Las fuerzas armadas de Bolivia han desmontado el bloqueo en la carretera que conecta La Paz, sede del Ejecutivo, con El Alto, la principal ciudad del país, una vía considerada estratégica para el abastecimiento de alimentos y productos básicos en la capital. La intervención militar, ocurrida el 6 de junio de 2026, pone fin a más de un mes de cortes que agravaron la escasez y tensaron la situación política.

El presidente boliviano, Rodrigo Paz, llamó al diálogo con las federaciones campesinas y otros sectores sociales, incluidos numerosos grupos indígenas, cuyas protestas mantienen paralizadas varias regiones del país. El bloqueo, que se prolongó desde principios de mayo, había generado desabastecimiento de combustible y un incremento de precios en los mercados paceños, según confirmaron fuentes del Gobierno boliviano.

El desbloqueo se realizó sin incidentes graves, aunque la tensión sigue latente en las zonas donde los cortes persisten, como la carretera a Cochabamba y el oriente del país.

Un país fragmentado por las protestas

Bolivia atraviesa su peor crisis social desde la vuelta de Luis Arce al poder, con más de 30 puntos de bloqueo activos en todo el territorio. Los sectores afines al expresidente Evo Morales exigen la liberación de dirigentes detenidos y la renuncia del actual gabinete. La intervención militar en la vía más sensible del altiplano representa un giro respecto a la estrategia previa, basada en la negociación política.

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, declaró a los medios que la operación tenía como objetivo «garantizar el derecho a la libre circulación y el abastecimiento de la población». Por su parte, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia pidió investigar posibles excesos durante el desalojo, aunque el Ejército negó haber empleado fuerza desproporcionada.

Bolivia atraviesa su segundo mes de protestas lideradas por sectores obreros y campesinos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, a seis meses de su asunción. La crisis política ha provocado una contracción económica superior a la proyectada inicialmente, según advierten analistas consultados.

Los bloqueos, que comenzaron hace dos meses, han generado pérdidas estimadas en 2.000 millones de dólares (unos 1.840 millones de euros), según fuentes locales. El diálogo entre el Gobierno y los manifestantes se encuentra estancado, mientras la actividad productiva sufre un duro golpe.

Los bloqueos en Bolivia causarían que la contracción económica sea ‘aún mayor a lo proyectado’, señala un experto citado por medios locales.

El presidente Rodrigo Paz, quien asumió el cargo hace seis meses, enfrenta una de las crisis más graves de su mandato. Las protestas, que comenzaron en demanda de mejoras laborales y políticas, han escalado hasta convertirse en un clamor popular por su renuncia. La falta de acuerdo entre las partes amenaza con prolongar la inestabilidad.

El impacto económico se profundiza

La contracción económica, que inicialmente se estimaba moderada, se ha agravado por los cortes de rutas y la paralización de sectores clave como el comercio y la minería. Las pérdidas acumuladas superan los 2.000 millones de dólares, según cálculos de cámaras empresariales. El Gobierno, por su parte, no ha presentado un plan de contingencia para mitigar los efectos.

La crisis boliviana se suma a un panorama de inestabilidad regional en Iberoamérica, donde varios países enfrentan tensiones sociales y políticas. Analistas advierten que, de no resolverse el conflicto, la recesión podría profundizarse en los próximos meses.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha lanzado un misil Hellfire contra un buque comercial que intentaba alcanzar puertos iraníes, según informó el martes en un comunicado. Se trata del segundo ataque de este tipo en menos de una semana, en el marco de la presión estadounidense contra el tráfico marítimo con Irán.

El objetivo fue el petrolero M/T Lexie, con bandera de Botsuana, que transitaba por aguas internacionales del Golfo. CENTCOM justificó la acción como parte de las medidas de bloqueo contra las exportaciones iraníes, aunque Naciones Unidas y varias organizaciones humanitarias han denunciado el creciente riesgo para la navegación civil en la región.

El primer ataque similar ocurrió días atrás, cuando un misil Hellfire alcanzó a otro carguero que se dirigía a Irán. La administración de Donald Trump ha intensificado las operaciones navales en el Golfo desde principios de año, en un esfuerzo por estrangular económicamente al régimen de Teherán. Fuentes del Pentágono aseguran que los buques que intenten romper el bloqueo serán considerados objetivos militares.

El Gobierno iraní ha condenado el ataque y lo ha calificado de acto de piratería, advirtiendo que tomará represalias si la presión continúa. La comunidad internacional, por su parte, observa con preocupación la escalada en una de las rutas comerciales más sensibles del planeta, por donde transita cerca del 20% del crudo mundial. Organizaciones de derechos humanos han instado a Washington a detener los ataques contra buques civiles, que consideran una violación del derecho internacional marítimo.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) ha informado de que desvió o dejó fuera de servicio un total de 123 buques mercantes que intentaban vulnerar el bloqueo marítimo impuesto en el estrecho de Ormuz. El brazo militar estadounidense en Oriente Próximo difundió la cifra este 1 de junio, en un nuevo episodio que aviva la tensión en una de las rutas energéticas más sensibles del planeta.

Una vía clave para el suministro energético mundial

El estrecho de Ormuz es un punto estratégico por el que transita aproximadamente el 20% del crudo mundial, lo que lo convierte en una de las rutas comerciales más sensibles del planeta. Cualquier interrupción en el flujo de petroleros tiene repercusiones inmediatas en los precios internacionales del petróleo y en la estabilidad energética global.

Centcom no especificó en qué periodo se produjeron las intercepciones ni detalló las banderas o nacionalidades de los buques afectados. Sin embargo, la cifra de 123 embarcaciones supone un incremento significativo respecto a episodios anteriores de tensión en la zona, lo que refleja la intensidad del bloqueo actual.

Centcom informó que desvió o dejó fuera de servicio un total de 123 buques mercantes que intentaban romper el bloqueo estadounidense a Irán.

La decisión de desviar buques mercantes que no portan bandera iraní ha generado críticas entre los armadores y algunos gobiernos, que consideran que la acción estadounidense se extiende más allá del marco de las sanciones unilaterales. La respuesta de la comunidad internacional, por ahora, se limita a declaraciones de preocupación.

El 30 de mayo de 2026, fuerzas israelíes atacaron una flotilla humanitaria de 72 barcos con más de 600 civiles de más de 45 países, que buscaba romper el bloqueo de 19 años sobre la Franja de Gaza. La misión, iniciada como un acto humanitario, terminó con dos asaltos israelíes en aguas internacionales que incluyeron secuestros, palizas, tortura, abusos sexuales y violaciones del derecho internacional, según han denunciado los organizadores.

El ataque ha sido condenado por la comunidad internacional y ha tenido un efecto inverso al buscado por Israel: la delegitimación del propio Estado israelí. Medios y analistas señalan que la acción, lejos de disuadir futuras misiones, ha reforzado la solidaridad global con la causa palestina y ha puesto en evidencia la política de bloqueo.

Una flotilla para romper el asedio

La flotilla partió de varios puertos mediterráneos con la intención de entregar ayuda humanitaria directamente a Gaza, sorteando el bloqueo impuesto por Israel desde 2007. Los organizadores, que incluyen activistas y organizaciones de derechos humanos, habían anunciado previamente su ruta y su carácter pacífico. A pesar de ello, las autoridades israelíes advirtieron que interceptarían la embarcación.

Fue una operación militar desproporcionada contra civiles desarmados. La violencia empleada es inaceptable bajo cualquier norma del derecho internacional, y supone un paso más en la pérdida de legitimidad moral de Israel ante el mundo.

Entre los pasajeros se encontraban ciudadanos de países europeos, asiáticos, africanos y americanos, lo que ha elevado el incidente a un conflicto diplomático de primer orden. Varios gobiernos han convocado a los embajadores israelíes y exigen una investigación independiente.

El coste político del ataque

Analistas internacionales coinciden en que el ataque supone un grave golpe a la imagen de Israel en el escenario global, especialmente en un momento en que el país enfrenta críticas crecientes por su gestión del conflicto palestino. La acción ha reforzado los argumentos de quienes piden sanciones internacionales y un embargo de armas contra Israel.

El gobierno israelí, por su parte, ha justificado el operativo alegando que la flotilla suponía una amenaza para su seguridad y que pretendía violar el bloqueo legal. Sin embargo, las pruebas de violencia difundidas por los supervivientes y los vídeos grabados a bordo han provocado una oleada de condenas en redes sociales y en foros internacionales.

La crisis llega en un momento delicado para la coalición de gobierno israelí, que ya afrontaba divisiones internas sobre la política de seguridad. El incidente podría acelerar el desgaste del ejecutivo y aislar aún más a Israel en el tablero geopolítico, especialmente en Naciones Unidas, donde se prepara una resolución de condena.

Bolivia amanece este sábado con calles desiertas y comercios cerrados en varias regiones del país, en el tercer día de bloqueos y manifestaciones contra el Gobierno de Rodrigo Paz. La crisis política ha provocado largas filas de vehículos ante las gasolineras ante la escasez de combustible, según informaron medios locales, y numerosos establecimientos han suspendido sus actividades ante la incertidumbre.

Las movilizaciones, que comenzaron el jueves, acumulan más de 60 bloqueos en carreteras nacionales, según datos de la Defensoría del Pueblo. Los cortes afectan principalmente las rutas que conectan La Paz con Cochabamba y Santa Cruz, las principales vías de abastecimiento del país.

El pulso entre el Gobierno y la oposición

Mientras el Gobierno de Paz denuncia una alteración del orden público y ha anunciado que no negociará bajo presión, el expresidente Evo Morales y varias organizaciones campesinas han defendido las protestas como una respuesta legítima a la política económica del Ejecutivo. Morales, en un mensaje difundido en redes sociales, calificó las movilizaciones de «resistencia pacífica contra un gobierno que ha traicionado al pueblo».

La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Federación de Juntas Vecinales de El Alto han anunciado que mantendrán los bloqueos de forma indefinida hasta que el Gobierno atienda sus demandas de revisión de los precios de los combustibles y la suspensión de la reforma del sistema de pensiones.

Impacto en la economía y la población

La escasez de combustible ha sido el síntoma más visible de la crisis. Según reportes de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), los bloqueos han impedido el paso de cisternas de gasolina y diésel hacia los principales centros urbanos, lo que ha generado colas de hasta cuatro horas en las gasolineras de La Paz y El Alto. La Cámara de Industria y Comercio de Bolivia ha estimado que las pérdidas económicas superan ya los 50 millones de dólares (unos 46 millones de euros) por días de paro.

La comunidad internacional sigue con atención la evolución de los acontecimientos. La Organización de Estados Americanos (OEA) ha instado al diálogo entre las partes, mientras que el Ministerio de Exteriores español recomendaba este viernes a los ciudadanos españoles en Bolivia extremar las precauciones y evitar desplazamientos por carretera. La crisis boliviana añade un foco de inestabilidad a la región andina, que España sigue con especial atención por sus vínculos históricos y económicos con el país.

Los seguidores del expresidente boliviano Evo Morales reforzaron este jueves 28 de mayo los bloqueos en la región del Trópico de Cochabamba, después de que un corte de luz de dos horas generara alarma sobre una posible detención del líder cocalero. Los campesinos, que ya mantenían protestas para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, cercaron un cuartel policial y cerraron varias rutas de la zona.

El corte de suministro eléctrico se produjo en la noche del jueves y fue interpretado por los manifestantes como una señal de que las fuerzas de seguridad se preparaban para detener a Morales, quien enfrenta varios procesos judiciales. La situación provocó una movilización inmediata de los sindicatos agrarios, que reforzaron los puestos de control en las carreteras.

Bolivia atraviesa una crisis política desde que el partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), se dividió entre los leales al exmandatario y los partidarios del actual presidente Paz. Las protestas se han intensificado en las últimas semanas, con bloqueos que afectan el abastecimiento de combustible y alimentos en varias regiones. Los sindicatos agrarios, que lideran la movilización, mantienen cortes intermitentes en la carretera que conecta Cochabamba con el resto del país, lo que ha generado desabastecimiento y un aumento de los precios. La tensión continúa mientras el Gobierno de Paz no ha emitido una declaración oficial sobre el apagón.

La crisis en Bolivia se agrava por la fractura del partido oficialista y las denuncias de persecución política contra Morales. La comunidad internacional observa con preocupación el deterioro de la estabilidad en el país andino, recordado por la crisis de 2019 que forzó la salida del propio Morales. El caso ha reavivado el debate sobre la independencia judicial y el respeto a los procesos democráticos en la región.

La escasez de combustibles ha desatado una oleada de protestas masivas en Bolivia, con más de 50 bloqueos activos en distintos puntos del país. La crisis social, política y económica no encuentra hasta el momento un cauce para resolver las demandas de las poblaciones que mantienen las movilizaciones, según informó desde La Paz el enviado especial de France 24, Héctor Estepa.

La crisis se agravó durante el mes de mayo, cuando la falta de diésel y gasolina paralizó sectores clave como el transporte y la agricultura. Las protestas, que comenzaron como reclamos puntuales, se han extendido a nivel nacional y han derivado en enfrentamientos esporádicos con las fuerzas de seguridad.

Una crisis de fondo

La crisis de combustibles es solo la punta del iceberg de una situación económica y política que arrastra Bolivia desde hace meses. La inflación, la devaluación del boliviano y la caída de las reservas de divisas han limitado la capacidad del Gobierno para importar combustibles subsidiados, lo que generó desabastecimiento.

El Ejecutivo de Luis Arce ha tratado de calmar las protestas con medidas como la liberación de divisas para importadores y la promesa de garantizar el suministro, pero las movilizaciones continúan. Organizaciones sociales, transportistas y gremios exigen soluciones estructurales y denuncian falta de voluntad política.

La inestabilidad en Bolivia tiene implicaciones regionales. El país andino es un productor de gas natural, pero su capacidad de refino es limitada, lo que lo obliga a importar carburantes. La crisis actual recuerda a episodios similares de 2019, cuando las protestas por la subida de combustibles contribuyeron a la caída del entonces presidente Evo Morales.