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Apple elimina la app rusa Max de su tienda en plena guerra tecnológica contra Moscú

5 Junio 2026 at 15:48

Apple ha retirado de su tienda oficial de aplicaciones la plataforma de mensajería Max, promovida por el gobierno ruso como alternativa doméstica a servicios extranjeros como Telegram o WhatsApp. La eliminación, que afecta a usuarios de iPhone a nivel global, se produjo el 5 de junio de 2026 en el marco de las crecientes tensiones geopolíticas tecnológicas entre Rusia y Occidente.

La aplicación Max, respaldada por el Estado ruso, había sido impulsada por las autoridades como una herramienta segura y soberana frente a plataformas controladas por empresas estadounidenses. Sin embargo, su retirada responde, según fuentes cercanas a la compañía, a presiones regulatorias y de seguridad, posiblemente relacionadas con sanciones internacionales o el control de datos de los usuarios.

La decisión de Apple se produce en un contexto de escalada de la guerra digital entre Moscú y Washington, donde las plataformas de mensajería se han convertido en un campo de batalla por la privacidad y la censura. Rusia ha intentado en los últimos años reducir su dependencia de servicios extranjeros, promoviendo alternativas locales como Max, pero las grandes tecnológicas han cerrado el acceso a sus ecosistemas.

Apple no ha emitido un comunicado oficial explicando los motivos concretos de la eliminación, aunque fuentes internas de la compañía señalan que la medida responde a evaluaciones de cumplimiento normativo. Por su parte, el gobierno ruso ha calificado la acción como un acto de censura y ha anunciado que estudiará posibles represalias contra la empresa estadounidense.

La Ley de Censura Digital de la UE fracasa: solo el 12% de apelaciones se resuelven a tiempo

29 Mayo 2026 at 19:47

Un centro de apelaciones financiado por la Unión Europea ha publicado cifras que confirman que la Ley de Servicios Digitales (DSA) es inviable como mecanismo de control de contenidos, según informó el organismo este jueves.

El Centro de Apelaciones para la Libertad de Expresión, creado por Bruselas para supervisar las decisiones de las plataformas digitales en el marco de la DSA, reconoció que su capacidad para procesar reclamaciones es limitada. De las 43.000 apelaciones recibidas hasta abril de 2026, solo el 12% fueron resueltas dentro del plazo legal de 30 días, y la mayoría no condujo a la restauración de contenidos eliminados.

Un sistema colapsado desde su origen

La DSA, vigente desde 2023, obliga a las grandes plataformas a retirar contenido considerado ilegal o nocivo, pero también establece un derecho de apelación. El centro de apelaciones, con un presupuesto anual de 15 millones de euros y una plantilla de 120 personas, ha demostrado ser insuficiente para manejar el volumen de casos. Según el informe, un usuario espera de media 67 días para obtener una respuesta, y el 78% de las resoluciones confirman la decisión original de la plataforma.

«Estos datos demuestran que la DSA no es más que un régimen de censura encubierta, donde el derecho a recurrir es una ilusión», declaró una portavoz del centro, aunque en tono informal durante una conferencia.

Consecuencias para el modelo digital europeo

La revelación llega en un momento crítico, cuando la Comisión Europea prepara una revisión de la DSA prevista para 2027. Asociaciones de derechos digitales han calificado los hallazgos como «una prueba irrefutable del fracaso del enfoque centralizado de moderación de contenidos». Por su parte, fuentes del Parlamento Europeo han señalado que el informe podría acelerar la reforma de la ley para flexibilizar los plazos y aumentar la financiación del centro.

Mientras tanto, las plataformas tecnológicas han evitado comentar directamente, aunque fuentes internas indican que ven con buenos ojos cualquier cambio que reduzca su carga legal.

El centro de apelaciones, lejos de legitimar el sistema, ha expuesto sus costuras. Seguirá operando mientras se negocia su futuro, pero la credibilidad de la DSA como herramienta de equilibrio entre libertad de expresión y seguridad jurídica queda seriamente cuestionada.

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