El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha denunciado que la Administración de Donald Trump busca «un pretexto» para justificar una intervención militar en la isla, en un discurso pronunciado este viernes en La Habana. El mandatario rechazó las recientes sanciones estadounidenses, que han alcanzado incluso a su esposa y su hijastro, y proclamó que no teme a la guerra.

«No le temo a la guerra», afirmó Díaz-Canel, en una declaración que coincide con la fecha límite impuesta por Washington para que las empresas con negocios en la Corporación de la Industria Aeronáutica de Cuba (GAESA) corten sus lazos, so pena de ser objeto de sanciones. Un grupo turístico canadiense se ha convertido en el último en abandonar la isla ante la amenaza.

Sanciones a la familia presidencial

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha incluido a la esposa de Díaz-Canel, Lis Cuesta Peraza, y a su hijastro, Manuel Anido Cuesta, en la lista de sancionados por presuntos vínculos con actividades que Washington considera contrarias a sus intereses. La medida, que forma parte de la política de máxima presión contra el régimen cubano, ha sido calificada por La Habana como un acto de «guerra híbrida».

Díaz-Canel aseguró que la isla está preparada para «afrontar una agresión militar» y llamó a la comunidad internacional a denunciar las acciones de Washington. «Trump busca un pretexto para intervenir, pero Cuba no se rinde», sentenció.

Reacciones internacionales

La Organización de las Naciones Unidas ha mostrado su preocupación por el aumento de las tensiones en la región. España, como miembro de la Unión Europea y actor histórico en Iberoamérica, ha instado a ambas partes al diálogo. El Ministerio de Asuntos Exteriores español ha recordado su compromiso con la solución pacífica de conflictos y ha ofrecido su mediación, algo que hasta el momento no ha sido aceptado formalmente por ninguna de las partes.

Trump busca un pretexto para intervenir en Cuba, pero Cuba está lista para afrontar una agresión militar.

Mientras tanto, las empresas extranjeras continúan abandonando la isla ante la presión de Washington. La estampida de compañías canadienses y europeas está debilitando aún más la economía cubana, que ya atraviesa una profunda crisis con escasez de alimentos, medicinas y combustible.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha calificado de «ceguera política» las nuevas sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro estadounidense contra su persona y su familia, así como contra allegados al líder revolucionario Raúl Castro. Las medidas, anunciadas el 5 de junio de 2026, buscan aislar al régimen cubano en un momento de creciente cooperación estratégica entre La Habana y Moscú.

El sistema MIR burla el cerco de Visa y Mastercard

Paralelamente, el vice primer ministro cubano, Óscar Pérez-Oliva Fraga, ha confirmado que el sistema de pagos ruso MIR permite mantener las transacciones financieras en la isla, pese a la orden ejecutiva de Washington que interrumpió las operaciones de Visa y Mastercard. «La incorporación de alternativas como el sistema ruso MIR ha garantizado la continuidad de las transacciones», declaró en una entrevista con la agencia Sputnik.

La orden ejecutiva de Estados Unidos que interrumpió las operaciones de Visa y Mastercard en Cuba no logró paralizar las transacciones financieras en la isla, ello gracias a la incorporación de alternativas como el sistema de pagos ruso MIR.

La resiliencia del mecanismo evidencia la profundización de los lazos entre Cuba y Rusia, que desafía la hegemonía financiera estadounidense. Las sanciones, según el Departamento del Tesoro, pretenden presionar al Gobierno de La Habana por su apoyo a Moscú en el contexto del conflicto ucraniano, pero la respuesta cubana subraya la eficacia de las alianzas alternativas.

Díaz-Canel denostó las medidas en un discurso público, calificándolas de «ceguera política» de Washington, y reiteró que la isla no cederá a las presiones externas. La comunidad internacional observa con atención el pulso entre la potencia norteamericana y la constelación de países que apuestan por la multipolaridad.

El Gobierno de Estados Unidos ha impuesto sanciones contra el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, su familia y personas vinculadas al expresidente Raúl Castro, en una medida que La Habana ha calificado como una muestra del «plan intervencionista» de Washington en la región. Así lo ha denunciado este viernes el canciller cubano, Bruno Rodríguez, en una comparecencia pública.

«Estas sanciones exponen el plan intervencionista de EE.UU. contra Cuba y revelan sus verdaderos objetivos injerencistas en la región», declaró Rodríguez.

Las sanciones, anunciadas el 5 de junio de 2026, se inscriben en la política de presión máxima que Washington mantiene sobre La Habana desde la administración anterior. Aunque no se han especificado los términos exactos de las medidas, estas afectan directamente al círculo de poder de la isla, incluyendo a familiares de Díaz-Canel y a personas cercanas a Castro.

Una escalada en las tensiones bilaterales

La decisión supone un nuevo capítulo en las tensas relaciones entre ambos países, que habían experimentado un breve deshielo durante la administración de Barack Obama. Desde 2017, la política estadounidense hacia Cuba se ha endurecido progresivamente, con sanciones económicas, restricciones de viaje y medidas diplomáticas que La Habana considera un bloqueo ilegal.

El canciller cubano ha señalado que estas sanciones reflejan el «desprecio» de Washington por la soberanía de la isla y ha instado a la comunidad internacional a rechazar lo que considera una violación del derecho internacional. «Cuba no se doblegará ante las presiones», afirmó Rodríguez, quien añadió que el Gobierno cubano mantendrá su «vocación de diálogo» pese a las hostilidades.

Reacciones y contexto regional

La medida estadounidense ha sido criticada por varios gobiernos latinoamericanos, que la consideran una intromisión en los asuntos internos de Cuba. En contraste, sectores de la oposición cubana en el exilio han aplaudido la decisión, aunque piden un mayor aislamiento del régimen castrista.

Por ahora, no se prevé una respuesta diplomática inmediata por parte de La Habana, aunque fuentes oficiales cubanas han adelantado que se estudian medidas de represalia, sin especificar su naturaleza. La tensión en el Caribe se suma a otros focos de fricción entre Estados Unidos y países de la región, como Venezuela y Nicaragua.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones económicas contra el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y contra Alejandro Castro Espín, uno de los hijos del expresidente Raúl Castro. La medida, anunciada el jueves 4 de junio de 2026, supone un nuevo escalón en la presión estadounidense sobre el régimen cubano, ya que por primera vez se sanciona directamente al jefe de Estado de la isla.

Las sanciones, que aparecen publicadas en la página web del Tesoro, implican el bloqueo de cualquier activo que los sancionados pudieran tener bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición para ciudadanos y empresas de EE.UU. de realizar transacciones con ellos. Aunque la nota oficial no detalla el número exacto de afectados, fuentes diplomáticas citadas por la agencia EFE indican que la lista incluiría a varios altos cargos del Gobierno cubano.

Reacción de La Habana

El Gobierno de Cuba ha respondido con un comunicado en el que califica la acción de Washington como un intento de «construir un escenario de conflicto» que, según la administración de Miguel Díaz-Canel, está «destinado al fracaso». La nota oficial añade que la soberanía de la isla no se negocia y que las sanciones unilaterales no lograrán doblegar al pueblo cubano.

Alejandro Castro Espín, hijo del expresidente Raúl Castro y de Vilma Espín, es coronel de la reserva y ha ocupado cargos en el Ministerio del Interior y en el Consejo de Defensa Nacional. Su inclusión en la lista de sancionados refuerza la percepción en Washington de que la cúpula castrista sigue controlando los resortes del poder en la isla, pese al relevo generacional.

Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba atraviesan su peor momento desde el deshielo de 2014-2016. La administración de Joe Biden, aunque inicialmente más flexible que la de Donald Trump, ha mantenido la mayoría de las sanciones heredadas y las ha endurecido en los últimos meses.

Para España, principal socio europeo de Cuba y uno de los mayores inversores extranjeros en la isla, esta escalada supone un desafío diplomático. El Gobierno español deberá equilibrar su defensa de los intereses de las empresas españolas presentes en Cuba (especialmente en los sectores turístico y hotelero) con la presión de Washington para alinearse con la postura de sanciones.

El Banco Central de Cuba ha anunciado que Visa y Mastercard finalizarán su relación con Fincimex, la entidad financiera cubana que actuaba como su contraparte local, propiedad del conglomerado militar GAESA. La decisión, comunicada el 4 de junio de 2026, responde a la presión de las sanciones estadounidenses y supone un duro golpe para la ya debilitada economía de la isla.

El plazo límite para que las entidades eviten ser sancionadas por Estados Unidos vence el 5 de junio, según fuentes oficiales cubanas. La medida se suma a la retirada de cuatro cadenas hoteleras internacionales en los últimos meses, en un contexto de creciente asfixia económica y energética sobre el régimen de La Habana.

La pérdida de servicios de las dos principales redes de tarjetas de crédito y débito del mundo afectará tanto a los turistas extranjeros como a los cubanos que dependen de estas plataformas para realizar transacciones internacionales. Fincimex, que forma parte del holding empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, se quedará sin la capacidad de procesar pagos con Visa y Mastercard, lo que limitará aún más la actividad comercial y las remesas.

El anuncio llega en un momento crítico para la economía cubana, sumida en una profunda crisis con escasez de alimentos, medicinas y combustible. La decisión de las compañías estadounidenses refuerza el bloqueo económico impuesto por Washington y dificulta cualquier intento de normalización financiera de la isla.

Según el Banco Central de Cuba, la entidad extranjaria que ofrecía los servicios ha decidido unilateralmente rescindir el acuerdo, sin que mediara incumplimiento por parte de la contraparte cubana. La medida ha sido calificada por analistas como un paso más en la estrategia de presión estadounidense para aislar al gobierno de Miguel Díaz-Canel.

El Gobierno de Cuba estudia la creación de nuevas instituciones financieras y bancarias destinadas a respaldar las operaciones de empresas rusas en la isla, según ha anunciado este jueves en San Petersburgo el viceprimer ministro cubano, Óscar Pérez-Oliva Fraga. La declaración se produjo durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, en un contexto de creciente cooperación bilateral frente a las sanciones occidentales.

El alto cargo cubano señaló que las nuevas entidades estarían diseñadas para facilitar las transacciones comerciales y la inversión de compañías rusas, que han aumentado su presencia en la isla en los últimos años, especialmente en sectores como la energía, el turismo y la agricultura. La iniciativa responde a las dificultades que ambas economías afrontan por los embargos y restricciones financieras impuestos por Estados Unidos y la Unión Europea.

Un paso en la multipolaridad financiera

La propuesta cubana se enmarca en un esfuerzo más amplio por construir canales financieros alternativos al sistema SWIFT y al dólar estadounidense. Rusia y Cuba han profundizado sus lazos desde 2022, con acuerdos de cooperación en sectores estratégicos y el envío de cargamentos de petróleo ruso a la isla. La creación de bancos especializados podría agilizar los pagos y reducir la dependencia de intermediarios occidentales.

El viceprimer ministro no precisó el calendario ni los detalles concretos de las nuevas instituciones, pero fuentes de la delegación cubana citadas por la agencia rusa Sputnik indicaron que el proyecto cuenta con el respaldo del Banco Central de Cuba y del Ministerio de Comercio Exterior. La medida llega en un momento en que la economía cubana atraviesa una severa crisis, con escasez de divisas y combustible.

Por su parte, el Kremlin ha mostrado su apoyo a la iniciativa. El presidente ruso, Vladímir Putin, ha defendido en varias ocasiones la creación de un sistema financiero autónomo que permita a los países sancionados comerciar sin interferencias. La posible creación de estas instituciones en Cuba sería un ejemplo práctico de esta visión, además de reforzar la presencia geopolítica de Moscú en el Caribe.

Las cadenas hoteleras españolas Meliá Hotels International e Iberostar han anunciado su retirada de la gestión hotelera en Cuba, sumándose a Blue Diamond Resorts en una estampida que refleja el creciente temor a las sanciones estadounidenses. Meliá comunicó su decisión el 3 de junio de 2026, un día después de que Iberostar hiciera lo propio y a apenas dos días de que expire el plazo fijado por Washington para evitar ser incluidos en una lista de sancionados por sus vínculos con el conglomerado militar GAESA.

Meliá, que gestionaba 25 hoteles en la isla, ha justificado su salida por el deterioro del clima de negocios y el riesgo de sanciones bajo la Ley Helms-Burton, que permite a ciudadanos estadounidenses demandar a empresas que se beneficien de propiedades expropiadas tras la revolución cubana. Iberostar, sin confirmar el número exacto de establecimientos que operaba, alegó motivos similares en su comunicado del 2 de junio.

La decisión de las tres grandes operadoras hoteleras —Meliá, Iberostar y Blue Diamond— supone un duro golpe para la industria turística cubana, uno de los principales motores de su economía. El turismo en la isla ya arrastraba una fuerte caída desde la pandemia de covid-19 y las posteriores restricciones de viaje impuestas por la administración estadounidense. La salida de las cadenas españolas, tradicionalmente dominantes en el sector hotelero cubano, deja un vacío difícil de cubrir.

El plazo dado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. vence el 5 de junio, fecha límite para que las empresas presentes en Cuba certifiquen que no mantienen vínculos con GAESA, el conglomerado militar que controla una parte significativa de la economía cubana, incluidos hoteles, tiendas y aeropuertos. Quienes no cumplan se arriesgan a sanciones que pueden incluir la exclusión del sistema financiero estadounidense y la prohibición de operar en mercado estadounidense.

El Gobierno español, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha mostrado su preocupación por el impacto de estas decisiones en las empresas españolas con intereses en Cuba, pero ha evitado pronunciarse sobre las causas. Fuentes diplomáticas apuntan que España mantiene su compromiso con el diálogo con Washington para mitigar los efectos de la Ley Helms-Burton sobre sus empresas.

El jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, se reunió el 3 de junio con el cardenal Juan de la Caridad García y con el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, monseñor Arturo González, para reafirmar la voluntad de Washington de canalizar ayuda humanitaria a través de la Iglesia católica en la isla, según informaron fuentes eclesiásticas.

El encuentro, que tuvo lugar en La Habana, se enmarca en el contexto de la grave crisis económica que atraviesa Cuba y del deterioro de las relaciones diplomáticas bilaterales. La Iglesia católica cubana ha actuado como mediadora y canal logístico para la distribución de asistencia internacional, un papel que Washington busca reforzar.

Según las fuentes consultadas, la ayuda prevista asciende a 100 millones de dólares (unos 92 millones de euros) e incluiría alimentos, medicinas y materiales de primera necesidad. La reunión sirvió para perfilar los mecanismos de entrega y garantizar que la ayuda llegue a la población sin interferencias políticas.

El cardenal García, arzobispo de San Cristóbal de La Habana, y monseñor González, al frente del episcopado cubano, han solicitado en reiteradas ocasiones que la asistencia internacional no esté condicionada por las sanciones económicas que pesan sobre la isla. Por su parte, la administración estadounidense ha señalado que la ayuda humanitaria no está sujeta al bloqueo comercial, aunque su envío efectivo requiere coordinación con las autoridades cubanas.

La visita de Hammer se produce en un momento de creciente tensión diplomática, con la embajada de EE. UU. en La Habana operando con personal reducido y las relaciones bilaterales en su punto más bajo desde el deshielo de 2014. La Iglesia católica, una de las pocas instituciones con capacidad de interlocución con ambas partes, se consolida así como el principal canal de ayuda humanitaria internacional en la isla.

El Gobierno de Cuba ha denunciado este viernes que la amenaza de agresión por parte de Estados Unidos está en aumento, en un contexto de endurecimiento de las sanciones económicas y presión diplomática por parte de Washington. La advertencia fue formulada por la viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina Vidal Ferreiro, en una declaración pública.

“La amenaza de agresión de EE.UU. contra Cuba está creciendo”, afirmó Vidal, sin entrar en detalles sobre posibles escenarios militares concretos. La funcionaria vinculó el incremento de la tensión a las medidas unilaterales adoptadas por la administración estadounidense, que incluyen la intensificación del bloqueo económico y la inclusión de La Habana en listas de países que supuestamente patrocinan el terrorismo, una designación que Cuba rechaza categóricamente.

Un contexto de presión creciente

La declaración se produce en un momento de especial tensión en las relaciones bilaterales. Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia en 2025, Washington ha revertido los tímidos avances en el deshielo impulsados durante el mandato de Joe Biden. El pasado mes de abril, el Departamento de Estado anunció nuevas restricciones a los viajes de ciudadanos estadounidenses a Cuba y limitó las remesas familiares, dos de los principales canales de ingresos de la isla.

La viceministra también señaló que la presión económica forma parte de una estrategia más amplia para desestabilizar al Gobierno cubano. “No se trata solo de sanciones; hay un componente político y mediático que busca aislar a Cuba en la región”, subrayó Vidal.

Reacción internacional y precedentes

La denuncia de La Habana ha encontrado eco en varios países de América Latina. México expresó su preocupación por el recrudecimiento de las sanciones, mientras que Venezuela ofreció su “apoyo incondicional” al Gobierno cubano. Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA) no se ha pronunciado oficialmente.

Cuba ha sobrevivido a décadas de embargo económico impuesto por Estados Unidos desde 1962, pero la situación actual se agrava por la crisis energética y la escasez de alimentos que azota a la isla. En los últimos meses, el país ha registrado apagones prolongados y protestas esporádicas por la falta de bienes básicos. Las autoridades cubanas atribuyen estos problemas al bloqueo y a las sanciones, mientras que la Casa Blanca insiste en que la crisis es consecuencia de la mala gestión del régimen.