El inversor y estrella televisiva Kevin O’Leary ha aceptado reducir a la mitad la superficie de su macroproyecto de centro de datos en Utah, inicialmente previsto en 40.000 acres, según informó el jueves a la prensa local. La decisión llega tras semanas de presión de residentes y activistas, que denunciaban el impacto ambiental y el consumo masivo de recursos del complejo.

En una carta dirigida al presidente del Senado de Utah, J. Stuart Adams, O’Leary anunció que eliminará 19.430 acres del proyecto, lo que sitúa la superficie final en poco más de 20.000 acres. El centro, impulsado por el conocido Shark Tank, se había convertido en símbolo del conflicto entre el auge de la infraestructura digital y la protección del entorno natural en el oeste de Estados Unidos.

El precio de la expansión digital

Utah, como otros estados áridos del país, ha experimentado una creciente demanda de centros de datos. Sin embargo, estos proyectos suponen un alto coste energético e hídrico en una región con recursos limitados. Los activistas locales habían recogido firmas y presentado alegaciones ante las autoridades, exigiendo un estudio de impacto ambiental más riguroso. La reducción acordada por O’Leary, aunque significativa, no disipa todas las preocupaciones: el centro seguirá siendo uno de los mayores del país en superficie.

El caso refleja una tensión recurrente en la geopolítica digital: la necesidad de soberanía energética y territorial frente al despliegue de infraestructuras críticas para la inteligencia artificial y la nube. Analistas estadounidenses advierten de que, sin una planificación conjunta, la proliferación de centros de datos podría chocar con los límites físicos de las comunidades locales.

Este proyecto es crucial para la competitividad digital de Estados Unidos, pero debe hacerse de forma responsable con el entorno, reconocen fuentes del sector citadas por la prensa local.

O’Leary no ha detallado el nuevo diseño del campus ni el calendario de construcción, aunque se comprometió a colaborar con las autoridades estatales para minimizar las molestias. La decisión marca un precedente sobre cómo la oposición ciudadana puede moldear incluso los planes más ambiciosos de la industria tecnológica.

Por primera vez en la historia de Berberati, los consejeros municipales elegirán a su alcalde el próximo 5 de junio. Este escrutinio inédito se celebra en la segunda ciudad más poblada de la República Centroafricana, y simboliza la reactivación de la política local tras años de conflicto armado e inestabilidad institucional.

La elección, que tendrá lugar en el ayuntamiento de la localidad, marca un punto de inflexión para una urbe que durante la guerra civil quedó devastada y sin administración municipal efectiva. Según informaron fuentes del Gobierno centroafricano, este proceso forma parte de los esfuerzos de descentralización impulsados desde Bangui, con el apoyo de la Misión de las Naciones Unidas en el país (MINUSCA).

Berberati, capital de la prefectura de Mambéré-Kadéï, ha sido escenario de enfrentamientos entre grupos armados y el ejército regular. La ausencia de elecciones locales perpetuó un vacío de poder que favoreció la economía ilegal, especialmente la explotación de madera y diamantes. Con la elección del alcalde, las autoridades confían en retomar el control institucional y canalizar la ayuda humanitaria hacia la reconstrucción de infraestructuras básicas.

Un test para la descentralización

El proceso electoral de Berberati se considera una prueba de fuego para el plan de descentralización centroafricano. La Constitución de 2016 establece la elección directa de los alcaldes, pero la violencia y la debilidad del Estado central retrasaron su aplicación. Ahora, la Autoridad Nacional Electoral de la República Centroafricana ha anunciado que la votación se celebrará con observadores internacionales.

La comunidad internacional sigue con atención este acontecimiento. La República Centroafricana es un país rico en recursos naturales (diamantes, oro, uranio), pero sumido en una crisis humanitaria desde 2013. Países como España han participado en misiones de la UE y en programas de cooperación al desarrollo en la región.

La jornada del 5 de junio decidirá quién gobernará Berberati los próximos cinco años. Un resultado pacífico y transparente podría allanar el camino para que otras localidades del país sigan el mismo ejemplo.

Un grupo de empleados de Amazon se presentó el pasado 3 de junio de 2026 ante un concejo municipal estadounidense —cuya identidad no se ha revelado— para exigir restricciones a la construcción de centros de datos. Los trabajadores, organizados como activistas internos, denunciaron el elevado consumo energético y la presión sobre las infraestructuras locales que generan estas instalaciones.

Se trata de la primera vez que empleados de una gran empresa tecnológica (big tech) presionan públicamente para que se regule este tipo de proyectos, según señalaron fuentes conocedoras de la acción. Hasta ahora, las críticas a los centros de datos solían provenir de grupos ecologistas o vecinales, no de la propia plantilla de las compañías que los operan.

Los centros de datos, esenciales para el funcionamiento de servicios en la nube, inteligencia artificial y plataformas digitales, requieren enormes cantidades de electricidad y agua para refrigeración. En los últimos años, su proliferación ha generado tensiones con comunidades locales por la saturación de la red eléctrica y la escasez hídrica.

Un precedente sin precedentes

La acción de los empleados de Amazon marca un punto de inflexión en la relación entre las grandes tecnológicas y el territorio donde se asientan. ‘Es la primera vez que trabajadores de una big tech se movilizan para pedir límites a la expansión de centros de datos. Hasta ahora, las empresas siempre habían defendido estos proyectos como motores de empleo e inversión’, explicó una fuente cercana a los activistas.

La protesta se produce en un contexto de creciente presión regulatoria en varios países. En España, el Gobierno ultima un decreto que obligará a los centros de datos a compensar su impacto ambiental, mientras que en Países Bajos e Irlanda ya se han impuesto moratorias parciales. La iniciativa de los empleados de Amazon podría acelerar medidas similares en otras jurisdicciones.

Amazon no ha emitido comentarios oficiales sobre la acción de sus trabajadores. Los empleados, por su parte, evitaron dar declaraciones a la prensa para no ser identificados, pero pidieron al concejo que frene nuevas autorizaciones hasta que se evalúe el impacto acumulativo sobre los recursos naturales.

La empresa estadounidense Muon Space ha presentado el 3 de junio de 2026 su nuevo bus satelital Condor-Ultra, una plataforma tres veces más grande que el modelo Condor-XL y diseñada específicamente para el emergente mercado de los centros de datos orbitales.

El anuncio responde a la creciente demanda de procesamiento de datos en el espacio, que permite reducir la latencia y la dependencia de los enlaces terrestres. Según la compañía, el Condor-Ultra está concebido para ser lanzado en cohetes de clase Starship, y su primer lanzamiento está previsto para 2028, una vez asegurados los primeros clientes.

El sector de los centros de datos orbitales está aún en fase incipiente, pero grandes operadores de infraestructura cloud ya han mostrado interés en esta tecnología. Muon Space compite directamente con empresas como Lumen Orbit o Aalyria, que también desarrollan plataformas para procesamiento en órbita.

El nuevo bus satelital multiplica la capacidad de carga útil y de procesamiento del Condor-XL, lo que permite alojar servidores y sistemas de refrigeración en el espacio. De acuerdo con la empresa, el diseño modular del Condor-Ultra facilita su adaptación a diferentes configuraciones de cliente y misiones.

Muon Space, con sede en California, se ha consolidado como uno de los fabricantes más activos en el segmento de satélites pequeños. Con esta nueva plataforma, la compañía apuesta por capturar una cuota significativa del mercado de centros de datos orbitales, cuyo valor potencial se estima en miles de millones de dólares para la próxima década.

La tecnológica Google ha anunciado este miércoles un conjunto de medidas para reducir el impacto hídrico de sus centros de datos, en un contexto de creciente crítica por el consumo de recursos que implica la expansión de la inteligencia artificial. La compañía se ha comprometido a reponer más agua de la que consumen sus instalaciones, según detalló en un comunicado.

El anuncio coincide con una resolución del regulador británico, la Competition and Markets Authority (CMA), que obliga a Google a permitir que los editores de websites excluyan sus contenidos de funciones de búsqueda basadas en IA, como AI Overviews. La medida, que afecta al mercado del Reino Unido, busca dar mayor control a los creadores de contenido sobre el uso de su información por parte de los sistemas generativos.

La combinación de ambas noticias refleja las tensiones que genera el despliegue masivo de infraestructura de IA: por un lado, el impacto ambiental, especialmente el consumo de agua para refrigeración; por otro, la soberanía de los datos y la relación entre las grandes tecnológicas y los reguladores. Google, sin embargo, insiste en que sus centros de datos son ya un 50% más eficientes en el uso de agua que la media del sector, y que las nuevas promesas incluyen la colaboración con autoridades locales para mejorar la gestión hídrica.

La decisión de la CMA supone un precedente en la regulación de la inteligencia artificial aplicada a la búsqueda, y podría influir en otros organismos internacionales que estudian medidas similares. Google, por su parte, no ha detallado aún cómo implementará técnicamente la exclusión de contenidos en sus funciones de búsqueda con IA.

La justicia de la República Centroafricana investiga un presunto complot golpista contra el presidente Faustin-Archange Touadéra, según informaron fuentes judiciales este miércoles en Bangui. El caso afecta a dos ministros del Gobierno centrafricano y a otras personas del entorno presidencial, en una trama que revela las luchas de influencia en el seno del poder.

Investigación en curso

La Fiscalía de Bangui se ha hecho cargo de las acusaciones de conspiración, que apuntan a un intento de desestabilización del Ejecutivo de Touadéra, en el poder desde 2016 y reelegido en 2020 en medio de una grave crisis de seguridad. El proceso judicial se encuentra en fase preliminar, sin que se hayan realizado detenciones hasta el momento, según precisaron fuentes próximas a la investigación.

El caso ha generado una fuerte conmoción en la capital centroafricana, donde el control del presidente sobre las facciones armadas y los actores políticos sigue siendo frágil. Touadéra ha sobrevivido a varios intentos de golpe desde su llegada al poder, el último de ellos en enero de 2021, cuando una coalición de grupos rebeldes avanzó sobre Bangui y fue repelida con la ayuda de fuerzas ruandesas y rusas.

Luchas internas en el poder

La revelación del supuesto complot pone de relieve las tensiones internas dentro del círculo de poder de Touadéra. En los últimos meses, diversas fuentes diplomáticas habían señalado la existencia de divisiones entre distintas facciones del Ejecutivo, en un contexto de creciente influencia de actores extranjeros —especialmente Rusia y Ruanda— en la seguridad y la economía del país.

La República Centroafricana, uno de los países más pobres del mundo a pesar de sus recursos minerales (diamantes, oro y uranio), vive sumida en un conflicto armado desde 2013. La presencia de asesores rusos, conocidos como instructores, y de la misión de la ONU (MINUSCA) ha sido clave para la supervivencia del régimen de Touadéra. Sin embargo, la influencia rusa ha generado recelos entre algunos sectores políticos y en la comunidad internacional.

De confirmarse las acusaciones, el caso podría agravar la inestabilidad en un país que sigue luchando por consolidar sus instituciones democráticas. La Presidencia centrafricana no ha emitido ningún comunicado oficial sobre la investigación.

La industria global de semiconductores afronta una crisis de suministro que amenaza con frenar el crecimiento de la inteligencia artificial. La demanda de chips de memoria de alto ancho de banda (HBM), esenciales para los aceleradores de IA, supera con creces la capacidad de fabricación, mientras los centros de datos registran cuellos de botella por falta de cómputo disponible.

Según fuentes del sector tecnológico, la producción de chips HBM —clave en sistemas como los GPU de Nvidia para entrenar modelos de lenguaje— no logra seguir el ritmo de los pedidos de hiperescalares como Microsoft, Google o Amazon. «Hardware eats the world with HBM Chip shortage«, resume un analista de mercados de semiconductores, citando la paradoja de que el hardware diseñado para alimentar la próxima ola de IA se ha convertido en su principal cuello de botella.

Los centros de datos, que ya operaban al límite de su capacidad por el auge de la computación en la nube y el machine learning, registran retrasos de meses en la puesta en marcha de nuevos clústeres. La falta de memoria HBM obliga a los fabricantes a racionar las asignaciones entre clientes, priorizando los pedidos de mayor volumen. El problema se agrava por la concentración de la producción de HBM en unos pocos actores, como Samsung y SK Hynix, que lidian con procesos de fabricación complejos y rendimientos limitados.

Empresas de menor tamaño, que dependen de terceros para conseguir capacidad de cómputo, son las más afectadas. También los fabricantes de hardware para centros de datos advierten de que la escasez podría prolongarse al menos hasta 2027 si no se realizan nuevas inversiones en plantas de empaquetado avanzado, según la misma fuente.