnos y alumnas del Centro de Estudios Jurídicos, para su posterior ingreso en la Carrera Fiscal por la categoría de Abogado/a Fiscal”.
Detrás de tan extenso título se encuentra la “macroconvocatoria”, en palabras del ministro de Justicia, Félix Bolaños, a oposiciones a la carrera de juez y fiscal. El Gobierno oferta, así, 700 plazas, 575 de las cuales serán para jueces y fiscales por oposición y 125 para la vía de acceso por el cuarto turno. Esta vía de acceso, muy criticada por los sectores más corporativos del poder judicial, permite la incorporación como magistrados a juristas “de prestigio” que demuestren más de 10 años de ejercicio profesional.
El mismo Bolaños anunció en su cuenta de X esta convocatoria como “la mayor transformación de la justicia en décadas”. Sin embargo, aumento de la cantidad no necesariamente es igual a cambio de la cualidad. Es decir, nada garantiza que aumentar los efectivos encargados de impartir justicia haciendo cumplir el imperio de la ley vaya a transformar algunos de los problemas que arrastra la justicia española, que no sólo tienen que ver con la insuficiencia de recursos o de personal.
Ni siquiera la posibilidad de aumentar la presencia de magistrados por el cuarto turno abre necesariamente la puerta a la entrada de visiones que rompan el corporativismo que impide la autocrítica y la transformación de este rígido poder. Tampoco garantiza per se mayores dosis de independencia e imparcialidad. A modo de ejemplo, el célebre Juan Carlos Peinado, magistrado instructor en la causa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, se incorporó a la carrera judicial por el extinto tercer turno, derogado en 2003, una vía directa similar al cuarto turno por la que “juristas de reconocida competencia” podían pasar a ser jueces, sin realizar oposiciones, si cumplían con seis años de ejercicio profesional.
En un contexto en que la justicia está en el ojo del huracán por el protagonismo –voluntario o involuntario– de ciertos jueces en la vida política española, cuyas decisiones condicionan el decurso de una agenda política plagada de juicios a miembros del poder político y sus familiares, el acceso a la carrera judicial reviste una importancia crucial. Una importancia que trasciende el mero debate sobre la mejora de las oportunidades profesionales, o de los recursos al servicio de los ciudadanos, y entra de lleno en el plano político.
Aunque el poder judicial trate de desvincularse del estigma de la politización de la justicia, lo cierto es que los jueces también son ciudadanos que, en su aplicación de la ley, pueden estar contaminados de sus propios sesgos, valores y prejuicios que los llevan a determinada interpretación de las leyes existentes. A quienes niegan la ideología presente en los impartidores de justicia, que en ocasiones puede comprometer la independencia e imparcialidad en el ejercicio de su profesión, habría que recordarles los vasos comunicantes entre el poder político y el poder judicial que se expresa en las posibilidades de promoción a puestos de poder institucional una vez dentro de la carrera judicial.
Uno de esos elementos es el origen de clase, que condiciona no sólo las posibilidades de acceso a unas oposiciones altamente disuasorias para quienes no se pueden permitir dedicar un promedio de casi 5 años de estudio exclusivo sin remuneración, y con los gastos añadidos de pagar a preparadores que cobran cantidades de dos ceros mensuales en sobres que no suelen declarar a Hacienda. No extraña, por tanto, que el 96% de quienes realizaron oposiciones en la promoción 2025-2026 contaran con la ayuda de sus padres para poder estudiar.
Garantizar la democratización del acceso a las carreras judicial y fiscal, mediante la promoción de condiciones estructurales de igualdad de oportunidades, mitigando las desigualdades sociales preexistentes más allá del formalismo vacío de las “oposiciones libres basadas en los principios del mérito y la capacidad”, es un paso imprescindible para superar la justicia de clase que todavía padecemos en el Estado español.
Para ello es perentorio que las iniciativas recogidas en el “Anteproyecto de Ley Orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal” que el Consejo de Ministros aprobó el 21 de enero de 2025 y que actualmente se encuentra en fase de tramitación en el Congreso, puedan ir adelante en una Ley Orgánica que siente las bases de una democratización -siempre tímida e insuficiente si no va de la mano de transformaciones de la correlación de fuerzas estatales y del poder económico, como sabemos– que permita la entrada de aire fresco a uno de los poderes del Estado que se presenta como garante de derechos y libertades pero que aparece, con demasiada frecuencia, como un freno para los cambios sociales.
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