El inversor y estrella televisiva Kevin O’Leary ha aceptado reducir a la mitad la superficie de su macroproyecto de centro de datos en Utah, inicialmente previsto en 40.000 acres, según informó el jueves a la prensa local. La decisión llega tras semanas de presión de residentes y activistas, que denunciaban el impacto ambiental y el consumo masivo de recursos del complejo.
En una carta dirigida al presidente del Senado de Utah, J. Stuart Adams, O’Leary anunció que eliminará 19.430 acres del proyecto, lo que sitúa la superficie final en poco más de 20.000 acres. El centro, impulsado por el conocido Shark Tank, se había convertido en símbolo del conflicto entre el auge de la infraestructura digital y la protección del entorno natural en el oeste de Estados Unidos.
El precio de la expansión digital
Utah, como otros estados áridos del país, ha experimentado una creciente demanda de centros de datos. Sin embargo, estos proyectos suponen un alto coste energético e hídrico en una región con recursos limitados. Los activistas locales habían recogido firmas y presentado alegaciones ante las autoridades, exigiendo un estudio de impacto ambiental más riguroso. La reducción acordada por O’Leary, aunque significativa, no disipa todas las preocupaciones: el centro seguirá siendo uno de los mayores del país en superficie.
El caso refleja una tensión recurrente en la geopolítica digital: la necesidad de soberanía energética y territorial frente al despliegue de infraestructuras críticas para la inteligencia artificial y la nube. Analistas estadounidenses advierten de que, sin una planificación conjunta, la proliferación de centros de datos podría chocar con los límites físicos de las comunidades locales.
Este proyecto es crucial para la competitividad digital de Estados Unidos, pero debe hacerse de forma responsable con el entorno, reconocen fuentes del sector citadas por la prensa local.
O’Leary no ha detallado el nuevo diseño del campus ni el calendario de construcción, aunque se comprometió a colaborar con las autoridades estatales para minimizar las molestias. La decisión marca un precedente sobre cómo la oposición ciudadana puede moldear incluso los planes más ambiciosos de la industria tecnológica.
