El Ayuntamiento de Maranchón ha aprobado la licencia para la construcción de la macrogranja de gallinas Cabezo Grande-El Morenal en la pedanía de Turmiel, a pesar de la reiterada oposición de sus vecinos, contrarios a este proyecto y a otras cuatro macrogranjas que se pretenden instalar en este término municipal.

La Plataforma para la Defensa del Valle y Hoces del Mesa recogió más de 150 firmas en contra, lo que representa la práctica totalidad de los habitantes de Turmiel. Asimismo, tanto la Plataforma, como Ecologistas en Acción y numerosos vecinos han presentado alegaciones y recursos contra la macrogranja, que han sido sistemáticamente ignorados por las Administraciones implicadas y el Ayuntamiento de Maranchón. También se han realizado concentraciones y reuniones informativas donde ha quedado clara la voluntad popular.

Esta situación pone de manifiesto una preocupante falta de atención a la posición expresada de forma prácticamente unánime por la población local, cuya oposición no ha tenido reflejo efectivo en las decisiones adoptadas ni en el proceso administrativo seguido hasta el momento. Resulta especialmente grave que se continúe avanzando en la autorización de estos proyectos sin incorporar de forma efectiva la voz de los vecinos en la toma de decisiones.

La macrogranja Cabezo Grande-El Morenal contará con 64.000 gallinas y perjudicará la calidad de vida de los vecinos de Turmiel con malos olores, trasiego de vehículos pesados y posibles contaminaciones de los acuíferos que pueden llegar a afectar al río Mesa. Hay que tener en cuenta que el promotor, Aviagen, ha presentado otros cuatro proyectos similares en el término municipal, sin que se hayan tomado en cuenta el efecto sinérgico y acumulativo de las cinco macrogranjas. Se ha recurrido a la clásica práctica de fragmentar el proyecto en cinco para facilitar la aprobación de la evaluación de impacto ambiental.

Todo el término municipal forma parte de la Zona Especial de Conservación y Zona de Especial Protección para las Aves “Parameras de Maranchón, Hoz del Mesa y Aragoncillo”, integrada en la Red Natura 2000. El área constituye un enclave de gran valor ecológico, con hábitats esteparios, zonas de reproducción de aves rapaces (águila real, cernícalo primilla, búho real…) y ecosistemas asociados a la paramera de la comarca molinera y al corredor biológico del Alto Tajo.

La instalación de las macrogranjas vacía de contenido esta zona protegida, ya muy castigada por numerosos parques eólicos, que además ha sido recientemente incluida en el Plan de Recuperación de la Alondra Ricotí, especie en peligro de extinción, que está tramitando la Junta de Castilla-La Mancha.

Estos proyectos son incompatibles con el modelo de protección de este área, su entorno natural y el modelo tradicional de desarrollo rural. No se descarta la adopción de medidas legales contra la aprobación del proyecto por parte del Ayuntamiento de Maranchón.

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Agricultores y vecinos de la pedanía de Usanos y Ecologistas en Acción han expresado su preocupación por la construcción de los proyectos fotovoltaicos Oliva en terrenos de muy alta biodiversidad que están cerca de nidos de águila imperial.

Las cinco plantas fotovoltaicas, con una extensión total de 235 hectáreas, se están construyendo en Usanos, dentro del término municipal de Guadalajara, en terrenos con nidos de águila imperial a una distancia de entre uno y dos kilómetros. Se trata de una especie en peligro de extinción en Castilla-La Mancha. También están próximos nidos de águila real, especie catalogada como vulnerable.

Los estudios científicos recomiendan dejar una distancia de seguridad de al menos tres kilómetros con los nidos. Además en la zona hay aves esteparias protegidas como la avutarda, el sisón, la ganga ortega, cernícalos y los aguiluchos cenizo y pálido. Estudios del CSIC confirman que en Usanos existe un grupo reproductor de avutardas y que la calidad del hábitat es elevada, constituyendo un lugar de dispersión, migración y reproducción de la especie en la zona centro.

Los proyectos se aprobaron por el Ministerio de Transición Ecológica, a pesar de que la Junta de Castilla-La Mancha subrayaba en sus informes la elevada sensibilidad ecológica de la zona, y de que la propia Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara ha llegado a proponer la zona como ZEPA para su integración en la red Natura 2000.

Asimismo cabe recordar que, tanto en Usanos como en municipios colindantes, se han desestimado proyectos similares, que distan apenas un kilómetro, por razones medioambientales, por lo que cabe preguntarse por qué el Ministerio ha dado el visto bueno a los proyectos Oliva, cuyo promotor es Solaria.

Estos colectivos advierten que la aprobación de este proyecto podría obedecer a una falta de coherencia en los criterios de evaluación ambiental, y que se podrían haber vulnerado los principios de prevención y precaución que establece la normativa medioambiental. Asimismo, se ha producido una fragmentación artificial del proyecto al dividirlo en cinco plantas para facilitar su aprobación, de manera que el Ministerio no ha tenido en cuenta el impacto acumulativo y sinérgico.

Solicitan a las administraciones competentes la revisión exhaustiva del expediente, transparencia en los criterios aplicados y, en su caso, la adopción de medidas cautelares que garanticen la protección efectiva del entorno natural y el cumplimiento estricto del principio de legalidad. Demandan la actuación inmediata, con todas las medidas a su alcance, de la Junta de Castilla-La Mancha y de la Fiscalía de Medio Ambiente para paralizar las obras, a la vista del evidente daño medioambiental que se está produciendo.

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El Movimiento Ibérico Antinuclear, Ecologistas en Acción y otras organizaciones ecologistas y sociales emprenden movilizaciones para exigir la jubilación de las centrales nucleares más antiguas y el fin definitivo de la energía nuclear en España en 2035. Estas actuaciones coinciden con el 40 aniversario, el próximo domingo, 26 de abril, de la tragedia de Chernóbil, en Ucrania, la mayor de la historia.

Han convocado una manifestación el 23 de mayo, sábado, ante el Ministerio de Transición Ecológica en Madrid. La convocatoria exige el cumplimiento estricto del cierre de la central Almaraz en noviembre de 2027 y la clausura ordenada y planificada del resto de plantas hasta alcanzar el fin definitivo de la energía nuclear en España para 2035 por razones de seguridad, económicas y por los riesgos que representan en caso de conflictos armados o de catástrofes naturales.

La energía nuclear es costosa, insegura e innecesaria. Encarece el precio de la luz, es incompatible con una gestión eficiente de una red eléctrica basada en renovables y desvía fondos que deberían ir a la transición energética. Denuncian además que son fundamentales para que las empresas propietarias Iberdrola, Endesa y Naturgy mantengan el control sobre el mercado eléctrico y sobre la política energética del estado.

Sin ir más lejos, la central nuclear de Trillo dejó de operar 28 días (del 8 de febrero al 8 de marzo de 2026) debido a que la “la alta fiscalidad en ocasiones como la presente (de elevada generación originada por la sucesión de borrascas) las nucleares quedan fuera del mercado eléctrico”, según hicieron público. Luego entró en recarga del 9 al 30 de marzo y siguió parada del 31 de marzo al 17 de abril. Más de 2 meses sin aportar energía, que no ha sido necesaria, porque funcionar le salía demasiado caro.

Las grandes empresas eléctricas han desplegado una campaña publicitaria sin precedentes para forzar la prórroga de sus plantas y presionar al Ministerio. Las organizaciones recuerdan que el sector nuclear español sigue dependiendo del uranio ruso para funcionar, y que no existe una respuesta satisfactoria a los residuos nucleares, mientras persisten cementerios nucleares como El Cabril o residuos de alta actividad, como los del accidente nuclear de Vandellós I.

Cuarenta años después de la catástrofe de Chernobil, la zona de exclusión de 2.600 km² sigue siendo radiactivamente activa. En las ruinas del reactor 4 se conservan 400 kilogramos de plutonio, más de cien toneladas de combustible nuclear fundido y treinta y cinco de polvo radiactivo.

En 2022, durante cinco semanas, tropas rusas ocuparon las instalaciones, generando preocupación internacional por la refrigeración de las piscinas de combustible. En febrero de 2025, un impacto de dron abrió un agujero de 15 metros cuadrados en la cubierta exterior del nuevo sarcófago, provocando un incendio que se prolongó durante casi tres semanas. La restauración completa se prevé para 2030.

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