El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves 5 de junio una inversión de 700 millones de dólares para reactivar plantas de carbón y construir una terminal de exportación en California. El anuncio, realizado desde la Oficina Oval, forma parte de la agenda de soberanía energética que impulsa el mandatario republicano, centrada en el fomento de los combustibles fósiles domésticos.

Según fuentes de la Casa Blanca citadas por la prensa estadounidense, los fondos se destinarán a modernizar instalaciones carboníferas en varios estados y a desarrollar una nueva terminal portuaria en la costa californiana, con el objetivo de facilitar la exportación de carbón a mercados asiáticos. La medida supone un giro radical respecto a las políticas de la administración Biden, que apostaba por la transición energética y la reducción de emisiones.

California, gobernada por el Partido Demócrata y tradicionalmente contraria a la expansión de combustibles fósiles, podría oponerse al proyecto. Sin embargo, la competencia del Gobierno federal en materia de comercio internacional y puertos deja un estrecho margen de maniobra al Estado. La inversión supera los 700 millones de dólares, una cifra que, según analistas, refleja la apuesta de Trump por recuperar la relevancia del carbón en el mix energético estadounidense.

El anuncio se produce en un contexto de tensiones geopolíticas por la energía: mientras la Unión Europea acelera sus compromisos climáticos, Estados Unidos refuerza su papel como exportador de combustibles fósiles. La nueva terminal californiana competiría directamente con las rutas de exportación de carbón de Australia e Indonesia, principales proveedores del mercado asiático.

La Asamblea Legislativa de California, en Estados Unidos, aprobó el 1 de junio de 2026 un proyecto de ley que prohíbe a los menores de 16 años el uso de redes sociales sin el consentimiento explícito de sus padres o tutores. La medida, que obtuvo un respaldo unánime de 76 votos a favor y ninguno en contra, busca proteger a los menores de los posibles daños asociados a estas plataformas, como el acoso, la exposición a contenido inapropiado o la adicción digital.

Una cláusula polémica

Sin embargo, la ley incluye una cláusula que ha generado controversia entre defensores de las libertades civiles y organizaciones de la sociedad civil. El texto permite al fiscal general de California ampliar la definición de «plataforma cubierta» sin necesidad de una nueva votación del Legislativo. Esto significa que el fiscal podría incluir nuevas aplicaciones o servicios dentro del ámbito de la prohibición de forma unilateral, sin control parlamentario adicional.

Enterrada tras la votación 76-0 hay una cláusula que permite al fiscal general ampliar quién cuenta como plataforma cubierta sin que el Legislativo vuelva a votar.

La disposición ha sido criticada por grupos como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que advierten de un posible abuso de poder ejecutivo en un asunto que afecta a derechos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información.

California se suma así a otros estados estadounidenses que han impulsado restricciones al uso de redes sociales entre menores, en un contexto de creciente preocupación por la salud mental infantil y adolescente. No obstante, la inclusión de esta cláusula de ampliación sin control legislativo podría enfrentar desafíos judiciales por parte de la industria tecnológica y organizaciones de derechos digitales.