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¿Desde dónde se prendió la mecha del rock en el mundo latino?¿Quiénes fueron los rockers pioneros hispanohablantes? En el programa de hoy viajamos a México para conocer la recepción del rock estadounidense en la cultura latina y la influencia de las bandas aztecas en el resto del ámbito castellanoparlante. Desde México se encendió la mecha […]
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Hoy hablamos con Lola Sepúlveda, del CEDOZ (Centro de documentación sobre zapatismo) y miembro del colectivo Y Retiemble, sobre la gira zapatista por Europa en este año. «[…] Así que, en la Travesía por la Vida, ¿qué esperamos? Esperamos mirarle su corazón de usted. Esperamos que no sea demasiado tarde. Esperamos… todo.»(Fragmento de «Volantem est […]
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En el programa de este domingo volvemos al deporte. Bueno, realmente no, pero viajamos a los Juegos Olímpicos de 1968 para convertirnos en el tercer hombre de un podio que dejo una de las imágenes más icónicas del atletismo. Un podio en el que dos hombres negros levantaban un puño enguantado en negro. En silencio, […]
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Porque lo que arriba no saben es que cada crimen impune no hace sino enardecer el odio y la rabia. Y cada injusticia cometida no hace sino abrir el camino para que esos odio y rabia se organicen. Y en la balanza romana de nuestros dolores, pesaremos lo que nos deben. Y pasaremos la cuenta… […]
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En diciembre de 2013, el gobierno estatal a cargo de Rafael Moreno Valle entregó el control del agua en la zona metropolitana de Puebla a la empresa privada Concesiones Integrales S.A. de C.V., conocida públicamente por su marca «Agua de Puebla para Todos». A más de una década de esta privatización, la población enfrenta aumentos descontrolados en tarifas, interrupciones prolongadas del servicio, conflictos socioambientales crecientes y múltiples indicios de corrupción. Este reporte documenta cómo, bajo la administración privada, el derecho humano al agua se convirtió en mercancía y en privilegio.
La empresa concesionaria, Concesiones Integrales, fue constituida el 19 de diciembre de 2013, apenas tres días antes del fallo licitatorio. El proceso fue tan acelerado que al momento de firmar el contrato de concesión por 30 años, el 26 de diciembre, la empresa no tenía experiencia previa en el sector hídrico. Su inscripción original en el Registro Público de Comercio se hizo en Aguascalientes, lejos de la jurisdicción de Puebla. Ahora, saber quiénes son dueños de la empresa es un laberinto financiero.
Originalmente (entre 2014 y 2023) la estructura accionaria era la siguiente:
| % capital social | Accionista corporativo |
|---|---|
| 75 % | Monex, S.A.P.I. de C.V. |
| 24.7 % | EPCCOR Servicios, S.A. de C.V. |
| 0.224 % | Agua de México, S.A. de C.V. |
| 0.011 % | Tecnología Intercontinental (TICSA) S.A.P.I. de C.V. |
Según el Registro Público de Comercio (RPC) la estructura accionaria de Concesiones Integrales a partir de 2024, después de la venta aprobada en 2023 por el Concejo Directivo de SOAPAP, presidido en ese momento por Sergio Salomón Céspedes, había quedado más o menos de la siguiente manera:
| % capital social | Accionista corporativo |
|---|---|
| ≤ 75 % | Fideicomiso “Xinfra Fibra E” |
| ≥ 25 % | EPCCOR Servicios, S.A. de C.V. |
| ≥ 3% | Tecnología Intercontinental (TICSA) |
| < 1 % | Agua de México, S.A. de C.V. |
Lo anterior significaría que Xinfra, un fideicomiso promovido por Promotora MexPac, S.A. de C.V, administrado por ApxCapital, con Banco Invex, S.A. como fiduciario pasó a controlar la mayoría accionaria y el consejo directivo, mientras que EPCCOR, de la familia Gutiérrez Cortina, mantuvo una participación minoritaria de aproximadamente el 25% así como una influencia considerable sobre decisiones técnicas y contratos de obra pública. Sin embargo, en noviembre de 2024 el entonces director de Concesiones Integrales, Héctor Durán, en una comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso Local presentó otra estructura accionaria:
| % capital social | Accionista corporativo |
|---|---|
| 56.55% | Hermes Infraestructura |
| 25 % | Fideicomiso “Xinfra Fibra E” |
| 18 % | Agua de México, S.A. de C.V. |
Estas versiones aparentemente contradictorias pueden no serlo. En 2022 Grupo Industrial Hermes (de la familia Hank) compró fuera de libros la participación que originalmente pertenecía a Grupo Monex y la dejó en un vehículo intermedio (HI20, S. A. de C. V.) que todavía no ha sido protocolizado en el RPC. Al no estar inscrito, en el folio mercantil aún aparece el fideicomiso Xinfra como titular; Durán, sin embargo, probablemente expuso la identidad de los beneficiarios finales.
Xinfra controla acciones serie A, que le dan control operativo, pero vende Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFEs) a Afores; esos certificados son “derechos económicos” sobre la misma participación. Hermes es posiblemente propietario de parte de ellas, o de un vehículo tenedor de CBFEs. En la comparecencia Durán no nombró la porción de EPCCOR porque posiblemente se amortizó o diluyó al momento en que Grupo Hermes y Xinfra entraron. En el acta registrada de febrero de 2025 EPCCOR sigue con acciones serie B, pero podría ya estar pactada su venta en un “segundo tramo” aún no liquidado, y por eso podría persistir la dualidad.
Dentro de este laberinto financiero podemos afirmar algunas cosas: que Xinfra tiene el control operativo; que según lo legalmente inscrito el control accionario directo sigue repartido entre Xinfra (serie A) y EPCCOR (serie B); según lo que hasido publicado sobre Xinfra, los Afores poseen la mayor parte de los CBFE’s; si tomamos en cuenta lo declarado por Durán, parte de ellos pueden haber sido adquiridos por Hermes Infraestructura sin haber sido protocolizados aún. Mientras no se protocolice la compraventa completa ni se publique el registro de tenedores de CBFEs, la ambigüedad permanece entre la versión oficial del RPC y la versión “económica” que expuso el ex-director Durán. Todo este enredo es resultado de la opacidad crónica bajo la que opera Concesiones Integrales.
¿Quiénes son los personajes detrás de las corporaciones?
EPCCOR es del empresario Juan Diego Gutiérrez Cortina (un constructor ligado al ex presidente Carlos Salinas de Gortari), también es dueño de la constructora Gutsa (que se encargó de importantes obras en los gobiernos de Fox y Calderón y que se vieron involucradas en maniobras poco transparentes que fueron auditadas en su momento). Su hijo, José Miguel Gutiérrez Sainz, es uno de los dueños de EPCCOR Servicios y director general de Grupo Agua de México. En la cartera de clientes de EPCCOR Servicios se encontraban la CFE, Televisa, Pemex, IMSS, Teletón, CONAGUA y la SCT cuando Enrique Peña Nieto era presidente.
Xinfra Fibra -E es un instrumento de inversión creado por APX Asset Management S.C. fundado y dirigido entre otros por Alfredo Vara Alonso. Fundó el primer REIT hipotecario de México (FHipo) y la boutique de banca de inversión VACE Partners. Como Director General de Banobras administró activos por ~US $40 000 M y copresidió FONADIN. Su gestión fue criticada por negarse a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales y por la contratación directa de talleres con la firma Eviromex S.C., ligada a presuntos conflictos de interés. Durante su gestión Banobras, según señalan fuentes periodísticas, siguió girando 0.9 mdp al Instituto Tecnológico de Centla mediante un convenio ya calificado como irregular; la ASF advirtió ausencia de entregables y posible responsabilidad administrativa en una serie de operaciones al estilo de la Estafa Maestra. Además, en la construcción Viaducto Bicentenario en el Edomex, Vace Partners (fundada por Vara) asesoró el financiamiento de la autopista señalado por legisladores y el abogado Díez Gargari como parte de una “red sofisticada de corrupción” ligada al sexenio de Peña Nieto.
Carlos Hank Rhon es dueño de Grupo Hermes, un conglomerado industrial y de la construcción. Lo integran Hermes Construcción, Hermes Concesiones , HOATSA Operación y Hermer. Carlos Hank Rhon, era dueño del Grupo Financiero Interacciones, un conglomerado de las finanzas que ya no existe y tenía su propia casa de bolsa. Vendió su empresa financiera a Grupo Banorte, tiene lazos familiares con los accionistas de Banorte. Históricamente ha estado ligado al grupo Atlacomulco, son un ejemplo de las mayores redes de poder mafioso y político en México. Curiosamente aunque era parte de lo que alguna vez se nombró como mafia del poder, logró importantes acuerdos con Morena desde la administración de López Obrador y aumentó sus riquezas en la pasada administración. Jorge Hank Rhon, su hijo, ha sido conocido por su amplio historial criminal, un rey del crimen de cuello blanco y señalado por múltiples asesinatos. Hank Rohn fue conocido también por su militancia priísta. En Tijuana extendió sus tentáculos, se le acusó de mandar a asesinar al fundador del semanario ZETA, crimen por el que “extrañamente” nunca fue investigado. Una parte de sus riquezas las generó a partir de la concesión del Hipódromo Agua Caliente, de donde viene el famoso centro de apuestas Grupo Caliente.
¿Entonces quién dirige y administra la empresa?
Desde 2024 el director general es Jordi Bosch Bragado. Su cargo anterior fue como director de Aguas de Saltillo (Agsal) en donde enfrentó denuncias sociales por altos costos y cortes en zonas periféricas. Su llegada coincide con la reconfiguración accionaria y con la obligación de invertir más de $7,641 millones de pesos entre 2025-2044 para cumplir su contrato.
Actualmente el Concejo de Administración de Concesiones Integrales está integrado por cuatro integrantes de Xinfra (Alfredo Vara Alonso, Lorena Barrientos, Jesús Ordaz, Emilio Sanders) y cuatro designados por EPCCOR (Juan Diego Gutiérrez Cortina, José Miguel Gutiérrez. Sainz y Adolfo Gómez García).
Los cuatro integrantes del Concejo por parte de Xinfra son ex-funcionarios del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras). Este traspaso revela una probable «puerta giratoria» entre Banobras y la empresa que gestiona el agua, comprometiendo la independencia regulatoria y financiera del servicio.
Hasta 2023 Concesiones Integrales tenía una infraestructura de 200 pozos, 505 tomas intermedias, 116 estaciones de rebombeo, 3 387 km de red, seis plantas potabilizadoras y administra cinco plantas de tratamiento de aguas residuales, sin embargo, de acuerdo con reportes de pobladores de las zonas cercanas a ellas operan de manera deficiente o simulada.
Cuatro baterías de pozos dentro de la ciudad (Loreto, La Constancia, San Baltazar y San Rafael) siguen siendo el corazón del abastecimiento; bombean agua del acuífero Valle de Puebla, que hoy muestra abatimientos de 1-3 m anuales según CONAGUA. El sistema Nealtican-Acuexcomac donde hay un abatimiento del –60 m; manantiales secos, pérdida de nivel freático y hundimientos; y el sistema Xoxtla donde se cedió el agua sin consentimiento previo, funcionan como “llaves de alivio” para sostener el desmedido crecimiento inmobiliario de la capital (Angelópolis y periferia sur-poniente). Además, Concesiones Integrales busca diversificar captaciones en Cuautlancingo y rehabilitar más pozos en Xoxtla.
Junto con los pozos operados directamente por la concesionaria, han sido detectadas por la propias autoridades decenas de perforaciones sin título en la zona conurbada que terminan conectadas a la red o al negocio de pipas, complicando el balance real del acuífero.
En síntesis, el agua que comercializa Agua de Puebla proviene básicamente del acuífero Valle de Puebla (dentro de la Ciudad) y de tres campos periféricos (Nealtican, Acuexcomac y Xoxtla), con nuevos proyectos en Cuautlancingo. Cada uno de estos frentes de extracción implica conflictos sociales y ambientales que hoy condicionan la viabilidad a largo plazo de la concesión.
Según lo declarado por el ex-director de Concesiones Integrales, Héctor Durán, ante el Congreso de Puebla, el cobro del servicio que resulta de toda esa extracción de agua representó para la empresa ingresos por 80 millones 691 mil 23.74 pesos en 2022, 88 millones 32 mil 750.35 pesos en 2023, y 65 millones 948 mil 50 pesos hasta octubre de 2024.
Los estados financieros de la empresa revelan que Concesiones Integrales está altamente apalancada. En 2024 contrajo una deuda bancaria por 1,140 millones de pesos con Banobras y 2,492 millones de pesos con Banorte, creando un riesgo significativo para las finanzas públicas en caso de rescisión o incumplimiento. Además, existe evidencia contundente de cobros indebidos: la empresa ha cobrado mensualmente por un tratamiento de aguas residuales inexistente. Por ejemplo, la planta tratadora Alseseca Sur permanece inoperante y las aguas residuales, muchas de ellas industriales con componentes tóxicos, permanecen a cielo abierto en lo que queda de los ríos que atraviesan la ciudad.
Desde su creación, la concesionaria estuvo envuelta en irregularidades. El contrato menciona a una asociación denominada «Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas A.C.» como testigo social, pero nunca presentó ningún informe público, violando así los requisitos mínimos de transparencia y rendición de cuentas en contrataciones públicas.
Asimismo, la velocidad extrema del proceso licitatorio (apenas tres días desde la constitución de la empresa hasta el fallo definitivo) evidencia posibles acuerdos previos e influencia indebida de actores políticos, particularmente vinculados al entonces gobernador Rafael Moreno Valle y su gabinete. La reserva ilegal del contrato, declarada «dolosa y equívoca» por jueces federales hasta 2020, añadió más opacidad al proceso.
Además, EPCCOR, socio clave de Concesiones Integrales, tiene un amplio historial de irregularidades en obras públicas, tales como la construcción defectuosa de la Estela de Luz y el Paso Exprés en Cuernavaca, lo que genera dudas sobre la idoneidad y legalidad de su participación en este tipo de contratos públicos.
Por otro lado, el ex-director Héctor Durán actualmente es investigado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por presunto enriquecimiento inexplicable, involucrando propiedades de lujo en Puebla y Miami, así como automóviles de alta gama adquiridos durante su gestión.
La gestión privada intensificó gravemente la explotación de acuíferos, afectando de manera directa a comunidades periféricas. Poblados como Nealtican, Acuexcomac, Xoxtla y Sanctorum sufren el agotamiento acelerado de sus fuentes de agua, lo que ha derivado en movilizaciones y protestas sociales constantes. En Nealtican, la comunidad clausuró simbólicamente pozos ante la sequía de sus manantiales; en Acuexcomac instalaron una guardia permanente; en Xoxtla, vecinos realizaron bloqueos viales para exigir se cancele la cesión del agua. Estos conflictos evidencian la insostenibilidad socioambiental del modelo de extracción promovido por Concesiones Integrales.
Agreguemos la sobreextracción el inexistente saneamiento de aguas residuales domésticas e industriales que no solo resultan en un modelo insostenible ecológicamente, sino que también representa un riesgo sanitario grave.
Además, en la ciudad de Puebla, más de 100,000 cortes del servicio por falta de pago y aumentos tarifarios acumulados de hasta 500% desencadenaron más de 5,000 amparos, la mayoría ganados por usuarios afectados. Esta conflictividad constante revela una violación sistemática del derecho humano al agua y una incertidumbre permanente en términos de costo por el servicio y certeza en su suministro. Lo que también muestra la insostenibilidad del modelo de servicio de la empresa.
El historial operativo de la empresa revela negligencias que ocasionaron accidentes y muertes evitables. Un trabajador murió intoxicado en 2018 mientras realizaba labores en una alcantarilla sin el equipo de seguridad adecuado. Además, este año el uso improvisado de carrizos y palmeras como señalización en obras generó múltiples accidentes viales sin que la empresa enfrentara sanción alguna. Estas acciones constituyen graves violaciones a los derechos laborales y obligaciones de seguridad.
Asimismo, desde 2020, Concesiones Integrales despidió alrededor de 1,200 trabajadores del antiguo organismo público (SOAPAP), reemplazándolos mediante esquemas precarios de outsourcing, generando conflictos laborales permanentes sin solución efectiva que pone en duda la capacidad de Concesiones Integrales de tener una plantilla laboral calificada para mantener un servicio tan amplio y complejo de gestionar adecuadamente.
Para los pueblos no es sequía, es saqueo
La falta absoluta de consulta y consentimiento a los poseedores del territorio de donde se saca el agua, los pueblos indígenas y campesinos, revela un profundo racismo y clasismo tanto en las grandes corporaciones extractivas (como Concesiones Integrales) como en el propio Estado. Existe una política sistemática de desprecio y colonialismo que reduce a estas comunidades a simples territorios donde imponer políticas, ganar votos, despojarlos y hacer avanzar proyectos desarrollistas sin su consentimiento y consenso.
Resulta, además, profundamente contradictorio que, en medio de una crisis ambiental planetaria y con discursos “sostenibles” tan en boga, las empresas y el Estado continúen ejecutando proyectos ecocidas y negocios, mercantilizando todo lo común. Estas dinámicas son las que, en Puebla, explican el saqueo del agua y reflejan un problema global. Si de verdad nos importa la salud del planeta y nuestro bienestar socioambiental, debemos reconocer que las y los verdaderos guardianes de la naturaleza son los pueblos originarios. Cuando defienden el agua, no protegen solo “su” patrimonio, defienden la vida de todo el planeta.
El Estado puede decir lo que quiera, pero quienes habitamos la ciudad tenemos la responsabilidad y el derecho de decir NO a este saqueo y ecocidio sistemático. Como habitantes de Puebla, podemos y debemos dejar en claro que no aceptamos más robos de agua en nombre del “desarrollo” o “progreso”. Manifestarlo es urgente y necesario.
La vieja estrategia de “consultar” a unas cuantas personas para luego decir que se ha cumplido con los procesos estipulados en el Convenio 169 de la OIT ha sido recurrente en las administraciones de la autodenominada Cuarta Transformación y en todas sus antecesoras. Tanto, que el nombramiento de Hugo Aguilar Ortiz como magistrado de la SCJN se convierte en una pieza central de esta política de despojo y neocolonización disfrazada de transformación. La farsa detrás del “Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua” firmado entre el gobierno y las empresas lo demuestra con total claridad: las preferencias estatales están con las compañías, no con los pueblos. Los acuerdos se hacen con ellos, la política de “compensación” de que empresas altamente ecocidas y extractivas como coca cola regresen unos cuantos litros de agua es una pantomima para asegurar las concesiones a las mayores corporaciones ecocidas y criminales del planeta. Así mientras a ese tipo de corporaciones se les trata como interlocutores se busca despejar el camino y ahí estorban los pueblos.
Maniobras como el Plan Nacional Hídrico, las contralorías ciudadanas del agua y toda esa retórica de “acuerdos sostenibles”, “reordenamientos territoriales” o “reapropiación” no son más que simulaciones para que el extractivismo gane aceptación, sea aplaudido y oculte lo que sucede en realidad: se libra una guerra del mercado contra la población, del capital contra quienes se le interponen. Ahí está el origen de un problema que vivimos a diario, que es inocultable y que seguirá en aumento.
Algunas cifras de acuerdo con la plataforma Poplab, cada año en México se extraen 133 mil millones de litros de agua para la producción de comida chatarra. Coca-Cola, por sí misma, ocupa más del 40% del total, que además de la brutal extracción no regulada ni supervisada eficientemente, con concesiones bastante cuestionadas y varias veces denunciadas, generan a su vez toneladas de basura. Solamente por mencionar algunas cifras alarmantes de extracción de agua al año en México:
La inconsistente postura de Armenta sobre la cancelación de la concesión
En febrero de este año Alejandro Armenta afirmó que se violó la ley para favorecer a Concesiones Integrales en 2013, pues: «Teníamos gobernantes corruptos que solo pensaban en las obras, como el Museo Barroco, que pensaban saquear al estado y tenemos que venir a arreglar su cochinero, esa es la verdad».
En esa misma declaración sostuvo que «si de plano no quieren servir a Puebla y solo están pensando en cuánto ganar» la empresa debe retirarse. Señaló que Agua de Puebla era un ejemplo de las empresas «extractivas» que priorizan la ganancia sobre el servicio. «Mientras yo sea gobernador las vamos a perseguir o las vamos a correr de Puebla, no queremos empresas que saqueen a Puebla» dijo.
Poco tiempo después declaró que su administración no retiraría el contrato a Agua de Puebla, pues esto representaría un gasto enorme para el estado, en esa misma declaración afirmó que durante su gobierno no habría más lugar para empresas como Agua de Puebla.
Y unos días después mencionó una propuesta: “Estamos trabajando en una propuesta, daremos sorpresas, con Agua de Puebla hay voluntad, lo importante es que cuando hay voluntad las cosas se resuelven y el acceso al derecho humano al agua es fundamental para nosotros y lo vamos resolver”.
Volvió a afirmar que revertir las concesiones de la privatización del agua a la empresa Concesiones Integrales costaría al erario un total de 22 mil millones de pesos, una cifra exageradamente elevada (se estima que la remunicipalización costaría entre 10 y 15 millones) y que no toma en cuenta otras posibles rutas que podrían reducir mucho el costo como una salida “por cesión”, transferir deuda de Concesiones Integrales con Banobras a un vehículo estatal con garantía federal, entre muchas otras, más aún tomando en cuenta la posibilidad de documentar el incumplimiento de los términos de la concesión. En ninguno de los casos Armenta ha planteado una ruta ni una intención clara de remunicipalizar el servicio. Las afirmaciones y cambios tajantes en las posturas de Armenta dan cuenta de una simulación discursiva a la que hay que poner atención.
Crímenes de negligencia corporativa
Ante la cadena de irregularidades, abusos e imposiciones en torno a Concesiones Integrales podemos concluir que estamos ante actos y omisiones que generan un riesgo previsible de daño a terceros o al interés público. Los indicios de corrupción, la negligencia, el saqueo, las violaciones a los derechos laborales, los daños a terceros por sus obras mal hechas no podrían funcionar sin el apoyo activo, omiso o aquiescente del Estado. Ambos, corporación y Estado han entablado una relación de interés mutuo.
Esta relación da cuenta de un punto clave del poder corporativo: los delitos y los daños corporativos siempre permitirán que la búsqueda de beneficios financieros prevalezca sobre las necesidades humanas y la protección social. Y es por esta razón que los Estados capitalistas (aunque se nombren como capitalismo humano) nunca podrán ofrecer una solución a este problema, porque son parte esencial de él. De ahí que gran parte de los daños corporativos queden impunes.
El diseño legal de la sociedad anónima y la selectividad del Estado en la aplicación de la ley crean una “garantía mutua”: el Estado habilita a las empresas a actuar y calibra o retrasa los controles que podrían frenar sus abusos. En la práctica, la búsqueda de lucro corporativo prevalece sobre la protección social, reproduciendo un circuito de poder que hace posibles los daños a gran escala con escasa sanción penal efectiva, incluso la sanción civil, cuando ocurre, es mínima en comparación a las ganancias obtenidas por el daño ocasionado.
Los crímenes corporativos por negligencia no son simples “accidentes”, cristalizan una forma de poder estructural donde la obtención de beneficio se impone sobre la seguridad, la salud, el medio ambiente y la vida de los pueblos. En este funcionamiento del Estado absurdamente funcional a la acumulación de capital, las reformas penales seguirán chocando con límites políticos, pues hay una “impunidad por diseño” que hoy caracteriza a gran parte de los crímenes corporativos y su relación con el Estado. Son este tipo de crímenes los que están en el centro del caso de Concesiones Integrales y su relación con las administraciones estatales en Puebla, desde Rafael Moreno Valle hasta Alejandro Armenta.
Nodo de Derechos Humanos www.nodho.net
No podía ser de otro modo, y se logró. Con el ejercicio electoral realizado el 1 de junio el gobierno cuatroteísta ha logrado lo que se proponía desde que la reforma al Poder Judicial se planteó en febrero de 2024, incluso mucho antes. Una magra votación antecedida de múltiples irregularidades y que muy pocos se atreverían a presumir como dechado de pulcritud, ha permitido, no obstante, aniquilar uno de los fundamentos constitucionales de la República: la división de poderes.
Lo que proclama la presidenta Sheinbaum cuando afirma que su elección judicial fue un éxito es eso: se consumó la apropiación de los órganos federales de justicia por la fuerza política que ya tenía en sus manos los poderes Ejecutivo y Legislativo. Lo que sus turiferarios en los medios de difusión y arrebatados amlólatras celebran es la inauguración de un aparato de administración de justicia marcado indeleblemente por el color partidario guinda. El golpe de Estado contra el Poder Judicial y el estado de derecho finalmente se consumó, satisfaciendo el apetito de control de la congregación de clanes que conforma el núcleo del Morena. Y sobre todo, la Suprema Corte de Justicia quedará casi por completo integrada por personajes directamente vinculados con el partido en el poder y especialmente con López Obrador.
Complementariamente, los acordeones lograron que el grupo actualmente en poder del Ejecutivo y el Legislativo se hiciera también del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del novedoso e inquisitorial Tribunal de Disciplina Judicial. Todo en familia. Ninguna impugnación electoral contra el Morena podrá proceder, y serán jueces morenistas los que vigilen y sancionen el desempeño de todos los juzgadores del país. Esta conformación se ha reproducido en las instancias de los poderes judiciales de las entidades federativas, de manera que la captura de la administración del marco legal sea completa.
Para poner una cereza al pastel, quedó como presidente de la Suprema Corte, como candidato más votado, un abogado oaxaqueño, funcionario federal de segundo nivel en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador del que hace una semana casi nadie había oído hablar, pero estaba en los acordeones oficiales. El electo tiene señalamientos, desde los propios pueblos indígenas por haber amañado las consultas en sus territorios para facilitar la construcción del Tren Maya en el sureste, y por encubrimiento de actos de acoso sexual contra mujeres indígenas.
Pero no faltan los inconvenientes. El muy alabado pueblo, en cuyo nombre dice gobernar el variopinto grupo que se ha instalado en el poder desde 2018, vino a contradecir la cantaleta del triunfo de la democracia y del éxito de la operación, dándole la espalda. Una operación, debe repetirse, exhibida previamente por las consabidas trampas que otrora esperábamos que fueran erradicadas desde que el PRI fue expulsado del Ejecutivo y de la mayoría de las instancias de gobierno. El voto corporativo del SNTE, de la central sindical que posee el senador morenista Pedro Haces y de otras agrupaciones; el acarreo, el uso político de los programas de asistencia social, la promoción del voto por autoridades y legisladores, prohibida por la ley pero “autorizada” por el siempre obsequioso Tribunal Electoral; y el novedoso recurso de los acordeones distribuidos masivamente por el oficialismo, no lograron conducir a los ciudadanos a los centros de votación y sí deslegitimaron el proceso.
Quedará como marca a hierro candente la del acordeonazo guinda como solución a esta muy cuestionable elección que siempre estuvo lejos de tener un consenso social, lo cual se vio agravado por el descarado trampeo. ¿Cómo, ahora, sostener que la reforma judicial de septiembre pasado fue “pedida” por el pueblo, si éste no acudió a respaldarla? ¿Cómo que por ella votaron en 2024, si no estaba incluida en la plataforma electoral del Morena ni de ningún otro partido? Una reforma ilegítima, que fue aprobada apresuradamente, sin el amplio debate que hubiera merecido una modificación constitucional de esa envergadura, por la mayoría artificialmente abultada en el Congreso y que, como remate, sólo fue respaldada por uno de cada diez posibles votantes. De éstos, más del 22% acudieron a la casilla a anular las boletas, escribiendo consignas o manifestando su desacuerdo con el proceso, o no supieron cómo llenarlas.
Como partido gobernante, Morena no vive ya sus mejores momentos. En las elecciones municipales realizadas simultáneamente a las judiciales en Veracruz y Durango se frenó su crecimiento y sufrió retrocesos importantes. En Durango frente al PRI y PAN; y en Veracruz, donde fue el partido que menos ayuntamientos ganó, a manos de Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo. Al interior del mismo Morena se mantiene soterrada pero creciente la inconformidad por la incorporación en cargos públicos o de elección popular de elementos priistas y panistas. Un inconformismo que puede dar, o está dando ya, lugar a rupturas locales de mayores dimensiones.
El contexto social en el que el proceso se realizó no es tampoco el más favorable al gobierno y el oficialismo. Mientras una minoría acudía a elegir juzgadores, el movimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, se extiende en diversas regiones del país y mantiene desde el 15 de mayo un gigantesco campamento en la plaza principal de la Ciudad de México demandando no solamente un incremento sustancial de salarios sino, sobre todo, la abrogación de la neoliberal ley del ISSSTE impuesta en 2007 por Felipe Calderón Hinojosa. Es una lucha predominantemente laboral y progresista por romper el régimen de retiro con fondos individuales de aportación y tasado en Unidades de Medida y Actualización (UMA), no en unidades salariales. La movilización de los maestros en los cuatro puntos cardinales del país ataca directamente las entrañas de la alianza histórica de los gobiernos nacionales con el caduco aunque actualizado charrismo sindical, y pone al desnudo la protección del gobierno de la autodesignada Cuarta Transformación al sector bancario nacional e internacional que obtiene en México las utilidades más altas en América Latina y superiores a las de sus matrices en otros países. No es una demanda que concierne sólo del sector magisterial, sino a todos los trabajadores del Estado en sus tres órdenes de gobierno.
El otro momento estelar de la lucha de clases en el país es el que se levanta desde el Frente Nacional por las 40 Horas. Si bien el gobierno de Claudia Sheinbaum ha reconocido que la reducción de la jornada laboral —invariada desde 1917, cuando se estableció en el artículo 123 de la Constitución— es legítima, ha diferido su aprobación legal hasta 2030, después de consultarla con el sector patronal, y ha retrasado la instalación de las mesas para discutir su reglamentación. Paulatinamente, el movimiento ha ido cobrando importancia en regiones como el Valle de México, la frontera norte y otros lugares, así como en las redes sociales.
Aunque aparentemente desconectados, estos hechos hablan del desgaste del consenso que Morena y sus gobiernos han logrado y del agotamiento de su falaz discurso sobre la lucha contra el neoliberalismo y la corrupción. Si bien la presidenta mantiene un alto nivel de aprobación, de 73 por ciento, según la encuesta más reciente de El Universal —diez puntos menos que en febrero pasado—, la imagen pública de su partido, cada vez más poblado por sujetos indeseables provenientes de las derechas del país, el nepotismo rampante que lo domina y sus pugnas interiores, muy adelantadas, tanto por el control de la Cámara de Diputados y un gran número de gobiernos locales en 2027 como por la candidatura presidencial en 2030, configuran un escenario que puede derivar en nuevas crisis del bloque gobernante. Sigue siendo necesario construir desde las luchas sociales un polo político independiente que enfrente la creciente derechización del régimen y sus afanes de centralización autoritaria del poder.
No hace mucho, el lenguaraz Gerardo Fernández Noroña, presidente en turno del Senado, afirmó que el Morena va a seguir en el poder durante los próximos 40 años. Y la senadora también morenista Margarita Valdez Martínez, en una declaración que no puede sino recordarnos las pretensiones de trascendencia del Tercer Reich, afirmó que la “Cuarta Transformación” no saldrá del Palacio Nacional en un milenio. Ominosos y ridículos presagios de aniquilación del Estado moderno como lo ha conocido el mundo occidental, que no se cumplirán. La sociedad mexicana irá reaccionando, y comienza a hacerlo ya, para frenar el completo perjuicio político y social con que nos amenazan.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH.
No tenemos que asumir con resignación que estamos condenados a padecer a perpetuidad las secuelas de un pésimo diseño institucional en materia de administración de justicia.
La elección judicial se efectuó con una bajísima participación ciudadana, lo que debe entenderse como expresión inequívoca de que debe revisarse su diseño.
De acuerdo con las autoridades electorales, participó alrededor del 13 % del padrón electoral. Más que en la consulta sobre la investigación de expresidentes, menos que en la revocación de mandato del pasado sexenio y mucho menos que cualquier elección intermedia o sexenal.
Claramente, el tránsito a un modelo de jueces electivos no generó en la ciudadanía el entusiasmo democrático que sus impulsores anticipaban. Y así como en el pasado se insistió en que el mandato de las urnas en 2024 era de un incuestionable respaldo a la agenda del llamado “Plan C”, ojalá que ahora con algo de humildad se acepte que el desdén de los mexicanos y las mexicanas frente a la elección judicial es un mensaje de interpretación obligada.
El 87 % de los ciudadanos registrados en el padrón no acudieron a las urnas, dando la espalda a la jornada, que para mayor tristeza quedó marcada por la inexplicable presencia militar en el espacio emblemático del Instituto Nacional Electoral.
Y a ello habría que añadir, claro está, los enormes costos del proceso: el de dejar afuera recursos humanos valiosos y honestos que hacían parte de los poderes judiciales, y que no se ajustaban a las generalizaciones burdas que el Ejecutivo hizo; el de la imagen internacional del país, pues la cobertura mayoritaria de la prensa internacional no fue positiva, y el propio costo del proceso, en un contexto de estrechez presupuestal y múltiples necesidades.
Basta con considerar lo que habrían significado los 40 mil millones de pesos que se se calcula que costó esee proceso, en agendas tan urgentes como el rezago forense que afecta a las familias de personas desaparecidas.
La baja participación en la elección judicial, en suma, debería llevar a revisar el modelo de personas juzgadoras electivas, e impulsar reformas sobre los aprendizajes que deja este fracasado ejercicio. No tenemos porqué asumir con resignación que estamos condenados a padecer a perpetuidad las secuelas de un mal diseño institucional en materia de administración de justicia.
También debería llevar a una reflexión más amplia sobre lo que sigue respecto de la culminación del llamado “Plan C”. Porque si en breve avanza una reforma electoral que se discuta y apruebe como la judicial, se profundizará la senda de la erosión constitucional en el país.
Por lo pronto, hoy, en el día después, la injusticia que más le duele al país, esa que genera la impunidad de los poderosos y que tanto enojo justificado causa, permanece igual: se gesta en miles de averiguaciones y carpetas de investigación que duermen el sueño de los justos en fiscalías que no fueron tocadas por las reformas atribuladas que nos llevaron a la fallida jornada del domingo pasado.
Podrán cambiar la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los poderes judiciales de las entidades federativas, y posiblemente lo hagan peor con la elección del domingo, pero el nervio neurálgico de la procuración de justicia, las rebasadas fiscalías que prodigan la impunidad, hoy que despertamos como el dinosaurio de Monterroso, siguen allí.
Absurda interpretación del Instituto Nacional Electoral:
“No hay lugar a dudas”, la Constitución es clara en cuanto a que la persona que haya obtenido una cifra mayor en la contienda de ministros es quien presidirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dijo la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei.
No puede remediar el INE lo irremediable. Tan baja participación no permite calificar a un grupo de mayoría, máxime que estaba tan seguro de la participación ciudadana que no previó el porcentaje triunfador. Esa ridícula elección no puede presentarse como triunfo democrático porque no hubo planillas contendientes y no sólo porque la cifra de participación fue de 13 por ciento.
En ningún documento el INE estableció que una cifra así alcanzada es suficiente para dar por triunfadores a unas pelagatos que aspiran a encabezar la Suprema corte de Justicia.
Si la presidente Sheinbaum logra que el INE imponga a unos candidatos triunfadores, estará cometiendo un error y su caída por marrullera será más rápida.
El debate en torno a la elección del poder judicial se ha envuelto general y mediáticamente en un dilema maniqueo: conservadores vs transformadores, cuya colérica argumentación dista mucho de esclarecer su significado. ¿Representa un avance democrático o se instaura una dictadura? Veamos
Nota:
i V.I. Lenin. La emancipación de la mujer, recopilación de artículos, Fondo Documental FHK. pág. 54
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Independientemente del número de votantes, e independientemente de las personas elegidas, la elección del Poder Judicial por voto popular representa el fin del dominio de la mafia judicial al servicio de la oligarquía.
A partir de ahora no habrá poder personal o institucional que decida y dicte las resoluciones de jueces y tribunales. El nuevo Poder Judicial estará libre de la influencia del poder económico y político.
Nadie dice que a partir de ahora será imposible comprar a un juez, a un magistrado o a un ministro. Pero ese acto venal no será por consigna, por orden superior. El juez comprado tendrá que atenerse a sus propias fuerzas.
Tendrá que valorar cuánto vale su tranquilidad, su prestigio, su buen nombre, su carrera. Él solito y su conciencia. Y ya rota la cadena de jerarquías mafiosas y complicidades, deberá ponderar, como ahora no acontece, el riesgo cierto de ir a la cárcel.
Y no podrá, como ahora ocurre, hacer ostentación de la riqueza mal habida. La sombra del escándalo lo inhibirá. Y es que hasta hoy ni riesgo de cárcel ni temor al escándalo ponían freno a la compra y venta de la justicia.
Digamos que la reforma judicial ha puesto fin al sistema mafioso en la materia. Y no es lo mismo actuar amafiado que actuar por cuenta propia. Y no es igual hacer ostentación de la riqueza mal habida con la protección y complicidad de la mafia que sin estas dos condiciones.
La elección del Poder Judicial por voto ciudadano es una verdadera, una auténtica revolución social, política, económica y moral. Así lo entiende el pueblo, el ciudadano. Y por eso mismo, aunque un tanto a ciegas por la complejidad de la elección, acudirá, entusiasmado y esperanzado, a las urnas.
Como ocurrió con la elección del Presidente López Obrador, la elección judicial ha devuelto al pueblo confianza y esperanza en una vida mejor, más sana, más democrática, menos mercantilizada, menos corrupta.
Frente a esta nueva situación, la oligarquía y sus voceros mediáticos se han quedado pasmados. Y ya sin argumentos, sin razonamientos, sólo les queda, como a todos nos consta, el recurso de la descalificación, de la invocación del miedo, del desahogo estéril.
Pretenden asustar al pueblo, como se dice popularmente, con el petate del muerto. Pero desde junio de 2018 el pueblo está curado de espanto.
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El libro de Darrin Wood, Alumnos del Tío Sam: Tratado de Libre Contrainsurgencia. “Campus México” de la Escuela de Asesinos (https://vocesenlucha.com/libro-alumnos-del-tio-sam-darrin-wood/) constituye un óptimo instrumento analítico-informativo para investigar una realidad considerada tabú por buena parte de la academia, los grandes medios de comunicación y el entorno político del México contemporáneo y cuarto transformista: las fuerzas armadas mexicanas y su relación con sus contrapartes estadunidenses, y, en particular, un tema por demás controvertido que se refiere al entrenamiento de su personal militar en la Escuela de las Américas (SOA).
El 26 de septiembre de 2001, en mi calidad de diputado federal, presenté un Dictamen en las Comisiones Unidas de Gobernación-Seguridad Pública y Defensa Nacional del Congreso de la Unión, solicitando que se investigaran las acciones denunciadas en el documento La pendiente resbalosa. La Intervención militar estadounidense en el conflicto en Chiapas, escrito por Brian Wilson, veterano de la guerra de Vietnam, en que se denunciaba la intervención directa de cuerpos de las fuerzas armadas de su país en ese conflicto. Esta propuesta fue desechada por improcedente, entre otros argumentos, debido a que: “En la historia de las relaciones bilaterales México-Estados Unidos de América, nuestro país nunca ha aceptado la presencia de ninguna misión militar estadunidense en nuestro territorio”.
No obstante, mi intervención provocó una inusitada invitación a una reunión de diputados y senadores con el entonces secretario de la Defensa Nacional, general Enrique Cervantes Aguirre, en sus instalaciones del Campo Militar número 1, en la que, con diversos argumentos, el general secretario negó enfáticamente que el personal castrense mexicano fuera entrenado por militares estadunidenses. La obra de Wood es una refutación fundada y documentada a estas afirmaciones del general Cervantes. Wood comprueba que, desde marzo de 1998, el entonces secretario de la Defensa de Estados Unidos confirmaba la presencia de un instructor militar de ese país en territorio mexicano, y ofrecía datos específicos de las razones por las que este centro de adiestramiento de Estados Unidos (SOA) había sido conocido, sin retórica alguna, como Escuela de Asesinos. Fundada en 1946, en Panamá, e instalada en Fort Benning, Georgia, en 1984, como resultado de la firma de los Tratados Torrijos-Carter, este centro de adiestramiento tiene un tenebroso historial de preparación castrense de criminales confesos, como los asesinos del obispo Óscar Arnulfo Romero, entre otros golpistas de Estado, y con participación de sus graduados en campañas contrainsurgentes en toda América Latina, entre ellas, la que se inicia el 1º de enero de 1994, con motivo de la rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Las revelaciones de Wood acerca de los cursos de esta singular escuela: contrainsurgencia, contrainteligencia, inteligencia militar, guerra irregular, operaciones de selva, desde los años 60 del siglo pasado, hasta 2000, y el número de egresados mexicanos, son muy importantes para comprender a cabalidad, las características del conflicto en Chiapas a partir de la rebelión de 1994, y para un balance de este enfrentamiento político militar después de 31 años de iniciado.
También, el texto ayuda a comprender el actual proceso de militarizaciónmilitarismo (pueblo uniformado), y la recolonización territorial que conforma la acumulación militarizada-delincuencial, que lleva inherente infinitas formas de violencia contra los pueblos y la sociedad, que agrede directa y de manera particular a las mujeres, con la práctica al alza de los feminicidios. Pero, también, contra franjas de la población expuestas por la economía criminal, como los niños, los adolescentes, migrantes y trabajadores del campo y de la ciudad. Una temática de especial importancia que Wood expone es el fenómeno del paramilitarismo, y su utilización en las estrategias contrainsurgentes del imperialismo estadunidense. Se presentan casos, como el del general Mario Arturo Acosta Chaparro, quien recibió adiestramiento militar en Estados Unidos, y se involucra en la llamada guerra sucia, entre otros oficiales de alto rango que estudiaron en ese país. Una temática de especial importancia que Wood expone es el fenómeno del paramilitarismo, y su utilización en las estrategias contrainsurgentes del imperialismo estadunidense
Por cierto, el 23 de abril, dos días después del 110 aniversario de la invasión estadunidense a Veracruz, el pleno del Senado aprobó el dictamen por el que “se autoriza al Ejecutivo federal el ingreso de personal militar del Ejército de Estados Unidos al territorio nacional, a efecto de que participe en la actividad de adiestramiento denominada Entrenamiento de Ejercicios Combinados Conjuntos”. Pena ajena. Invitamos a la lectura de esta importante obra de Darrin Wood, que, sin duda, coadyuva al fortalecimiento del pensamiento crítico al que convocan reiteradamente los mayas zapatistas.
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Y si la CNTE no consigue ser reprimida, poco a poco su movimiento irá perdiendo fuerza, porque la dirigencia magisterial, también poco a poco irá perdiendo el apoyo de sus bases.
Por eso la CNTE está apretando el paso en sus provocaciones. Le urge que lo más pronto posible el gobierno de Sheinbaum desate la represión: palos, persecución policiaca y judicial y, finalmente, cárcel para sus miembros más aguerridos, es decir, más irresponsables.
Pero nada de eso va a ocurrir. Ahora ya no manda el Prián. Ahora ya no manda la oligarquía que dominó al país durante los últimos 50 años. Ahora manda el pueblo. Y parece que la CNTE todavía no lo entiende.
Los métodos de lucha de la CNTE se justificaban y entendían y concitaban el apoyo de vastos sectores populares cuando gobernaba el Prián. Pero eso ya no existe. Y parece que la CNTE no lo ve.
Y tampoco ve que no se está enfrentando, como antes, a un gobierno espurio, a un gobierno sin respaldo popular. La Presidenta tiene ahora el respaldo de millones y millones de personas, de trabajadores. Un respaldo que no sólo no decrece, sino que se acrecienta día con día.
La CNTE parece no entender que no se enfrenta a De la Madrid, a Salinas, a Zedillo, a Fox, a Calderón o a Peña Nieto, nefastos personajes que no contaban con más respaldo que la fuerza bruta de un Estado represor, inhumano y sanguinario.
Pero quizás esté mal decir la CNTE. Acaso lo más adecuado sería decir la dirigencia de la organización, su liderazgo. Digamos el núcleo más intransigente. Un núcleo duro que empieza a mostrar su divorcio de sus propias bases.
Ya se observan señales de este divorcio. Y al paso del tiempo se harán más visibles. Por eso a la dirigencia le urge que Sheinbaum se decida a desatar la represión. Pero, como se diría en términos taurinos, los líderes más duros e intransigentes de la CNTE están pinchando en hueso: no lograrán su avieso propósito.
Y sin represión, el movimiento no tiene futuro. Y no tardaremos en ver, muy pronto, a los líderes de la CNTE, tocar retirada, como se dice popularmente, con el rabo entre la patas.
Mucho se ha hablado de la importancia de la industria automotriz en México; sin embargo, conviene insistir en su relevancia. Nuestro país ocupa el primer lugar en generación de divisas con una balanza comercial superavitaria de 99 mil millones de dólares (MMDD), es el 5° exportador mundial de vehículos ligeros, el 4° exportador mundial de autopartes y contribuye con el 3.6% al Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Cerró el 2024 con récord histórico tanto en producción como en exportación de vehículos ligeros. En términos de producción, se alcanzaron 3 millones 989 mil 403 unidades, lo que representa un crecimiento anual del 5.6% en comparación con el cierre del 2023. Todo esto de acuerdo con los datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
Indudablemente es un sector fuerte en nuestra economía, pero ¿quién recibe los beneficios de la riqueza creada? Ciertamente no son los trabajadores. Más adelante volveremos a ello.
Dentro de las 39 plantas que existen en el país, nueve pertenecen a General Motors (GM), la empresa que nos ocupa en este escrito. Estas plantas se encuentran en cuatro complejos ubicados en Coahuila, Guanajuato, México y San Luis Potosí, que en conjunto emplean a 25 mil trabajadores. Cuenta con tres plantas de vehículos, tres de motores y tres de transmisiones, con una capacidad anual de producción de 846 mil 600 vehículos, 1 millón 328 mil motores y 879 mil 800 transmisiones. Esto ha mantenido a General Motors, hasta 2024, como el principal productor de vehículos en México, con 889 mil 72 unidades vendidas. Ahora enfoquémonos en su complejo en San Luis Potosí.
Complejo de San Luis Potosí.
Este complejo fue inaugurado en 2008, con una planta de ensamble y otra de estampado. Este es el complejo más grande en México con una extensión de 347 hectáreas. Si bien se sabe que, en su complejo de Silao, Guanajuato, se produce una pick up nueva cada 56 segundos, no se conocen datos respecto al complejo potosino, pero la diferencia no debe ser significativa.
El complejo en SLP ha sido reconocido por su alta calidad en manufactura; en 2024 fue el único que recibió el reconocimiento “Platino”, la máxima distinción que se puede obtener para un complejo de manufactura. Asimismo, la Chevrolet Equinox, producida en sus plantas, fue catalogada como la mejor de su segmento, mientras que GMC Terrain se posicionó en el tercer lugar. En el primer trimestre de 2025, el complejo alcanzó un 79.5% de utilización de su capacidad instalada, lo que revela una operación altamente eficiente.
Todo lo anterior no es más que fruto del esfuerzo de los trabajadores que laboran en GM, pero nuevamente nos preguntamos, ¿los trabajadores reciben los beneficios? GM, como otras empresas automotrices, busca producir más en menos tiempo, ganar siempre más e invertir lo menos posible, pero ¿cuáles son las consecuencias de esto?
Condiciones laborales en General Motors SLP.
Producir más en menos tiempo es la norma, pero a costa de una constante presión sobre los productores, es decir, los 25 mil trabajadores que emplea en México, de los cuales 6 mil 500 laboran en su complejo de San Luis Potosí. ¿Qué implica trabajar en esta planta?
Juan Rojas, un trabajador de GM en SLP nos cuenta: laborar en GM implica trabajar turnos de 12 horas, en un esquema de 4X3. Por ejemplo, en una jornada semanal se trabaja lunes y martes de noche, viernes y sábado de mañana. El descanso es miércoles y jueves. No obstante, no solo se invierten 12 horas al día: también se deben considerar los traslados a la planta, que puede implicar hasta 20 horas en total. La empresa proporciona transporte a través de 115 rutas. Algunas de las rutas más largas son:
Ruta Cerritos: inicia en Granjenal a las 2:10 a.m. para llegar a las 5:40 a.m. a la planta y comenzar a laborar a las 6 a.m.
Ruta Charcas: inicia a recoger a los trabajadores a las 2:25 a.m.
Ruta San Luis de la Paz y Ruta S.J. Sin agua 2: inician en el primer punto a las 2:30 a.m.
Lo anterior para el primer turno, para el segundo turno son mismos horarios, pero por la tarde. Ejemplo, Ruta Cerritos: inicia a las 14:10 p.m., para llegar 17:40 p.m. y comenzar las actividades a las 18:00 p.m. Así en las otras rutas. Las horas de salida de las rutas para el primer turno varían entre las 2:10 a.m. y las 5:15 a.m.; para el segundo turno, entre las 2:10 p.m. y las 5:15 p.m. En otras palabras, una jornada de 12 horas se convierte en una jornada de entre 13 y 20 horas.
Más allá de la extensión de la jornada laboral los trabajadores enfrentan otras dificultades. La automatización en la industria automotriz ha traído consigo una extrema especialización del trabajo, con tareas repetitivas que han derivado en problemas de salud. Uno común en trabajadores de GM SLP ha sido el síndrome del túnel carpiano, derivado de movimientos repetitivos de las manos y las muñecas. Este síndrome tiene como síntomas: debilidad en las manos al agarrar objetos, dolor en las muñecas o las manos y cosquilleo.
¿Qué hace la empresa al respecto? “La empresa lo que hace es separarlos, no los deja que vayan al seguro, después de cierto tiempo buscan la forma de aburrirlos y hostigarlos para que renuncien”.
Eso no es todo, también sabemos que para “producir más por menos tiempo” es menester que cada segundo se aproveche, no por nada tienen récords en producción, pero poco se habla de lo que hay detrás de esto, Juan nos dice: “no nos dejan ir al baño hasta que haya alguien que nos cubra, y eso es un show, porque cómo van a parar la máquina (toda la producción) para que yo vaya al baño, eso es perder tiempo, y uno no puede programar sus necesidades”.
Además, existe el acoso sexual como problema constante, especialmente a las trabajadoras, Juan lo reconoce, aunque no puede hablarnos con detalle porque no lo ha vivido directamente, pero afirma que es muy recurrente.
¿Qué hay de las horas extras? Ese es un problema, pero no porque no las paguen, sino por el acoso que sigue para quienes no van a laborarlas. “A veces la empresa pide que se hagan horas extras, a los compañeros que no van a trabajarlas los acosan laboralmente, hacen campañas de acoso contra ellos, incluso les niegan las vacaciones. Uno se tiene que esperar hasta un mes para que las den, las dan cuando quieren y no cuando uno las necesita”.
Un proceso sindical pedregoso.
Las duras condiciones laborales han motivado el ánimo de algunos trabajadores de GM SLP para exigir mejoras. Con ese objetivo solicitaron el apoyo del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA) que tiene la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) de la planta de GM en Silao, Guanajuato. Anteriormente, el titular del CCT en GM SLP era el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Automotriz, Similares y Conexos de la República Mexicana, adherido a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), no obstante, en 2023 este sindicato no legitimó el contrato, por tanto, los trabajadores se quedaron sin representación sindical.
¿Qué ha ocurrido desde entonces? SINTTIA está promoviendo la obtención de la Constancia de Representatividad que le permita negociar un nuevo CCT, pese a los obstáculos impuestos por GM. La empresa ha violado constantemente la libertad sindical emprendiendo campañas contra SINTTIA e incluso presuntamente aliándose con el sindicato Carlos Leone, al que le ha facilitado el ingreso a la planta. “Incluso la empresa realizó un consejo laboral reuniendo a todos los excetemistas, para que ellos fueran los que integraran al Carlos Leone, hay contubernio con ese sindicato, existe presión y amenazas a trabajadores para que se afilien al Carlos Leone y sea el que quede, aunque no lo queramos, hay intromisión en todos los aspectos”.
Lo anterior, a pesar de que los trabajadores tienen derecho a la libertad sindical y de asociación, pudiendo constituir o afiliarse al sindicato que mejor convenga a sus intereses. Estos derechos están reconocidos en la Ley Federal del Trabajo, por lo que es fundamental que el trabajador los conozca y los ejerza sin la injerencia del patrón, ya que dicha intromisión está expresamente prohibida y sancionada por la propia LFT en su artículo 133 fracción IV.
Un sindicato puede llegar a ser un poderoso instrumento para la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores, ya que, legalmente, puede negociar con la empresa, solicitar revisión del contrato colectivo, solicitar revisión salarial, entre otras cosas; pero este poder de negociación se nulifica si el sindicato lejos de proteger a la base trabajadora se alía con el patrón. Este fue el caso del sindicato de la CTM, conocido por sus prácticas charriles; también lo es del sindicato Carlos Leone. Y podría llegar a ser también el caso de SINTTIA si los trabajadores no se mantienen atentos y vigilantes de sus representantes. Esa es una lección que deben tomar en cuenta los trabajadores de General Motors, deben mantenerse informados y participar en el proceso, pues son ellos los que pueden verse beneficiados o perjudicados por lo que ocurra.
General Motors, parte del engranaje del capitalismo mundial.
En la competencia mundial por liderar el mercado automotriz se dio un fenómeno importante llamado offshoring, (relocalización del proceso productivo) en el que se dio una importante transferencia productiva de Estados Unidos hacia México. Esto ocurrió por primera vez en la década de los 80, volvió a repetirse en los 90 y nuevamente en 2008 debido a la Gran Depresión. Fue precisamente en 2008 la llegada de General Motors a San Luis Potosí, en un contexto en que México se volvió indispensable para el abastecimiento del mercado estadounidense. Esta relocalización respondió a la “necesidad del capital de ubicar inversiones productivas en zonas geográficas próximas a los mercados más dinámicos del mundo, con el fin de garantizar un fácil acceso a las materias primas y ahorrar en costos de transporte”, de acuerdo con Crossa Niell, experto en investigación de la industria maquiladora en México.
El atractivo de México se debió también a los bajos salarios, que pueden ser entre 10 o 20 veces menores a los salarios en Estados Unidos, según sea el caso. Por ejemplo, en General Motors SLP el grueso de los trabajadores gana 395 pesos diarios, mientras que sus contrapartes en EE. UU. ganan 200 dólares por día, es decir, unos 3 mil 861 pesos diarios. Esto significa que los trabajadores mexicanos ganan 14 veces menos, a pesar de desarrollar labores similares e incluso haciendo jornadas laborales más largas.
Todo esto pone en evidencia la superexplotación que viven los trabajadores mexicanos, quienes crean una enorme riqueza, pero solo reciben una parte ínfima de ella, el grueso lo reciben los dueños y los grandes directivos. Por ejemplo, Mary Barra la CEO (directora ejecutiva) de General Motors ganó 29 millones de dólares tan solo en 2024, embolsándose también ganancias de GM SLP, aunque no sea ella quien dirija las operaciones de ese ni de ningún complejo en México. El director ejecutivo de General Motors México es Francisco Garza, que, si bien no hay cifras públicas de su salario anual, se estima que puede rondar de 15 a 25 millones de pesos mexicanos.
La lógica del capital es siempre aumentar la tasa de ganancia, y para ello recurre a mecanismos como la relocalización productiva, los bajos salarios, reducción de costos laborales e incluso la represión sindical, todo para engordar los bolsillos de unos pocos. Sin embargo, esto no es un fenómeno exclusivo de México, General Motors es parte del engranaje del capitalismo mundial y en ese contexto debe comprenderse lo que ocurre en GM SLP.
Trabajadores de General Motors, impulsar el cambio del sindicato y aspirar a mejores condiciones laborales son acciones legítimas y necesarias. Son lo mínimo que podemos exigirle al capital y es un paso importante para la toma de conciencia de clase, pues hay que tener claro que, aunque podamos mejorar nuestras condiciones laborales, el capital siempre encuentra la manera de sacar la tajada más grande a costa de nosotros. Para que esto cambie de raíz es menester cambiar el sistema capitalista y encaminarnos a un sistema más humano, que priorice el bienestar sobre la ganancia y no la ganancia sobre el bienestar. Por lo pronto, les deseamos éxito en su lucha.
Si existe algún sindicato que puede ufanarse de su legado histórico, de haber derrotado dos intentos de reforma gubernamental para privatizar el sector eléctrico y de haber sobrevivido al golpe de Estado promovido por el ex presidente Felipe Calderón al extinguir a la empresa Luz y Fuerza del Centro en el 2009, ese es el Sindicato Mexicano de Electricistas.
A casi 16 años de ese golpe, el SME sigue existiendo con reconocimiento oficial a su dirección sindical, contrato colectivo de trabajo y un padrón de 15 mil 28 electricistas. Además, cuenta con una propuesta de reinserción laboral en Comisión Federal de Electricidad basada en el impulso de las energías renovables, la reducción de gases de efecto invernadero y la generación distribuida. En el terreno de la lucha social, el SME está impulsando la construcción de una Nueva Central de Trabajadores para disputar la dirección del movimiento al charrismo sindical y en el terreno internacional forma parte de diversos esfuerzos para reagrupar al sindicalismo combativo y dotarlo de un progra
Estos logros hubieran sido imposibles de alcanzar sin una base consciente, movilizada y combativa, y de una dirección clasista como la que representan los compañeros Martín Esparza Flores, secretario general del SME y José Humberto Montes de Oca Luna, secretario del exterior.
Esta increíble lucha de resistencia del SME se ha forjado al calor del enfrentamiento contra gobiernos neoliberales, manteniendo una sana distancia crítica hacia los recientes gobiernos progresistas, pero también de un firme combate a sus viejas dirigencias burocráticas que en el 2009 llamaron a que el SME quemara sus naves, que sus trabajadores aceptaran la humillante propuesta de liquidación ofrecida por el gobierno, que renunciaran a la protección del sindicato y desacatar el acuerdo de asamblea de no liquidarse.
Esos sectores son los que hoy representa el ex secretario general Rosendo Flores Flores, apoyado sumisamente por el provocador Mario Benítez Chávez y de su escribano despistado José Arreola (https://rebelion.org/una-).
Durante el proceso electoral del 2009, cuando el gobierno de Felipe Calderón intentó imponer a su peón, Alejandro Muñoz Reséndiz, como secretario general para minar la posible resistencia al golpe en ciernes, Rosendo Flores fue su principal cómplice. Rosendo Flores y su pandilla, aliados de Felipe Calderón, representan a una corriente política de derecha. Eso explica por qué esa corriente estuvo completamente ausente de toda la digna lucha de resistencia del SME y que ahora, de manera hipócrita, pretenden asumirse como su “salvador”.
Paralelamente, en nuestra lucha de resistencia, Mario Benítez y otros sectores ultraizquierdistas (al menos así se presentan), se opusieron al acuerdo con el gobierno de Enrique Peña Nieto para alcanzar una solución transitoria que nos permitió alcanzar una liquidación con logros superiores a lo otorgado por Felipe Calderón (de los cuales el propio Mario Benítez resultó beneficiado); ganamos la concesión para generar electricidad en las plantas de la extinta empresa LyFC; obtener la propiedad de terrenos y edificaciones para formar una cooperativa; y, no menos importante, asegurar la existencia del Sindicato Mexicano de Electricistas.
El centro de su oposición giraba en torno a criticar el haber obtenido la concesión de las plantas de generación, y de establecer una alianza con una empresa portuguesa para constituir la empresa Grupo Fénix, porque, según ellos, ello significaba reconocer la reforma privatizadora del sector eléctrico realizada meses atrás por dicho gobierno. El SME siempre dejó muy en claro nuestra oposición a esa reforma, pero hubiera sido suicida no haber aceptado la solución del conflicto en ese marco. Si el SME existe hoy, es gracias a dicho acuerdo.
Ante el rechazo aplastante de la Asamblea General a la insensatez de los grupos sectarios, éstos optaron por salirse de la organización sindical y establecer una alianza oportunista con la burocracia de derecha de Rosendo Flores. Confirmando, una vez más, el triste destino de los grupos sectarios, comienzan como estrellas gigantes rojas y terminan convertidos en enanas blancas.
Lo peor de esta alianza oportunista es que, ante su incapacidad de ganar una mayoría mediante el convencimiento, optaron por ser manipulados, desde los sótanos del gobierno progresista de López Obrador, para intentar dividir al SME. Este nuevo acto de traición a la autonomía e independencia sindical revela su falta de principios y una desesperación por ganar la dirección sindical sin importar los medios.
Desde entonces, la mayoría de estos grupos, que ya no pertenecen a nuestra organización sindical, se han dedicado a inventar supuestos actos de corrupción, que exhiben en la prensa amarillista, pero que han sido desestimados por las autoridades competentes en todos los casos e ignorados por la base electricista.
Su reciente amenaza de crear una planilla “fantasma” -porque se hace al margen del Estatuto y de la Ley Federal del Trabajo- sería completamente ridícula si no fuera porque proviene de un grupo violento, que el 27 de septiembre de 2019 intentó tomar por la fuerza la sede del SME, y porque vuelve a apostar a la intervención del gobierno en la vida interna de las organizaciones sindicales.
Aunque podemos estar tranquilos, porque la base del SME dará la espalda a estos grupos de derecha, es necesario continuar dando la batalla política e ideológica en contra de estos engendros oportunistas y sectarios.
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