Fotografía: Decenas de personas durante la cadena humana por la sanidad pública, en la Puerta del Sol, a 7 de abril de 2024, en Madrid. Matias Chiofalo / Europa Press

Artículo original publicado en espacio-publico.com por Paco Cantero

Durante décadas se nos ha repetido que vivimos en democracias consolidadas. Votamos, elegimos representantes, cambiamos gobiernos. Sin embargo, mientras la política se reducía progresivamente a un ritual electoral, el poder real se desplazaba hacia otros espacios: los mercados financieros, las infraestructuras digitales, los centros de datos, los algoritmos que organizan la economía y la vida cotidiana. Hoy, muchas de las decisiones que determinan cómo vivimos ya no pasan por parlamentos ni por urnas, sino por estructuras privadas que nadie ha votado.

Este desplazamiento no es nuevo. Comenzó con la financiarización de la economía, cuando el capital financiero empezó a imponer límites estrictos a la política democrática. Lo que sí es nuevo es la aparición de un actor que no se conforma con condicionar la democracia, sino que aspira a reemplazarla: el capitalismo tecnológico libertario. Su irrupción no elimina el poder financiero tradicional, pero lo acelera, lo reconfigura y lo lleva a un nuevo estadio, donde la política deja de ser necesaria incluso como mediación.

De la financiarización al tecnolibertarismo

Durante años, el poder financiero vació de contenido a los Estados sin necesidad de destruirlos. Bastaba con imponer disciplina fiscal, desregular los mercados y convertir la economía en un espacio técnico inaccesible para la ciudadanía. Hoy, el capitalismo tecnológico libertario va más allá: no necesita Estados debilitados, sino Estados irrelevantes.

Este proyecto se apoya en una corriente filosófica donde la democracia no es un logro que perfeccionar, sino un error histórico; la igualdad, un error catastrófico; y la deliberación colectiva, un obstáculo para la eficiencia.

En lugar de ciudadanía propone usuarios. En lugar de leyes debatidas, reglas inscritas en código informático. En lugar de política, sistemas de gestión privada. El ideal no es el autogobierno, sino la optimización; no el conflicto democrático, sino la administración técnica de la sociedad por élites que se consideran más capacitadas.

No se trata de mejorar la democracia, sino de cerrar el paréntesis democrático abierto en los últimos dos siglos.

La demolición institucional como método

Este proyecto no puede imponerse en sociedades con instituciones sólidas y legitimidad pública. Para sustituir la política por sistemas automáticos de decisión es necesario, antes, debilitar la confianza en lo común. Por eso necesita gobernantes que actúen como agentes de demolición: líderes dispuestos a erosionar desde dentro aquello que dicen gobernar.

El patrón se repite: ataques a la justicia, a la ciencia, a la prensa, a la administración pública; degradación deliberada del debate político; polarización permanente; crisis constantes que paralizan la acción colectiva. No se trata de incompetencia ni de caos accidental, sino de una estrategia. Cuando las instituciones dejan de funcionar, la ciudadanía se vuelve más receptiva a soluciones autoritarias o tecnocráticas presentadas como inevitables, aunque anteriormente las habría rechazado.

El colapso institucional no es un efecto secundario: es una condición necesaria. Allí donde la política se percibe como inútil, la tecnología aparece como neutral y eficiente. Pero no lo es: responde a intereses concretos y concentra poder en manos privadas.

Trump como operador político de un proyecto ajeno

En este marco se entiende mejor el papel de figuras como Donald Trump. No son los arquitectos intelectuales del proyecto, sino sus ejecutores políticos. Su función no es construir alternativas, sino romper normas, desacreditar mediaciones y convertir la política en un espectáculo continuo que impide cualquier respuesta colectiva coherente.

El episodio de Groenlandia ilustra bien este mecanismo. Presentado como una extravagancia personal, respondía en realidad a intereses estratégicos de sectores tecnológicos. El Ártico ofrece condiciones óptimas para centros de datos: clima frío, energía relativamente barata, aislamiento geográfico y marcos jurídicos difusos desde los que operar lejos del control democrático. Trump no diseñó esa estrategia; simplemente la hizo visible.

Finanzas privadas: la gran victoria silenciosa

Mientras el ruido político ocupaba el espacio público, el capitalismo tecnológico libertario avanzaba en uno de sus frentes más decisivos: el control del dinero. La expansión de las finanzas distribuidas (DeFi) y de las stablecoins, presentadas como herramientas de libertad individual, tiene un impacto político profundo.

Estas tecnologías desplazan la creación y regulación del dinero desde los Estados hacia plataformas privadas gobernadas por código informático. El dinero deja de ser un instrumento de política pública y se convierte en una infraestructura corporativa. Sin soberanía monetaria, la democracia pierde uno de sus pilares fundamentales.

Una alianza funcional con la extrema derecha

Este proyecto no avanza solo. Ha encontrado en la extrema derecha un aliado eficaz. Aunque sus discursos difieran en apariencia, comparten un enemigo común: cualquier forma de control democrático que limite al capital.

La relación es funcional. Las élites tecnológicas aportan capital, infraestructuras digitales y control del espacio informativo. Las extremas derechas aportan polarización, ruptura institucional y bases sociales movilizadas contra la propia democracia. Juntas generan el clima perfecto para justificar la sustitución de la política por sistemas de control privado.

El agotamiento de la democracia representativa

El resultado es una democracia cada vez más vacía de contenido. La ciudadanía vota, pero no decide. Participa, pero no influye. La política se percibe como un teatro sin consecuencias, mientras las decisiones reales se toman en espacios inaccesibles.

La pregunta ya no es solo quién gobierna, sino dónde puede todavía ejercerse el gobierno democrático.

Biorregiones: devolver la política a la vida cotidiana

Es en este punto donde el concepto de biorregión cobra sentido político. La idea fue formulada originalmente en los años setenta por activistas como Peter Berg, que defendían la necesidad de reconectar la cultura, la economía y la organización social con los sistemas naturales que sostienen la vida.

No se trata de una nueva frontera ni de un proyecto identitario, sino de un espacio donde coinciden ecología, economía y vida cotidiana. Allí donde se organizan el agua, la energía, los alimentos, los cuidados o la movilidad, la política vuelve a tener suelo. La democracia deja de ser una abstracción institucional y se convierte en una práctica ligada a interdependencias materiales reales.

Las biorregiones no sustituyen al Estado ni niegan la escala global, pero anclan la democracia en territorios habitados, frente a la lógica tecnocrática que separa la toma de decisiones de sus consecuencias.

Asambleas con mandato temporal y sorteo ciudadano

Un elemento clave para que las biorregiones no reproduzcan élites locales ni nuevas burocracias es la forma en que se organiza su deliberación. Las asambleas biorregionales no estarían compuestas por representantes permanentes ni por militancias profesionales, sino por ciudadanos y ciudadanas seleccionados por sorteo, con mandatos temporales, claros y no renovables.

El sorteo no es un gesto simbólico, sino una antigua y eficaz herramienta democrática. Reduce la captura por intereses organizados, impide la profesionalización del poder y garantiza que la diversidad social real esté presente en la toma de decisiones. Los mandatos breves aseguran que nadie pueda convertir la asamblea en una carrera política ni en una posición de influencia estable.

Estas asambleas no sustituyen a las instituciones existentes ni gobiernan en abstracto. Intervienen en decisiones estratégicas concretas —energía, suelo, agua, vivienda, infraestructuras o uso de fondos públicos— con capacidad de supervisión, corrección o veto. Su función no es administrar, sino devolver control democrático allí donde las decisiones tienen consecuencias directas sobre la vida cotidiana.

El poder que se ejerce

El proyecto que busca sustituir la democracia avanza apoyado en la demolición institucional, la privatización de las infraestructuras y la alianza entre capital tecnológico y autoritarismo. Frente a él, las biorregiones y sus formas de deliberación no son una utopía, sino una corrección democrática concreta: una forma de devolver el poder a los lugares donde la vida ocurre.

El poder que no se ejerce se ocupa. Y hoy, ejercerlo empieza cerca. En lo común. En lo cotidiano. En los espacios donde todavía es posible decidir juntos.

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El 11 de febrero, la presidenta Von der Leyen se reunió de nuevo con cientos de representantes empresariales durante un evento organizado por CEFIC, un poderoso grupo de presión de la industria química europea, apenas unas horas antes de reunirse con los jefes de Estado de la UE. Este patrón recurrente de compromiso exclusivo plantea una pregunta fundamental: ¿la política europea está siendo moldeada por sus 450 millones de ciudadanos o por los mayores grupos de presión industriales del continente? El momento elegido también brinda a la industria una oportunidad privilegiada para transmitir sus demandas directamente a la cumbre de jefes de Estado de la UE sobre competitividad que se celebrará al día siguiente. El retroceso amenaza con intensificarse tras esta cumbre, en la que se debatirá un conjunto de propuestas de desregulación, la mayoría de las cuales provienen directamente de la industria¹.

Desde 2024, la Declaración de Amberes ha actuado como una hoja de ruta paralela para la Unión Europea. Lo que se presenta como algo que impulsará la economía se ha convertido cada vez más en un vehículo para desmantelar las salvaguardias democráticas de la UE. Estamos asistiendo a un retroceso sistemático de protecciones climáticas, medioambientales y sociales vitales: los avances conseguidos con tanto esfuerzo se están cambiando ahora por concesiones a las empresas a puerta cerrada. Hasta ahora, la UE ha actuado con rapidez y dureza en favor de los contaminadores, las empresas que violan los derechos y los accionistas, pero no en favor de las personas. 

La Comisión ha llegado incluso a socavar sus propias salvaguardias procedimentales, al no proporcionar evaluaciones de impacto ni pruebas científicas o económicas creíbles para propuestas clave, y al descuidar procesos de consulta significativos. Cuando el Defensor del Pueblo Europeo expresó su preocupación, la respuesta de la Comisión no fue corregir su enfoque, sino debilitar sus propias normas de mejora de la regulación.

Al mismo tiempo, el lobby industrial ha conseguido miles de millones en subvenciones públicas, justificadas por alegaciones de crisis económica y escasez de capital que desde entonces han demostrado ser muy exageradas. Muchas de estas mismas empresas siguen dando prioridad a los pagos a corto plazo a los accionistas frente a la inversión en una transición justa y sostenible. 

Considerar las normas democráticas como obstáculos para el crecimiento alimenta una peligrosa carrera a la baja, en la que las industrias más perjudiciales se ven recompensadas con normas más laxas y más financiación pública, mientras que la población se enfrenta a la austeridad y a la disminución de las protecciones.

Rechazamos esta agenda de desregulación impulsada por las empresas. La estrategia industrial y económica de Europa debe reforzar, y no sacrificar, la integridad medioambiental, la justicia social, los derechos humanos y la responsabilidad democrática. Las normas estrictas no son una carga, sino la base de la resiliencia económica a largo plazo de Europa. El dinero público y el poder político deben servir a la sociedad en su conjunto, y no afianzar la influencia y los beneficios de las industrias más responsables de las crisis a las que nos enfrentamos.

Para defender los derechos del público a la salud, a un medio ambiente habitable y a condiciones de trabajo dignas, afirmamos que necesitamos

Normas para proteger la democracia, las personas y el planeta

1. Revitalizar la democracia europea

El enfoque de la segunda Comisión Von der Leyen en la competitividad se refleja en su contacto más intenso con los actores corporativos: el 40 % de las reuniones de los miembros del gabinete de los comisarios fueron con representantes de empresas, el 29 % con asociaciones empresariales y solo el 16 % con ONG. Este desequilibrio supone un riesgo de captura política²; Además, la Comisión ha creado nuevos espacios, como los «talleres de verificación de la realidad» y los «diálogos de implementación», que se han establecido de forma poco transparente y refuerzan aún más este desequilibrio, abriendo nuevas vías para la influencia de las empresas.

Las organizaciones de la sociedad civil, las ONG, las organizaciones medioambientales, los sindicatos y el mundo académico, como representantes clave del interés público, deben ser escuchados, protegidos y tener un acceso significativo a la toma de decisiones. 

La actual agenda de desregulación de la UE refleja más el lobby empresarial que las prioridades de la gente común: abordar el coste de la vida, garantizar unos servicios públicos sólidos y tomar medidas decisivas sobre las crisis climática, de biodiversidad y de contaminación. La elaboración de leyes no debe estar dirigida por las mismas industrias responsables de la contaminación, el daño climático, la discriminación, el tratamiento ilegal de datos sensibles, la vigilancia masiva y otros daños. Estas salvaguardias no pueden desmantelarse para satisfacer las demandas de los sectores más contaminantes y riesgosos.

En lugar de reducir el espacio cívico y marginar las voces públicas, la UE debe reforzar la participación democrática. 

2. Las normas existen para proteger al público

Los ciudadanos de toda la UE están cada vez más expuestos a sustancias químicas persistentes (PFAS), a la contaminación por pesticidas y a fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes. Esto genera enormes costes para la sociedad, tanto económicos como en términos de bienestar³. En lugar de más «leyes omnibus⁴» que socavan las protecciones, necesitamos normas mejores y más estrictas que garanticen el acceso al agua, el aire y los alimentos limpios, garanticen lugares de trabajo más seguros, protejan nuestra privacidad y nuestros datos personales en línea y nos protejan de las aplicaciones peligrosas de la inteligencia artificial. 

Las personas no quieren sustancias químicas tóxicas en sus cuerpos, condiciones de trabajo inseguras, alimentos y agua potable contaminados, ni un seguimiento constante en línea. Los niños deben poder jugar en los parques sin estar expuestos a sustancias nocivas como los PFAS, y las familias no deben encontrar sustancias químicas persistentes (TFA⁵) en sus comidas debido a la desregulación de la legislación sobre pesticidas. 

3. No a los cheques en blanco para las industrias contaminantes

Las industrias contaminantes pagan dividendos astronómicos a sus accionistas, año tras año. Entre 2010 y 2023, las empresas europeas de sectores clave para la transición energética generaron 2,1 billones de euros en beneficios netos y distribuyeron 1,6 billones de euros a los accionistas, lo que supone un asombroso 75,3 % de sus beneficios netos totales (y alrededor del 40 % del PIB de Alemania, a modo de comparación⁶). No necesitan inyecciones de capital adicionales pagadas por los contribuyentes, que se enfrentan a recortes en sanidad, educación y acción climática. El problema no es la falta de capital, sino la mala asignación de los recursos existentes. Debemos invertir en una economía orientada al futuro, libre de sustancias tóxicas y descarbonizada, y no apoyar a los sectores intensivos en combustibles fósiles tóxicos que se resisten a la transición energética y libre de sustancias tóxicas. Por último, las empresas contaminantes deben asumir los costes de los daños causados por sus productos, y no la sociedad, respetando el principio de «quien contamina paga».

4. El nuevo espíritu de la elaboración de leyes debe basarse en la evidencia.

Los paquetes ómnibus están desmantelando protecciones cruciales sin pruebas científicas ni evaluaciones de impacto adecuadas⁷. Las propuestas son miopes, están impulsadas por la industria e ignoran sus efectos sobre las personas y el planeta⁸. La elaboración de leyes debe basarse en pruebas y salvaguardar la salud, los derechos, el medio ambiente y los objetivos de sostenibilidad a largo plazo de Europa. Basar las leyes en las demandas inmediatas de las industrias impulsadas por los beneficios, que a menudo son las mismas responsables de la contaminación, la explotación, la discriminación impulsada por la tecnología y la crisis climática, es fundamentalmente erróneo.

En cambio, la legislación de la UE debe basarse en pruebas sólidas, en el asesoramiento de expertos y en las opiniones de las comunidades más afectadas. Las organizaciones de la sociedad civil, las ONG, las organizaciones medioambientales y los sindicatos, los científicos y los expertos independientes deben orientar la toma de decisiones, garantizando que las políticas sirvan a las personas y al planeta, y no solo a un puñado de empresas contaminantes y con un alto consumo energético.

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Fotografía:  encuentro entre Trump y Milei en febrero de 2025. / The White House

Artículo original publicado en ctxt.es por Juan Torres López

A la hora de analizar lo que está ocurriendo en el mundo no se debería caer en lo que a mí me parece una peligrosa simplificación: considerar que estamos en una simple anomalía producida por la personalidad singular del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Este es, sin duda, lo suficientemente excéntrico, autoritario y disruptivo como para poner en peligro por sí solo el ya frágil entramado de derechos, libertades e instituciones democráticas, no sólo en su país sino en todo el mundo. Su narcisismo enfermizo y el desprecio por las normas están abriendo las puertas a un auténtico vendaval neofascista de consecuencias funestas.

El autoritarismo y la crisis de la democracia se extienden por razones que van mucho más allá de las características personales de Trump

Sin embargo, me temo que el autoritarismo y la crisis de la democracia se extienden por razones que van mucho más allá de las características personales de Trump. Y analizar como algo personal lo que en realidad es estructural puede hacer ingenuamente que el problema se resuelve reemplazando a un líder por otro.

A mi juicio, nada brota si no existen condiciones que le permitan crecer y desarrollarse, sin un medio ambiente favorable, y por eso creo que Trump no es exactamente la causa principal de la crisis democrática de Estados Unidos y del mundo entero. Es, en realidad, el efecto emergente de una serie de grandes fracturas económicas, institucionales, mediáticas, culturales, tecnológicas y geopolíticas que afectan al planeta.

Dicho de otra manera: la aparición de líderes autoritarios y neofascistas como Trump no es la causa de la crisis de la democracia y las libertades; es esa crisis la que da lugar y explica la aparición y la funcionalidad de Trump. Por eso su llegada al poder no puede considerarse como un accidente pasajero, sino como auténtico punto de inflexión en la historia del capitalismo contemporáneo y me atrevería a decir que de la humanidad.

Un sistema incompatible con la democracia y la libertad

Lo que está ocurriendo en Estados Unidos y va a ocurrir también en los demás países avanzados es la consecuencia de una mutación del capitalismo que lo ha hecho cada vez más incompatible con la democracia. 

Esa incompatibilidad se produce por tres razones principales. 

– La gran desigualdad de nuestro tiempo ha deteriorado las economías y ha obligado a limitar cada día más los derechos y libertades de desposeídos a cuya costa se genera la concentración de la riqueza y el poder que la producen.

– Cuando esa desposesión se hace indisimulable hay que recurrir a la mentira y al falseamiento del debate social para poder justificarla, para hacer creer que es la inmigración, el feminismo o la política democrática lo que amenaza el empleo, los salarios, la provisión de los servicios públicos, la seguridad o la soberanía.

– El nuevo capitalismo tecnológico que se ha hecho dominante necesita plena libertad para utilizar en su favor todos los recursos del Estado.

Estos procesos están produciendo las grandes fracturas económicas, institucionales, mediáticas, culturales, tecnológicas y geopolíticas que están convirtiendo al capitalismo de nuestros días en un sistema incompatible con la democracia, y este es el medio ambiente en el que líderes políticos como Trump, Milei, Le Pen, Orbán… no aparecen como sorpresas o incidencias casuales, sino como las respuestas necesarias para intentar consolidarlo.

El 1 % más rico posee el 31,7 % de la riqueza total de EEUU, mientras que la mitad inferior de la población apenas supera el 2 %

Fracturas económicas y sociales profundas 

En las últimas cuatro décadas, la economía estadounidense viene experimentando transformaciones que han erosionado los cimientos sociales que pueden sostener a la democracia, por débil que esta sea:

– Concentración extrema de la riqueza y el poder económico que ha producido una desconexión creciente entre el crecimiento de la economía y el bienestar de la mayoría de la población. Hoy, el 1 % más rico posee el 31,7 % de la riqueza total del país, mientras que la mitad inferior de la población apenas supera el 2 %.

– Profunda desindustrialización debida a la externalización productiva, es decir a la marcha de las grandes empresas al exterior, al amparo de la globalización, para buscar costes más bajos, que ha producido desempleo generalizado en muchas áreas, precarización salarial y estancamiento salarial. Desde 1980 se han perdido más de 7,5 millones de empleos industriales, y en amplias zonas la renta per cápita real es hoy inferior a la de hace tres décadas.

– Endeudamiento masivo de los hogares en educación, salud y vivienda, que convierte derechos básicos en riesgos financieros permanentes. Sólo en deuda estudiantil 42,8 millones de personas mantienen deuda estudiantil por valor superior a los 1,7 billones de dólares, una cifra superior al PIB de países como España.

– Desigualdad territorial extrema, con grandes espacios y regiones enteras sumidos en un gran declive económico y social.

– Debilitamiento del poder sindical y del trabajo organizado, que reduce la capacidad de acción colectiva.

Además de desigualdad y deterioro económico, estas dinámicas han generado una inseguridad vital que se ha hecho crónica en amplios sectores sociales que viven con la sensación de pérdida de estatus, de futuro bloqueado y de ruptura del contrato social. Eso ha hecho que la política se haya convertido para ellos en un campo de continua amenaza y la demanda social ha dejado de ser la de redistribución o reforma para buscar, simplemente, la protección que supuestamente proporcionan los líderes autoritarios.

Democracia vaciada

La segunda base en que se ha sustentado el avance del trumpismo es el diseño y funcionamiento degradado de las instituciones políticas estadounidenses.

– El sistema electoral se ha ido distorsionando cada vez más, se han generalizado los casos de manipulación de distritos para favorecer a uno u otro partido o mecanismos encaminados a suprimir el voto de algunos grupos sociales, quebrándose así el principio de igualdad política. En 2016, Donald Trump perdió el voto popular por casi tres millones de votos y aun así ganó la presidencia.

– La financiación privada masiva de la política ha otorgado a grandes fortunas y corporaciones una influencia decisiva sobre el proceso legislativo y el gobierno ha sido materialmente capturado por grupos de presión, especialmente financieros, energéticos, tecnológicos y militares. En las elecciones de 2020 se gastaron más de 14.000 millones de dólares, aportados de forma desproporcionada por un porcentaje ínfimo de grandes donantes.

– Las puertas giratorias que disuelven la frontera entre interés público e interés privado se han hecho una constante.

Los contrapesos institucionales (tribunales, agencias reguladoras y administración profesional) se han ido debilitando o desapareciendo

– Los contrapesos institucionales (tribunales, agencias reguladoras y administración profesional) se han ido debilitando, cuando no desapareciendo, en los últimos años, permitiendo que, aunque los ciudadanos voten, no sean realmente los que decidan cómo se gobierna.

Todo ello ha producido una brecha entre participación formal y poder real que genera frustración, cinismo y deslegitimación del sistema (sólo un 17 % de los estadounidenses confía en el Congreso). Y eso es lo que permite que personajes estrambóticos como Trump aparezcan aquí como ajenos a un sistema que se percibe como corrupto, aunque en la práctica se hayan enriquecido con él, lo utilicen y lo profundicen. El atractivo social de personas como Trump no nace a pesar de esas disfunciones institucionales, sino gracias a ellas.

Degradación mediática del espacio público

El sistema mediático estadounidense (como en la inmensa mayoría de otros países) también ha mutado:

– El periodismo ha pasado de ser un medio de control del poder a una industria de la atención.

– La información ha dejado de ser contextualizada para convertirse en espectáculo permanente.

– En lugar de promover y ayudar a generar un espacio público común y compartido se dedica a crear burbujas ideológicas rentables.

Y todo ello ha sido intensificado por las plataformas digitales y los algoritmos que, buscando aumentar la interacción que los hace más rentables, amplifican el extremismo y la polarización, fragmentan la realidad en relatos incompatibles, y anteponen la emoción sobre el análisis. Numerosos estudios muestran que los contenidos falsos y extremos se difunden más rápido y alcanzan mayor audiencia que la información verificada. Basta recordar la difusión masiva de la narrativa del fraude electoral en 2020, sostenida durante semanas, pese a la inexistencia de pruebas y al rechazo sistemático de los tribunales.

El funcionamiento actual de los medios de comunicación busca y hace que desaparezcan los hechos compartidos que son condición básica para que la democracia no se degrade.

En este entorno, las personas y líderes que encarnan la lógica del sistema son los que, como Trump o Milei, basan su comportamiento en la mentira, el conflicto, el simplismo y la provocación.

Vulnerabilidad cognitiva, generacional y simbólica

El deterioro de la educación y de la cultura cívica que se viene produciendo en las últimas décadas debido a causas diversas agrava todas las dinámicas anteriores.

El retroceso en competencias básicas y pensamiento crítico, la mercantilización de la educación superior, la segregación educativa creciente por renta y territorio, la reducción de la educación cívica y de la comprensión institucional, la politización e incluso la censura expresa de contenidos históricos y científicos han creado una ciudadanía con menos herramientas cognitivas, más vulnerable a la manipulación, a la simplificación del populismo y a la guerra cultural.

Eso ha hecho posible que la política haya dejado de ser un debate transparente sobre intereses y proyectos colectivos para convertirse en una lucha de identidades que enfrenta y paraliza.

Personalidades como la de Trump o Milei ofrecen relatos simples, culpables claros y promesas de restauración simbólica

La consecuencia ha sido también una crisis subjetiva profunda que provoca miedo existencial y al declive nacional, frustración generacional y colapso de expectativas, crisis de estatus y masculinidad en sectores tradicionales; soledad, ansiedad y fatiga cognitiva y ausencia de un proyecto colectivo de futuro en una gran parte de la población.

Personalidades como la de Trump o Milei ofrecen relatos simples, culpables claros y promesas de restauración simbólica. No resuelven los problemas, pero alivian emocionalmente a quienes se sienten perdidos y desplazados.

Un poder real que mueve los hilos

Ninguno de esos procesos podría haberse producido sin el impulso y la financiación del mundo de los negocios, de las grandes corporaciones y el capital financiero. Han logrado que la democracia se vacíe de contenido redistributivo, desplazar el conflicto del eje económico al cultural, generar una constante sensación de amenaza, condicionar así la política exterior y presupuestaria y limitar el espacio de la diplomacia y la deliberación democrática.

Trump no gobierna contra el poder económico. Gobierna para una parte significativa de él. No es casual que grandes fortunas, corporaciones y sectores tecnológicos hayan financiado, tolerado o normalizado su figura.

No es Trump, es el sistema

En definitiva, Donald Trump no puede entenderse como una aparición inesperada ni como un cuerpo extraño al sistema de poder económico, político y mediático que domina Estados Unidos. Al contrario, ese tipo de figura se convierte en el instrumento político que requiere una fase del nuevo capitalismo en la que amplios sectores del poder real –financiero, tecnológico, energético, industrial y mediático– necesitan aplicar políticas profundamente regresivas sin aparecer como sus responsables directos.

Y para que esa estrategia de captura sea factible y tenga éxito social y electoral, resulta clave que sean encarnadas por figuras que se presenten como ajenas al sistema, como outsiders que “dicen lo que otros no se atreven a decir” y que aparentan enfrentarse a las élites, aunque en la práctica gobiernen para una parte significativa de ellas. Trump cumple perfectamente ese papel: su estilo estridente, su retórica antisistema y su provocación constante funcionan como una cortina de humo que oculta la continuidad de fondo de las políticas que se aplican.

Las condiciones que han hecho posible el trumpismo en Estados Unidos se reproducen en buena parte de las otras democracias occidentales y periféricas

Es una lógica que no es nueva ni exclusiva de Estados Unidos. En contextos de creciente desigualdad, debilitamiento democrático y frustración social, el sistema tiende a necesitar líderes que parezcan venir de fuera para poder profundizar transformaciones que, de otro modo, encontrarían mayor resistencia. Por eso, las condiciones que han hecho posible el trumpismo en Estados Unidos se reproducen (y se van a reproducir cada vez en mayor medida si no se pone freno a los procesos que hemos visto), con más o menos variaciones en buena parte de las otras democracias occidentales y periféricas. Allí donde ya han empezado a emerger partidos y figuras similares que combinan discurso antisistema, liderazgo personalista y políticas funcionales a los intereses dominantes.

Ausencia de elementos de freno y corrección 

La ausencia de un freno o corrección internos y externos efectivos ha permitido que estas dinámicas se profundicen. El tipo de relación que el resto del mundo mantiene con Estados Unidos también forma parte del problema por el vasallaje imperial.

La dependencia militar y monetaria, la legitimación acrítica de su liderazgo incluso cuando viola normas internacionales y el aceptar que Estados Unidos asuma la función de gran policía global reduce los costes externos de su deriva autoritaria y que las disfunciones que eso provoca internamente se acumulen sin ajuste.

El silencio –o, al menos, la falta de una respuesta suficientemente efectiva– tanto a nivel externo como interno ante la quiebra democrática e institucional que se viene produciendo no es casual. Es el resultado, por un lado, de un auténtico cálculo racional de los actores sociales más poderosos que necesitan y a quienes beneficia la desregulación extrema de los mercados, el dejar de gravar la riqueza, la liquidación de los derechos laborales o que se dé libertad a los monopolios. Y, por otro, de la inoperancia, debilidad y fracaso de las izquierdas de nuestro tiempo.

No es anomalía: hay manual de instrucciones

Trump no es un verso suelto que aparece en la vida política con partitura propia y en contra del ecosistema de poder en el que nace. Viene, por decirlo metafóricamente, con manual de instrucciones y –por muy relevante que sean su personalidad y singularidad– es, en realidad, el ejecutor de un proyecto estructurado. Basta leer el llamado Proyecto 2025 para comprobarlo.

Con ese documento, elaborado por cientos de especialistas y financiado por grandes empresas y bancos, se demuestra que vaciar la democracia desde dentro, convertir el Estado en instrumento de facción y hacer irreversible la concentración de poder no es una tarea improvisada que Trump haya emprendido por su cuenta, sino una estrategia consciente, premeditada y muy bien diseñada. Alrededor del 61 % de las más de 320 medidas propuestas ya se han puesto en marcha o están en proceso de ejecución. Eso significa que, si no estuviese Trump en el poder, otra persona podría ser quien hiciera su mismo trabajo de desmantelamiento de la democracia, liberalización extrema de los mercados y de apoyo y privilegio a los grandes grupos de poder.

Trump concentra la atención porque encarna de forma grotesca y provocadora procesos mucho más profundos que llevan décadas gestándose

Donald Trump no es el origen de la quiebra democrática que vivimos, sino su manifestación más visible y, hasta ahora, más extrema. Su figura concentra la atención porque encarna de forma grotesca y provocadora procesos mucho más profundos que llevan décadas gestándose. Por eso, centrar el debate exclusivamente en él resulta engañoso y puede ser que inútil.

Lo verdaderamente inquietante no es que Trump haya llegado al poder, sino que el entramado económico, institucional, mediático y geopolítico de nuestro tiempo no sólo lo tolere, sino que lo necesite. El llamado Proyecto 2025 demuestra que no estamos ante una deriva improvisada ni ante el capricho de un líder excéntrico, sino ante una estrategia consciente para vaciar la democracia desde dentro y hacer irreversible la concentración de poder.

La pregunta decisiva, por tanto, no es cómo impedir la presencia personal de Trump o de otras figuras similares, sino qué transformaciones profundas son necesarias para desactivar las condiciones que las hacen posibles. Porque mientras esas condiciones permanezcan intactas –desigualdad extrema, democracia formal vaciada, captura del poder económico, degradación del espacio público y silencio cómplice a escala interna e internacional– Trump no será una anomalía histórica. Será un precedente. 

Y los precedentes, cuando no se corrigen, se convierten en norma.

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