La Marcha por la Libertad liderada por la francesa Claude Mangin -esposa del preso político saharaui Naama Asfari- ha recorrido muchos lugares desde Ivry-sur-Seine, en Francia hasta Tarifa durante dos meses, informando, haciendo talleres, contando lo que la mayor parte de la prensa silencia sobre la ocupación marroquí, ilegal y cruel.

La Marcha por la Libertad nos retrotrae a la Decisión de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Castigos crueles, inhumanos o degradantes -órgano de las Naciones Unidas- emitida el 15 de noviembre de 2016. Esta Decisión -hay muchas más del mismo tenor referentes a otros presos políticos saharauis- establece que Naama Asfari fue torturado. Se refiere también la Decisión a las deplorables condiciones sanitarias que padeció, y pide compensación, reparación por los efectos físicos y psicológicos de los daños infligidos, y garantía de no repetición. Pide rehabilitación para el detenido, y una investigación sobre lo sucedido con vistas a llevar a los responsables ante la justicia. Pide abstenerse de cualquier forma de presión, intimidación o represalia, como dañar la integridad física y moral del preso y su familia, y permitirle recibir en la cárcel visitas de su familia. También pide información en el plazo de 180 días de las medidas que se han tomado como consecuencia de las consideraciones expresadas.

de estas exigencias de las Naciones Unidas. Hasta el punto de que a la esposa de Naama, la francesa Claude Mangin que reside en Francia, y que se desplazaba cuando podía para ver a su marido, a partir de esa sentencia pidiendo expresamente que se permitiese al preso recibir en la cárcel visitas de su familia, se le impidió la entrada a Marruecos. Tuvo Claude que hacer una huelga de hambre de 30 días en el Ayuntamiento de su ciudad -Ivry-sur-Seine- para denunciar la violación de su derecho. Esa huelga tuvo como consecuencia una última visita a la cárcel de Kenitra, donde se encuentra su marido. Después, nunca más. Tras 5 nuevos intentos fallidos, Claude consideró otra manera de difundir la arbitrariedad de Marruecos: la Marcha por la Libertad, con la doble finalidad de intentar ver a su marido y de difundir la causa de los presos políticos saharauis encarcelados en Marruecos.

Terminó la Marcha en Algeciras con una concentración numerosa a la que acudieron gentes de todas partes, incluso del extranjero. Y luego, ya en Tarifa, catorce personas, entre ellas representantes políticos de España y Francia, acompañaron a Claude en el ferry hacia Tánger, en su intento de visitar a su marido preso.

Hay que destacar la vergonzosa actuación de la policía marroquí en un barco español y la vergonzosa ausencia de la policía española

Tampoco en esta ocasión cumplió Marruecos con las recomendaciones de la ONU, y Claude ni siquiera pudo desembarcar en Marruecos. La diferencia está en que en esta ocasión había 14 testigos con ella. No son invenciones de Claude.

La solidaridad, el esfuerzo, la ilusión marcaban el rumbo de la Marcha. Se hizo una difusión magnífica, y muchas personas se empiezan a incorporar a la lucha por la causa saharaui y por la defensa de sus presos a raíz de esa dinámica. La Marcha fue un éxito.

Y podría haber terminado con broche de oro si las autoridades marroquíes, por una vez, hubieran accedido a cumplir con la legalidad, permitiendo a Claude visitar a su marido. Pero no. Una vez más imperó la chulería y la impunidad.

Hay que destacar la vergonzosa actuación de la policía marroquí en un barco español y la vergonzosa ausencia de la policía española.

En el ferry había una garita para control de pasaportes a cargo de policías marroquíes identificados. Y luego había una caterva de policías marroquíes de paisano -que al principio se hicieron pasar por pasajeros con su maletita y todo- que actuaban como si estuviesen en su pueblo, intimidando a los pasajeros, filmándoles uno por uno, incluso en tierra española, en la cafetería del puerto y cuando subían la pasarela, diciéndoles dónde podían filmar y dónde no y dónde podían estar y dónde no, recibiendo órdenes de sus superiores, estos sí, identificados. Cogieron los pasaportes de los viajeros y los fotografiaron. A una pasajera le arrebataron el móvil por detrás y le hicieron daño en la mano. Ella tuvo que acudir al jefe de los policías marroquíes para pedir que se lo devolvieran, y este le obligó a borrar un vídeo si quería recuperarlo. La indefensión creaba angustia entre los pasajeros. Estaban atrapados. ¿Y dónde estaba la policía española para defenderles? No estaba. Todo esto en un barco de Balearia que en su página web tiene sus barcos registrados como de España o de la UE. Y en aguas españolas.

Estos policías les dijeron a los pasajeros que acompañaban a Claude -fichados por los servicios marroquíes desde hace tiempo- que no iban a bajar del barco. Les arrinconaron, y les dejaron ahí, de vuelta para Tarifa sin dar ninguna explicación ni entregar ningún tipo de atestado explicando el porqué de la no admisión en su territorio. La propia ley marroquí exige esa notificación justificativa.

Estuvieron inhibidas las señales de los móviles, de manera que los pasajeros no se pudieron comunicar. No podían avisar de lo que estaba pasando. Estaban coaccionados, sometidos contra su voluntad

Estuvieron inhibidas las señales de los móviles, de manera que los pasajeros no se pudieron comunicar. No podían avisar de lo que estaba pasando. Estaban coaccionados, sometidos contra su voluntad, sin libertad de acción ni de movimiento y con violencia e intimidación.

Habrá que saber qué responsabilidad tiene España en todo esto. Por muchos acuerdos que hubiera entre ambos países a efectos de cooperación en inmigración, los hechos ocurridos no tienen justificación. España tiene que dar explicaciones.

Cristina Martínez Benítez de Lugo es participante en el Movimiento por los Presos Políticos Saharauis.

Fuente: https://www.elindependiente.com/opinion/2025/06/09/el-lamentable-y-vergonzoso-final-de-la-marcha-por-la-libertad-de-los-presos-politicos-saharauis/

África se halla hoy en una encrucijada, atrapada entre crisis internas, la dinámica cambiante del poder mundial y el lento despliegue del orden político poscolonial. De un lado a otro del continente, los partidos gobernantes que en su día se vieron legitimados como libertadores nacionales están perdiendo terreno, pero la oposición sigue estando dividida y tiene poco que ofrecer en materia de gobernanza alternativa.

Las elecciones de 2024 en Mozambique fueron uno de los ejemplos más claros de este declive, cuando el partido gobernante, el Frelimo, se proclamó vencedor en un proceso condenado por mucha gente por fraudulento. El líder de la oposición, Venâncio Mondlane, candidato del partido Podemos, de reciente creación, acusó al gobierno de orquestar una manipulación electoral  masiva, pues recuentos paralelos de votos indicaban que en realidad él había ganado las elecciones. El partido gobernante respondió a las protestas multitudinarias desatando una represión violenta. Con ello daba continuidad a una tendencia a la supresión de la disensión política y al mantenimiento del control con medios cada vez más autoritarios.

La pérdida de legitimidad de estos gobiernos de la época de la liberación no se limita a Mozambique. En Sudáfrica, el Congreso Nacional Africano (ANC) ha perdido su clara mayoría por primera vez desde 1994, obteniendo tan solo alrededor del 40 % de los votos en las elecciones de 2024. Después de décadas de predominio político, el partido forma parte ahora de una coalición incómoda y sumamente frágil con la Alianza Democrática (DA), un partido con el que venía rivalizando desde hace mucho tiempo. Esto ha obligado al ANC a gobernar desde una posición más centrista, limitando su capacidad para desarrollar políticas que su base tradicional podría esperar.

Mientras que ciertos sectores del ANC consideran que esta coalición es una concesión necesaria para mantener la estabilidad, otros la tachan de traición a la misión histórica del partido, especialmente a causa de la orientación política neoliberal de la DA. Las consecuencias de estos hechos están por ver: dependerán de si perdura el gobierno de coalición, si seguirá fracturando al ANC o si dará pie al surgimiento de movimientos de oposición más fuertes al margen del proceso electoral oficial.

El declive del ANC se inscribe en una tendencia más amplia en el sur de África, donde el Zanu-PF de Zimbabue se atrinchera en el poder con medios represivos más que con apoyo popular, utilizando al poder judicial y a la comisión electoral para bloquear todo desafío de la oposición. Mientras, el Swapo de Namibia y el BDP de Botsuana se han visto confrontados con reveses electorales sin precedentes (el BDP ha perdido una elección por primera vez desde la independencia), lo que indica que incluso partidos gobernantes que en tiempos se habían mostrado estables ya no tienen garantizada ninguna victoria electoral fácil. La aparición de estos cambios señala que sus credenciales antaño potentes como partidos libertadores ya no bastan para asegurar un mandato gubernamental suficiente.

Conflicto

El debilitamiento de estos gobiernos se produce sobre el telón de fondo  de una agravación de los conflictos y de la inestabilidad en otras partes del continente.

Sudán sigue inmerso en una guerra devastadora entre las Fuerzas Armadas Sudanesas y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido. Este conflicto ha desplazado a millones de personas y se ha internacionalizado progresivamente, ya que Egipto y los Emiratos Árabes Unidos apoyan a bandos opuestos. La guerra no solo ha profundizado el colapso económico de Sudán, sino que también supone una amenaza para la estabilidad regional, con efectos de contagio en Chad, Sudán del Sur y Etiopía.

La República Democrática del Congo (RDC) sigue combatiendo con insurgencias armadas, particularmente el reaparecido M23, que cuenta con el apoyo de Ruanda, lo que exacerba las tensiones regionales. Las acusaciones de interferencias transfronterizas contribuyen al deterioro de las relaciones diplomáticas.

Estas crisis no están aisladas, sino que reflejan un fracaso más profundo de la gobernanza en toda África, donde en muchos casos el Estado es incapaz de resolver los agravios sociales y económicos sin recurrir a la violencia.

El efecto Trump

En medio de todas estas crisis, África también tiene que lidiar con el cambio del orden internacional. El retorno de Donald Trump a la Casa Blanca ya ha empezado a reconfigurar las relaciones de África con EE UU. Se ha producido un giro a favor de una relación mas transaccional y un renovado énfasis en la seguridad por encima del desarrollo. Una de las primeras medidas importantes de Trump en el ámbito de la política exterior fue la eliminación de la ayuda al desarrollo con el desmantelamiento de USAID y la retirada de la financiación de programas de salud cruciales, incluido el Plan de Emergencia del Presidente de EE UU para el Alivio del Sida (PEPFAR). Esto deja a millones de personas sin poder acceder a un tratamiento contra el VIH y otros servicios críticos.

Esto se ha sentido de forma más aguda en países en que los sistemas de salud ya se encuentran extremamente tensionados, exacerbando las crisis de salud pública que podrían tener efectos desestabilizadores a largo plazo. El gobierno estadounidense justifica estos recortes con argumentos propios de su ideología de América Primero, que considera que la ayuda exterior es un gasto innecesario y no una inversión estratégica en estabilidad.

Y esto ha coincidido con un endurecimiento de la política de EE UU en materia migratoria. El gobierno se plantea prohibir la concesión de visados de entrada que podría afectar a docenas de países africanos al restringir el acceso de estudiantes, trabajadores y turistas. Este enfoque recuerda  el cierre de fronteras de la primera presidencia de Trump. Anuncia una profundización del aislamiento de EE UU con respecto a África, tratando al continente más como un riesgo de seguridad y fuente de inmigrantes que como socio diplomático o económico.

Trump y Sudáfrica

La hostilidad mostrada por la administración estadounidense hacia Sudáfrica ha sido particularmente chocante. Trump expulsó al embajador sudafricano e impuso sanciones en respuesta a la política de expropiación de tierras de Pretoria y sus posiciones en materia de política exterior, sobre todo su iniciativa de responsabilizar a Israel del genocidio que está cometiendo en Gaza. El gobierno estadounidense sostiene que esto implica simpatía por Hamás e Irán.

Estas medidas punitivas reflejan la incomodidad en general que manifiesta el trumpismo con gobiernos que cuestionan la hegemonía estadounidense, especialmente con los que forman parte del grupo BRICS. Al calificar las posiciones políticas de Sudáfrica de “antiamericanas”, Trump ha cercenado efectivamente una de las relaciones diplomáticas más significativas entre EE UU y una potencia africana. Esto encaja asimismo en la voluntad general de su presidencia de privilegiar a Estados autoritarios de derechas y aislar a gobiernos que considera de izquierdas o independientes.

EEUU, China y los recursos africanos

Al mismo tiempo, el gobierno de Trump busca un tipo distinto de relación con otros países africanos, en particular en lo tocante a los recursos. Actualmente está negociando un tratado de minerales por seguridad con la RDC. Ofrecen asistencia militar a cambio del acceso exclusivo a minerales críticos, imprescindibles para las industrias avanzadas de EE UU, sobre todo del sector tecnológico y la industria militar. El acuerdo aseguraría a las empresas estadounidenses un control amplio de la extracción de cobalto y otros minerales esenciales. Refleja un cambio de estrategia de EE UU, que ha sustituido la ayuda al desarrollo por la extracción económica directa.

El gobierno estadounidense alega que esta colaboración ayudará a estabilizar la RDC al prestarle asistencia en materia de seguridad. Las opiniones críticas señalan que amenaza con intensificar la dinámica neocolonial al dar prioridad a la extracción de recursos sobre el desarrollo económico genuino.

La política de China con respecto a África también está cambiando. Durante dos decenios, Pekín era el principal socio económico del continente y financiaba infraestructuras y comerciaba a una escala muy superior a la de cualquier otra potencia extranjera. Sin embargo, ahora que la economía china cojea en el interior, su disposición a conceder cuantiosos préstamos a los gobiernos africanos se ha visto mermada. Países como Zambia y Kenia, endeudados con China hasta las cejas, ya sienten las presiones de la nueva estrategia crediticia del país asiático. Parece que los días en que China ofrecía facilidades de crédito para grandes proyectos de infraestructura están pasando a la historia.

Esto está dejando a los países africanos en una posición precaria. Muchos gobiernos que han estructurado sus economías alrededor de las continuas inversiones chinas se encuentran ahora ante la dificultad de ajustarse a la nueva realidad. El cambio deja a África con menos opciones de financiación externa, dado que las instituciones financieras occidentales también imponen unas condiciones más estrictas para la concesión de préstamos, en particular con los países muy endeudados.

¿Es posible una nueva política?

Para los gobiernos africanos, estos cambios plantean cuestiones difíciles en materia de estrategia política y económica. El declive de los movimientos de liberación nacional no ha dado lugar todavía a la aparición de alternativas progresistas viables. Los partidos de oposición de toda la región preconizan en gran parte modelos de gobernanza neoliberales en vez de articular nuevos enfoques para la transformación económica. En lugar de un cambio decidido a favor de una renovación democrática, buena parte del continente parece desorientada entre el aumento de la represión estatal y la fragmentación de la oposición. Muchos partidos de oposición, por mucho que critiquen a los gobiernos, no han sido capaces de ofrecer programas económicos que rompan con el paradigma neoliberal dominante. Esto significa que incluso en los países en que los partidos gobernantes experimentan un declive electoral, apenas hay nada que indique de que su sustitución cambiaría realmente el panorama político o económico.

Mientras que los movimientos implicados en luchas obreras o vecinales siguen reclamando un cambio, su capacidad para desafiar las estructuras de poder arraigadas no está clara. La debilidad actual de las alternativas de izquierda en África refleja una tendencia global generalizada, en que las fuerzas socialistas y socialdemócratas tienen dificultades para reafirmarse en un mundo dominado por el capital financiero y el poder empresarial.

Sin embargo, hay indicios de que esto podría cambiar. De una punta a otra del continente se oyen cada vez más llamamientos a favor de la soberanía económica, se reivindican programas de refuerzo de la protección social y se manifiesta una creciente resistencia a los dictados financieros del exterior. Si estas luchas dan pie a formaciones políticas coherentes, podrían sentar las bases de un nuevo tipo de política, una política que rompa tanto con los fracasos de los partidos surgidos de la liberación como con las limitaciones de las fuerzas de oposición liberales.

El orden político poscolonial en África se hunde, pero no está claro, ni mucho menos, qué vendrá después. La erosión de la legitimidad de los partidos gobernantes todavía no se ha traducido en una transformación significativa del sistema. En muchos casos no ha hecho más que abrir la puerta a nuevas formas de maniobra de las élites. En este momento de transición, la batalla real no se limita únicamente al terreno electoral, sino que tiene que ver con la naturaleza misma del Estado, de la gobernanza económica y del lugar de África en un orden mundial que cambia rápidamente. Hasta que surjan alternativas que se enfrenten a la dependencias del continente de las finanzas globales, de la extracción de recursos y del crecimiento basado en el endeudamiento, África seguirá sometida a ciclos de inestabilidad, con o sin los viejos movimientos de liberación al mando.

Texto original: Amandla!

Traducción: viento sur

Fuente: https://vientosur.info/la-posicion-de-africa-en-el-nuevo-orden-mundial/

Decir que el Frente Polisario (FP) es “una entidad privada no reconocida” es una absoluta memez, impropia de quienes se consideran vanguardia del ‘progresismo’ nacional e internacional. Quienes leemos estas estupideces, no damos crédito a lo que leemos y al nivel de degradación a que ha llegado el partido PSOE: no me atrevo a decir Partido ‘socialista’. Ya no saben qué hacer o decir para negar lo evidente y ahondar aún más su caída en el lado equivocado y oscuro de la Historia, junto a las fuerzas más reaccionarias de la sociedad.

Y no es ya solo que el PSOE “juegue a desinformar”, como señalan los más benignos con esta gentuza. “Es mucho más grave que eso” –señalan otros–, “porque son fuerzas organizadas que excluyen todo atisbo de progreso verdaderamente democrático; y desde luego, si se trata del moro y del musulmán”. “Estos tipejos no tienen límites, sumisión a tope al Sultán”. “Es repugnante”. “Van a por todas, guerra total a todos los niveles” … Son comentarios que me van llegando al tiempo que yo mismo voy escupiendo estas líneas como puedo.

Decir que el Frente Polisario es “una entidad privada”, como si fuera una farmacia, un concesionario de automóviles o un equipo de fútbol, no deja en muy buen lugar ni a los ‘intelectuales’ (¿?) orgánicos ni a los comisarios políticos del partido antaño socialista y hoy covacha de truhanes, espabilados y desaprensivos.

No deja en muy buen lugar ni a los ‘intelectuales’ orgánicos ni a los comisarios políticos del partido antaño socialista y hoy covacha de truhanes, espabilados y desaprensivos

Después de 50 años de heroica lucha y resistencia del pueblo saharaui, ahora estos listillos de tercera nos salen con esas.

El Frente Polisario fue creado en 1973. Y ni siquiera en ese lejano momento fue “una entidad privada no reconocida”. ¡Vaya si se le conoció y vaya si se le reconoció! ¡Si hasta incluso el Gobierno de la UCD, el de Adolfo Suárez, acudió a negociar con el FP las condiciones de entrega de los militares españoles! Por cierto, el Ejército español ¿era también “una entidad privada”? Porque este es el tipo de necedades a que lleva la ‘lógica’ del PSOE.

Sí, España era entonces la potencia colonial, la ‘madre patria’, la metrópoli, una “entidad pública reconocida” que había firmado su sentencia de muerte como ‘madre patria’ con los vergonzosos sucesos sangrientos de Zemla, la matanza de saharauis, la ‘desaparición’ y asesinato del dirigente saharaui Bassiri…, del que todavía hoy la ‘entidad pública reconocida” (gloriosos valores patrios) llamada España no ha dado razón alguna ni ha desclasificado los documentos secretos (¡Estado transparente y de Derecho!), a pesar de ser miembro de la ONU, la OTAN, la UE, el FMI y demás parafernalia de siglas de “entidades reconocidas” que parecieran dotar a este país de pasaporte, prestigio y ‘garantías de seriedad’.

El FP, señores del PSOE, fue RECONOCIDO por Naciones Unidas como representante legítimo del Pueblo Saharaui y desde entonces mantiene en Nueva York a su Representante ante la ONU: nuestro querido y llorado Ahmed Bujari hasta su fallecimiento hace unos años, y su sucesor Sidi Omar desde abril de 2018. La Representación legal y reconocida del pueblo saharaui no es, señores del PSOE, “una entidad privada no reconocida”, como pudiera serlo una frutería o un club de fútbol, señores del PSOE.

El Frente Polisario, como vanguardia del pueblo saharaui, ha librado muchas y muy dolorosas batallas, en los terrenos político, diplomático y militar, como para que vengan ahora unos memos ignorantes a tildarlo de “entidad privada”, de la misma manera que las contrapartes alauitas del PSOE y su maquinaria de desinformación, intoxicación y propaganda tratan de denigrarlo, chequera en ristre, intentando hacerlo pasar por “organización terrorista” (¿reconocida?, ¿privada?).

Muy al contrario, el FP es la vanguardia organizada del heroico pueblo saharaui, expulsado de su tierra, como los palestinos, abandonado por el Gobierno español (el franquista y el socialista), entregado a sus enemigos, y bombardeado por estos –los del abrazo fraternal y la propuesta de autonomía—con napalm y fósforo blanco, prohibidos –al igual que la invasión y ocupación—por la legislación internacional, esa que tanto respetan los Trump, Netanyahu y demás secuaces.

El pueblo saharaui (¿”entidad privada no reconocida”?), con el FP a la cabeza, proclamó su independencia, su Constitución y su propio Estado, la República Árabe Saharaui Democrática, RASD, que ha sido RECONOCIDA como Estado por al menos otros 84 Estados, aunque después, la chequera, los chanchullos, las presiones y los chantajes de Marruecos hayan hecho el trabajo, no ya sucio, sino repugnante de tratar de eliminar del mapa mundial a la RASD, al pueblo saharaui y a los principios del orden jurídico internacional basado en reglas.

El Polisario ha ganado en los Tribunales a Marruecos, a España, a la Comisión y al Consejo de la UE. A todos

La ONU reconoció al Frente Polisario. La Unión Africana (¿55Estados!) reconoció a la RASD. El FP mantiene embajadas en muchos países, a pesar de no contar con la chequera de que dispone Marruecos, engrosada con las dádivas financieras de España, la UE y las petromonarquías golfas, las que financian Muros de la Vergüenza, impunemente asesinan y desaparecen Kashogis y cobijan a eméritos huidos.

A lo largo de varios años, y mediante una serie de sentencias sucesivas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado la razón al Frente Polisario como representante legítimo del pueblo saharaui –como ya hicieran la ONU y el TIJ en 1975—y le ha reconocido su capacidad jurídica activa. Y el FP ha ganado en los Tribunales a Marruecos, a España, a la Comisión y al Consejo de la UE. A todos.

Y ahora vienen los iluminados del PSOE y dicen que el Frente Polisario es “una entidad privada”. Solo les faltó añadir eso de “sin fines de lucro”. Vamos, como un club de fútbol de tercera categoría. De lo que se deduce que en ese partido sobran los estudios universitarios y que han perdido el Norte. O algo mucho peor, si es que alguna vez lo tuvieron: la conciencia y la ética.

Luis Portillo Pasqual del Riquelme es Doctor en Ciencias Económicas; miembro del Centro de Estudios sobre el Sáhara Occidental (CESO) de la Universidad de Santiago de Compostela, y autor de En defensa de la Causa Saharaui. Testimonios de Denuncia, Solidaridad y Resistencia (Círculo Rojo, 2024).

Fuente: https://www.elindependiente.com/opinion/2025/06/07/el-frente-polisario-y-el-cinismo-de-los-cretinos/

El 12 de mayo de 2025, Abdul Ghani al-Kikli, conocido por todos en Libia como Ghnewa al-Kikli, fue asesinado durante una reunión en el interior de una instalación de la milicia dirigida por la 444ª Brigada de Combate en Trípoli. Ghnewa, como se le llamaba, dirigía la Autoridad de Apoyo a la Estabilidad (AAE), que ha gobernado con mano de hierro varias zonas de Trípoli y parte del norte de Libia. El líder de la Brigada 444, el general de división Mahmud Hamza, celebró que sus tropas hubieran “derrocado al imperio Ghnewa”. Hamza, aunque arraigado en su milicia, es el director de inteligencia militar de uno de los diversos gobiernos que pretenden ser el gobierno oficial de Libia. La muerte de Ghnewa abrió un nuevo ciclo de violencia en Trípoli, ya que los combatientes del AAE salieron a la calle desolados por la muerte de su líder. Mientras la AAE se desintegraba en medio de la desesperación, la 444ª Brigada se dirigió a los puestos y propiedades desocupados de esta milicia  para reclamarlos. En ese momento, como si Libia necesitara más problemas, las Fuerzas Especiales de Disuasión RADA, dirigidas por el líder islamista Abdul Raouf Kara, atacaron a la 444ª Brigada. Las fuerzas al-Radaa o RADA de Kara están inspiradas en la corriente salafista del Madjalismo, favorecida por sectores de la Hermandad Musulmana libia, y aunque el nombre parezca indicar que se trata de una fuerza gubernamental, no es sino otra milicia enaltecida que dedica su tiempo a perseguir a las fuerzas políticas no islamistas de Libia.

El enfrentamiento entre la Brigada 444 y la AAE, y luego con las Fuerzas Especiales de Disuasión RADA, provocó otra oleada de reproches sobre el tribalismo y el islam en Libia. Así fue como la prensa occidental y los gabinetes de estudio informaron de lo sucedido en Trípoli. Pero esto es totalmente engañoso. El general de división Hamza respondió en su página de Facebook a las críticas de que su Brigada 444 actuaba como una milicia con fines sectarios: “Durante años hemos velado por la seguridad y la protección de los ciudadanos, evitando el derramamiento de sangre y frenando el conflicto armado. No somos partidarios de la guerra, y sí de la inviolabilidad de la sangre de inocentes y de la protección de vidas, bienes y honores. Nuestra intervención en los últimos años para detener los conflictos armados es prueba de la sinceridad de nuestras intenciones”. Se apresuró a reunirse con el Primer Ministro del Gobierno de Unidad Nacional de Libia, Abdul Rahman al-Dbeibeh, y le comunicó que la Brigada 444 había asegurado los principales cruces de Trípoli, como los de Salahaldeen y Ain Zara. Todo parecía haber vuelto a la normalidad.

El escenario creado por la OTAN

Cuando la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) fue más allá del mandato de la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU en 2011 no estableció una zona de exclusión aérea y evitó un baño de sangre en Libia, sino que destruyó las instituciones del Estado libio y proporcionó cobertura aérea a toda una gama de milicias armadas. Estos grupos, financiados por una multitud de actores (Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Qatar, Turquía y Estados Unidos), cooperaron para acabar con los restos del Estado libio, pero no había nada que los uniera. En el momento en que asesinaron brutalmente a Muamar el Gadafi y reclamaron el control de Trípoli, se volvieron unos contra otros. La apresurada convocatoria de elecciones parlamentarias en 2012 colocó a algunas de estas facciones en abierto conflicto: la Hermandad Musulmana se fusionó en su mayoría en torno al partido Justicia y Construcción (liderado por un antiguo director de hotel, Mohamed Sowan) y al Frente Nacional para la Salvación de Libia (liderado por el largo tiempo exiliado Mohamed el-Magariaf), el salafista Partido Patriótico (dirigido por el clérigo Alí al-Sallabi y el combatiente de al-Qaeda Abdelhakim Belhadj), y los liberales de la Alianza de Fuerzas Nacionales (dirigida por Mahmud Jibril, apoyado por EE.UU.). Las fuerzas pro Gadafi habían sido prohibidas. Ningún líder político se alzó con mayoría parlamentaria y los islamistas y otras milicias comenzaron a destruir el país al desvanecerse el monopolio estatal sobre las fuerzas armadas. Se sucedieron un primer ministro tras otro, pero ninguno ostentaba el poder real. Toda la situación creada por la OTAN en 2011 explotó en lo que ahora se conoce como la Segunda Guerra Civil, que transcurrió entre 2014 y 2020.

Surgieron entonces tres centros de poder. El Gobierno de Unidad Nacional y el Gobierno de Salvación Nacional operan en Trípoli, mientras el Gobierno de Estabilidad Nacional tiene su base en Tobruk y Bayda. Las armas rugieron y el general Jalifa Haftar, ex agente de la CIA, intentó en varias ocasiones apoderarse de Trípoli desde el este y aportar una solución militar al desorden político. Pero nadie fue capaz de imponerse. Libia se convirtió en un caos, los pozos de petróleo se atascaron, proliferaron los robos y las instituciones gubernamentales se deterioraron. Ninguna de las principales fuerzas políticas podía reivindicar su condición de libia, por lo que nadie pudo superar sus orígenes regionales (líderes de tal o cual milicia de tal o cual ciudad) o su limitada base de poder (jefe de tal o cual grupo con hombres armados capaces de defender tal o cual barrio o ciudad). A falta de una fuerza nacional (con un proyecto militar o político), Libia ha pasado la última década sumida en la violencia y la desesperación.

Ghnewa era un ejemplo perfecto del tipo de hombre que dominaba Libia. Nació en Bengasi, pero su familia procede de Kikla, una ciudad de las montañas Neflusa, a unos 150 kilómetros al suroeste de Trípoli (a donde regresó su cadáver  para ser enterrado el 14 de mayo). En 2011, cuando Gadafi fue derrocado, Ghnewa poseía y trabajaba en una panadería en el distrito obrero Abu Salim, en Trípoli. Ya entonces formaba parte del “ejército local” en aquel duro barrio, y plasmó esa experiencia en la creación de una milicia que se fue apoderando cada vez más de sectores de la economía y la vida de Trípoli. Era la AAE la que dirigía muchas de las prisiones en las que se ha detenido, torturado y luego vendido como esclavos a inmigrantes (recientemente, el Tribunal Penal Internacional emitió una orden de detención contra Osama Elmasry Njeem, el jefe de una de estas prisiones; en lugar de entregarlo, el gobierno italiano, que tenía a Njeem bajo custodia, lo envió de vuelta a Libia). Aunque resulta tentador imaginar que su muerte forma parte de un intento de limpiar los grupos de milicianos, en realidad es parte de la lucha interna más general que enfrentó a las milicias, característica de la Segunda Guerra Civil libia. Las redes sociales muestran el movimiento de grupos de milicianos desde Warsehfana y Zawiya, en el oeste de Libia, hacia Trípoli, quizá en apoyo del grupo RADA de Kara. No hay optimismo inmediato sobre la situación tras la muerte de Ghnewa. El panadero vivió por las armas y murió por las armas. Su vida desde la guerra de la OTAN se ha caracterizado por la violencia y la corrupción, ingredientes peligrosos que definen a la Libia actual.

Sacudidas  peligrosas

Pocos días después de la muerte de Ghnewa, el muftí* de Libia, el jeque Sadiq al-Ghariani, acudió al canal de televisión Tanasuh con la intención de hacer un llamamiento “para que el pueblo tome las calles por decenas de miles y reclame elecciones y el final de las fases de transición”. Al-Ghariani, un clérigo salafista, surgió en medio del caos de la guerra de la OTAN para reivindicar esta importante posición y desde allí empezó a ofrecer fatuas contra Gadafi y, más tarde, contra cualquiera que se opusiera a su visión del mundo. Hoy en día sigue siendo muy poderoso y tiene estrechos vínculos con algunas de las fuerzas islamistas del país. Mientras tanto, el general Jalifa Haftar aprovechó el aniversario de lo que se denomina el levantamiento de al-Karama (Dignidad) de 2014 para ofrecer su opinión de que el ejército es la institución más importante de Libia y debe ser aclamado por su valentía y compromiso con la nación. Entre al-Ghariani y Haftar se encuentran las dos fuentes de poder dentro del país, aquellos que esgrimen el Corán y las armas con fines políticos. Sin embargo, incluso ellos están fragmentados.

Pero la verdadera fuente de poder está en otra parte. Desde 2011 las Naciones Unidas han aprobado 44 resoluciones requiriendo estabilidad en Libia y contra la interferencia extranjera. El alto del fuego de 2020, basado en el proceso de Berlín II, creó diversas plataformas para buscar la estabilidad y la soberanía, incluyendo el Grupo de Trabajo por la Seguridad, el Grupo de Trabajo por la Economía y la Comisión Militar Conjunta 5+5. Estos grupos se han convertido en vehículos para la intervención de potencias extranjeras, desde Estados Unidos hasta Turquía, interesadas en la futura producción petrolera de Libia. Simplemente no permitirán que Libia respire porque eso significaría que podría tomar decisiones sobre el petróleo que no satisfagan a las fuerzas externas. En cada uno de estos grupos y los muchos otros establecidos desde 2012, la representación libia ha sido la mínima, principalmente porque la propia Libia está fragmentada y desorientada.

Las armas vuelven a rugir en Libia. El dinero entra a raudales desde el exterior con la esperanza de que algún día el petróleo libio permita que el dinero fluya en dirección contraria. En las arenas movedizas del interior de Libia, la esperanza es mínima. El deseo es que no haya más conflictos, pero eso es poco probable. El país está repleto de hombres armados. Y tienen muchas balas.

N. del T.: Jurisconsulto musulmán con autoridad pública cuyas decisiones son consideradas como leyes.

Fuente: https://www.counterpunch.org/2025/06/05/the-guns-are-again-ablaze-in-libya/

ABUJA – A principios de mayo se congregaron en Abuja  más de 40 grupos de la sociedad civil de Nigeria para lanzar el Movimiento por la Justicia Climática, el primero  nacional de este tipo. El objetivo es aunar esfuerzos contra los efectos del cambio climático en este país y otros del continente, comenzando por los que provocan los contaminadores petroleros.

El Movimiento por la Justicia Climática en Nigeria forma parte de una iniciativa más amplia de Greenpeace África para crear nuevas alianzas y reforzar la acción colectiva en todo el continente.

Iniciativas similares se han puesto en marcha en la República Democrática del Congo, Camerún y Ghana y el movimiento promueve la colaboración entre grupos de base que abotan por soluciones sostenibles y la justicia medioambiental en África.

Al final del encuentro de dos días, los grupos firmaron el Pacto de los Contaminadores, en el que se pide a las empresas petroleras y gasísticas que asuman la responsabilidad por el daño medioambiental que han causado y causan con su explotación de hidrocarburos.

La explotación y exportación de petróleo es la principal fuente de ingresos y de divisas en Nigeria, el país más poblado de África, pero esa riqueza que ha determinado su economía desde los años 60, no se ha trasladado a sus más de 223 millones de habitantes y al menos 63 % vive en pobreza.

Al final del encuentro, también se emitió una declaración conjunta en la que se reafirmaba el compromiso de exigir responsabilidades a los contaminadores y garantizar que la voz de África se escuche en las negociaciones mundiales sobre el clima.

«La contribución de África a la crisis climática, en términos de contaminación, es tan mínima que es casi insignificante. Sin embargo, nuestras comunidades se encuentran entre las más afectadas», dijo Murtala Touray, director de programas de Greenpeace África.

Añadió que «mientras los países desarrollados se industrializaban, contaminaban el medioambiente y nos dejaban atrás. Ahora, incluso se resisten a apoyar a otras comunidades que trabajan para adaptarse y reducir el impacto del cambio climático en aras de nuestro bienestar y nuestros medios de vida».

Hablando sobre la importancia del movimiento en Nigeria, dijo que «la destrucción que estamos presenciando hoy exige actuar. Debemos levantarnos para proteger nuestro planeta, salvaguardar los medios de vida y la dignidad de nuestras comunidades y dejar un mundo mejor para las generaciones futuras».

Touray aseguró que «el lanzamiento del Movimiento por la Justicia Climática en Nigeria no es solo un evento puntual, sino que marca el comienzo de un largo viaje».

La maldición del petróleo en Nigeria

Friday Nbani, residente en el delta del Níger, una zona rica en petróleo, ha sido testigo de numerosos vertidos de petróleo. Para él, el petróleo, que en su día se consideraba una bendición, se ha convertido en una fuente de dolor y destrucción.

El delta del Níger está considerado una de las regiones más contaminadas del mundo. Décadas de extracción petrolera sin control han provocado vertidos de petróleo, quema de gas y la liberación de sustancias químicas tóxicas.

Todo ello ha envenenado la tierra y el agua, destruyendo los medios de vida y el medio ambiente. A pesar de la enorme riqueza generada por el petróleo, la región sigue siendo pobre, con ríos contaminados y la pérdida de importantes bosques de manglares.

Recientemente, el 5 de mayo de esre año, se produjo un nuevo derrame de petróleo en la comunidad de Ikata, en el estado de Rivers, en el delta del Níger.

Ocurrió a lo largo de un oleoducto de 14 pulgadas operado por Renaissance Africa Energy Company Ltd. (Raec). Esta empresa había comprado recientemente los activos de Shell en Nigeria en una operación de 2400 millones de dólares.

Ahora, Raec se enfrenta a una demanda. La comunidad de Bodo, en el área de gobierno local de Gokana, ha llevado a la empresa a los tribunales. Recuerdan que la limpieza de dos importantes derrames de petróleo ocurridos en 2008, causados por oleoductos operados por Shell, aún no se ha realizado adecuadamente.

Según diferentes informes, esos derrames vertieron más de 600 000 barriles de petróleo en sus aguas y dañaron grandes extensiones de bosques de manglares.

Los expertos afirman que fue uno de los peores derrames de petróleo del mundo, con unos 40 millones de litros de petróleo vertidos cada año en todo el delta del Níger.

Shell, una empresa petrolera antes neerlandesa y ahora británica que comenzó su extracción petrolera en el delta del Níger en 1956, está considerada una de las empresas más contaminantes de Nigeria.

Se le acusa de haber dañado el delta del Níger durante muchos años. Ahora, sus detractores afirman que está tratando de eludir su responsabilidad vendiendo sus activos.

Sherelee Odayar, activista de Greenpeace África contra el petróleo y el gas, se ha pronunciado en contra de esta medida.

«Durante décadas, gigantes petroleros como Shell han obtenido miles de millones en beneficios del suelo nigeriano, dejando atrás ecosistemas devastados y comunidades destrozadas», dijo.

Añadió que «las recientes investigaciones de los medios de comunicación que han sacado a la luz la negligencia de Shell en el delta del Níger son un ejemplo de la toxicidad y el egoísmo de las comunidades que han soportado durante generaciones».

Con la declaración del Movimiento de Justicia Climática, «enviamos un mensaje claro: la era de la contaminación descontrolada y la impunidad de las empresas ha terminado. Es hora de que los contaminadores paguen».

Shell atribuyó la mayor parte de los derrames a la interferencia ilegal de terceros, como el sabotaje y el robo de oleoductos. Dos comunidades han llevado a la empresa a los tribunales por los daños medioambientales.

Un portavoz de Shell afirmó que el litigio «no contribuye en nada a resolver el verdadero problema del delta del Níger: los derrames de petróleo debidos al robo, el refinado ilegal y el sabotaje, que son los que causan los mayores daños medioambientales».

Nbani, que dirige la Lekeh Development Foundation, una organización de base que defiende los derechos de la población, y apoya el Pacto Polluters Pay, cree que el Movimiento por la Justicia Climática puede ayudar a las comunidades a obtener justicia.

«Los derrames han afectado a nuestra salud, a la agricultura y a la pesca. Ni siquiera nuestras casas son seguras», dijo a IPS.

Añadió que «la gente está alzando la voz porque está sufriendo. Solo los que vivimos aquí lo entendemos de verdad. Pero el gobierno sigue hablando de producir más petróleo. Nos sentimos olvidados. ¿Cuánto tiempo más podemos vivir así?».

Un movimiento impulsado por la población

«Creo que la solución es el poder del pueblo. La gente tiene que darse cuenta del poder que tiene. Movimientos como el Movimiento por la Justicia Climática son importantes porque ayudan a la gente a entender su derecho a controlar sus recursos. Si algo es tuyo, debes tener control sobre ello», consideró Nbani.

Le entusiasma que el movimiento esté liderado por comunidades de base, activistas y grupos de la sociedad civil directamente afectados por la crisis climática. Añadió que esto permite a los más afectados organizarse, impulsar la justicia medioambiental y exigir responsabilidades a los contaminadores.

Cynthia Moyo, responsable de la campaña sobre clima y energía de Greenpeace África, afirmó que es esencial poner en marcha un movimiento popular por la justicia climática en Nigeria, dado el importante papel que desempeña el país en la crisis climática.

«El futuro climático y energético de Nigeria depende en gran medida de la voluntad política, la cooperación regional y una inversión significativa en energías limpias!, dijo a IPS.

A su juicio, «las decisiones que tomemos en esta década determinarán si nos convertimos en un continente resistente al clima con una economía estable o si seguimos atrapados en los riesgos y la inestabilidad de la dependencia de los combustibles fósiles».

«Es esencial que iniciemos una transición justa de los combustibles fósiles a las energías renovables», subrayó.

Si bien el Movimiento por la Justicia Climática está impulsado por la población, Tolulope Gbenro, consultora de impacto social, destacó la importancia de la participación de los jóvenes.

«El cambio climático nos afecta a todos, y el movimiento por la justicia lucha tanto por el presente como por el futuro. Los jóvenes no son solo los líderes del mañana, sino también del hoy. Si no participan en las decisiones que afectan al clima, su futuro y el del planeta estarán en peligro», afirmó.

Esperanza en la oscuridad

Harry Dandyson, defensor de los derechos humanos y residente en el delta del Níger, quiere que el gobierno imponga impuestos a los contaminadores petroleros para que rindan cuentas por los daños que han causado.

Aboga por dejar el petróleo en el suelo y centrarse en soluciones sostenibles, como las energías renovables.

Para este activista, el Movimiento por la Justicia Climática representa una esperanza en la oscuridad, ya que tiene como objetivo empoderar a las comunidades para detener la producción de petróleo y promover alternativas energéticas respetuosas con el medio ambiente.

«Presionar a los contaminadores del petróleo para que asuman la responsabilidad financiera por el daño medioambiental será eficaz».

Subrayó que «una de las principales preocupaciones que tenemos aquí en Nigeria es la actitud indiferente del gobierno hacia la aplicación de las políticas y los tratados que firma. Cuando los gobiernos no toman medidas, seguimos enfrentándonos a estos problemas».

Sin embargo, consideró, «con el Movimiento por la Justicia Climática, a medida que empezamos a presionar y avergonzar a los contaminadores, especialmente a las empresas petroleras internacionales, los ministerios gubernamentales y las entidades paraestatales cómplices de estas prácticas, creo que las cosas cambiarán».

«Nombrar y avergonzar a estas entidades ayudará a llamar la atención necesaria sobre estos delitos medioambientales», señaló Dandyson.

Al final del encuentro en Abuja, los participantes presentaron su próxima línea de acción, que emprenderán de inmediato en sus comunidades.

Entre ellas figuran una intensa campaña para la limpieza del delta del Níger, la celebración de reuniones municipales para ayudar a los miembros de la comunidad a comprender sus derechos y una campaña de rendición de cuentas sobre la utilización de los fondos destinados a combatir la desertificación, la erosión de los barrancos y las mareas oceánicas.

T: MF / ED: EG

Fuente: https://ipsnoticias.net/2025/06/movimiento-de-justicia-climatica-hace-frente-a-contaminadores-petroleros-en-nigeria/

«Me considero africana y no hay ninguna causa que me llegue más al corazón»: nacida en 1925, la periodista, escritora, profesora universitaria y militante revolucionaria sudafricana Ruth First fue asesinada por el régimen de apartheid el 17 de agosto de 1982 en Maputo. El centenario de su nacimiento ofrece la oportunidad de redescubrir la trayectoria de esta luchadora incansable.

Las ofensivas antiterroristas del Gobierno del presidente Hassan Sheikh Mohamud entre 2022 y 2023 parecieron, por fin, de una vez y para siempre, empujar al abismo a al-Shabaab, la letal franquicia de al-Qaeda en el Cuerno de África, donde opera desde 2006.

Este grupo, tras ser expulsado de Mogadiscio en 2011, se diseminó en varias regiones del país, donde abrió múltiples frentes creando santuarios desde donde generaba ataques a bases, emboscadas a convoyes tanto del Ejército Nacional de Somalia (ENS) como de las diversas Misiones Internacionales (Naciones Unidas, Unión Africana) que con poca suerte han intentado erradicar el terrorismo wahabita. El cual, con mayor o menor frecuencia, continuó con sus ataques y atentados en el corazón de Mogadiscio y otras ciudades, tomando pueblos, obligando a miles de jóvenes a incorporarse a sus filas.

Por lo que a lo largo de todos estos años se estima que ya ha provocado cerca de veinte mil muertos y millones de desplazados. Como si todo esto fuera poco, para que el drama sea total, a las críticas condiciones climáticas naturales se les ha sumado el cambio climático, con lo que se ha profundizado el régimen de sequías y lluvias, haciendo fracasar hasta cinco cosechas anuales de manera consecutiva, lo que obviamente genera una espiral de necesidades para las que el Gobierno no cuenta con recursos para solucionar y el apoyo de entidades internacionales es cada vez más escaso, recortes del presidente Trump de por medio.

En este mapa reaparece, una vez más, el fantasma del terrorismo, nunca resuelto del todo, instalándose en el centro de la escena. Por eso otra vez nos encontramos con ataques que dejan docenas de muertos y la posibilidad de la profundización del terror.

Sin necesidad de remontarnos mucho tiempo atrás, surgen informaciones como las del miércoles 21, en que se conoce que cuarenta y cinco muyahidines murieron en una operación antiterrorista en las regiones de Hiran y Bajo Shabelle, centro-sur de Somalia. Según informó la Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISA), los ataques con drones, coordinados por el AFRICOM (Mando Militar de Estados Unidos en África), se iniciaron el día martes por la tarde y se extendieron hasta la madrugada del día siguiente.

El contingente de khawarij (denominación del Gobierno somalí para referirse a los milicianos de al-Shabaab) había sido detectado en la zona de el-Hareeri (Hiran), a unos doscientos kilómetros al norte de Mogadiscio, la capital del país. Entre los muertos se encontraría el responsable de los comandos que realizaron la serie de ataques con morteros contra diversos objetivos en Mogadiscio durante 2023.

El domingo anterior al ataque contra los terroristas, en el-Hareeri, un comando de al Shabbab atacó un cuartel en Mogadiscio que dejó una docena de muertos y cerca de quince heridos.

El martes en la madrugada otra operación reivindicada por al-Shabaab golpeó el barrio de Halane, próximo al Aeropuerto Internacional Aden Adde de Mogadiscio. Según testigos, habrían sido por lo menos cinco los morteros que alcanzaron a golpear, al tiempo que se producían corridas y disparos.

En el comunicado de la organización terrorista que reconoce como propia la operación, llama al distrito de Halane “centro de comando de sus enemigos”.

Dicho barrio cuenta con importantes condiciones de seguridad, ya que se asientan oficinas y viviendas del personal de diversas misiones internacionales como la de las Naciones Unidas, la Unión Africana, varias ONG y embajadas.

Este ataque se produjo apenas días después de que un shahid (suicida) se martirizara en cercanías a la base militar de Damaanyo en la capital, donde consiguió asesinar a trece aspirantes a ingresar al Ejército Nacional de Somalia (ENS).

Con atentados, ataques abiertos y la utilización de shahid, desde hace varios meses al-Shabaab, desarrolla una amplia ofensiva en torno a la capital, habiendo duplicado sus acciones en comparación al mismo periodo del año pasado. Llegando a mediados de marzo a estar a punto de atentar contra la columna en la que el presidente Hassan Sheikh Mohamud se dirigía hacia el aeropuerto, habiendo salvado su vida gracias a que su escolta pudo sortear una emboscada.

Mogadiscio, como nunca en los últimos diez años, sufre el asedio de las khatibas, que se han apoderado de áreas cercanas a la capital y controlan la ciudad de Afgooye, a unos treinta kilómetros al sur de la capital, y la de Balcad, una treintena de kilómetros al norte de Mogadishu.

El retroceso en la seguridad, ha obligado al Gobierno a recurrir a policías y guarda cárceles para la vigilancia y control de Mogadiscio, debido a la falta de efectivos militares, abocadas a operaciones de contención en el interior de Somalia, donde los terroristas tienen una importante presencia en regiones como Jubaland, Galmudug, Hirshabelle y también en Punt y Khatumo.

Incluso en algunos estados del centro del país los terroristas han recuperado ciudades que habían perdido en la ofensiva gubernamental del 2022-2023, como la de Adan Yabal en Shabelle Medio. La que comandos integristas atacan de manera constante.

En Wargaadhi (Shabelle Medio) donde según fuentes oficiales, habrían muerto veinticinco insurgentes al tiempo que los terroristas afirman haberla ocupado junto a una base militar en la que revistan tropas de elite conocidas como Danab (rayo), fuerzas especiales y los grupos de autodefensa, Ma’awisley (por su vestimenta tradicional, similar a los sarongs del sudeste asiático), conformados por miembros del clan local Hawadle.

De concretar al-Shabaab esa ocupación, pondría en riesgo el transito de la ruta de abastecimiento fundamental, entre Mogadiscio, a doscientos kilómetros al suroeste, y el estado central de Galmudug, con lo que los muyahidines pretenden consolidar posiciones para impedir el tránsito rápido de tropas y mercancías.

Otra vez en la línea cero

A pesar de que el terror otra vez abandona su condición espectral para corporizarse con su agobiante presencia, todavía parece distante la posibilidad de que al-Shabaab, intente tomar el control de Mogadiscio, el que ya tuvo entre 2007 y 2011.

Con una fuerza estimada entre los ocho y los doce mil hombres, los integristas no estarían en condiciones de apoderarse de la capital, con una población cerca de los tres millones de almas, y sostenerla por mucho tiempo, ya que significaría un costo en hombres y recursos muy elevado.

Por ahora la idea parece ser mantenerse expectantes en torno a la ciudad, mientras trabajan políticamente con diversos clanes, para lograr un punto de acuerdo que les permita asaltar el poder en la capital federal. En otras oportunidades al-Shabaab ya había conseguido este tipo de alianzas, mientras que los gobiernos prooccidentales, que intentaron controlar el país a partir del 2011, han intentado licuar el poder de estos clanes.

De todos modos, sin importar ya cuál sea el contexto, a los grandes poderes occidentales les sirve la instabilidad en África, donde China cuenta con multimillonarias inversiones y Rusia tiene un gran predicamento político y militar en por lo menos una media docena de países.

Por lo que la crisis que vive Somalia conecta con el agravamiento, con la creciente inseguridad en varios y muy específicos puntos de África.

El resurgimiento con inusitada fuerza de Boko Haram y el Estado Islámico Provincia del África Occidental (ISWAP), en Nigeria, el corrosivo avance de las franquicias del al Qaeda y Dáesh en el Sahel y algunos países del Golfo de Guinea; dando de lleno a Burkina Faso, Mali y Níger, aliados de Moscú y Teherán; los resientes ataques, después de meses de silencio del Ahlu Sunnah wa Jama’ah o ASWJ (La gente de la Sunnah y la comunidad) en la reserva natural de Niassa, entre las provincias de Cabo Delgado y Niassa, en el norte de Mozambique, que dejaron al menos diez muertos. Los recientes choques armados entre las bandas militarizadas progubernamentales de Trípoli (Libia) que se disputan los negocios (tráfico de personas, armas y droga) que les toleran tanto Naciones Unidas como la Unión Europea; la guerra civil de Sudán; el renovado conflicto político-militar en Sudán del Sur; la crítica situación en el este de la República Democrática del Congo. A lo que hay que sumar la posibilidad de una nueva guerra civil en Etiopía, donde al menos dos regiones, Oromia y Amhara, parecen estar discutiendo la influencia de Adís Abeba y del primer ministro Abiy Ahmed. La creciente tensión entre N’Djamena y Jartum, debido a los centenares de miles de refugiados que se han instalado en el este del Chad, escapando de la guerra sudanesa, parecen ser, más que fantasmas, viejos brujos que están retornando.

Guadi Calvo es escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asía Central. En Facebook: https://www.facebook.com/lineainternacionalGC

Abahlali baseMjondolo (AbM), un movimiento de masas de personas socialistas que viven en chabolas y cuya sede está en Durban (Sudáfrica), celebró el 9 de agosto el Día Nacional de la Mujer, un día festivo en memoria de las más de 20.000 mujeres negras, indias, de color y blancas que en 1956 se manifestaron en Pretoria para exigir la derogación de las leyes de los pases que impedían a las personas negras entrar en las zonas de en las que vivían personas blancas. Para AbM también es una fecha para llorar y recordar las vidas de sus 24 miembros asesinados desde 2009 en la lucha por la tierra y la vivienda. El año pasado cuatro de ellos fueron matados a tiros en los asentamientos del movimiento. El movimiento cree que los políticos del ANC (siglas en inglés de Congreso Nacional Africano) están detrás de la mayoría de estos asesinatos.

AbM cuenta con unos 115.000 miembros repartidos en 81 filiales en el sudeste de Sudáfrica. Desde su fundación en 2005 el movimiento ha luchado por acceder a la tierra y a la vivienda, además de a otros servicios básicos, como servicios sanitarios y electricidad. Las luchas del movimiento, entre las que se incluye la defensa de las personas trabajadoras pobres frente a los desahucios en las grandes ciudades, sacan a la luz la desigualdad social y la discriminación racial, que siguen siendo  unas condiciones que perviven de la era del apartheid.

“El principio del movimiento es ante todo que no luchamos por ti sino que luchamos contigo”, explicó Thapelo Mohapi, el secretario general de AbM. Al contrario de los movimientos sociales convencionales, AbM no cuenta con representantes electos para transmitir sus reivindicaciones, sino que el movimiento sostiene que las personas trabajadoras sin tierra y sin hogar deben hablar y actuar por sí mismas. Lo hacen organizando protestas, presentando reivindicaciones a las autoridades del Estado, gestionando democráticamente los asentamientos donde cultivan productos de subsistencia, y abriendo y gestionando escuelas de política. AbM une con estos actos la acción directa y la autodeterminación de las bases.

Mohapi insiste en la importancia estratégica de la estructura interna de abajo arriba que tiene AbM y afirma: “Sólo cuando las personas están organizadas democráticamente desde abajo pueden cambiar el sistema que las oprime”. La estructura de AbM permite la participación democrática en la base y en el nivel más alto. Los consejos locales de cada filial llevan las reivindicaciones a un foro de presidentes elegidos y luego al Consejo Nacional. La Asamblea General del movimiento, que está abierta a todos sus miembros, se reúne una vez al mes para establecer las prioridades del Consejo Nacional y tiene potestad para disolver cualquier estructura del movimiento si los miembros consideran que se ignoran sus reivindicaciones.

Las mujeres desempeñan un papel fundamental en los consejos y en la vida cotidiana de los asentamientos, pero a fecha tan reciente como 2016 pocas habían ocupado puestos de liderazgo, a pesar de que el 60% de los miembros son mujeres. Zandile Nsibande, una facilitadora comunitaria, explicó que “las mujeres tenían miedo de participar y competir en las elecciones por puestos de liderazgo. Tenían una autoestima baja”.

De modo que en 2016 la Liga de Mujeres de AbM emprendió una campaña para luchar colectivamente por la igualdad de género en la dirección del movimiento. “Gracias a esta campaña ahora hay un 50% de mujeres y hombres” en la dirección, afirma Nsibande. Además de aumentar la participación de las mujeres en la toma de decisiones y de hacer campañas contra la violencia de género y el feminicidio, la liga ha defendido en particular la independencia económica de las mujeres. Ha organizado talleres sobre el acceso de las mujeres a la tierra y para concienciar sobre prácticas tradicionales perjudiciales, como el requisito de que una mujer se tiene que casar con un hombre para poder ser propietaria de tierras. La liga también anima a las mujeres a aprender nuevos oficios, como joyería tradicional y costura, e insiste en la importancia de compartir los conocimientos técnicos. “Si una mujer sabe coser, debe enseñar a otras a hacerlo. En Sudáfrica hay pocas oportunidades laborales, de modo que debemos capacitarnos desde el punto de vista financiero”, afirmó Nsibande. La Liga de Mujeres busca donativos para abrir un centro de formación donde las mujeres de AbM puedan aprender a coser.

El hecho de crear un movimiento autónomo de personas que viven en chabolas que integre las luchas sociales, políticas, raciales y de género ha provocado lo que Mohapi llama una “política de sangre”. Además de asesinatos y desahucios, el movimiento ha sufrido redadas policiales ilegales, detenciones y amenazas de muerte. En una carta de 2022 dirigida al presidente sudafricano Cyril Ramaphosa y firmada por más de 130 organizaciones de la sociedad civil, la organización de derechos humanos Socio-Economic Rights Institute of South Africa denunció que “se ha amenazado y asesinado al menos a 24 personas que son líderes del movimiento, cientos de personas han resultado heridas y miles desplazadas de sus hogares”.

A pesar de estos ataques, AbM sigue resistiendo y preservando el legado de sus miembros que han caído. AbM ha celebrado varias ceremonias en su memoria en la Escuela de Política Frantz Fanon situada en la comunidad eKhenana, epicentro de los últimos ataques. AbM enseña los valores comunistas y la visión humanista del mundo que caracterizan al movimiento y permanece unido en sus objetivos de tierra, vivienda y autodeterminación popular.

Siyabonga Mbhele nació en Pietermaritzburg y actualmente vive en Johannesburgo. Trabaja como editor de vídeo y fotógrafo documental. Las fotos son del autor.

Texto en inglés: https://hammerandhope.org/article/socialist-movement-south-africa

Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelión como fuente de la traducción.

La característica esencial del colonialismo es la negación del derecho de los pueblos a la autodeterminación y el uso de la fuerza para mantener una relación asimétrica que beneficia a la potencia ocupante. En el caso del Sáhara Occidental, cumple plenamente esta definición. Marruecos actúa como una extensión de los intereses imperialistas, particularmente los de Francia, España y Estados Unidos, a cambio de reconocimiento, armas, apoyo diplomático y protección económica. Su presencia en el territorio es una extensión de la lógica capitalista, que requiere territorios y recursos subyugados para alimentar la acumulación en las metrópolis.

La complicidad de estos poderes es total. Francia sigue siendo el principal aliado diplomático de Marruecos, que utiliza el hecho de pertenecer al Consejo de Seguridad de la ONU para bloquear cualquier progreso significativo hacia la autodeterminación saharaui. Estados Unidos, además de suministrar armas (incluidos misiles Stinger y tecnologías de vigilancia) reconoció unilateralmente que la ocupación era legítima, en flagrante desacato de las resoluciones de la ONU. España, la antigua potencia administradora, mantiene una postura de claudicación activa al ceder a los intereses comerciales y energéticos con Marruecos y abandonar sus responsabilidades legales y morales hacia el pueblo saharaui.

La ocupación del Sáhara Occidental no es solo militar y política, es profundamente económica. Marruecos utiliza los territorios ocupados como medio para gestionar su excedente de mano de obra doméstica reubicando a trabajadores marroquíes en sectores como la administración, la minería y la pesca, mientras que la población saharauis es excluida sistemáticamente del empleo público, está sometida al desempleo estructura, y perseguida cuando intentan organizarse. El objetivo es claro: desplazar, borrar y sustituir. No se trata de la explotación clásica de la mano de obra nativa, sino de su eliminación como sujeto económico y político.

Desde que Marruecos violó el cese al fuego en 2020, el territorio ha vuelto a entrar en guerra. El ejército marroquí ha utilizado drones armados para atacar a población civil saharaui, incluidos menores, en las zonas liberadas y cerca de los campamentos de personas refugiadas. Estos crímenes de guerra son ignorados, o incluso encubiertos, por los aliados occidentales de Rabat que siguen proporcionando apoyo político y militar al régimen.

Casos como el de Sidi Abdallah Abbahah, encarcelado desde 2010 y en aislamiento desde 2018, u otros del grupo Gdeim Izik, como Abdeljalil Laaroussi y Mohamed Bourial, demuestran una política de represión sistemática, tortura prolongada y negación de atención médica, prácticas condenadas por los órganos de la ONU como el Comité contra la Tortura. Sin embargo, estas decisiones son sistemáticamente ignoradas por Marruecos, con el silencio cómplice de sus socios internacionales.

La lucha del pueblo saharaui encarna directamente lo que Lenin llamó el derecho de las naciones oprimidas a la liberación nacional. Según su opinión, una verdadera revolución proletaria no puede existir sin una posición firme en apoyo de las luchas anticoloniales. La revolución mundial exige solidaridad activa con todos los pueblos que luchan contra el colonialismo y el imperialismo. El Sáhara Occidental es hoy uno de estos centros de resistencia que se enfrenta a un sistema global de dominación sostenido por el capital y las alianzas entre las élites locales y las potencias extranjeras.

Denunciar lo que está sucediendo en el Sáhara Occidental no es solo un acto de solidaridad, es una obligación revolucionaria. Ignorar esta realidad es alinearse, por omisión, con el imperialismo y la violencia colonial que perpetúa. La liberación del pueblo saharaui no vendrá de concesiones diplomáticas entre las capitales, vendrá de la perseverancia en su lucha, del apoyo internacional consciente y del inevitable colapso de un sistema que niega la soberanía a los pueblos mientras sirve a los intereses del lucro. Es hora de romper el silencio, es hora de decirlo claramente: el Sáhara Occidental es una colonia y debe ser liberado.

Como escribió Karl Marx, “una nación que oprime a otra nunca puede ser libre”. La opresión colonial no es simplemente una cuestión de poder político, es una estructura económica que niega la autodeterminación, y utiliza el territorio y a las personas como herramientas de acumulación para la metrópoli. En el Sáhara Occidental esta acumulación es compartida entre Marruecos y los centros imperialistas que la apoyan.

Un elemento fundamental de la ocupación es la cada vez mayor colaboración entre Marruecos e Israel, una alianza que ha existido desde el comienzo de la ocupación, pero se ha hecho pública e institucionalizado en los últimos años. La entrega de drones, tecnología de vigilancia, armas y asesores militares a los makhzen es solo un aspecto. Empresas israelíes como Ratio Petroleum participan ahora en la exploración de petróleo en aguas saharauis, lo que viola el derecho internacional y profundiza el saqueo colonial con total impunidad.

Es común en los círculos progresistas celebrar la liberación de los pueblos africanos y recordar las luchas anticoloniales del siglo XX. Sin embargo, el caso del Sáhara Occidental sigue siendo una herida abierta, uno de los pocos ejemplos de colonialismo heredado todavía activo en el mundo actual. Su especificidad es brutal: no se trata simplemente de una ocupación militar, sino de una cadena de colonialismo sostenido por nuevas formas de dominación transnacional, armada, energética, diplomática y simbólica.

En los últimos años hemos sido testigos de la expulsión de Francia de varios países del Sahel, como Malí, Burkina Faso y el Níger. Sin embargo, la sustitución de esa influencia por Marruecos supone continuar con el mismo yugo bajo una bandera diferente. El proyecto de acceso atlántico supuestamente ofrecido por Marruecos a estos países implica utilizar el puerto de Dakhla, situado en territorio saharaui ocupado. Esto no es soberanía africana: es colonialismo reciclado, en el que Marruecos actúa como brazo operativo del imperialismo francés en el continente.

Esta relación entre Marruecos e Israel es más que una alianza táctica: es una sinergia estratégica de intereses coloniales. Ambos regímenes practican una forma de colonialismo de asentamiento, uno en el Sáhara Occidental y el otro en Palestina; comparten conocimientos represivos, tecnología militar y prácticas de control de la población. Lo que se exporta al Sáhara Occidental no es solo armamento, sino métodos de dominación, mecanismos de silenciamiento e ingeniería demográfica, todo con el respaldo y la financiación de las potencias occidentales.

La presencia de empresas israelíes en los sectores de energía y seguridad de los territorios ocupados refuerza aún más la integración de Marruecos en una red de dominación imperialista que instrumentaliza las tierras saharauis para fines totalmente ajenos al desarrollo local. Es la continuación de una lógica en la que se trata a los pueblos colonizados como obstáculos logísticos o daños colaterales en el proceso de expansión capitalista y control geoestratégico.

Esta realidad muestra que el caso del Sáhara Occidental no es simplemente una cuestión de autodeterminación, es un problema estructural del orden mundial. La continuación de la ocupación sirve al sistema de dominación mundial. Francia asegura cobertura diplomática, Estados Unidos suministra armas y el silencio de la ONU, Israel aplica modelos probados de represión, y Marruecos actúa como gestor local y cara pública de este esquema de colonialismo multinacional.

La izquierda internacional, particularmente la marxista-leninista, no puede seguir tratando la causa saharaui como algo periférico. Es una lucha que sintetiza las contradicciones del capitalismo global: expropiación de recursos, militarización, colonialismo, racismo y connivencia entre élites locales y poderes imperiales. Más que la victoria de un pueblo, la liberación del Sáhara Occidental representa el colapso de una cadena de explotación y la aparición de nuevas posibilidades históricas en el continente africano.

El papel de Marruecos en el norte y oeste de África encaja perfectamente con el concepto de subimperialismo, tal como lo formula el teórico marxista Ruy Mauro Marini. Según Marini, el subimperialismo ocurre cuando un país periférico o semiperiférico en el sistema capitalista global actúa como agente regional del imperialismo mientras mantiene la dependencia del capital extranjero. Estos países no solo internalizan la lógica de dominación imperialista, sino que también la reproducen en relación con los pueblos vecinos o más vulnerables, ya que funcionan como extensiones locales del orden capitalista global.

Marruecos cumple todos estos criterios. Está profundamente integrado en la estructura imperialista: es un socio privilegiado de la Unión Europea, un aliado estratégico de Estados Unidos y un estrecho colaborador militar y tecnológico de Israel. Este trío garantiza el apoyo diplomático de Rabat, acceso a armamento avanzado, cobertura del foro internacional e inversión económica; a cambio de ello, Marruecos desempeña el papel de gendarme regional al controlar los flujos migratorios, reprimir movimientos políticos internos y externos, y garantizar de una estabilidad geoestratégica a beneficio de las potencias occidentales.

La ocupación del Sáhara Occidental es la expresión más clara de esta función subimperialista. Marruecos no solo coloniza un territorio en violación del derecho internacional, sino que también transforma la ocupación en una herramienta de proyección regional. El ejemplo más reciente de esto es el llamado proyecto “Atlantic Access” (acceso atlántico) ofrecido por Marruecos a los países del Sahel, incluidos Mali, Burkina Faso y Níger, a través del puerto de Dakhla, ubicado en territorio saharaui ocupado. Esta iniciativa, que se presenta como cooperación regional africana, no es más que una nueva forma de someter a los pueblos liberados de un yugo colonial (el francés) a otro (el marroquí) y reafirmar a Marruecos como brazo operativo del imperialismo francés en África.

La alianza con Israel refuerza esta lógica. Más allá del suministro de drones y tecnología de vigilancia, la presencia de asesores militares israelíes en el makhzen y la adjudicación de contratos de exploración petrolera en aguas saharauis a Ratio Petroleum ponen de relieve la naturaleza colonial, de seguridad y extractivista de la ocupación. Es un claro caso de transferencia de métodos y estructuras coloniales entre regímenes que comparten una lógica común de represión y usurpación territorial, un verdadero “eje de ocupación”. A cambio, Marruecos ofrece apoyo político y logístico al régimen sionista.

En este sentido, el caso del Sáhara Occidental no puede considerarse un conflicto aislado o regional. Representa una estructura subimperialista articulada con el imperialismo global. El subimperialismo marroquí no solo oprime al pueblo saharaui, sino que también sirve para preservar un sistema que niega la verdadera liberación a todos los pueblos explotados de la región. Combatirlo es una parte fundamental de la lucha antiimperialista de nuestro tiempo.

La Dra. Isabel Lourenço es investigadora en el Centro de Estudios Africanos de la Universidad de Oporto, Portugal. Es especialista en estudios africanos, colonialismo, derecho internacional y derechos humanos.

Texto original: https://thepanafrikanist.com/western-sahara-colonialism-labor-and-imperialist-complicity/

Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar a la autora, a la traductora y Rebelión como fuente de la traducción.