🔒
Hay nuevos artículos disponibles. Pincha para refrescar la página.
AnteayerWeb Tortuga AA-Moc

El New York Times subraya que los mayores arrendadores de Madrid son fondos de inversión de EEUU

16 Diciembre 2025 at 00:00
Por: (tortuga)

El impacto que están teniendo, en la crisis de la vivienda de España y los desahucios, compañías como Blackrock y bancos o fondos de inversión de EEUU es puesto de relieve por el prestigioso diario neoyorquino en un reportaje que firma Benjamin Cunningham. Se detalla como en concreto Blackrock ya es el mayor propietario privado de viviendas de Madrid y otras compañías de EEUU controlan la mitad de todas las casas en esta situación en España. Y subrayan que desde el desembarco de estos fondos de inversión en el mercado inmobiliario español, las ordenes de desahucio han proliferado y los alquileres «se han puesto por las nubes».

El New York Times empieza describiendo un reunión del Sindicato de Vivienda de Carabanchel para luchar contra las ordenes de desahucios y los alquileres «por las nubes» a los que se enfrentan los vecinos de este barrio madrileño tras comprar edificios en la zona bancos de inversión estadounidenses y fondos como Blackrock. Pero enfatiza que se trata de hecho de un problema generalizado porque esta firma de EEUU se ha convertido en la última década en el mayor propietario privado de viviendas residenciales y arrendatario en Madrid, con 13.000, y el segundo mayor en toda España con 19.600 propiedades. Añade que en la actualidad hay más de 185.000 viviendas de alquiler en todo el país que están en posesión de grandes corporaciones y la mitad de ellas estadounidenses, según datos de Civio.

El reportaje resalta que desde 2015 los alquileres han subido en España un 57% y los precios de compra un 46%. Señala que esta situación se ha debido también a la falta de vivienda nueva construida y a que se estima que hay 4 millones de casas vacías. Pero resalta que el auge de precios también ha coincidido con la entrada en el mercado de la vivienda de los grandes bancos y fondos de inversión estadounidenses y ha hecho que aumente significativamente la amenaza de desahucios para numerosos españoles.

Fuente: https://www.radiocable.com/el-new-y...

Todos tus datos nos pertenecen: El auge de Palantir

13 Diciembre 2025 at 00:00
Por: (tortuga)

Por James Vincent

Si Alex Karp no existiera, Peter Thiel tendría que inventarlo. El cofundador de PayPal, obsesionado con el anticristo (el Sr. Thiel), y el patriota exaltado CEO de Palantir (el Sr. Karp) se conocieron en la universidad, donde forjaron un vínculo como intelectuales atípicos. «Discutíamos como animales salvajes», recuerda Karp. En 2004, Thiel invitó a Karp a dirigir Palantir, una empresa de inteligencia artificial, vigilancia y análisis de datos creada tras el 11-S. Karp fue contratado, en parte, por su habilidad para vender la visión de la empresa: un mundo cada vez más violento e inestable donde los datos eran clave para gestionar el riesgo. De mentalidad poco convencional pero con un gran carisma social, Karp, según se cuenta, utilizaba tácticas de persuasión tanto con clientes como con colegas para conseguir sus contratos y su lealtad. Las apuestas de Thiel —por Karp como líder y por la inestabilidad global como mercado en crecimiento— han dado sus frutos. El año pasado, las acciones de Palantir fueron las de mejor rendimiento en el S&P 500 y el propio Karp recibió una remuneración total de 6.800 millones de dólares. Como el director ejecutivo afirmó memorablemente en una entrevista en 2022, el año de la invasión rusa de Ucrania: «Los malos tiempos son increíblemente buenos para Palantir».

En El filósofo del valle —la primera biografía escrita sobre Karp— el periodista Michael Steinberger sostiene que nadie más habría podido gestionar esta trayectoria con tanta habilidad. Describe a Palantir como una proyección del carácter de Karp, y el carácter de Karp como uno definido por la inseguridad. Karp es un germofóbico que prosperó durante el aislamiento de la pandemia; hijo de un judío alemán, apoyó fervientemente a Israel en su genocidio en Gaza. No es precisamente un idealista a caballo, sino una manifestación corporativa de la paranoia y la belicosidad de nuestra época.

Karp nació en 1967 y se crio en un hogar progresista de Filadelfia. Su madre era una artista negra y su padre, un pediatra judío. Desde pequeño, ambos lo llevaban a protestas políticas, inculcándole una ideología de izquierda que cultivaría durante sus veinte años, pero que luego abandonaría. Su educación estuvo marcada por una discapacidad de aprendizaje, y es esta combinación de identidades la que fomentó un instinto de supervivencia. Como le dice Karp a Steinberger: «Eres un chico judío de extrema izquierda, de raza ambigua y además disléxico; ¿no te darías cuenta de que estás jodido?».

En 1989, se graduó del Haverford College en Pensilvania con una licenciatura en filosofía antes de ingresar a la facultad de derecho de Stanford, describiendo su tiempo allí como «los tres peores años de mi vida adulta». El único aspecto positivo fue su amistad con su compañero Thiel. «Suena un poco presuntuoso, pero creo que ambos estábamos genuinamente interesados ​​en las ideas», dice Thiel. «Él era más socialista, yo más capitalista. Siempre hablaba de las teorías marxistas sobre el trabajo alienado y cómo esto se aplicaba a todas las personas que nos rodeaban».

Los viajes de verano a Europa convencieron a Karp de ir a la Universidad Goethe de Frankfurt para realizar su doctorado, donde esperaba obtener (en palabras de Steinberger) «una comprensión más profunda de por qué Alemania, un pilar de la civilización europea, había caído en la barbarie». Buscó la mentoría de Jürgen Habermas, el aclamado filósofo de la legitimidad democrática, pero Habermas rechazó su solicitud de ser el segundo lector de su tesis. (Karp sostiene que Habermas fue durante un tiempo su director de tesis doctoral y le comenta a Steinberger que no entiende por qué el filósofo de 96 años ahora busca minimizar su relación; una maniobra que, según se supone, proviene de la diplomacia más que de una falta de imaginación). El artículo resultante —«La agresión en el mundo de la vida: ampliando el concepto de agresión de Parsons a través de la descripción de la relación entre jerga, agresión y cultura»— explora el fenómeno del antisemitismo secundario, una tendencia resumida en la observación, a menudo atribuida al psiquiatra israelí Zvi Rix, de que «los alemanes nunca perdonarán a los judíos por Auschwitz».

Dada la importancia de la formación académica de Karp para su imagen, muchos han analizado su obra en busca de pistas sobre su puesto actual. En particular, la investigadora de Harvard, Moira Weigel, vio en la tesis doctoral de Karp una suerte de prefiguración del negocio de análisis de datos de Palantir. Según Weigel, el trabajo de Karp reinterpreta el libro de Theodor Adorno, La jerga de la autenticidad , que describe cómo se utilizó la retórica existencialista en la Alemania de posguerra para ocultar la política reaccionaria. Para Adorno, el objetivo de examinar la jerga es abordar los problemas sociales que esta oculta. Pero Karp se conforma con simplemente mapear cómo la agresión lingüística encubierta cohesiona a las comunidades. Weigel afirma que esta «sistematización» de Adorno es similar a los métodos del big data, que se esfuerzan enormemente por mapear patrones superficiales sin abordar la causalidad subyacente. Steinberger describe la lectura de Weigel como «forzada e inverosímil». No entiende lo esencial. No es que la tesis de Karp sea como el análisis de datos, sino que su enfoque revela algo de su forma de pensar: analítica pero ahistórica.

El artículo también pone de manifiesto la inteligencia social y lingüística de Karp: su capacidad para comprender el subtexto y captar lo que la gente no dice explícitamente. Según el relato de Steinberger, el carisma de Karp es formidable, y fue lo que lo recomendó a Thiel para el puesto en Palantir a su regreso a Estados Unidos.

Fundada en 2003, los primeros años de Palantir fueron difíciles y poco inspiradores. Recibió financiación de In-Q-Tel, la rama de capital riesgo de la CIA, que se había visto perjudicada por los fallos de inteligencia del 11-S. La empresa comenzó a forjar relaciones con clientes gubernamentales —que ahora representan algo más de la mitad de sus ingresos e incluyen no solo a la CIA, sino también al FBI, la NSA y prácticamente todas las ramas de las Fuerzas Armadas estadounidenses—, así como con algunos clientes comerciales. Fracasó mucho en esta etapa inicial, aparentemente porque su software no podía ofrecer la información revolucionaria que Karp prometía. Esto provocó que firmas de capital riesgo consolidadas de Silicon Valley rechazaran la financiación que tanto necesitaba. Karp se lo tomó como algo personal. A día de hoy, arremete contra una industria que invierte grandes sumas de dinero en estrategias para captar la atención y publicidad dirigida, mientras ignora lo que él considera avances tecnológicos mucho más significativos, como el análisis de datos.

Desde un punto de vista financiero, los inversores de capital riesgo no estaban del todo equivocados. Durante muchos años, Palantir sufrió grandes pérdidas, registrando una pérdida neta anual de 600 millones de dólares incluso en 2018. No obtuvo beneficios hasta 2023, momento en el que ya había perfeccionado su oferta de software. Su éxito financiero final se debe en parte a su función como «acción meme», algo que Steinberger no aborda. Palantir salió a bolsa en 2020, y el precio de sus acciones se ha visto impulsado por un gran número de inversores minoristas cuya fe en el valor de la empresa se convirtió en una profecía autocumplida. Las acciones meme son en parte esquemas piramidales y en parte modas pasajeras de las redes sociales, que se basan en chistes y publicaciones virales para difundir su mensaje y hacer que el árido trabajo de invertir parezca divertido y transgresor. Los seguidores de Palantir se reúnen en Reddit, donde elogian a «Daddy Karp» y despotrican contra sus pusilánimes críticos.

Es aquí donde vemos la utilidad financiera de emplear (en palabras de Karp) a un "CEO completamente desquiciado". Al igual que con Elon Musk y sus seguidores, la naturaleza desenfrenada de las declaraciones públicas de Karp genera una lealtad vengativa y un tanto irónica. Cuando Karp se burla de sus detractores en las entrevistas ("Me encanta la idea de conseguir un dron y rociar con orina ligeramente impregnada de fentanilo a los analistas que intentan perjudicarnos"), sus seguidores comparten los vídeos, celebran con júbilo y se apresuran (como dicen en internet) a sacar provecho. Si el valor de una empresa en el siglo XXI depende tanto de la percepción en línea como de los fundamentos del negocio, resulta útil tener un CEO cuya volatilidad emocional funciona tan bien en el teatro de las redes sociales.

¿Qué hace realmente Palantir? Es una pregunta recurrente en las redes sociales. Y, sorprendentemente, es fácil de responder, a pesar de la reputación misteriosa de la empresa: Palantir recopila datos de diversas fuentes y facilita su búsqueda. Es como el Google de las organizaciones caóticas, cuyo software conecta varias bases de datos y sistemas informáticos en una única plataforma unificada. Si los servicios de la empresa se pudieran aplicar a tu vida, sería como si un equipo de especialistas llegara a tu casa y revisara tu escritorio, actualizando tus listas de tareas, contactos y calendarios; sincronizando y organizando los archivos que tienes dispersos en media docena de teléfonos y discos duros antiguos, y, en general, poniendo todo en orden. ¿No pagarías un buen dinero por un servicio así? Por supuesto que sí. Ahora, imagina que eres un país y este caos no es personal, sino institucionalizado: abarca no solo unas cuantas bandejas de entrada de correo electrónico y memorias USB antiguas, sino, por ejemplo, todo un sistema sanitario, incluyendo nóminas, compras y seguros, o una guerra de mediana envergadura. ¿No pagarías entonces una fortuna? ¿No pagarías millones y millones y estarías sumamente agradecido a quienquiera que resolviera este embrollo por ti? De ahí el auge de Palantir.

Esta verdad tan anodina da lugar a una narrativa aburrida. Por ello, los relatos, aunque bien documentados, de Steinberger sobre los encargos clave de Palantir durante la pandemia de la COVID-19 o la evacuación de Afganistán en 2021 resultan inevitablemente áridos. Si bien es cierto que en estos escenarios subyace un drama humano, los relatos de las intervenciones de Palantir revelan su banalidad. Parafraseando el testimonio de un analista de la CIA: «Busqué el nombre de alguien en mi base de datos y, gracias al software de Palantir, los resultados incluían nombres con erratas, además de la ortografía correcta, lo cual, la verdad, fue bastante útil».

O están las historias sobre lo que la empresa, con gran pompa, denomina sus «ingenieros desplegados en primera línea». ¿Adivina qué describe semejante título machista? Exacto: soporte técnico in situ. Esta es una de las grandes innovaciones de Palantir. Cuando consigue un contrato, envía empleados directamente a los clientes para responder preguntas en persona, explicar el funcionamiento de su software y (se supone) ocasionalmente para que personas importantes les griten con el fin de aliviar el estrés y gestionar el ego. Este tipo de trabajo emocional puede ser vital. Y si bien puede resultar atractivo que los lugares de trabajo en cuestión sean a veces zonas de guerra, esto no oculta ni la banalidad ni la utilidad de dicho servicio.

Frente a prácticas tan mundanas, la compañía ha cultivado su propio halo de misterio, y quizás sea ahí donde Palantir ha tenido mayor éxito. El nombre es típico: una referencia a las piedras videntes del legendarium de J.R.R. Tolkien. Ofrece un significado inocuo (comunicación a larga distancia), pero también tiene connotaciones inquietantes (en El Señor de los Anillos , los palantíri son, en particular, un conducto para visiones corruptas). Seguramente, una compañía malvada no se pondría el nombre de algo malvado, ¿verdad? ¿Pero qué pasaría si...?

Esa desconcertante jovialidad se ve contrarrestada por la estridente retórica de Karp y su reiterada declaración de principios: defender la democracia liberal y los valores occidentales. Karp ha predicado este evangelio desde la fundación de la empresa, y aunque este tipo de discurso era inusual en el sector tecnológico de las décadas de 2000 y 2010, ahora parece profético. Desde entonces, el sector se ha alineado con la cultura chovinista del Partido Republicano de Donald Trump.

De igual modo, mucho antes de que los aranceles del presidente comenzaran a obstaculizar el flujo de bienes y capitales entre Oriente y Occidente, Karp declaró que no haría negocios con adversarios globales como China. En una carta a los inversores a principios de este año, incluso citó con aprobación a Samuel Huntington, autor del famoso «choque de civilizaciones», destacando su afirmación de que el ascenso de Occidente no fue posible «por la superioridad de sus ideas, valores o religión… sino más bien por su superioridad en la aplicación de la violencia organizada».

Este año, la afición de Karp por la exposición alcanzó la extensión de un libro con *La República Tecnológica* (escrito en colaboración con el director de asuntos corporativos de Palantir, Nicholas W. Zamiska, aunque conviene considerarlo obra suya). El libro resulta más interesante de lo que algunos afirman, pues ofrece una visión de la mentalidad de una élite en ascenso, pero adolece de una curiosa falta de contenido a pesar de su pretensión de proporcionar un plan para revitalizar la república estadounidense.

Es cierto que algunas sugerencias prácticas contarían con apoyo de todo el espectro político. Por ejemplo, animar a los profesionales técnicos a ocupar cargos políticos, atraer a mentes brillantes al servicio público con mejores salarios e integrar la ciencia en la cultura popular. Pero, a pesar de las ambiciones filosóficas del título del libro, las directrices de Karp resultan más triviales que platónicas. Gran parte del libro parece relleno, con unas pocas palabras y frases clave recombinadas mecánicamente como símbolos en una máquina tragaperras. Debe existir un «proyecto significativo» de «propósito nacional» que utilice una «mitología compartida» para crear una «identidad colectiva» que fomente el «progreso humano». Como ha señalado el escritor John Ganz, existe un inquietante parecido entre esta retórica y la tesis doctoral de Karp sobre la jerga reaccionaria que Adorno identificó en la Alemania de posguerra. Es un gesto hacia el significado, pero un gesto vacío.

La prescripción más concreta de la República Tecnológica —y la que se observa con mayor claridad en las prácticas reales de Palantir— es la fusión del Estado y la empresa privada, sobre todo en materia de seguridad, vigilancia y guerra. Que una empresa como Palantir participe en este ámbito quizá no resulte sorprendente. Los Estados ejercen la violencia. Utilizan la información para seleccionar los objetivos de dicha violencia. Si uno se dedica a recopilar información para el gobierno, inevitablemente acabará colaborando en este tipo de actividades. Es la banalidad de los datos.

Sin embargo, el uso de corporaciones para este fin genera incentivos singulares y peligrosos. La expansión de la vigilancia se convierte en un plan de negocios en lugar de una respuesta a amenazas creíbles; se pierde la rendición de cuentas al sustituirse los funcionarios públicos por contratistas privados; y la capacidad técnica del Estado se ve mermada, dejándolo incapacitado para verificar los resultados de sus propias políticas. La fusión entre Estado y corporación implica la privatización de la propia soberanía.

Palantir ha impulsado esta privatización entrando con entusiasmo en los ámbitos más volátiles que configuran la política estadounidense en la década de 2020. En Israel, tras el 7 de octubre, Palantir firmó una nueva alianza estratégica con las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), y Karp celebró una reunión del consejo de administración en Tel Aviv al año siguiente para reafirmar su apoyo incondicional a la nación. Ha respondido a las acusaciones de facilitar el genocidio con réplicas cuidadosamente redactadas y afirma tener un «compromiso de larga data con la preservación de los derechos humanos».

La empresa también ha estrechado sus lazos con el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, con el que mantiene un contrato desde hace años. Mientras Trump invierte grandes sumas de dinero en estas agencias, Palantir se beneficia. En abril se reveló que la empresa había ganado un contrato de 30 millones de dólares para desarrollar una plataforma llamada ImmigrationOS para ICE, que no solo recopilará datos gubernamentales, sino que también analizará las redes sociales y los registros de ubicación telefónica. Palantir sostiene que no establece políticas, sino que simplemente proporciona herramientas. Esto es una falacia. Si el gobierno carece de la experiencia necesaria para extraer conclusiones fiables de los datos, entonces serán las herramientas las que condicionen sus decisiones. Y esto sin considerar que las políticas que Palantir ahora apoya incluyen secuestros en las calles de Estados Unidos por agentes enmascarados, discriminación racial y detenciones ilegales.

Debido en parte al momento de publicación de su libro, Steinberger no puede ofrecer a la transformación de Karp, su empresa y su ideología política el análisis detallado que merece. En un epílogo, recuerda haberse reunido con Karp durante el fin de semana del 4 de julio, tras las protestas frente a las oficinas de Palantir y las dimisiones del personal por los contratos de la empresa con las FDI. La conversación, en su mayor parte parafraseada, resulta poco satisfactoria. Karp —un antiguo partidario de los demócratas que, en agosto de 2024, afirmó que no votaría por Trump— parece imperturbable ante la depravación moral que ahora pesa sobre la trayectoria de su vida, y en cambio culpa a los progresistas de las políticas del gobierno. «Estoy harto de que la izquierda fomente movimientos populistas de derecha porque se niega a asumir la responsabilidad de estos temas», declara, antes de añadir: «La impopularidad da de comer».

Es un comentario improvisado, pero funciona como lema para la república tecnológica de Karp. Este es el mito colectivo y el propósito nacional que ha estado buscando: el ejercicio del poder, libre de escrúpulos éticos y generosamente recompensado.

James Vincent es el autor de “Más allá de la medida: La historia oculta de la medición” (Faber & Faber).

Traducido del inglés por Tortuga con ayuda de traductor automático.

Fuente: https://www.newstatesman.com/cultur...

Una protesta en la planta de CAF en Amorebieta exige poner fin a los contratos con Israel

12 Diciembre 2025 at 00:00
Por: (tortuga)

Adur Galdos

Un grupo de activistas se concentró el miércoles en la planta de CAF en Amorebieta (Bizkaia) para denunciar la vinculación de la multinacional ferroviaria con proyectos desarrollados por el Estado israelí en territorios palestinos ocupados.

Durante la protesta se leyó un manifiesto en el que se acusa a la compañía de ser “cómplice directa del genocidio y del apartheid israelí”. El texto recuerda que Naciones Unidas incluye oficialmente a CAF en la lista de empresas que operan en asentamientos israelíes ilegales, situando su actividad en el marco de la vulneración sistemática del derecho internacional.

El manifiesto subraya además que infraestructuras como el tranvía de Jerusalén o el metro de Tel Aviv funcionan como “herramientas de anexión y limpieza étnica”, al conectar colonias con el centro urbano y contribuir a la fragmentación del territorio palestino, dificultando aún más la continuidad geográfica y social de sus comunidades.

Según han denunciado, la empresa participa en distintos niveles del sistema ferroviario –desde la señalización y la electrificación hasta el mantenimiento y la explotación del servicio–, lo que, en su opinión, convierte a la multinacional en un actor estructural dentro del dispositivo de ocupación.

Según los manifestantes, incluso los trabajadores y trabajadoras de la compañía han expresado públicamente su rechazo a estos contratos con Israel, señalando que existen voces internas que reclaman una revisión urgente de la política comercial de la empresa.

Los activistas han defendido el boicot político, económico y cultural como una herramienta legítima para frenar la complicidad empresarial, alineándose con las campañas internacionales promovidas por el movimiento en solidaridad con Palestina.

La lectura del manifesto concluyó con una exigencia inequívoca: “CAF debe romper inmediatamente toda relación con el régimen israelí. No hay neutralidad posible ante el genocidio”.

La protesta de Amorebieta se suma a la acción desarrollada hace dos semanas en la sede de Beasain, donde decenas de personas se encadenaron para denunciar de manera directa el papel de la empresa en las políticas de ocupación.

Con estas intervenciones, los colectivos implicados buscan mantener una presión continuada sobre CAF y abrir un debate público sobre la responsabilidad de las empresas vascas en el genocidio palestino.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/bds-i...

Sidenor y la complicidad en el genocidio de Gaza

6 Diciembre 2025 at 00:01
Por: (tortuga)

Gorka Castillo

La ética humanitaria se extingue en el altar de los beneficios económicos. Así ha quedado claro incluso para la justicia española, que investiga a tres altos cargos de la empresa siderúrgica vasca Sidenor por la venta de al menos 4.587 toneladas de aceros especiales a la multinacional israelí IMI (Israeli Military Industries), propiedad de Elbit Systems, dedicada a la fabricación de armamento promocionado con la garantía de haberse probado en Gaza. Es la misma corporación con la que el Ministerio del Interior tenía firmado un contrato para el suministro de munición a la Guardia Civil, que en septiembre fue cancelado a causa de la tormenta política que levantó. Para Sidenor, en cambio, su relación comercial con uno de los gigantes de la tecnología armamentística israelí ha sido un negocio redondo. La policía que investiga el caso calcula que entre febrero de 2023 y junio de 2025 la empresa vasca se embolsó casi seis millones de euros. El problema es que su nombre ya aparecía subrayado en rojo en los informes que diversas organizaciones civiles elaboran periódicamente sobre las entidades que se lucran de la política segregacionista y criminal practicada por el Gobierno de Netanyahu en Palestina. Aunque Sidenor no esté expresamente señalada en el exhaustivo informe de Francesca Albanese “De la economía de la ocupación a la economía del genocidio” ni en la base de datos de la ONU sobre los grandes beneficiarios de la ocupación y la maquinaria de guerra israelí, algo que sí sucede con la Compañía Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), su prolongada actividad comercial con IMI encaja en una de las pautas que contribuyen a la destrucción de la vida palestina, según la relatora de Naciones Unidas.

Por este motivo, los negocios de Sidenor han acabado sobre la mesa de un juzgado, en este caso del magistrado de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge, gracias a la querella interpuesta por la Comunitat Palestina de Catalunya contra tres de sus principales directivos, entre ellos su presidente José Antonio Jainaga. Está investigado por exportar, a un país que perpetra horrendos crímenes, material imprescindible para la construcción de armas pesadas y ligeras sin autorización de la Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU). Jainaga, que hace apenas un mes era elevado al olimpo financiero tras ganar la subasta por el control de la empresa de trenes Talgo al holding húngaro Magyar Vagon, declaró el pasado 12 de noviembre ante el juez De Jorge que el acero vendido a IMI en plena masacre en Gaza cumplió con la legislación vigente, ya que cuando se realizó la venta no existía ninguna limitación a las relaciones comerciales con Israel. Efectivamente, Sidenor suspendió sus exportaciones el 5 de julio, dos meses antes de que se oficializara el embargo de armas, pero lo hizo después de que la organización Prou Complicitat Amb Israel denunciara que el barco ZIM Luanda atracado en el puerto de Barcelona se disponía a cargar 40 bloques de barras de acero adquiridas por la insaciable compañía IMI para mantener su producción a pleno rendimiento.

El envío fue cancelado, pero la demanda judicial contra tres directivos de Sidenor siguió su curso. Hay indicios de que traficó durante meses con mercancías especiales, infringiendo la Ley Orgánica de Represión de Contrabando, además de participar “por complicidad” en un crimen de lesa humanidad y genocidio, tal y como se recoge en los artículos 29, 607 y 607 bis del Código Penal. Según los datos manejados en la causa, Sidenor transfirió 4.587 toneladas de acero en 42 ocasiones, 33 de ellas después del 7 de octubre de 2023. El último envío fue de 356 toneladas el pasado mes de mayo. Una investigación del diario Berria ha descubierto que tenía comprometidos otros dos cargamentos, para finales de junio, que no se llegaron a enviar: uno de 18.718 kilos y otro de 104.230.

El empresario vasco ha quitado hierro al hecho de encontrarse bajo la lupa de la justicia, asegurando que nunca fue consciente de que este negocio alimentaba el mercado de la muerte que Israel tiene abierto en tierras palestinas. Sin embargo, ahora se ha sabido que la siderúrgica vasca, que cuenta con plantas productivas en Euskadi, Cantabria y Catalunya, y delegaciones comerciales en Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, no solicitó la autorización necesaria al Gobierno español para la venta de materiales especiales, como el acero de aleaciones precisas que necesitan los fabricantes de armas, ni inscribió su nombre en el registro correspondiente, una condición sine qua nonpara comercializar este tipo de componentes con países que vulneran los derechos humanos. David Aranda, que actúa como acusación popular en nombre de la Comunitat Palestina de Catalunya y de la campaña ‘Fin al Comercio de Armas con Israel', considera que la instrucción del caso Sidenor es algo más que un procedimiento administrativo. “Es un hito importante, porque las denuncias contra las grandes corporaciones suelen contar con un amplio margen de impunidad. La causa manda un mensaje claro a todas aquellas empresas que se están lucrando con el genocidio”, afirma.

Tras digerir el trago de comparecer ante un juzgado, Jainaga y los otros dos altos directivos de Sidenor aguardan ahora la fase decisiva de la compra de Talgo al fondo Pegaso, una inversión comprometida para su futuro financiero que debe producirse antes del 31 de enero. La curiosidad es grande por comprobar si el costurón judicial abierto termina pasándole factura. “Que propietarios tan celosos de su imagen y de su compromiso empresarial como José Antonio Jainaga sufran por su mala imagen pública no se puede negar, pero aquí hay una apuesta de país, una iniciativa estratégica para Euskadi”, afirman a CTXT fuentes cercanas al departamento de Industria del Gobierno vasco. El coste de la operación para adquirir Talgo asciende a 156,7 millones de euros, de los que 47 millones serán aportados por el propio Jainaga a través de la sociedad de inversión Clerbil que él mismo fundó en 2016 para comprar Sidenor a la multinacional brasileña de aceros Gerdau. Como socios aparecen el fondo Finkatuz del Ejecutivo vasco y la fundación BBK, que invertirán otros 47 millones de euros cada uno, y la fundación Vital, que aportará 20 millones. En conjunto, adquirirán el 30% de las acciones de Talgo, suficientes para controlar la empresa, ya que más de la mitad del resto de las participaciones están en manos de pequeños inversores. El Gobierno español también será accionista a través de la SEPI. Invertirá 45 millones de euros en una ampliación de capital y otros 30 millones mediante un préstamo convertible que los acreedores bancarios exigen para aceptar la refinanciación de los 400 millones de euros de deuda que acompaña a una compañía ferroviaria en bancarrota.

El Gobierno vasco no ha ocultado su inquietud por la investigación abierta en la AN pero, tras escuchar las explicaciones de Jainaga sobre su venta de acero a IMI Systems en pleno genocidio, ha pedido que no se realicen “juicios paralelos”. También ha insistido en que la imputación del empresario no debe afectar a la operación de compra de Talgo. Hace unos días, el vicelehendakari, el socialista Mikel Torres, echó un último capote público al dueño de Sidenor al ratificar que sus declaraciones en sede judicial, junto a la documentación que aportaron sus abogados, son pruebas suficientes para descartar cualquier duda sobre sus maniobras comerciales en Israel. “Yo desde un primer momento puse de manifiesto la presunción de inocencia y, conociendo a Jainaga y su compromiso con la industria vasca, pensaba que no pondría en peligro la empresa por comercio ilegal”, confesó Torres.

Una certidumbre que colisiona frontalmente con las investigaciones que prestigiosas organizaciones civiles como el Centre Delàs, el Observatorio de Derechos Humanos en España (ODHE) y toda la constelación de movimientos organizados a nivel internacional bajo el paraguas de BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones contra Israel), incluida la relatora de la ONU Francesca Albanese, sobre los nefastos impactos que tienen las operaciones comerciales con Israel en el exterminio palestino.

“Cualquiera que haya evaluado de forma independiente la situación ve no solo violaciones de derechos humanos sino también crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Si las empresas con conocimiento de esto continúan con sus actividades de todos modos, pensando que no tienen influencia sobre las decisiones de Israel, eso es una flagrante violación de sus responsabilidades en materia de derechos humanos”, afirma la profesora de Derecho en la Universidad St. Mary's de Texas y experta en las directrices de la OCDE, Tara Van Ho, en una detallada información elaborada por la plataforma de investigación ‘Follow the Money'.

La propia Francesca Albanese no ha dejado de denunciar que sostener el genocidio requiere de un apoyo permanente a nivel internacional. Una cobertura política, económica y cultural que pasa por lo más elemental: el suministro de los recursos materiales que hagan posible mantener la masacre y el apartheid para una economía que empieza a presentar grietas. Entre 2022 y 2024, el presupuesto militar de Israel aumentó del 4,2% al 8,3% del PIB. El déficit del país se incrementó un 6,8% y el Gobierno de Netanyahu lo trata de minimizar con la emisión de bonos a inversores, incluidos 8.000 millones de dólares en marzo de 2024 y otros 5.000 millones de dólares en febrero de 2025, además de emisiones en shekels, la moneda oficial, en el mercado interno. Estos bonos están en el foco crítico de atención mundial, desde Irlanda –el país que asignó Tel Aviv para vender sus bonos en Europa tras la salida de Reino Unido de la UE– y Luxemburgo, sede del Banco Europeo de Inversiones, hasta la Asamblea General de las Naciones Unidas. En el informe de Francesca Albanese del pasado mes de julio se cita que esta manera de obtener liquidez por parte del Gobierno israelí está jugado “un papel crítico en la financiación del ataque en curso contra Gaza”. El comercializador de los bonos de Israel en Estados Unidos, Israel Bonds, afirma haber obtenido más de 5.500 millones de dólares en inversiones globales en los últimos dos años, el doble de lo habitual, según el canal económico Bloomberg.

La Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos también considera que existe una base sólida “para establecer la responsabilidad civil y penal de las corporaciones que facilitan crímenes de lesa humanidad”. En 1947, los directivos de las compañías industriales Flick, I. G. Farben y Krupp fueron juzgados en Nuremberg por el uso de prisioneros de guerra, el trabajo esclavo para la producción de armas, el saqueo de propiedades públicas y privadas, y su pertenencia a una organización criminal. Sin embargo, por el genocidio palestino apenas hay ejemplos de denuncias que hayan prosperado, pese a que todas las pesquisas internacionales apuntan a que un millar de empresas siguen lucrándose con el exterminio. En el informe Albanese se detalla la actividad de 45 grandes sociedades mercantiles que apoyan y financian la ocupación israelí. Uno de los sectores más beneficiados es la banca. Además de poderosas entidades estadounidenses de inversión que se han lanzado a la compra de bonos israelíes como Vanguard, Wellington Management, Franklin Resources y Capital Group, hay otros cuatro compradores europeos: la italiana BPER Banca, la francesa Crédit Agricole y las alemanas Allianz y DZ Bank. La brasileña Itaú Unibanco es la única entidad no estadounidense o europea en la lista confeccionada por ‘Follow the money' tras una larga investigación. El Centre Delàs, por su parte, ha identificado hasta 12 entidades financieras españolas, entre ellas Santander, BBVA y CaixaBank, pero también otros bancos estatales como Ibercaja, Banco Caminos o Banca March, que han financiado a siete de las 15 empresas que proveen de armas y municiones a Israel: Boeing, Day & Zimmerman, General Dynamics, Oshkosh Corp, Leonardo, Rheinmetall y MTU Friedrichshafen. De estas entidades financieras, Santander y BBVA son los principales bancos que han financiado a los fabricantes de las armas que utiliza el ejército de Israel para cometer el genocidio en Gaza, con más de 2.442 y 1.500 millones de dólares, respectivamente.

“En la práctica, no hay ninguna ventanilla jurídica a la que dirigir estas demandas. La cuestión fundamental, en contraste con la fuerza de la armadura jurídica de la ‘lex mercatoria', es que sigue habiendo un enorme hueco en el derecho internacional por donde se escapa la responsabilidad realmente existente de las grandes corporaciones que colaboran con el genocidio o el apartheid”, explica Juan Hernández, especialista del Observatorio de Multinacionales de América Latina (OMAL). Es el caso de Edreams, una de las principales plataformas españolas de viajes online, que sigue vendiendo turismo en su web mientras contribuye a sostener a las colonias y excluye a los palestinos, con narrativas que omiten la anexión ilegal de los territorios. Su nombre está desde 2020 en la base de datos elaborada por la ONU sobre empresas cómplices de los asentamientos israelíes. También CAF, la Compañía Auxiliar de Ferrocarriles con sede en Beasain, responsable de la expansión de las líneas de tranvía entre la parte ocupada de Jerusalén y las colonias ilegales próximas. La empresa acaba de anunciar que logró un beneficio neto de 100 millones en el tercer trimestre de este año gracias al incremento del 8% en el volumen de ventas que le han proporcionado ingresos por valor de 3.165 millones de euros. CAF tiene suscrito un contrato desde 2019, compartido con la constructora israelí Shapir, para desarrollar las obras, la venta de unidades, el mantenimiento y la gestión de las líneas roja y verde del tranvía durante 15 años, ampliables hasta 25 años, que asciende a 1.800 millones. Entre el accionariado de la constructora de trenes figura el Gobierno vasco, Kutxabank y la Fundación BBK. El resto de accionistas se completan con una importante participación de la plantilla, que tiene un 24,9%, la familia Domínguez, propietaria de la firma de moda Mayoral, y el exaccionista de la farmacéutica Almirall, Daniel Bravo Andreu.

Fuente: https://ctxt.es/es/20251101/Politic...

  • No hay más artículos
❌