Ambas organizaciones recurren ante la Audiencia Nacional el acuerdo aprobado por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente el pasado 22 de junio a instancias de Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria, pese a la oposición y el criterio científico del propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y que abre la puerta a intensificar la caza de una especie que sigue sin alcanzar los mínimos de viabilidad exigidos por la ciencia.
Ecologistas en Acción y el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico han presentado hoy ante la Audiencia Nacional un recurso contra el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de 22 de junio, que declaró “favorable” el estado de conservación del lobo ibérico (Canis lupus) en las regiones biogeográficas atlántica y mediterránea. El acuerdo se aprobó a propuesta de Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria, con el voto en contra del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
“El propio informe técnico del ministerio reconoce que la ficha impuesta por estas cuatro comunidades autónomas ‘adolece de justificación científica’. No estamos ante un desacuerdo técnico legítimo, sino ante la imposición de una mayoría política sobre la evidencia científica. Que una especie deje de estar protegida no puede decidirse a golpe de votos autonómicos, sino con datos”, ha declarado Theo Oberhuber, portavoz de Ecologistas en Acción.
“Detrás de este posicionamiento de las comunidades autónomas subyace el propósito de matar lobos con cobertura legal. Ya entre 2025 y principios de 2026, Cantabria mató más lobos de los que marcó su propio plan, y Asturias abatió decenas de ejemplares, entre ellos hembras gestantes y cachorros. Hoy mismo Asturias publica su llamado “plan de gestión”, una estrategia de aniquilación que pretenden blindar con cobertura de decreto”, ha afirmado Ernesto Díaz, portavoz del Fondo para la Protección del Lobo Ibérico.
El lobo ibérico es una especie clave para el equilibrio de los ecosistemas de la Península, ya que regula las poblaciones de ungulados silvestres y contribuye al control de enfermedades como la tuberculosis bovina. Pese a ello, su población —estimada en 333 manadas— sigue lejos de las 500 unidades reproductoras que la comunidad científica internacional considera necesarias para garantizar su viabilidad genética a largo plazo. Buena parte de su área de distribución histórica permanece sin recuperarse, y la población de Sierra Morena, la más meridional de Europa occidental, se extinguió hace apenas una década. Sin esa expansión territorial, advierten las organizaciones, cualquier declaración de “buen estado de conservación” es, cuanto menos, imprudente.
“El propio Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han dejado claro que no se puede autorizar la extracción de una especie mientras su estado de conservación sea desfavorable. Si se remite este informe sexenal a Bruselas, contrario a la mejor evidencia científica, ese único obstáculo legal frente a la caza del lobo desaparece de la noche a la mañana.”, han señalado Jaime Doreste Hernández y Sara González Merinero, letrados de de las organizaciones recurrentes.
“Frente a estrategias de desinformación que llaman ‘controles de población’ a lo que es simplemente matar lobos, la sociedad civil tiene que seguir usando todas las herramientas legales a su alcance. Los tribunales han demostrado ser, una vez más, el último dique de contención frente a decisiones que la ciencia no respalda”, ha añadido Oberhuber.
“Vamos a seguir en los tribunales las veces que haga falta. Es lo que le debemos a una especie perseguida durante siglos y que, por fin, empezaba a recuperar, muy tímidamente, solo una parte de lo que arrebatamos”, ha concluido Ernesto Díaz.
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