El Congreso de Bolivia aprobó este domingo una ley que permite al presidente centroderechista Rodrigo Paz recurrir a las Fuerzas Armadas para desbloquear carreteras que permanecen tomadas desde hace un mes por manifestantes que exigen su dimisión. La medida, impulsada por el oficialismo, busca poner fin a una crisis de orden público que amenaza la estabilidad del país andino.
Una ley polémica en un clima de tensión
La normativa faculta al Ejecutivo a desplegar militares en las rutas bloqueadas, una decisión que ha generado un intenso debate en la sociedad boliviana. Los partidarios de la ley argumentan que es necesaria para garantizar el derecho a la libre circulación y reactivar la economía, gravemente afectada por los cortes de carreteras. La oposición, en cambio, denuncia que se trata de una militarización del conflicto social y advierte de posibles violaciones de derechos humanos.
Según informó el Congreso boliviano, la votación se saldó con una mayoría suficiente para aprobar el texto, que ahora deberá ser promulgado por el presidente Paz. La ley no especifica un plazo de vigencia, pero fuentes oficiales señalaron que se aplicará de forma temporal mientras duren las protestas.
El contexto de las protestas
Las manifestaciones, que comenzaron a principios de mayo, están lideradas por sectores afines al expresidente izquierdista Evo Morales, que acusan a Paz de haber llegado al poder mediante un fraude electoral en 2025. Los bloqueos se han concentrado en las principales rutas del país, como la que conecta La Paz con Cochabamba, y han provocado desabastecimiento de combustible y alimentos en varias regiones.
El gobierno de Paz ha intentado sin éxito negociar con los líderes de las protestas, que exigen la renuncia del presidente y la convocatoria de nuevas elecciones. La aprobación de la ley supone un giro en la estrategia gubernamental, que hasta ahora había optado por la vía del diálogo sin resultados concretos.
Organizaciones de derechos humanos, como la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, han expresado su preocupación por la medida y han instado al gobierno a priorizar soluciones políticas. Por su parte, la comunidad internacional, incluyendo la Organización de Estados Americanos, sigue de cerca la evolución de los acontecimientos.
