Braulio García Jaén
Cuando Marina L. despertó aquel mediodía de diciembre de 2016, estaba desnuda en una habitación a oscuras. Consiguió abrir la puerta a tientas y llegar a un salón en el que se encontró con su amiga. “Estaba en el sofá, con dos chicos, parecía medio ida”, recuerda. Ella no los conocía y le llamó la atención la “ausencia de efectos personales” del piso. Preguntó de quién era la casa. Su amiga tampoco lo sabía. Se vistieron y apenas hablaron con ellos. Uno de ellos llamó a un taxi y ellas bajaron a la calle a esperarlo. “Nos sentamos en una acera y fue cuando [ella] me dijo: tienes el cuello marcado”, recuerda Marina L. Dos semanas después, en una comisaría de Pamplona, su amiga declaró que de ...
aquella madrugada solo recordaba los gritos de Marina y que ella misma tenía “flashes” en los que se veía manteniendo relaciones sexuales, sin saber por qué.
A falta de recuerdos, con el paso de los días afloraron otras huellas: dolores vaginales en el caso de su amiga; en el de Marina, dolor en la mandíbula y moratones en un costado y en el cuello. “Yo me puse un pañuelo para que mi marido no me viera las marcas”, recuerda. Marina y su amiga habían conocido a los dos jóvenes del piso, David y Raúl, en un bar del Casco Viejo de la capital navarra sobre las dos de la mañana, según se supo más tarde con las imágenes de las cámaras del local donde habían estado aquella noche. Era jueves, 7 de diciembre de 2016. Ninguna recordaba nada más allá de eso.
Nacidos en Pamplona, David tenía 29 años, Raúl, 31. Comentando sus rutinas de entrenamiento, David le envió días después de los hechos un audio a Raúl, alias Rulo, hablando de una de las chicas, según un informe policial. “Ah, Rulo, que... Te quieres poner en forma para pegarle a la tía esa si vuelves a verla, no... La última vez te quedaste con las ganas [...] y ahora lo que quieres es reventarla a puñetazos, no”. Raúl respondió al minuto. “Si te sirve, hoy he hecho tríceps y bíceps, así que a puñetazos”. Raúl, según la versión que ellos mismos dieron ante el juez de guardia, fue quien estuvo con Marina. La jueza de instrucción sostuvo para descartar el procesamiento, sin llamar a declarar a los detenidos y sin citar en su auto la respuesta de Raúl, que no había “ningún indicio” que apuntara a su responsabilidad.
Nueve años después, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por no investigar realmente aquellas dos denuncias por violación mediante sumisión química —Marina tenía 30 años; su amiga, 19— y por una sucesión de graves irregularidades cometidas en ese procedimiento: “La pérdida y manipulación sistemáticas de pruebas potencialmente cruciales mientras se encontraban bajo custodia policial, las insuficientes garantías de independencia de la investigación y la respuesta manifiestamente inadecuada a estas deficiencias”. Uno de los acusados era cuñado de uno de los policías encargados de la investigación.
No se investigó lo necesario, no se custodiaron las pruebas y esa “estrecha relación familiar” del policía y uno de los acusados violó “el estándar de independencia mínima exigida” por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. La corte de Estrasburgo dictaminó por unanimidad que las autoridades policiales y judiciales españolas violaron el derecho de Marina y su amiga a no sufrir un trato degradante y a que se respetara su vida privada (artículos 3 y 8 del Convenio).
Más allá del marco legal e institucional español, que el tribunal consideró “en principio” adecuado para abordar denuncias como las de Marina y su amiga, ni la policía —más allá de la inspectora jefa, María Mallén, y parte de su equipo al inicio del caso—, ni la fiscalía, ni la justicia actuaron para corroborarlas. El Estado debe indemnizar con 20.000 euros a cada una, y 5.000 por los gastos conjuntos del proceso.
Las violaciones de La Manada en un portal de la capital navarra habían ocurrido solo cinco meses antes, en los sanfermines de 2016. “Está claro que nuestro caso quedó a la sombra de La Manada”, lamenta Marina en el despacho de su abogado, José Luis Beaumont, en Pamplona. En su procedimiento, la jueza ni siquiera citó a declarar a los encausados y la fiscal no acudió a la declaración de las víctimas. Durante nueve años, denuncia el abogado Beaumont, “nadie del Gobierno regional ni del ayuntamiento” los apoyó en nada.
EL PAÍS reconstruye la historia desde el inicio, desde aquel mediodía en el que las dos mujeres se despertaron en un piso desconocido sin saber qué había pasado, a través de entrevistas con sus protagonistas y la documentación judicial y policial del caso. A través de una portavoz, la Policía Nacional ha rechazado responder preguntas.
El 8 de diciembre de 2016 era viernes. Tras despertar sin entender nada en el piso de David, Marina y su amiga se fueron a casa. El sábado por la noche, volvieron a salir juntas. Quedaron a la misma hora, fueron a los tres mismos bares, tomaron las mismas dos copas de vino y repitieron los dos chupitos que habían tomado la noche del jueves, para ver si el alcohol explicaba por sí solo el socavón en la memoria de ambas. Pero no lo hizo. “Nos dieron las cinco de la mañana hablando”, recuerda Marina L.
El lunes, Marina volvió al trabajo y su amiga, a los estudios, que cursaba en otra comunidad autónoma. Tras varios días con dolores, la amiga acudió a urgencias y la médica que la atendió hizo un parte por “sospechas de agresión sexual” que remitió a la policía en esa otra comunidad autónoma. El 19 de diciembre, el parte llegó a la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional de Pamplona, cuya inspectora jefa se hizo cargo del caso. María Mallén habló con las víctimas y agentes a su cargo recuperaron las imágenes del último bar en el que habían estado las chicas y el móvil desde el que se llamó al taxi.
De lo ocurrido en ese bar, el Otano, lo poco que se sabe es gracias a una diligencia de visionado —un resumen de secuencias— de las imágenes de sus cámaras, que un policía hizo sobre la marcha los primeros días de la investigación. En el fotograma 16 “se ve cómo el individuo de barba [un amigo de los encausados] saca algo de su bolsillo y se lo da a David, no llegando a poder apreciar [...] lo que le entrega”, según la diligencia. El amigo de barba es un policía foral.
Eran las 2.16 de la madrugada. Las dos mujeres no recordaban “nada a partir de aproximadamente esa hora”, según el atestado de la policía. Tras hablar con un abogado amigo del padre de una de ellas y con la inspectora Mallén, Marina y su amiga decidieron denunciar y declararon en comisaría el día de Nochebuena de 2016. Tres días después, la policía detuvo a Raúl y a David, cada uno en su casa. A los agentes les pareció que los “estaban esperando”, según el atestado.
Pasado el mediodía, David abrió la puerta en pijama y bostezando, sin saber que desde un coche de vigilancia discreta de la policía lo habían visto llegar a su domicilio 15 minutos antes. Animó a los agentes que lo conducían a que fueran revisándole el móvil si querían, cosa que hizo la inspectora Mallén. Ella encontró una foto de la hija de un agente de su mismo grupo de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM). “Es mi sobrina”, aclaró David. “Asombrado de que [la inspectora] conozca a la niña, el detenido reconoce ser cuñado de este policía”, recoge el atestado. El policía era Borja Vázquez Fernández y había ocultado su relación con el investigado desde hacía días a pesar de que había estado trabajando.
Las fechas son clave. La amiga de Marina había acudido al hospital el 11 de diciembre, pero en otra comunidad autónoma, donde por entonces estudiaba. Hasta el día 19, ocho días después, no se recibió el parte médico en la comisaría de Pamplona. Sin embargo, el 13 de diciembre, el agente Borja Vázquez ya había buscado en la base de datos si había alguna denuncia contra su cuñado, según el registro de sus rastreos. ¿Por qué sospechaba el policía que su cuñado podía estar denunciado, cuando ni siquiera las víctimas habían pensado aún en denunciar? La jueza no llamó a declarar a ninguno de los detenidos, así que no consta ninguna explicación de David. El policía y David han declinado responder a este diario.
Lejos de abstenerse por la relación familiar, el agente había estado trabajando varios días a ambos lados de la calle: por un lado, conociendo la información que su jefa y compañeros iban compartiendo sobre su cuñado y por el otro, rastreando posibles denuncias contra su cuñado en la base de datos. A partir de ahí y a lo largo de dos años, las principales pruebas reunidas por Mallén —las imágenes del bar, un informe forense sobre “lo borrado y lo no borrado” del móvil del cuñado del policía y los archivos del disco duro de la Policía Judicial— fueron desapareciendo una a una.
La primera alarma saltó “a finales de febrero o principios del mes de marzo de 2018”, cuando la inspectora Mallén avisó al juzgado de que el informe forense sobre el móvil del cuñado del policía, analizado en Madrid y remitido a Pamplona, había desaparecido del sistema informático de la comisaría. “La carpeta vacía se correspondía con la del teléfono de David”, informó la propia Mallén tiempo después. La Policía Nacional no ha autorizado a Mallén a atender a este diario.
Mallén informó primero a su entonces jefa, la comisaria Nuria Mazo, y acto seguido a la jueza de instrucción. Advertida de la desaparición de una prueba esencial, la jueza Inés Hualde lo ocultó a las partes del proceso durante meses, algo que Estrasburgo condena expresamente: “La desaparición del material fue revelada tardíamente y las demandantes recibieron explicaciones inveraces durante varios meses”. Contactada por este diario, la jueza no ha querido responder a “ninguna pregunta”.
Mallén dejó poco después la UFAM, en mayo de 2018, y pidió otro destino profesional en Pamplona. Ya sin ella al frente, la policía entregó un informe presuntamente detallado sobre las grabaciones del bar y el abogado de las mujeres advirtió que en el informe faltaba el fragmento clave, las secuencias de las 2.16 de la madrugada que él ya había visto en el atestado inicial. Después de advertirlo en un escrito, desparecieron el resto de las grabaciones.
La desaparición de las pruebas no se limitó a la “pérdida” de las grabaciones del bar y el borrado del informe sobre el móvil de su cuñado David. El disco duro de la Brigada de Policía Judicial donde se había volcado y copiado lo más relevante de la investigación fue borrado también más tarde.
Según una nota interna de la propia policía, el borrado del disco duro lo supervisó la comisaria y actual jefa de la policía judicial de Pamplona, Nuria Mazo, quien, a través de la jefa de prensa de la Policía Nacional de Pamplona ha declinado atender a este diario. Según dicha nota, el 6 de febrero de 2019 se cortaron “los archivos que en él se encontraban a fin de dejarlo vacío”.
Mazo, ya como jefa de la policía judicial, firmó la nota interna del borrado del disco duro en febrero de 2019. Estrasburgo considera especialmente grave este borrado porque existía un requerimiento judicial para que se certificara su “contenido” y su “invariabilidad” desde enero. La jueza se reunió con Mazo un día antes del borrado y archivó la pieza en la que debía investigarse sin llamarla a declarar.
A lo largo de estos nueve años, el abogado de las dos mujeres ha remado “contra viento y marea”, desde el juzgado de guardia de Pamplona hasta el Tribunal Constitucional, que no admitió su recurso de amparo, para mantener a flote los derechos de las denunciantes, según destaca por teléfono el padre de la amiga de Marina. Estrasburgo reconoce que fueron las denunciantes y su abogado quienes lucharon para impulsar una investigación que se iba cayendo a pedazos y que dejó impune, sin procesamiento alguno, tanto las presuntas agresiones como las manipulaciones de las pruebas.
La jueza Inés Hualde no llamó a declarar a los acusados, quienes únicamente declararon ante el juez de guardia: dos declaraciones calcadas de un párrafo sin presencia de la Fiscalía en las que alegaron que las relaciones habían sido consentidas. La fiscal del caso, Pilar Larráyoz, respondiendo por escrito a este diario, dice que “no es infrecuente” que la Fiscalía falte a ese tipo de diligencias por problemas de agenda. ¿Quién, entonces, solicita medidas de prisión o fianza en casos graves como éste? A lo largo de seis años, la fiscal jamás pidió ninguna diligencia y se opuso a la inmensa mayoría de las que solicitaron las denunciantes en los dos procedimientos.
Solo el presunto chivatazo del cuñado policía de uno de los acusados llegó a juicio. Absuelto en primera y segunda instancia el agente Vázquez, que dijo que en realidad estaba indagando sobre otra cuñada (algo que ni el juez que lo absolvió consideró creíble), el Supremo admitió que esa consulta previa era un indicio muy significativo, pero insuficiente para condenarlo por el presunto chivatazo a su cuñado. La sentencia de instancia no había analizado ningún otro indicio —el abogado alegó más de una decena en el juicio— y el Supremo no pudo entrar a valorarlos. “El agente debería haberse abstenido él mismo en lugar de esperar a que una compañera expusiera su relación de parentesco con el sospechoso”, afirma la sentencia de Estrasburgo.
La resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos constata la manipulación de pruebas y las irregularidades, incluido el trabajo en la sombra del policía cuñado de uno de los acusados, pero la realidad deja poco margen para reabrir el caso. “Destruyeron todas las evidencias”, dice el abogado Beaumont. “Nos han dado la razón, pero a qué”, se pregunta ahora Marina en el despacho de su abogado. La duda señala una particularidad que la sentencia también destaca: tratándose de un caso de sumisión química, subraya el tribunal, las imágenes del bar y los mensajes de los acusados eran clave.
Marina L. prefiere que no salgan sus apellidos ni su cara, pero no por vergüenza, sino por seguridad. “Ellos tienen un punto violento que no sé dónde podría llevarlos”, contaba ella en Pamplona. Al principio, le costó decidirse a denunciar y si no hubiera sido por la inspectora Mallén, por el tacto con el que se acercó a ella, y por el abogado Beaumont, que tanto a ella como a su amiga les pidió que pensaran en las mujeres que podían sufrir lo mismo, Marina no habría denunciado.
“Para mí no es un tema tabú”, dice nueve años después. El pañuelo en el cuello se lo puso porque pensó que su marido no iba a creerla. Luego, para protegerlo, porque pensó que tampoco iban a creerlo a él. A pesar del dolor y los moratones, decidió no acudir a ningún ambulatorio ni hospital, sino que consultó con una amiga médico para que nada saliera a la luz. Temía que si iba a la comisaría o al hospital enseñando los moratones, pero diciendo que no recordaba los golpes, pensaran que hubiera sido su marido.
Su amiga tampoco quiso denunciar al inicio, y tardó días en contárselo a su familia. “Llegaron las navidades, estábamos comiendo con los abuelos en casa y en un momento determinado, se emocionó y me fui a su cuarto con ella”, recuerda su padre, Francisco. “Me contó que creía que había sufrido una agresión sexual”, cuenta. Ella, que se fue de Pamplona hace años, ha preferido no participar en este reportaje.
