El medio de investigación estadounidense 404 Media ha demandado al Immigration and Customs Enforcement (ICE) para acceder al contrato de la agencia con la empresa israelí de ciberespionaje Paragon, especializada en spyware capaz de irrumpir de forma remota en teléfonos móviles y acceder a mensajes de aplicaciones cifradas. Según ha denunciado el medio, la agencia federal está redactando prácticamente toda la información sensible, lo que limita el escrutinio público sobre las herramientas de vigilancia adquiridas por el Gobierno estadounidense.

Un litigio por la transparencia

La demanda, presentada al amparo de la Ley de Libertad de Información (FOIA), busca obtener los documentos que detallen el alcance del acuerdo entre ICE y Paragon. Sin embargo, la respuesta de la agencia ha sido tan restrictiva que, según 404 Media, la información no redactada es casi inexistente. El caso pone a prueba los límites de la transparencia gubernamental frente a la alegación de seguridad nacional y la opacidad en la adquisición de tecnologías de intrusión.

Paragon, empresa con sede en Israel, ha comercializado su spyware a múltiples gobiernos, y su software ha sido vinculado a operaciones de vigilancia masiva. ICE, por su parte, es la agencia federal encargada de la inmigración y la seguridad fronteriza, lo que ha suscitado críticas de organizaciones de derechos civiles ante el posible uso de herramientas de hacking contra inmigrantes y activistas.

Implicaciones legales y políticas

El litigio se enmarca en una escalada de esfuerzos judiciales para exponer los contratos gubernamentales de spyware. En Estados Unidos, los tribunales han tenido que decidir en ocasiones anteriores si las exenciones de seguridad nacional pueden justificar el secreto absoluto sobre las capacidades técnicas de estas herramientas. La redacción masiva de los documentos en este caso sugiere que el alcance del contrato y las funcionalidades exactas del software están siendo clasificados al máximo nivel.

«Es imposible saber qué ha comprado realmente ICE con nuestro dinero», declaró un portavoz de 404 Media, en referencia a la falta de transparencia. La organización ha anunciado que continuará con el litigio y que recurrirá si la respuesta de ICE no se ajusta a los requisitos legales. El caso podría sentar un precedente sobre cuánto puede ocultar el Gobierno en la adquisición de tecnologías de interceptación.

Las elecciones presidenciales que se celebran este domingo 31 de mayo de 2026 en Colombia han alcanzado un récord histórico de observadores electorales, según informaron las autoridades electorales del país. La amplia participación de veedores internacionales y locales busca reforzar la transparencia y la confianza en el proceso, en unos comicios que se disputan en un clima de alta polarización.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) colombiano confirmó que nunca antes se había registrado una presencia tan numerosa de observadores en unas votaciones presidenciales. Aunque no se han facilitado cifras concretas, fuentes del organismo señalaron que la afluencia de misiones internacionales y acompañantes nacionales duplica la de anteriores procesos.

La Misión de Observación Electoral (MOE), entidad colombiana independiente, destacó que el récord refleja el interés de la comunidad internacional por el desarrollo de los comicios, así como el compromiso de las autoridades con la transparencia. «Nunca antes habíamos tenido una cobertura tan amplia», señalaron desde la MOE en un comunicado.

Entre los organismos internacionales presentes figuran la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), además de numerosas fundaciones y ONG. La mayoría de los observadores se han desplegado en regiones consideradas estratégicas o con antecedentes de violencia política, como el departamento del Cauca y la frontera con Venezuela.

El presidente del CNE, César Augusto Arias, calificó la jornada como «un ejercicio inédito de vigilancia democrática» y aseguró que todos los puestos de votación cuentan con al menos un observador acreditado. «Esto garantiza que cualquier incidencia será registrada y puesta en conocimiento de la autoridad electoral», afirmó.

La jornada transcurre sin incidentes graves hasta el momento, aunque las autoridades han activado protocolos de seguridad reforzados ante posibles intentos de perturbación del orden público. El Ejército y la Policía Nacional mantienen desplegados a más de 200.000 efectivos en todo el territorio.