La Fiscalía de Perú mantiene investigaciones judiciales abiertas contra los dos candidatos que se disputan la presidencia del país, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, en el marco de una campaña electoral marcada por la polarización. Ambos se enfrentaron este martes en un debate televisado desde Lima, a menos de una semana de la segunda vuelta del 7 de junio de 2026.

Durante el cara a cara, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, los candidatos intercambiaron acusaciones personales y se produjeron insultos mutuos, según constataron los medios locales. Sin embargo, el encuentro también sirvió para exponer las diferencias programáticas entre una candidata que representa a la derecha tradicional, Fujimori, y un líder de la izquierda, Sánchez, que promete un giro estatista.

Las sombras judiciales de la campaña

La Fiscalía peruana investiga a Fujimori por presunto lavado de activos y financiación ilegal de su partido, Fuerza Popular, en el marco del caso Odebrecht. Sánchez, por su parte, está siendo investigado por presunta corrupción en la gestión de obras públicas cuando fue gobernador regional de Junín. Estos procesos han alimentado la tensión durante la contienda.

Implicaciones para las inversiones españolas

El resultado electoral tiene especial relevancia para España, según fuentes diplomáticas consultadas. Perú alberga inversiones españolas por valor de más de 5.000 millones de euros en sectores como telecomunicaciones (Telefónica), banca (BBVA) y energía (Repsol, Iberdrola). Un triunfo de Fujimori, de perfil promercado, daría continuidad a las políticas de apertura económica. Una victoria de Sánchez, en cambio, podría suponer un viraje hacia un modelo más intervencionista y afectar a las condiciones de estas inversiones.

El debate del 2 de junio no logró despejar las dudas sobre el programa de gobierno de los candidatos, pero sí evidenció la profunda división del electorado peruano. La segunda vuelta del 7 de junio se perfila como una de las más reñidas de la historia reciente del país.

El Gobierno de Japón ha bloqueado la adquisición del fabricante de máquinas herramienta Makino Milling Machine por parte del fondo surcoreano MBK Partners, alegando motivos de seguridad nacional. La decisión, anunciada en las últimas semanas, refleja el creciente uso de los controles de inversión extranjera como herramienta geopolítica en Asia, en un contexto de auge del nacionalismo económico.

Las autoridades japonesas consideraron que la operación podía comprometer el acceso a tecnología sensible, dado que Makino produce equipos de precisión utilizados en sectores estratégicos como la industria aeroespacial y la defensa. El fondo MBK Partners, con sede en Corea del Sur, no ha emitido declaraciones oficiales sobre el rechazo.

La decisión de Tokio se suma a otras intervenciones similares en economías avanzadas. El Gobierno británico, por ejemplo, ha mostrado su malestar ante el plan de Bharti Enterprises de aumentar su participación en British Telecom por encima de un umbral crítico. En Países Bajos, las autoridades también han bloqueado recientemente una adquisición extranjera en el sector tecnológico.

El caso de Makino evidencia cómo Japón aplica la Ley de Cambio de Divisas y Comercio Exterior, que permite vetar inversiones foráneas cuando amenacen la seguridad nacional. Desde 2020, el país ha endurecido los requisitos de notificación previa para inversiones en sectores sensibles, incluidos semiconductores, equipos industriales avanzados y ciberseguridad.

Analistas señalan que este tipo de bloqueos responde a la creciente competencia tecnológica entre potencias, especialmente con China, y a la necesidad de proteger la cadena de suministro en industrias críticas. Makino, fundada en 1937, es uno de los fabricantes de máquinas herramienta más antiguos y reconocidos de Japón, con presencia global en el suministro de fresadoras y centros de mecanizado de alta precisión.