La empresa privada de exploración espacial liderada por Elon Musk, SpaceX, planea una oferta pública inicial (IPO) para recaudar al menos 75.000 millones de dólares, una operación que valoraría la compañía en más de 1,75 billones de dólares, según fuentes cercanas a la operación consultadas por la agencia SpaceNews.

La noticia, adelantada este jueves 4 de junio de 2026, supone uno de los mayores debut bursátiles de la historia y reconfiguraría el mercado espacial global. La valoración de 1,75 billones de dólares colocaría a SpaceX por encima de gigantes tecnológicos como Meta o Berkshire Hathaway, y muy por delante de cualquier empresa del sector aeroespacial europeo, incluida la franco-española Airbus.

Implicaciones militares y de soberanía tecnológica

SpaceX no solo es un proveedor de lanzamientos comerciales. A través de su red de satélites Starlink, la compañía ha adquirido un papel estratégico en telecomunicaciones globales, con contratos militares tanto del Pentágono como de aliados de la OTAN. La salida a bolsa podría facilitar la captación de capital para proyectos como la nave Starship, diseñada para misiones a Marte y para el programa Artemis de la NASA.

La operación también tiene lectura geopolítica: el dominio de Musk en el sector espacial preocupa en Bruselas y Madrid, donde se debate la necesidad de impulsar una constelación europea de satélites soberana, como IRIS², para no depender de infraestructuras controladas desde Estados Unidos.

Según analistas del sector, la IPO de SpaceX forzará a los gobiernos europeos a acelerar sus planes de inversión en lanzadores y comunicaciones espaciales, ante el temor de que la empresa estadounidense monopolice el acceso al espacio comercial y militar.

La salida a bolsa de SpaceX podría facilitar la captación de capital para proyectos como la nave Starship, diseñada para misiones a Marte y para el programa Artemis de la NASA.

Un empleado de TI del Gobierno federal de Estados Unidos presentó una queja interna sobre el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) y posteriormente decidió hacerla pública. Días después, Elon Musk difundió un mensaje en su red social X calificando las acusaciones de falsas, y al poco tiempo las líneas de freno del vehículo del denunciante aparecieron cortadas. El afectado ha presentado una demanda por difamación contra el magnate.

El incidente, ocurrido a finales de mayo de 2026, ha reavivado el debate sobre la seguridad de los denunciantes y la influencia de las grandes tecnológicas en la Administración. El empleado, cuyo nombre no ha trascendido, trabajaba en sistemas informáticos federales y aseguraba haber detectado irregularidades en la gestión de datos dentro del DOGE, una unidad creada durante la presidencia de Donald Trump para reducir el gasto público.

Según la demanda presentada ante un tribunal de Washington D.C., Musk tuiteó el 28 de mayo un mensaje en el que tachaba al informante de «mentiroso» y lo acusaba de buscar notoriedad. Menos de 48 horas después —prosigue el texto—, el coche del demandante amaneció con los latiguillos de freno seccionados en el aparcamiento de su domicilio en Virginia. La Policía investiga el caso como un posible sabotaje, aunque aún no hay detenidos.

El equipo legal de Musk ha rechazado las acusaciones y califica la demanda de «infundada». En un comunicado remitido a varios medios, alegan que el tuit del empresario está amparado por la libertad de expresión y que no existe ningún vínculo probado entre la publicación y el corte de los frenos. Sin embargo, el sindicato de empleados federales AFGE ha mostrado su preocupación y ha reclamado una investigación independiente. «Atacar a un denunciante desde una cuenta con más de 150 millones de seguidores es una intimidación en toda regla», declaró un portavoz del sindicato.

El fundador de SpaceX, Elon Musk, ha presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) la solicitud para sacar a bolsa la empresa espacial. La operación, filtrada el 30 de mayo de 2026, promete ser una de las más esperadas del año, pero diversos analistas advierten de que los pequeños inversores podrían acabar asumiendo riesgos desproporcionados.

Según fuentes del sector financiero, el documento de la OPV ha sido calificado por algunos expertos como el más ‘temerario’ desde el frustrado intento de salida a bolsa de WeWork en 2019. ‘No había visto nada tan estúpido como el documento de la OPV de WeWork en mucho tiempo, hasta que Musk presentó la suya’, señala un analista de mercados que prefirió mantener el anonimato.

Una operación que beneficia sobre todo a Musk

SpaceX, valorada en más de 200.000 millones de dólares en el mercado secundario, depende en gran medida de los contratos con la NASA y el Pentágono, lo que la expone a vaivenes políticos y presupuestarios. Musk, que controla aproximadamente el 40% de las acciones y posee derechos de voto superiores, podría obtener una ganancia multimillonaria con la salida a bolsa, mientras que los minoristas cargarían con la volatilidad de una compañía ligada a misiones espaciales de alto riesgo.

La empresa no ha revelado el número de acciones que pondrá a la venta ni la horquilla de precios, aunque los analistas estiman que la OPV podría recaudar entre 8.000 y 12.000 millones de dólares. El folleto presentado ante la SEC advierte de que ‘la empresa no ha generado beneficios de forma consistente’ y que ‘depende de financiación gubernamental para continuar sus operaciones’.

Un precedente peligroso

La comparación con WeWork no es casual. La empresa de espacios de coworking fracasó estrepitosamente en su salida a bolsa en 2019, dejando a los inversores minoristas con pérdidas millonarias. SpaceX, pese a su éxito en cohetes reutilizables y la red de satélites Starlink, arrastra una deuda cercana a los 5.000 millones de dólares y enfrenta una competencia creciente de la china CASC y la estadounidense Blue Origin.

El regulador bursátil estadounidense ha anunciado que revisará el folleto con lupa, mientras las asociaciones de defensa del inversor minorista ya han solicitado que se incluyan advertencias más claras sobre los riesgos políticos y de mercado. La SEC tiene un plazo de 90 días para aprobar o rechazar la solicitud.