Las cadenas hoteleras españolas Meliá Hotels International e Iberostar han anunciado su retirada de la gestión hotelera en Cuba, sumándose a Blue Diamond Resorts en una estampida que refleja el creciente temor a las sanciones estadounidenses. Meliá comunicó su decisión el 3 de junio de 2026, un día después de que Iberostar hiciera lo propio y a apenas dos días de que expire el plazo fijado por Washington para evitar ser incluidos en una lista de sancionados por sus vínculos con el conglomerado militar GAESA.
Meliá, que gestionaba 25 hoteles en la isla, ha justificado su salida por el deterioro del clima de negocios y el riesgo de sanciones bajo la Ley Helms-Burton, que permite a ciudadanos estadounidenses demandar a empresas que se beneficien de propiedades expropiadas tras la revolución cubana. Iberostar, sin confirmar el número exacto de establecimientos que operaba, alegó motivos similares en su comunicado del 2 de junio.
La decisión de las tres grandes operadoras hoteleras —Meliá, Iberostar y Blue Diamond— supone un duro golpe para la industria turística cubana, uno de los principales motores de su economía. El turismo en la isla ya arrastraba una fuerte caída desde la pandemia de covid-19 y las posteriores restricciones de viaje impuestas por la administración estadounidense. La salida de las cadenas españolas, tradicionalmente dominantes en el sector hotelero cubano, deja un vacío difícil de cubrir.
El plazo dado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. vence el 5 de junio, fecha límite para que las empresas presentes en Cuba certifiquen que no mantienen vínculos con GAESA, el conglomerado militar que controla una parte significativa de la economía cubana, incluidos hoteles, tiendas y aeropuertos. Quienes no cumplan se arriesgan a sanciones que pueden incluir la exclusión del sistema financiero estadounidense y la prohibición de operar en mercado estadounidense.
El Gobierno español, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha mostrado su preocupación por el impacto de estas decisiones en las empresas españolas con intereses en Cuba, pero ha evitado pronunciarse sobre las causas. Fuentes diplomáticas apuntan que España mantiene su compromiso con el diálogo con Washington para mitigar los efectos de la Ley Helms-Burton sobre sus empresas.
