El Gobierno de Nigeria ha anunciado este viernes la repatriación de más de 1.000 ciudadanos nigerianos que residen en Sudáfrica, ante el recrudecimiento de la violencia xenófoba en varias localidades sudafricanas. La medida, confirmada por el Ministerio de Asuntos Exteriores nigeriano, busca garantizar la seguridad de sus nacionales ante las agresiones registradas en las últimas semanas.

Las protestas contra inmigrantes, organizadas desde hace meses en distintas regiones de Sudáfrica, han derivado en ataques contra comercios y viviendas de ciudadanos extranjeros, especialmente nigerianos. Según fuentes diplomáticas nigerianas, los repatriados lo harán de forma voluntaria y recibirán asistencia del Gobierno para su retorno.

La crisis ha provocado un enfriamiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países africanos. Nigeria, la mayor economía del continente, ha convocado al embajador sudafricano para trasladarle su protesta formal y exigir medidas que protejan a sus ciudadanos en territorio sudafricano.

Sudáfrica, por su parte, ha expresado su compromiso de garantizar la seguridad de todos los residentes legales. El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, ha condenado la violencia y ha instado a la calma, en un contexto de alta tensión social y desempleo que alimenta el discurso contra los inmigrantes.

La Unión Africana ha mostrado su preocupación por el deterioro de la convivencia en una de las naciones más industrializadas del continente. La repatriación masiva supone un desafío logístico para Nigeria, que ya afronta presión migratoria en otras regiones, mientras que España, por su papel en el Sahel, sigue con atención las derivadas de este conflicto en la estabilidad regional.

La administración Trump ha propuesto una flexibilización de las normas federales sobre cenizas de carbón, un residuo tóxico resultante de la combustión en plantas eléctricas. La medida, anunciada el 30 de mayo de 2026, permitiría a los estados asumir el monitoreo y la aplicación de la normativa, eludiendo los estándares nacionales vigentes.

Una delegación de competencias cuestionada

La propuesta busca reducir la carga regulatoria federal y otorgar mayor autonomía a los estados en la gestión de estos residuos. Sin embargo, organizaciones ambientalistas han mostrado una fuerte oposición. Según señalaron en un comunicado conjunto, la medida podría debilitar la protección de las comunidades cercanas a los vertederos de cenizas, expuestas a metales pesados como arsénico, mercurio y plomo.

Si los estados asumen el control, se corre el riesgo de que se rebajen los requisitos mínimos de seguridad, lo que pondría en peligro la salud pública y el medio ambiente, especialmente en aquellas regiones con menos recursos o voluntad política para hacer cumplir la ley.

La Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA, por sus siglas en inglés) defiende que la flexibilización permitirá una gestión más eficiente adaptada a las realidades locales. No obstante, los críticos advierten de que la medida abre la puerta a una carrera hacia la baja en la que los estados podrían competir por atraer industrias reduciendo sus exigencias ambientales.

El legado de la regulación Obama

Las actuales normas federales sobre cenizas de carbón se aprobaron en 2015 durante la administración de Barack Obama, tras el vertido masivo de Kingston (Tennessee) en 2008, que contaminó ríos y obligó a evacuar viviendas. La propuesta de Trump representa un giro significativo respecto a aquella regulación, al trasladar la responsabilidad a los estados sin garantizar unos estándares mínimos comunes.

La medida se enmarca en la política de desregulación energética de la administración Trump, que ya ha suavizado límites a emisiones de centrales de carbón y ha impulsado la producción de combustibles fósiles. El debate sobre las cenizas de carbón afecta a cientos de vertederos en todo el país, donde se acumulan décadas de residuos de la generación eléctrica.

La Asamblea Nacional de Francia ha votado este 28 de mayo de 2026 la derogación del Código Negro, una normativa promulgada en 1685 que regulaba la esclavitud en las colonias francesas y que, pese a la abolición de la esclavitud en 1848, nunca había sido formalmente eliminada del ordenamiento jurídico.

La votación ha reabierto el debate sobre las reparaciones históricas en un país que, según los críticos, aún no ha asumido plenamente su pasado colonial. El código, redactado bajo el reinado de Luis XIV, establecía el estatus legal de los esclavos y definía castigos, al tiempo que ordenaba su bautismo y catequización. Su derogación supone un gesto simbólico hacia las antiguas colonias africanas y caribeñas, donde la memoria del código sigue siendo motivo de profundo malestar.

Los legisladores franceses votaron para derogar el ‘Código Negro’, una ley que regulaba la esclavitud en las colonias francesas y que nunca había sido formalmente abolida, incluso después de la abolición de la esclavitud en 1848.

La decisión parlamentaria, impulsada por diputados de izquierdas y ecologistas, no incluye, sin embargo, medidas concretas de compensación económica. Organizaciones de la sociedad civil llevaban años reclamando la derogación como paso previo a un proceso más amplio de reconocimiento y reparación, que ahora queda pendiente de futuros debates legislativos.

Francia se suma así a otros países que han revisado sus leyes coloniales, en un contexto de creciente escrutinio sobre el legado del colonialismo europeo en África y el Caribe. La derogación del Código Negro, pese a su carácter simbólico, no implica automáticamente cambios en la política exterior de París ni en sus relaciones poscoloniales, pero abre una vía para que el país afronte capítulos oscuros de su historia que durante décadas han permanecido sin revisión oficial.