Alemania afronta una crisis silenciosa en su sistema de trasplantes. 8.200 personas esperan en la actualidad un órgano vital, como un corazón, un hígado o un riñón, según informan las autoridades sanitarias germanas. Cada año, cientos de pacientes fallecen en la lista de espera al no recibir un donante a tiempo.

El dato ha sido difundido con motivo del Día de la Donación de Órganos, celebrado el 6 de junio de 2026, y reabre el debate político sobre la adopción del modelo de «consentimiento presunto» o Widerspruchslösung, que en España ha demostrado ser eficaz para elevar las tasas de donación.

La brecha con España

España es el país del mundo con mayor tasa de donación, con más de 46 donantes por millón de habitantes, mientras que Alemania se sitúa por debajo de la media europea. La diferencia se explica, en buena medida, por los modelos de consentimiento: España aplica la presunción de consentimiento (salvo oposición explícita en vida), mientras que Alemania mantiene el consentimiento explícito, lo que frena el número de donantes disponibles.

El Ministerio de Sanidad alemán ha reconocido que la escasez es estructural y que la reforma legislativa sigue bloqueada en el Bundestag. «Cada año mueren cientos de personas esperando un órgano que nunca llega», declaró un portavoz oficial durante la jornada de concienciación.

Cooperación europea en el horizonte

La UE ha impulsado en los últimos años mecanismos de cooperación transfronteriza para optimizar la asignación de órganos, pero la disparidad normativa limita los avances. La situación alemana evidencia asimetrías en las políticas sanitarias nacionales que la Comisión Europea intenta corregir mediante directivas de coordinación, sin forzar a los países a cambiar su modelo de consentimiento.

Las autoridades etíopes impulsan un ambicioso programa de renovación urbana en Adís Abeba que está sustituyendo barrios residenciales por hoteles de lujo y complejos inmobiliarios. La transformación, presentada como un motor de modernidad y crecimiento económico, ha provocado el desplazamiento de miles de personas, según denuncian organizaciones locales y residentes.

El periodista Tom Canetti recorrió algunas de las zonas afectadas para documentar el impacto social de un proceso que se extiende a otras ciudades del país. Las restricciones al trabajo de la prensa internacional dificultan la cobertura, pero los testimonios recogidos reflejan una realidad que divide opiniones.

El precio del progreso

En barrios como Bole o Kazanches, antiguas viviendas de familias de clase media y baja han sido demolidas para dar paso a rascacielos, centros comerciales y hoteles de cinco estrellas. Más de 20.000 personas habrían sido reubicadas desde 2023, según estimaciones de la organización local Ethiopian Human Rights Council. Muchas de ellas aseguran que las compensaciones prometidas nunca llegaron o fueron insuficientes.

Nos dieron un plazo de 15 días para desalojar y una indemnización de 50.000 birr —unos 860 euros— por una casa en la que vivimos 30 años. Ahora ahí hay un hotel de lujo donde una noche cuesta más de lo que recibimos.

Las autoridades etíopes defienden el plan como necesario para atraer inversión extranjera y posicionar a Adís Abeba como un centro de negocios continental. En los últimos dos años, la ciudad ha recibido inversiones de Emiratos Árabes Unidos, China y Turquía, centradas en infraestructura hostelera y comercial. El Gobierno etíope calcula que estos proyectos generarán más de 10.000 empleos directos en los próximos cinco años.

¿Quién se beneficia?

Las organizaciones de derechos humanos cuestionan el modelo de desarrollo. Un informe de Amnesty International de 2025 señaló que los desalojos forzosos en Adís Abeba violan la legislación etíope e internacional. La entidad instó al Ejecutivo a detener las demoliciones mientras no se garantice una reubicación justa y participativa.

El problema no es la modernización, sino que se hace a costa de los más vulnerables y sin transparencia. Las consultas con los afectados son prácticamente inexistentes.

Por su parte, la Municipalidad de Adís Abeba asegura que las expropiaciones se realizan conforme a la ley y que los desplazados reciben viviendas alternativas en nuevas promociones públicas. Un portavoz municipal señaló que «el objetivo es mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, y las nuevas infraestructuras beneficiarán a largo plazo a la comunidad».

Mientras el paisaje urbano de Adís Abeba se transforma, la brecha entre el discurso oficial y las vivencias de los desplazados se agranda. La capital etíope avanza hacia un futuro de cristal y acero que, para muchos, tiene un coste humano difícil de ignorar.

Familiares y activistas protestaron este 3 de junio frente a la prisión del Helicoide, en Caracas, para denunciar presuntos traslados irregulares de presos políticos a otros centros penitenciarios sin notificación previa. El Helicoide es la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), uno de los principales centros de reclusión de opositores al régimen de Nicolás Maduro.

Las denuncias y el contexto

Según los manifestantes, los traslados se habrían producido en los últimos días sin que las familias hayan recibido información sobre el paradero de los detenidos. Aunque no es la primera vez que ocurren movimientos de este tipo, en esta ocasión las protestas coinciden con las recientes declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien aseguró que el centro había sido cerrado. El gobierno venezolano no ha confirmado oficialmente los traslados ni ha ofrecido detalles sobre la situación de los reclusos.

Las organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación ante la posibilidad de que los traslados formen parte de operaciones de desaparición forzada o cambios en las condiciones de reclusión. Venezuela registra cientos de casos de presos políticos, según informes de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Reacciones y exigencias

Los familiares exigen al régimen de Maduro información clara sobre el destino de los detenidos y el respeto a los procedimientos legales.

Queremos saber dónde están nuestros familiares, no podemos permitir que los desaparezcan sin más

, señaló una de las portavoces de los manifestantes, según testigos presenciales. La comunidad internacional, por su parte, sigue de cerca la evolución de la crisis humanitaria y política en el país caribeño.

La comisionada rusa para los Derechos Humanos, Yana Lantrátova, ha calificado de «crimen vil, deliberado e inhumano» el ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra un autobús con civiles en la república de Donetsk. El incidente, ocurrido el 3 de junio de 2026, ha sido denunciado por Moscú como un acto intencionado contra personas desarmadas que no representaban amenaza alguna.

Crimen vil, deliberado e inhumano

Según la defensora rusa, el ataque se produjo en territorio de la autoproclamada república, en una zona de conflicto activo donde los enfrentamientos entre las fuerzas ucranianas y las milicias prorrusas son constantes. Lantrátova instó a la comunidad internacional a condenar el suceso y a tomar medidas para evitar que se repitan ataques contra la población civil.

El Gobierno de Kiev no ha emitido por el momento ninguna declaración oficial sobre el incidente. La ofensiva se enmarca en la escalada de hostilidades que vive la región del Donbás desde el inicio de la invasión rusa en 2022, y que ha provocado miles de víctimas civiles y una crisis humanitaria de larga duración.

La república de Donetsk es una de las regiones anexionadas por Rusia en 2022, aunque Ucrania y la comunidad internacional no reconocen su soberanía rusa. El uso de autobuses para evacuar civiles es frecuente en la zona, lo que hace especialmente grave el ataque contra este medio de transporte. Según datos de la ONU, más de 10.000 civiles han muerto en la región desde 2014, y el ataque del miércoles podría elevar esa cifra. La comisionada rusa ha pedido una investigación independiente, aunque Moscú ya atribuye la responsabilidad directamente a las fuerzas ucranianas.

El pasado 3 de junio, mientras el grupo chií libanés Hezbolá lanzaba cohetes contra viviendas en la localidad de Rmeish, en el sur del Líbano, más de 50 niños católicos celebraron su Primera Comunión en la parroquia de San Pedro, según informaron fuentes eclesiásticas. La ceremonia transcurrió bajo el sonido de las explosiones, en un acto que los fieles describieron como un testimonio de fe y resiliencia en una de las zonas más castigadas por el conflicto en la frontera con Israel.

Una celebración en medio de la guerra

Rmeish es una de las pocas localidades cristianas del sur del Líbano, una región donde la influencia de Hezbolá es predominante. La comunidad católica, que ha sufrido décadas de hostilidad y violencia, decidió no suspender la ceremonia pese al ataque. Los niños, vestidos con sus trajes blancos, recibieron el sacramento mientras los cohetes impactaban en las proximidades. «No podemos dejar que el miedo paralice nuestra fe», señaló el párroco a los asistentes, según recoge el testimonio recabado por la agencia local.

El ataque de Hezbolá contra viviendas no causó víctimas mortales, pero sí daños materiales. La organización armada libanesa justificó la acción como respuesta a bombardeos israelíes previos, que no fueron confirmados por fuentes independientes. La comunidad cristiana, atrapada entre dos fuegos, ha pedido en repetidas ocasiones que se respeten los lugares de culto.

La resiliencia como acto de fe

La celebración de la Primera Comunión en Rmeish se ha convertido en un símbolo de la resistencia de los cristianos en Oriente Medio. Según datos de la Iglesia católica local, más del 60% de los cristianos han emigrado del Líbano en los últimos 20 años debido a la inseguridad y la falta de oportunidades. Sin embargo, comunidades como la de Rmeish se aferran a sus tradiciones. «Cada Primera Comunión es una victoria contra la violencia», declaró un portavoz de la diócesis.

El sur del Líbano sigue siendo una zona de tensión constante. Desde el inicio del conflicto en Gaza, los intercambios de fuego entre Hezbolá e Israel se han intensificado, afectando a la población civil. Organizaciones internacionales han denunciado que más de 100.000 personas han sido desplazadas en la región en los últimos meses.

El Cardenal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino de Jerusalén, presidió el pasado 2 de junio una multitudinaria procesión por las calles de la Ciudad Vieja para clausurar el mes de María. La marcha recorrió los barrios cristianos y congregó a cientos de fieles, en una muestra pública de fe en una región donde los cristianos son minoría y enfrentan crecientes presiones.

“Es hermoso estar juntos una vez más y caminar por los barrios de la Ciudad Vieja llevando nuestras oraciones y nuestra fe”, declaró el purpurado durante el evento, según informó el Patriarcado Latino de Jerusalén. La procesión, que partió desde la iglesia del Santo Sepulcro, culminó con una misa en la iglesia de San Salvador.

Un signo de vitalidad cristiana en Tierra Santa

La celebración del mes de María, una tradición profundamente arraigada en la Iglesia católica, adquiere un significado especial en Jerusalén, donde la comunidad cristiana representa aproximadamente el 2% de la población. El cardenal Pizzaballa ha impulsado en los últimos años diversas iniciativas para fortalecer la presencia cristiana en los lugares santos.

Es hermoso estar juntos una vez más y caminar por los barrios de la Ciudad Vieja llevando nuestras oraciones y nuestra fe.

La procesión de este año se produce en un contexto de tensiones geopolíticas en Oriente Medio, pero los organizadores destacaron el carácter pacífico y espiritual del evento. “La fe no se rinde ante las dificultades”, añadió el cardenal, quien también animó a los presentes a ser “testigos de esperanza”.

Diez organizaciones han difundido lo que consideran los ‘puntos más oscuros’ de la prisión Brians 1, la cárcel barcelonesa que el Papa León XIV visitará próximamente. La iniciativa de la visita partió del obispo Xabier Gómez, responsable de la pastoral penitenciaria, y ha puesto el foco sobre un centro penitenciario descrito como ‘complicado’.

Una prisión diseñada para hombres con un módulo femenino añadido

Brians 1 fue concebida originalmente como una prisión masculina, y el módulo de mujeres se habilitó posteriormente, una circunstancia que, según las entidades firmantes, genera deficiencias estructurales. Las organizaciones, entre las que figuran colectivos de derechos humanos y asociaciones de apoyo a presos, han señalado problemas de hacinamiento, falta de recursos sanitarios y condiciones insalubres en varias áreas del recinto.

El documento presentado por estas entidades detalla que las instalaciones no se adaptan a las necesidades específicas de la población reclusa femenina, lo que deriva en un trato desigual. También alertan sobre la escasez de programas de reinserción y la sobrecarga del personal penitenciario.

Una visita pontificia con trasfondo social

La visita de León XIV a Brians 1 está prevista en el marco de su agenda pastoral en España, y supone un gesto hacia la realidad carcelaria del país. El obispo Gómez, que propuso el encuentro, ha defendido que la presencia del Pontífice puede visibilizar las carencias del sistema penitenciario. Sin embargo, las entidades firmantes advierten de que la visita no debe servir para maquillar los problemas estructurales del centro.

Hasta el momento, la dirección de la prisión no se ha pronunciado oficialmente sobre las denuncias. La visita papal, que se espera para las próximas semanas, ha reabierto el debate sobre las condiciones de los centros penitenciarios en Cataluña y el conjunto de España.

El presidente chileno, José Antonio Kast, ha anunciado un plan para la expulsión de migrantes irregulares de Chile, en un intento por conciliar el control migratorio con el respeto a los derechos humanos. El mandatario realizó el anuncio este lunes durante su primera rendición de cuentas ante el Congreso, una cita que el calendario político chileno fija para el 1 de junio de cada año.

Un eje central de la agenda de Kast

Kast defendió su política de seguridad y control fronterizo, que ha sido una de las prioridades de su Administración desde que asumió el poder.

Queremos un país ordenado, con reglas claras, pero sin perder de vista la dimensión humana del fenómeno migratorio

declaró el presidente ante los legisladores, según la agencia Sputnik Mundo.

El plan, cuyos detalles operativos no han sido revelados, busca equilibrar la expulsión de quienes ingresan de forma ilegal con la protección de los derechos de las personas migrantes, en un contexto en que la migración se ha convertido en uno de los temas más sensibles de la agenda política chilena.

Chile ha experimentado en los últimos años un incremento sostenido de la migración, principalmente desde Venezuela, Colombia y Haití, lo que ha generado tensiones sociales y ha llevado al Gobierno a endurecer los controles fronterizos. Kast, que llegó al poder con un discurso de mano dura en seguridad, ha mantenido un discurso firme contra la inmigración irregular, pero este anuncio sugiere un intento de modular esa postura con un enfoque de derechos.

Contexto político y reacciones

La oposición ha recibido el anuncio con escepticismo. «El Gobierno habla de humanidad, pero sus políticas han sido todo menos humanas», afirmó un portavoz de la coalición de izquierdas. Por su parte, organizaciones de derechos humanos han pedido transparencia en la implementación del plan y garantías para los solicitantes de asilo.

La cuenta pública de Kast se produce en un momento en que su popularidad ha caído ligeramente, según encuestas recientes, y en que la crisis migratoria en la frontera norte sigue siendo un foco de tensión. El presidente espera que este nuevo plan permita recuperar la iniciativa política y mostrar una imagen de firmeza templada por la sensibilidad social.

El gobierno turco ha iniciado un proceso de expropiación forzosa de tierras pertenecientes a comunidades cristianas y yazidíes en el sureste del país, argumentando necesidades de desarrollo energético. La medida afecta a varias localidades de la región, donde se concentran las minorías religiosas, y ha sido denunciada por organizaciones de derechos humanos como un nuevo episodio de persecución.

Uno de los casos más emblemáticos es el de la Central Solar G2, un proyecto fotovoltaico que ocupará terrenos en el pueblo caldeo de Aynwardo, en la provincia de Mardin. Según fuentes locales, las autoridades turcas han declarado la expropiación como de interés público, lo que permite acelerar el proceso sin necesidad de consentimiento de los propietarios.

Reacciones de la comunidad cristiana

El diputado cristiano en el Parlamento turco, George Aryo, ha denunciado la situación ante la Cámara, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta del Ejecutivo. Aryo afirma que estas expropiaciones se están produciendo de forma sistemática y que afectan desproporcionadamente a las minorías, mientras que las tierras de propiedad turca musulmana no se ven afectadas con la misma intensidad.

El gobierno utiliza el desarrollo energético como excusa para desplazar a las comunidades cristianas y yazidíes de sus tierras ancestrales en el sureste, una región donde el Estado turco ha aplicado históricamente políticas de homogeneización étnica y religiosa.

La comunidad yazidí, que ya sufrió un genocidio a manos del Estado Islámico en 2014, ve ahora cómo sus propiedades son confiscadas bajo un pretexto legal, lo que ha generado alarma entre los defensores de los derechos humanos.

Un patrón recurrente

No es la primera vez que Ankara recurre a la expropiación forzosa para proyectos de infraestructura en zonas de minorías. En los últimos años, varias comunidades cristianas y yazidíes han perdido tierras para la construcción de presas, carreteras y ahora plantas solares. La organización cristiana internacional Ayuda a la Iglesia Necesitada ha documentado al menos una docena de casos similares desde 2020.

El gobierno turco defiende que los proyectos energéticos son necesarios para el desarrollo del país y que las expropiaciones se realizan conforme a la ley, ofreciendo compensaciones económicas. Sin embargo, los afectados denuncian que las indemnizaciones son insuficientes y tardan años en pagarse, lo que equivale a un despojo encubierto.

La situación en Aynwardo es especialmente significativa, ya que la central solar G2 ocupará una extensión de tierras que los caldeos han habitado durante siglos. Sin la posibilidad de recurrir ante los tribunales con garantías, la comunidad teme que este sea el primer paso de una política de limpieza étnica progresiva en la región.

El Nuncio Apostólico en Jordania ha ofrecido unas declaraciones este 1 de junio de 2026 en las que subraya la singular convivencia entre cristianos y musulmanes en el reino hachemí. En un vídeo difundido por la Santa Sede, el representante vaticano calificó la relación como «curiosa», en un contexto de especial interés diplomático para la Iglesia en Oriente Medio.

Un modelo de coexistencia en la región

Jordania, bajo el reinado de Abdalá II, mantiene una presencia cristiana histórica que ha sido clave para la estabilidad religiosa del país. Según fuentes eclesiales, la comunidad cristiana jordana representa aproximadamente un 2% de la población total, mayoritariamente de rito greco-católico y ortodoxo. La Casa Real jordana ha promovido en los últimos años un discurso de moderación interreligiosa, que contrasta con las tensiones en países vecinos como Siria o Irak.

El Nuncio no precisó detalles adicionales sobre la naturaleza de esa «curiosa relación», pero su intervención coincide con la visita del Papa Francisco a la región prevista para finales de 2026. La diplomacia vaticana considera a Jordania un interlocutor fiable para el diálogo entre el mundo islámico y la cristiandad, especialmente en la defensa de lugares sagrados y el mantenimiento del statu quo en Jerusalén.

Es una relación curiosa porque, a pesar de las diferencias teológicas y los conflictos regionales, aquí en Jordania se respira un clima de respeto mutuo que no se encuentra en otras partes de Oriente Medio.

Implicaciones diplomáticas

El comentario del Nuncio cobra relevancia en un momento en que la Santa Sede busca reforzar los puentes con el islam moderado. Jordania, que acoge a millones de refugiados palestinos y sirios, ha sido escenario de varias iniciativas interreligiosas patrocinadas por la Casa Real. El rey Abdalá II impulsó en 2024 la Carta de Amán, un documento que reafirma la convivencia pacífica entre religiones monoteístas.

La Iglesia católica en Jordania está organizada en tres vicariatos, con una presencia institucional que incluye escuelas, hospitales y centros de acogida. Para el Vaticano, el modelo jordano es un ejemplo exportable en un contexto regional donde los cristianos han sufrido persecución y desplazamiento forzoso.

La presidenta de la Coalición por la Libertad de Nicaragua, Rosalía Gutiérrez-Huete Miller, denunció este viernes en Washington D.C. el «silencio cómplice» de la comunidad internacional ante la persecución sistemática que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene contra la Iglesia Católica en el país centroamericano.

Durante un panel de discusión en la capital estadounidense, la activista advirtió de que «la persecución contra la Iglesia Católica en Nicaragua continúa sin que la comunidad internacional actúe». Según Gutiérrez-Huete, el silencio de los gobiernos y organismos multilaterales solo alienta al régimen a seguir adelante con su ofensiva contra los católicos, que incluye el cierre de medios de comunicación y la detención y exilio de sacerdotes y obispos.

El silencio es cómplice. La persecución contra la Iglesia Católica en Nicaragua continúa sin que la comunidad internacional actúe.

La Coalición por la Libertad de Nicaragua es una organización que agrupa a distintas voces de la sociedad civil y del exilio, y que busca visibilizar la represión del régimen orteguista. La dictadura ha intensificado en los últimos años el hostigamiento contra la jerarquía católica, considerada una de las pocas voces críticas que quedan en el país, tras haber silenciado a la mayoría de la oposición política y los medios independientes.

Gutiérrez-Huete Miller pidió a la comunidad internacional que «rompa el silencio» y adopte medidas concretas, como sanciones selectivas contra los altos cargos del régimen y el respaldo a la labor de la Iglesia en Nicaragua. «Es momento de actuar, no de observar», subrayó.

El abad del Templo Shaolin, uno de los monasterios budistas más emblemáticos de China, ha sido condenado a 24 años de prisión por un tribunal del país, según ha informado la agencia oficial Xinhua. La sentencia, dictada el 30 de mayo de 2026, no especifica los delitos imputados, pero se inscribe en el contexto de control estatal sobre las religiones que el Partido Comunista chino ha intensificado en los últimos años.

Un símbolo bajo presión

El Templo Shaolin, situado en la provincia de Henan, cerca de la ciudad de Zhengzhou, es conocido mundialmente por su vínculo con las artes marciales y el budismo chan. Su abad, cuyo nombre no ha sido revelado por las autoridades, es la máxima autoridad del monasterio y un referente para millones de budistas en Asia. La condena se produce tras un proceso judicial del que apenas han trascendido detalles, algo habitual en causas relacionadas con la libertad religiosa en China.

El gobierno chino ha reiterado en numerosas ocasiones que las organizaciones religiosas deben someterse a la legislación nacional y no interferir en asuntos políticos. En los últimos años, las autoridades han aumentado la vigilancia sobre templos budistas, mezquitas e iglesias cristianas, acusándolos en ocasiones de actividades ilegales o de ser focos de influencia extranjera.

China respeta la libertad de creencias religiosas, pero todas las actividades religiosas deben realizarse dentro del marco legal, ha declarado en el pasado el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino.

La condena del abad del Templo Shaolin ha provocado reacciones de preocupación entre organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos, que denuncian un patrón de persecución religiosa en China. Amnistía Internacional ha señalado que el caso refleja la falta de independencia judicial y la instrumentalización de la ley contra figuras religiosas.

El Templo Shaolin ha mantenido en el pasado relaciones tensas con las autoridades locales debido a la comercialización de su imagen y a disputas por la propiedad de terrenos. Sin embargo, la condena de su abad supone un escalada sin precedentes en la presión estatal sobre una institución que, pese a su simbolismo, no había sufrido una represión tan directa en décadas.

El Gobierno de Senegal ha aprobado una nueva ley que endurece las penas contra las relaciones homosexuales, en el marco de una violenta campaña homófoba que sacude el país africano. La medida, que incrementa las sanciones penales para los condenados por mantener relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, se presenta oficialmente como una forma de proteger a la sociedad senegalesa de la influencia occidental, según fuentes gubernamentales citadas por la prensa local.

Una deriva autoritaria en África Occidental

La nueva legislación se inscribe en un contexto de creciente autoritarismo en Senegal bajo la presidencia de Bassirou Diomaye Faye, quien asumió el cargo en 2024. La deriva represiva ha levantado ampollas entre las organizaciones de derechos humanos, que denuncian una persecución sistemática contra el colectivo LGTBIQ+. Senegal, considerado tradicionalmente uno de los países más estables de África Occidental, se ha convertido en un foco de tensión entre el respeto a los derechos humanos y la soberanía legislativa local.

La ley responde a una deriva autoritaria y conservadora que puede desestabilizar la región y afectar las relaciones con la Unión Europea, según analistas regionales.

El país desempeña un papel clave en las rutas migratorias hacia las islas Canarias, lo que otorga a la deriva represiva una dimensión estratégica para España y la UE. Una inestabilidad en Senegal podría aumentar la presión migratoria sobre las costas españolas.

La comunidad homosexual, en situación de desamparo

Según fuentes judiciales citadas por medios locales, la situación de desamparo de la población homosexual senegalesa ante la nueva ofensiva legal es crítica. Las personas LGTBIQ+ viven con miedo a ser denunciadas, detenidas y encarceladas, en un país donde la homosexualidad ya era ilegal antes de esta reforma. La ley no solo aumenta las penas, sino que también reduce las garantías procesales para los acusados, según las mismas fuentes.