La Unión Europea debate en las próximas semanas una medida que podría excluir del estatus de protección temporal a los ciudadanos ucranianos varones en edad de ser reclutados, lo que les obligaría a regresar a Ucrania para combatir. La propuesta, respaldada por varios Estados miembros y también por el Gobierno de Kiev, busca aliviar la presión migratoria y reforzar la capacidad defensiva ucraniana, pero ha generado un intenso debate legal y humanitario.

Según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), unos 200.000 ucranianos en edad militar residen actualmente en la UE. En España, que acoge a más de 180.000 refugiados ucranianos en total, la medida podría afectar a una parte significativa de esa población. Los países partidarios de la exclusión argumentan que la protección temporal fue concebida para civiles que huyen de la guerra, no para potenciales combatientes que podrían contribuir a la defensa de su país.

Reacciones encontradas

La posible decisión ha provocado opiniones divididas entre los Estados miembros. Mientras algunos ven en ella una forma de equilibrar las cargas migratorias y apoyar a Ucrania, organizaciones de derechos humanos advierten de que forzar el retorno de personas en edad militar podría contravenir el principio de no devolución, piedra angular del derecho de asilo. La Comisión Europea ha instado a evaluar la medida caso por caso, respetando las garantías individuales.

Desde Ucrania, el Gobierno ha expresado su apoyo a la iniciativa. Kiev necesita reforzar sus filas ante la persistente agresión rusa, y considera que la presencia de miles de hombres en edad militar en la UE representa un potencial movilizable. No obstante, fuentes diplomáticas consultadas señalan que la aplicación práctica sería compleja, ya que requeriría identificar a los afectados y coordinar su salida con las autoridades ucranianas.

La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha aumentado el límite de refugiados procedentes de la comunidad afrikáner de Sudáfrica, pero ha mantenido las restricciones de capacidad para el resto de países, según informaron fuentes oficiales este viernes. La medida ha generado el rechazo de los obispos católicos de Estados Unidos, que piden ampliar los criterios de acogida a otros grupos perseguidos.

El obispo de la Diócesis de Victoria, Texas, Mons. Brendan J. Cahill, expresó su desaprobación ante la decisión. En declaraciones a la prensa, el prelado consideró que la política migratoria estadounidense debe basarse en la necesidad humanitaria y no en criterios étnicos o nacionales. «La persecución no conoce fronteras ni etnias; cualquier persona que huya de la violencia o la discriminación merece ser considerada», afirmó.

La comunidad afrikáner y la persecución en Sudáfrica

Los afrikáneres, descendientes de colonos europeos, denuncian desde hace años una persecución sistemática en Sudáfrica, que incluye expropiaciones forzosas de tierras y violencia rural. El Gobierno de Trump ha considerado que esta situación justifica un trato preferencial en el programa de reasentamiento, aunque los obispos advierten de que otros colectivos, como los cristianos de Nigeria o los rohinyás de Birmania, también sufren una violencia equiparable.

La decisión de la Casa Blanca se produce en un contexto de endurecimiento general de la política migratoria, con cuotas reducidas para la mayoría de los países. Según datos de la Conferencia Episcopal estadounidense, el número de refugiados admitidos en 2026 sigue muy por debajo de los niveles históricos, lo que ha generado críticas tanto de organizaciones religiosas como de defensores de los derechos humanos.

No podemos cerrar los ojos ante el sufrimiento de los afrikáneres, pero tampoco ignorar a otros que huyen de la misma muerte o la misma opresión. La compasión no admite excepciones arbitrarias.

Mons. Cahill instó a la Administración a «revisar las cuotas globales» y a «priorizar la protección de todos los perseguidos», independientemente de su origen. La Iglesia católica en EE.UU. mantiene una red de acogida para refugiados que, según los obispos, se ve «infrautilizada» por las restricciones impuestas.