Cuba es un país paralizado desde que, el pasado diciembre, el presidente Trump amenazase con represalias a cualquier país que exportase petróleo a la isla. Un castigo colectivo ilegal según el derecho internacional con el que el mandatario estadounidense intenta doblegar al Gobierno cubano para que acepte sus condiciones en unas negociaciones erráticas.

Mientras tanto, el pueblo cubano sufre una crisis humanitaria agravada por décadas de bloqueo norteamericano, por políticas locales ineficaces y por el desplome del turismo desde la pandemia de COVID-19. Todo ello ha provocado el mayor éxodo de la historia reciente cubana. De acuerdo a las cifras oficiales, entre 2021 y 2024 más de 1,2 millones de personas han abandonado la isla.

Según una investigación del economista y demógrafo Juan Carlos Albizu-Campos, del Centro Cristiano para la Reflexión y el Diálogo en Cuba, la pérdida poblacional asciende hasta el 20%: unos 2,1 millones de personas. Uno de cada cinco cubanos. La mayoría, jóvenes de entre 25 y 40 años. Y muchos de los que no han logrado aún una vía para huir, no ven otro horizonte para mejorar sus vidas.

Por ahora solo pueden pensar en cómo «resolver» un día más. Aunque los apagones son la manifestación más evidente del colapso energético, la falta de combustible tiene múltiples consecuencias: los cortes de agua pueden durar días porque los depósitos funcionan con electricidad, como los repetidores de Internet y telefonía móvil; no hay apenas transporte público, por lo que se han tenido que reducir las jornadas laborales y suspender las clases universitarias; los agricultores han tenido que sustituir los tractores por los bueyes, se ha reducido la recogida de basuras…

Y muchos días ni siquiera hay gas para cocinar, así que muchas familias usan cocinas artesanales de carbón. Una de ellas es Emma Navarro, de 84 años. «Yo quisiera que hubiera un cambio, para mejor, como quiere todo el mundo, ¿no?», dice en su casa a las afueras de La Habana. Y, efectivamente, Cuba es un país paralizado a la espera de un cambio. Nadie se aventura a predecir cuál será.  

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Este reportaje se publicó originalmente en la revista de ‘La Marea’. Puedes conseguir un ejemplar y suscribirte en nuestro kiosco.

«Wilfing on the internet… is becoming a real problem…».

La profesora recita un texto durante la clase de inglés mientras camina de un lado a otro del aula. Los alumnos, abrigados con chaquetas e incluso con capucha por el frío invernal, repiten las frases al unísono, en voz baja.

«Most teenagers spend too much time in front of their computers…».

En la escuela de secundaria para chicos Rushdi Al Shamaa, situada a las afueras de Damasco, cada uno de los alumnos, de entre 13 y 15 años, carga a sus espaldas una historia atravesada por la guerra. «A causa de la guerra, yo y mi familia fuimos a Egipto», cuenta Kenan Al-Madany, de 13 años. Este año, con la caída del régimen de Al Asad, ha vuelto a Siria tras pasar una década en El Cairo. Ahora está en séptimo curso y le gusta sobre todo estudiar Inglés, Árabe, Matemáticas y Ciencias. En cambio, Historia y Geografía le cuestan más. Es un buen alumno, reconocen las profesoras. Él sueña con estudiar Medicina en el extranjero. «Me gustaría ir a Alemania, Estados Unidos o Egipto, y después regresar», dice convencido, pese a su corta edad.

Quien también sueña con un futuro fuera es Amer Al-Hilal, de 14 años, que actualmente cursa noveno en la misma escuela. Nació en Daraa, la cuna del levantamiento sirio en 2011, donde trató de estudiar, pese a los riesgos. «A veces no íbamos a la escuela porque era demasiado peligroso, ya que había francotiradores», recuerda. Finalmente, en 2018 su familia se trasladó a Damasco, donde encontró una mayor estabilidad para asistir a las clases. «Eres libre cuando hablas. Nadie irá a prisión por algo que ha dicho», dice ahora, aliviado tras la caída del régimen en diciembre de 2024. Amer quiere ser ingeniero y vivir en Australia.

Escuelas destruidas

Como le ocurrió a Kenan y a Amer, la guerra civil en Siria, que duró más de una década, truncó el acceso a la educación de millones de niños. Antes de 2011, la tasa de escolarización primaria rondaba el 97%, una de las más altas de la región. Actualmente, más de 2,4 millones de niños se encuentran sin escolarizar, según cifras de Unicef. Los datos del Ministerio de Educación sirio señalan que alrededor de 8.000 escuelas fueron dañadas o destruidas por la guerra, o convertidas en refugios para quienes perdieron sus hogares. Por este motivo, según Unicef una de cada tres no pudo reabrir al inicio de este curso escolar en septiembre.

Los desafíos también son políticos, ya que las escuelas deben adaptarse a los cambios educativos impulsados por el nuevo gobierno del HTS (Hayat Tahrir al Sham), liderado por el presidente Ahmed Al Sharaa. «Reformar los currículos es más difícil que cambiar una Constitución», reconoció el ministro de Educación, refiriéndose a la revisión de manuales de Historia y la eliminación de los contenidos ideológicos previos.

En el despacho de Huda, antigua profesora y ahora responsable del archivo y registro de datos del instituto, todavía hay libretas con el rostro de Bashar Al Asad en la cabecera. Los pupitres son antiguos, las puertas y paredes tienen partes gastadas, sin pintura, y las banderitas tricolor de esta nueva era –verde, blanco y negro, con tres estrellas rojas– llenan los pasillos, recordando todavía las celebraciones del primer aniversario de la caída de Al Asad.

Durante demasiado tiempo, dice Huda, el edificio ha estado abandonado. «Lleva 20 años descuidado. Nadie pintó la pared, nadie reparó nada en esta escuela. Sentimos que nuestra escuela es pobre», protesta. Ahora las profesoras –casi todas mujeres–, que han requerido de un permiso del Ministerio de Educación para poder hablar con la prensa, hablan aliviadas, con libertad, del largo período en el que ejercieron su trabajo bajo el régimen anterior. «El gobierno era muy rico, porque robaba. Por ejemplo, reparaban la puerta, y escribían en la factura que costaba, digamos, un millón. Y pagaban 100.000. Escribían facturas falsas y se metían el resto del dinero en los bolsillos», asegura.

Nuevos libros

La transformación que han vivido en el último año no solo se percibe en sus discursos, sino también en los detalles más cotidianos del aula. Los libros se reutilizaban curso tras curso, pero el cambio de gobierno ha propiciado una renovación casi completa. «Después de la liberación, el 90% de los libros son nuevos. Antes los alumnos solían conseguirlos de segunda mano, y fue así durante muchos años», cuenta Razan Soudan, la bibliotecaria de la escuela, que antes había ejercido de profesora de árabe y de asistente a la dirección.

Y no se trata solo de un cambio de papel: «Los libros de Historia incluían información falsa en los planes de estudio anteriores. Nombres erróneos de revolucionarios históricos, especialmente de Siria. Ahora, esta información ha sido ajustada, editada, y los nombres correctos se han añadido de nuevo», agrega Sheereen Ali Alkhalil, encargada de la supervisión de los alumnos. Por ejemplo, las clases de historia ya no glorifican el «Movimiento Correctivo» de 1970, cuando Hafez Al Asad, padre de Bashar, llegó al poder mediante un golpe militar. Ni la «Guerra de Liberación de Octubre» de 1973, la batalla contra Israel sobre los Altos del Golán.

Hoy los salarios han aumentado –de 400.000 a 1.200.000 libras, explican–, y perciben un intento de cambio. Pero nadie se atreve a medir resultados todavía. «Ha pasado solo un año desde la liberación. No podemos evaluar si avanzamos o retrocedemos», añade Sheereen. «Esta es la generación de la guerra. Son inteligentes, pero no se les preparó de la mejor manera», se lamenta. Lo que más preocupa a las profesoras es el hecho de que alrededor de 70 alumnos no asisten a las clases por estar trabajando, pese a que la escolarización a su edad todavía es obligatoria.

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BOGOTÁ // Lo último que ve Daniel Jaimes es el destello de un disparo. Se oscurece la tarde del 1 de mayo de 2021, se apaga su visión. El gas del proyectil lanzado por un agente policial rasga su garganta. Cae al suelo y siente que una parte de su cara se desprende del cuerpo. El cilindro de gas lacrimógeno impacta directamente sobre el lado derecho de su nariz, pulverizando los huesos de sus pómulos, rompiendo su tabique y los pisos orbitales “que son los huesos que sostienen los ojos”, desprendiendo el maxilar superior. Pierde diez piezas dentales. Su ojo derecho estalla. “Usted es para que estuviera muerto”, todavía repiten doctores y cirujanos.

Una lágrima gotea incesante bajo el pañuelo negro de tela que cubre ahora la parte derecha de su rostro, dice que es por la celulitis preseptal, una infección recurrente. “Pasé por tanto dolor desde el principio… tú viste cómo estaba. Esa lágrima es porque me duele, pero uno se acostumbra”, se resigna Daniel. Cinco años después del impacto –durante el mayor estallido social en Colombia– el dolor físico ya no lo define todo. “Soy una persona rota, no te lo voy a negar”. Silencio. “Sé que nunca voy a sanar del todo, pero soy terco: creo que con amor se puede tapar el sol”, narra el joven de 25 años, dejando ver una leve sonrisa.

Cinco años del estallido social: 5.340 casos de violencia policial

El 28 de abril de 2021, millones de colombianos se tomaron durante casi cuatro meses las plazas, calles y parques de todo el país en contra de la reforma tributaria del entonces presidente derechista, Iván Duque. Una reforma que ahogaba, aún más, a las poblaciones más afectadas por la crisis sanitaria del COVID-19. Las históricas marchas retomaban el eco del Paro Nacional de noviembre de 2019. Los reclamos de justicia social, mejoras económicas y sociales, el cese de los asesinatos contra líderes sociales pronto se mezclaron con los pedidos de una reforma policial.

La Fuerza Pública colombiana (Policía Nacional, el Ejército y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD, hoy llamado UNDMO) reprimió a los manifestantes, en su mayoría jóvenes, con una violencia colosal. Tanquetas y lanzaderas de proyectiles Venom contra las piedras de los manifestantes, gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar las arengas pacíficas, tiros de balas contra escudos de latón y madera. Solo entre el 28 de abril y el 20 de julio, la Plataforma Grita de la organización colombiana Temblores registró 5.340 casos de violencia policial en todo el territorio: 40 casos de violencia homicida, 105 casos de trauma ocular, 35 casos de violencia sexual. Hubo estigmatización contra la protesta y los manifestantes, detenciones y judicializaciones arbitrarias, abusos de autoridad, desapariciones. Hoy, en el quinto aniversario, la gran herida abierta de todo un país sigue siendo la impunidad de sus violencias estatales.

“Existe un pimponeo entre la jurisdicción penal militar y la justicia ordinaria que funciona como una estrategia dilatoria para evitar el esclarecimiento de los hechos”, afirma Camilo Mendoza, de Temblores ONG. Su último reporte demuestra cómo los casos registrados de violencia policial siguen sin haberse esclarecido y muchos han sido archivados. “El acceso a la justicia en el ámbito penal muestra un panorama muy crítico”, reconoce Mendoza. De los 105 casos registrados de trauma ocular, solo uno tiene una sentencia condenatoria en primera instancia. “Esto demuestra un escenario de impunidad sistemática y estructural frente a violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado”, denuncia.

Agresiones oculares, persecución y exilio

Al otro lado del teléfono, Leidy Natalia Cadena, narra con tesón los detalles previos a perder la visión total de su ojo derecho. “No fue un error. El primer disparo fue directo al ojo, el segundo a la pierna”. Era la única mujer del grupo, tenía 22 años cuando fue alcanzada por el proyectil de bala de goma disparado por el miembro del ESMAD, Danilo José Núñez; quien fue condenado a siete años de prisión el pasado 6 de abril, siendo de los primeros casos en llegar a la justicia ordinaria por mutilaciones oculares durante las protestas sociales. “La sentencia es agridulce. A mí me arrebataron todo: mi país, mi familia, mi profesión. Siete años de cárcel no me devuelven nada”, se lamenta desde el exilio.

La joven politóloga tuvo que salir del país por las amenazas recibidas después de hacer público su caso. “El primer año fuera de Colombia fue muy duro. Yo estaba en shock. Luego una amiga que también había perdido un ojo se suicida, y eso me destruye”. Durante meses le costó levantarse de la cama, sobrevivir. A Leidy todavía le quiebra la voz hablando de su exilio: “Me quitaron la posibilidad de vivir la vida que había construido”.

La falta de justicia para las víctimas de crímenes por parte del Estado se ha vuelto un paisaje habitual en Colombia. Desde el genocidio de militantes de la extinta Unión Patriótica hasta los mal llamados «falsos positivos», civiles ejecutados extrajudicialmente por militares, o las víctimas durante las protestas sociales. “Lo que estamos viendo es la continuidad de un patrón de impunidad que el país arrastra desde hace décadas”, dice Alfonso Castillo, de la organización de víctimas de crímenes de Estado, Movice. “No hay avances reales en la justicia frente a hechos graves cometidos por agentes estatales, y eso envía un mensaje muy negativo a las víctimas y a la sociedad en general”.

“Una oportunidad perdida”, el reclamo de la reforma policial

El 19 de junio de 2022, ante una multitud eufórica e ilusionada, escudado por el retrato del joven Dylan Cruz, asesinado por el ESMAD durante el Paro Nacional de 2019, el recién elegido presidente Gustavo Petro –el primero de izquierda– pronunció lo siguiente: “Ningún joven volverá a ser violentado por imaginar un país diferente”. Habló de las víctimas del estallido social, abrazó a la madre de Dylan, que lo acompañaba en el escenario, y se convirtió en la esperanza de ese grito sordo de justicia, verdad, reparación y no repetición que coreaban millones de personas que meses antes habían marchado en las calles.

“Uno de los aspectos más llamativos es que el gobierno ha respondido de manera más efectiva a las demandas de otros sectores sociales que a las de las juventudes populares, que fueron centrales en el estallido y también en el cambio político que vino después,” cuestiona Víctor Barrera, del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).

Petro hizo campaña apoyado sobre esa demanda del movimiento social –y de los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales– de una reforma policial. La promesa electoral de justicia para las víctimas del estallido, según el investigador de Temblores, no se materializó en los términos que la ciudadanía esperaba. “Eso deja una sensación de oportunidad perdida, incluso en un contexto político que parecía favorable”, apunta Mendoza.

A poco más de tres meses de que culmine su mandato, de aquel grito solo queda un sollozo. El gobierno izquierdista impulsó una reforma policial desde el Ministerio de Defensa, entidad bajo la que se cobijan los uniformados, y se emitió la Directiva Permanente 009 de 2023. La Policía cambió sus uniformes, el ESMAD pasó a llamarse UNDMO: Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden.

“Se ha avanzado en introducir el diálogo como herramienta para gestionar la protesta, incluso desde el Ministerio del Interior, pero la reforma estructural de la policía no se dio y esa discusión se fue perdiendo”, reconoce Barrera, uno de los autores del libro Dilemas en movimiento, un texto que analiza cómo interactuaron todos los actores que participaron en las movilizaciones sociales.

Por su parte, los supervivientes de las violencias policiales continúan haciéndose la misma pregunta: ¿quién dio la orden? Miguel Fernando Leal, de 44 años, es uno de los miembros más adultos del Movimiento en Resistencia Contra las Agresiones Oculares del ESMAD (MOCAO), conformado en 2021 para cobijar a las víctimas de lesiones oculares. Su historia es similar a la de sus compañeros. Salió a marchar pacíficamente en el sur de Bogotá, en un barrio popular, y un uniformado le disparó una bala de goma directamente contra su ojo izquierdo, quitándole la vista para siempre. “Yo sí creo que hay una intencionalidad. Estos disparos a la cabeza no son accidentales. Hay un objetivo: callar, dejar una marca, generar miedo en los demás”, reclama.

Su vida, y la de su familia, cambió para siempre. Se mira al espejo y ve dos personas distintas. Su mano derecha actúa de bastón, con ella palpa el mundo que no puede ver. “La sociedad no dimensionaba que por salir a protestar podía pasar algo así. Una cosa es que te detengan o que haya una sanción, pero otra es que te disparen a la cabeza. Eso ya es una mutilación, algo que te cambia la vida para siempre”.

En 2024, el Gobierno colombiano emitió el Decreto 1231 que, entre otras cosas, limita el uso de la fuerza policial en las movilizaciones. “Hemos visto que, según cifras oficiales, se han reducido las intervenciones donde se usa la fuerza, lo cual es positivo”, dice Mendoza, señalando que, si bien ha habido mayores garantías para la protesta social, en los escenarios donde se utiliza la fuerza se siguen presentando irregularidades y abusos.

Pese a algunos esfuerzos, las transformaciones estructurales en la Fuerza Pública y los pedidos de los organismos de derechos humanos, entre ellos sacar a los uniformados del Ministerio de Defensa, quedaron fuera de la agencia del Gobierno. El próximo 31 de mayo se celebran elecciones en Colombia, con el candidato de izquierda Iván Cepeda liderando las encuestas con un breve margen ante la candidata del uribismo, Paloma Valencia. “El contexto actual es preocupante porque la violencia está siendo utilizada como argumento político. En medio de escenarios electorales, ciertos sectores recurren a discursos que priorizan la seguridad por encima de los derechos, lo que puede tener consecuencias graves para la democracia”, dice el activista e investigador del Movice Alfonso Castillo.

“El enemigo no es el uniformado, es el sistema”

“Yo ya sé quién fue el policía que me disparó”, dice Gareth Sella, cineasta, ex viceministro de Juventudes del actual Gobierno y sobreviviente de agresión ocular. Perdió la vista de su ojo izquierdo en febrero de 2020, antes de que iniciara el estallido social. Gareth formaba parte de los Escudos Azules, una agrupación de estudiantes que, resguardados por escudos de madera, plantaban cara y protegían a los manifestantes de los ataques policiales cuando se iniciaban los disturbios. No pudo marchar durante el estallido social, pero su activismo cobró más sentido el día que le arrebataron la vista. “La gente ha despertado y aunque nos quiten los ojos, vemos sus crímenes de Estado”, pronunció ante el Congreso, cuando las plazas comenzaban a llenarse de manifestantes.

Su caso, como la mayoría, sigue en la impunidad. “Para mí el enemigo nunca fue la policía… es el sistema”, expresa dejando ver una rabia común que se repite entre las víctimas. Un relato que también repite Daniel Jaimes: “Tuve que entender que hacerle daño a la persona que me disparó no me va a hacer mejor. Se trata de transformar esa rabia en algo que sirva”. Y Leidy Cadena: “Esto no es solo contra una persona, es contra una institución que hizo de esto algo sistemático. Han pasado cinco años sin que digan la verdad”.

Colectividad y resistencia

Para Víctor Barrera, el estallido puso en la agenda pública problemáticas estructurales que llevaban años invisibilizadas e ignoradas, especialmente en lo referente a las fuertes desigualdades sociales que atraviesan al país. Si bien, no todos los sectores del movimiento social tuvieron un papel dentro de la institucionalidad, se articularon redes con impacto local o barrial. “Uno de ellos es el fortalecimiento organizativo en sectores populares que no estaban vinculados a formas tradicionales de movimiento social”, señala.

Gareth reconoce visiblemente decepcionado que las personas y colectivos que estuvieron al frente durante el estallido no tuvieron un papel relevante dentro de las instituciones, incumpliendo las promesas de campaña y el sueño de las poblaciones más marginadas por el Estado.

Gracias a la ayuda de la cooperación y los organismos internacionales, MOCAO, junto con el Centro de Investigación Internacional de Violencia Ocular, están estudiando el impacto de las armas menos letales, recabando testimonios de supervivientes de todo el mundo con el fin de que las agresiones oculares sean reconocidas como crímenes de lesa humanidad.

Daniel lleva poco más de un año trabajando incesantemente en el centro de investigación. Su voz, pese a su juventud, suena como la de un líder. Sus colegas bromean y lo llaman “el profe”. Estar ahí, investigando, estudiando, hablando con otros supervivientes, le ha ayudado con la sombra siempre presente de la depresión, que le llevó a intentar quitarse la vida en al menos una ocasión. “Lo que hacemos no tiene que ver con lengua, raza o género. Los derechos humanos tienen que estar por encima de todo”, dice convencido.

Cinco años después de nuestro primer encuentro, cuando llegó a la entrevista con el rostro inflamado, enrojecido, con dos tubos en la nariz para poder respirar, con la voz de un niño que se hizo adulto entre hospitales, Daniel habla de su trabajo como activista y líder con el entusiasmo de alguien que, pese al dolor, tiene una fuerte urgencia por vivir. “Mi abuela, que fue quien me crió, me dijo un 31 de diciembre: ‘Estoy tan orgullosa de usted’. Era lo único que yo quería escuchar”.

– Dani, ¿con qué sueñas?

– Mi sueño es un mundo más justo. Y eso es trabajo de todos: generar empatía en el otro, ayudar a que la gente no repita el dolor que uno vivió. A mí me encanta ayudar. Quiero una vida larga para eso: ayudar lo máximo que pueda.

Debajo de la tela que cubre el lugar donde antes estaba su ojo derecho sigue brotando una lágrima. Está vez, de emoción.

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