Ecologistas en Acción de Segovia solicita a los ayuntamientos y a la comunidad autónoma que defiendan y apliquen “el principio de precaución” en la instalación de antenas de telecomunicaciones, ante sus impactos potenciales sobre la salud y el medio ambiente.
El 5 de mayo de 2025 se aprobó en un pleno del Ayuntamiento de Duruelo la instalación de una antena de telefonía móvil, subvencionada con fondos europeos, para ofrecer cobertura 5G en la urbanización Monte de los Cortos. Según fuentes vecinales, en base a la información proporcionada por la empresa encargada de la instalación, American Tower España, la antena se instalaría en los espacios comunes de la urbanización, próxima a pistas de tenis, columpios, juegos de niños y viviendas.
La legislación española se basa en los límites de exposición a campos electromagnéticos propuestos por la autodenominada ‘Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes’ (ICNIRP), organización privada que asesora a la OMS y que está cuestionada por ‘negacionismo’ y conflictos de interés por su papel lobista con las empresas tecnológicas. Estos límites ICNIRP contemplan sólo los efectos térmicos agudos y puntuales, no los efectos biológicos a largo plazo detectados en organismos vivos a niveles muy por debajo de dichas directrices, como muestra una amplia bibliografía científica. Por este motivo dicho criterio ICNIRP está cuestionado por numerosas instituciones y sociedades científicas, así como por personas expertas en biolectromagnetismo, firmantes del Llamamiento internacional de científicos sobre los campos electromagnéticos – responsables de más de 2.000 publicaciones relevantes en este ámbito-.
En 2011 el Consejo de Europa ya aconsejó a sus países miembros, como España, minimizar la exposición a radiofrecuencias, que debería ser tan baja como sea razonablemente posible (Principio ARALA). Cuestionó la protección de los actuales niveles de exposición a radiofrecuencias y aconsejó rebajarlos casi 1.000 veces, para atender también a los efectos atérmicos o biológicos a largo plazo de las emisiones electromagnéticas.
Una revisión de la literatura científica sobre los efectos de las antenas de estaciones base en humanos de 2022 concluye que casi el 75% de los estudios constatan efectos en la salud de las personas que viven cerca de las antenas de estaciones base. Estos van desde la denominada “enfermedad por radiofrecuencias” y sus alteraciones funcionales del sistema nervioso central (cefalea, alteraciones del sueño, malestar, irritabilidad, depresión, pérdida de memoria, mareos, fatiga, náuseas, pérdida de apetito, dificultad de concentración, etc.), cambios en los parámetros bioquímicos (aumento de la hemoglobina glicada -relacionada con mayor prevalencia de diabetes mellitus-, aumento de radicales libres, reducción de antioxidantes -aliados en la protección del cáncer-…), a una mayor tasa de incidencia de cáncer.
Estas alteraciones funcionales del sistema nervioso son, cada vez más, una constante en nuestra sociedad. Las enfermedades por sensibilidad electromagnética o química siguen siendo infravaloradas, desconocidas y con dificultades para su atención sanitaria y pleno reconocimiento, tal y como se denuncia desde ámbitos científicos y jurídicos.
Ecologistas en Acción Segovia exige aplicar el principio de precaución ante la instalación de la antena en la urbanización Los Cortos de Duruelo. Denuncia el incumpliendo legal (desde hace más de 11 años) de la creación de la Comisión sobre Radiofrecuencias y Salud que debería garantizar criterios éticos básicos de transparencia, independencia, pluralidad y participación ciudadana. Denuncia la suplantación, de facto, de las funciones de esta comisión ausente, por un comité lobista, el autodenominado ‘Comité Científico Asesor de Radiofrecuencias y Salud’ (CCARS), con conflicto de intereses, pues depende del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación estrechamente ligado a las compañías tecnológicas. Además, los sucesivos gobiernos españoles no han atendido a las numerosas denuncias de organizaciones sociales, como Ecologistas en Acción, ni a los reiterados requerimientos institucionales, como los del anterior Defensor del Pueblo para que se creara la Comisión Interministerial de Radiofrecuencias y Salud que determinaban las Leyes de Telecomunicaciones de 2014 y de 2022. Los informes del CCARS han sido cuestionados por mala praxis y ‘negacionismo’, pues dan una falsa sensación de inocuidad y contrastan, por ejemplo, con las conclusiones de la revisión sobre radiofrecuencias del Servicio de Información del propio Parlamento Europeo que, en 2021, llama a sus diputadas y diputados a disminuir la exposición a radiofrecuencias en base a las evidencias de daño encontradas muy por debajo de los límites del criterio ICNIRP.
En 2024, Ecologistas en Acción envió un informe al Ministerio de Sanidad donde analizaba y concluía que el CCARS, dependiente del Colegio de Telecos se encuadra claramente en este modelo de acción empresarial identificado por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), para retrasar/evitar la aplicación del Principio de Precaución ante las alertas tempranas de problemas emergentes. Las conclusiones de los informes del CCARS, cuestionadas por mala praxis científica y ‘negacionismo’ de la abundante literatura científica, han posibilitado sucesivos despliegues, especialmente de la tecnología 5G, sin atender a las garantías legales de salud contempladas en la propia ley de telecomunicaciones.
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