España registró en 2025 el mayor nivel de crímenes e incidentes de odio desde que existen estadísticas oficiales, con un total de 2.715 casos, un 23,6% más que el año anterior, según el informe anual del Ministerio del Interior. El mismo documento sitúa a los marroquíes como la nacionalidad extranjera más afectada por este tipo de delitos, seguida de la comunidad latinoamericana.

Los datos, publicados el pasado 4 de junio, reflejan una tendencia al alza que preocupa a las autoridades y abre un nuevo frente en el debate sobre la inmigración y la convivencia en España. El informe del Ministerio del Interior detalla que los delitos de odio incluyen agresiones físicas, amenazas, insultos y discriminación por motivos de origen racial, étnico o nacional.

La comunidad marroquí, una de las más numerosas en España con más de 700.000 residentes, aparece como el colectivo extranjero con mayor exposición a estos incidentes. Le siguen los ciudadanos de países latinoamericanos, aunque el informe no desglosa cifras por nacionalidades concretas. El Gobierno español no ha ofrecido declaraciones adicionales sobre las causas concretas del incremento.

El dato coincide con un contexto de tensiones diplomáticas entre España y Marruecos, que algunos analistas vinculan a la presión del lobby marroquí en Madrid. El informe de Interior no establece relación directa entre la subida de crímenes de odio y la situación política bilateral, pero sí constata que el repunte se produce en un año marcado por el debate sobre la regularización de inmigrantes y las políticas de acogida.

Las organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes han reclamado al Gobierno reforzar las campañas de sensibilización y los mecanismos de denuncia. El Ministerio del Interior, por su parte, ha recordado que las fuerzas de seguridad cuentan con unidades especializadas en la persecución de los delitos de odio y que se han intensificado las investigaciones.

Ucrania y sus aliados han puesto en marcha un tribunal especial para juzgar el crimen de agresión cometido por Rusia con la invasión a gran escala de 2022. La iniciativa, anunciada en junio de 2026, busca cerrar una brecha en el derecho penal internacional que hasta ahora impedía procesar a los líderes rusos por la decisión misma de invadir, más allá de los crímenes de guerra o de lesa humanidad que ya investiga la Corte Penal Internacional (CPI).

El tribunal, cuyo diseño institucional aún se negocia, contará con el respaldo explícito de más de 40 países, según fuentes diplomáticas. La Unión Europea ha comprometido 50 millones de euros como financiación inicial, una cantidad que se prevé ampliar conforme avance la estructura del mecanismo híbrido internacionalizado. El fiscal general de Ucrania, en un discurso ante la Asamblea Nacional, declaró:

Este tribunal no es opcional, es una obligación moral y legal.

La declaración subraya el tono de urgencia con el que Kiev y sus socios abordan la creación de esta instancia judicial.

Un vacío legal que se cierra

El crimen de agresión –definido en el Estatuto de Roma como el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía de otro– ha sido históricamente el más difícil de perseguir. La CPI puede juzgarlo, pero solo cuando el Estado agresor ha ratificado el Estatuto, lo que no es el caso de Rusia. El nuevo tribunal sorteará esa limitación al establecerse mediante un acuerdo multilateral entre Ucrania y sus aliados, sin pasar por el Consejo de Seguridad de la ONU, donde Rusia tiene poder de veto.

Expertos en justicia transicional consultados por la fiscalía ucraniana señalan que las pruebas del crimen de agresión –actas del Consejo de Seguridad ruso, órdenes militares, declaraciones públicas de líderes– son especialmente sensibles y su manejo requerirá protocolos estrictos de clasificación. Las agencias de inteligencia occidentales, que ya han compartido información con la CPI, prevén colaborar también con este tribunal, lo que abre la puerta a filtraciones y operaciones de influencia que podrían marcar la geopolítica de la información en los próximos meses.

La justicia federal de Argentina ha cursado una solicitud formal a España para la extradición del excoronel de la Guardia Nacional Bolivariana Ephraín Verdú Torrelles, acusado de crímenes de lesa humanidad. Así lo confirmaron fuentes judiciales el pasado martes 2 de junio de 2026.

Un operativo bajo mando del excoronel

Verdú Torrelles comandó el operativo militar el día en que Geraldin Moreno Orozco, una estudiante de 23 años, fue baleada a corta distancia durante una manifestación en el estado venezolano de Carabobo en 2014. Este caso forma parte de una causa más amplia que investiga al presidente Nicolás Maduro y a otros altos mandos militares por la represión de las protestas opositoras.

Se trata de la primera solicitud de extradición en el marco de una causa por crímenes de lesa humanidad que Argentina instruye desde 2023, basada en el principio de jurisdicción universal. La justicia argentina ha aceptado la competencia para investigar estos hechos al considerar que Venezuela no garantiza procesos judiciales independientes.

Implicaciones para España

La petición supone un desafío diplomático y judicial para España, que debe decidir si concede la entrega de un exmilitar venezolano al que el régimen de Nicolás Maduro considera un oficial en servicio activo.

El excoronel se encuentra en territorio español desde hace al menos dos años, según fuentes próximas al caso. La Audiencia Nacional española será el órgano encargado de tramitar la orden de extradición, que deberá resolver en un plazo que puede extenderse hasta varios meses.

La causa argentina, impulsada por la Fiscalía Federal, se ha convertido en un foro judicial clave para la persecución de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 2014. Hasta la fecha, Argentina ha emitido órdenes de captura internacional contra una decena de militares y funcionarios chavistas.

El gobierno de Estados Unidos ha declarado este jueves 28 de mayo de 2026 como organizaciones terroristas al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho, dos de las bandas criminales más poderosas de Brasil y Suramérica. La medida, adoptada por el Departamento de Estado, abre la puerta a sanciones financieras contra ambas organizaciones y supone un desafío diplomático para la relación bilateral con Brasil.

Las dos bandas, nacidas en las cárceles brasileñas durante la década de 1970 y 1990 respectivamente, han expandido su influencia por todo el continente y mantienen operaciones en Europa, incluida España. Según la resolución estadounidense, ambas organizaciones controlan territorios, lavan dinero a escala transnacional y se infiltran en estructuras políticas locales, lo que las convierte en una amenaza para la seguridad regional y global.

El gobierno brasileño, presidido por Luiz Inácio Lula da Silva, ha respondido con cautela a la decisión. Fuentes del Palacio de Planalto calificaron la medida de Washington como

un pretexto para la intervención es inaceptable

y subrayaron que Brasil cuenta con sus propios mecanismos para combatir el crimen organizado, sin necesidad de injerencias externas.

La declaración terrorista implica que cualquier persona o entidad que proporcione apoyo material o financiero al PCC o al Comando Vermelho puede ser perseguida por la legislación estadounidense. Además, congela los activos que ambas organizaciones puedan tener bajo jurisdicción de Estados Unidos.

Analistas consultados señalan que la medida puede tener implicaciones directas para España, dado que el PCC tiene presencia documentada en el corredor de la droga que atraviesa el Atlántico hacia el puerto de Algeciras y otras ciudades españolas. La cooperación policial entre España y Brasil es clave para desarticular las redes de lavado de dinero y tráfico de drogas que ambas bandas mantienen en territorio español.

El PCC, considerado la mayor facción criminal de Brasil, controla el tráfico de cocaína desde los países productores andinos hasta los mercados europeos. El Comando Vermelho, por su parte, opera en Río de Janeiro y tiene ramificaciones en la minería ilegal y el narcotráfico. Ambas son calificadas por los expertos como «multinacionales del crimen» debido a su estructura descentralizada y su alcance transnacional.

Nuevos documentos publicados por la organización de investigación Declassified UK revelan que las denuncias de crímenes de guerra cometidos por el Servicio Aéreo Especial (SAS) británico en Afganistán fueron desestimadas en un solo día por una investigación oficial. Los archivos, difundidos el 29 de mayo de 2026, plantean nuevas dudas sobre cómo los oficiales superiores del SAS manejaron las acusaciones de ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones del derecho internacional durante la misión en Afganistán.

Según los documentos, la investigación interna archivó las alegaciones en el plazo de 24 horas, sin considerar pruebas ni entrevistar a testigos clave. La rapidez del proceso ha suscitado acusaciones de encubrimiento y de que los mandos del SAS protegieron a sus efectivos frente a posibles procesos penales.

Declassified UK, que ha analizado los archivos, señala que las denuncias incluían casos de civiles asesinados en redadas nocturnas y operaciones en las que no se reportaron bajas enemigas. La organización denuncia que la celeridad en desestimar los casos impidió cualquier investigación independiente y vulneró los protocolos de rendición de cuentas del Ejército británico.

El Ministerio de Defensa del Reino Unido ha declinado hacer declaraciones sobre los documentos, aunque fuentes militares citadas por la investigación afirman que las acusaciones carecían de fundamento. Sin embargo, los archivos contradicen esta versión al mostrar que ni siquiera se abrió una fase preliminar de investigación.

Las revelaciones se producen en un momento en que el Reino Unido afronta varias demandas de veteranos y familiares de víctimas afganas por presuntos crímenes de guerra. La Comisión de Investigación de Afganistán, creada en 2023, aún no ha publicado sus conclusiones finales.