Antonio M. Vélez

De la cúpula de Defensa a “asesor” de un consorcio privado de empresas de defensa; de participar en el ministerio en el diseño del mayor programa de la historia del Ejército de Tierra, como adjunto a la dirección de Compras del departamento de Margarita Robles, a firmar ahora contratos en nombre de su adjudicataria.

Es el periplo del general retirado Javier Abajo, que en 2021 dejó la dirección general de Armamento del Ministerio de Defensa y fichó como “asesor” de Tess Defence, consorcio de Indra, Escribano, General Dynamics y Sapa.

En 2020, con él en esa unidad clave del ministerio, la empresa que luego le fichó se adjudicó el programa del Vehículo de Combate sobre Ruedas (VCR) 8x8 Dragón, uno de los más importantes del Ejército, valorado en más de 2.000 millones de euros.

Ahora, Abajo está firmando contratos en nombre del consorcio. Su firma digital figura en las dos últimas licitaciones disponibles en la plataforma de Contratación del Estado que Defensa ha adjudicado a Tess Defence.

Es el caso del acta de formalización del contrato “Fase arranque OTACV 8X8”, adjudicado a Tess Defence el pasado 11 de noviembre por la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del Ministerio de Defensa por 743.628,1 euros, más IVA. En el documento figura Javier Abajo en calidad de “representante” del contratista, como “adjunto” al director general del consorcio. Es una de las dos personas que firman el contrato en representación de Tess. La otra es su directora Financiera, Pilar García Santos.

Ambos ya firmaron la proposición económica que Tess Defence presentó el 2 de agosto de 2024 para otro contrato de Tess, el de “fase de arranque de la Oficina Técnica de Apoyo al Ciclo de Vida del VCR 8x8 Dragon”, adjudicado al consorcio en octubre del año pasado por 1.950.158,6 euros, más IVA.

Se desconoce si la firma de Abajo también figura en el acuerdo que, según explicó el pasado martes en una comparecencia en el Congreso de los Diputados la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, firmó el pasado 28 de noviembre el ministerio con Tess Defence para revisar “aspectos técnicos del contrato” del 8x8 Dragón, tal y como esperaba la adjudicataria en sus últimas cuentas anuales.

Según explicó Valcarce, el acuerdo implica “incorporar más tecnología y sobre todo más modernización”, lo que implica “el correspondiente reajuste en las anualidades y en las entregas” de los 348 vehículos previstos en el primer tramo de este programa, que acumula importantes retrasos, lo que ha provocado una insólita reprimenda pública de la ministra Robles.

elDiario.es preguntó al ministerio, sin obtener respuesta, por la contraprestación de este nuevo contrato y la intervención de Abajo en esas contrataciones con Tess. El socio mayoritario del consorcio desde este año es Indra, de la que el Estado es primer accionista con el 27%, y que ha pasado de tener el 24,67% de Tess a tomar el 51% al comprar acciones al resto de socios.

Un portavoz de la cotizada resta importancia a que en esos contratos figure la firma de este asesor. Según explica, en Tess “el único órgano que tiene facultades ejecutivas para todo lo relevante, incluidos contratos como este, es el Consejo de Administración”, del que Javier Abajo no es miembro.

Según sus últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, Tess tenía en 2024 unos 25 empleados, con un gasto de personal medio de unos 70.000 euros por cabeza.

Ese portavoz de Indra indica que Abajo “se incorporó en septiembre de 2021 con el cargo de adjunto al director general” de Tess y no ha ascendido desde entonces. “No tiene ni ha tenido facultades ejecutivas y, por tanto, su función es más de asesoría. No hay incompatibilidad porque no era alto cargo”.

“El Consejo es quien aprueba y apodera en este caso para la ejecución o firma del contrato al adjunto al Director General. Por tanto, quien lo eleva a público no es relevante en realidad”, explica. El exgeneral Abajo “no tiene poderes ejecutivos”, insiste, y “es la práctica común” que su firma aparezca en estos contratos, asegura.

Boom el sector

“Estoy acostumbrado a mandar”, le dijo Abajo a La Voz de Galicia en una entrevista concedida en 2013, cuando estaba destinado en A Coruña como Jefe de la Fuerza Logística Operativa. El nombre del ex general es uno más en la larga lista de medio centenar de militares y ex altos cargos fichados por empresas y lobbies de defensa desde que estalló la guerra en Ucrania, en un contexto de boom del sector por el rearme que impulsa la UE ante la agresión rusa.

La contratación de Abajo por parte de Tess causó revuelo en su momento. Tras un breve paso por la reserva, y desde 2016 hasta que se jubiló en junio de 2021, el ex general había sido el director adjunto en la Dirección General de Armamento y Material (DGAM), la unidad del ministerio que en 2020 gastó más de 2.000 millones en el contrato original de blindados adjudicado a Tess Defence, uno de los mayores de ese departamento.

La DGAM es responsable del desarrollo de la política de armamento y su ejecución, una posición muy estratégica dentro de las Fuerzas Armadas por sus atribuciones y el alto presupuesto que maneja, y la responsabilidad de realizar los pliegos de condiciones y evaluar a los diferentes licitadores.

Algo que no ocurrió en el caso del megacontrato a Tess Defence, ya que la empresa era “la única opción con capacidad industrial suficiente para atender el objeto del contrato sin poner en riesgo la protección del interés esencial asociado a la decisión específica de contratación”, explica en sus cuentas.

Tras las noticias en prensa que se hicieron eco de cómo Abajo pasó de la dirección de Compras del ministerio a Tess con un lapso de tres meses, el Gobierno indicó en una respuesta parlamentaria que el fichaje del exgeneral por ese consorcio no estaba bajo su control.

Según explicó el Ejecutivo, “su contratación por una empresa privada no estaba sometida a la necesidad de autorización o informe previo” y el cargo de adjunto al director general de Armamento y Material no se encuentra entre los puestos definidos en la Ley de Altos Cargos, por lo que no se encontraba sometido a la incompatibilidad y regulación de los conflictos de interés.

El pasado martes, la secretaria de Estado de Defensa aseguró que en el programa del blindado 8x8 Dragon que desarrolla este consorcio de Indra, EM&E (primer accionista privado de esta última, con el que la cotizada planea fusionarse), General Dynamics (Santa Bárbara) y Sapa, se van a finalizar las entregas “en 2028” y “todas las previsiones se cumplen”.

Según explicó Valcarce, se han aplicado las penalidades correspondientes por los retrasos acumulados hasta ahora, que las empresas “han desistido de recurrir”. Y las modificaciones que acaban de acordarse afectan a configuraciones, actualización de requisitos de simuladores o del entrenador del sistema de armas, y no van a implicar nuevas demoras.

“La fecha límite es 2028”, se han entregado 11 unidades a principios de este año y “la compañía ha informado a la oficina de programa que tiene previsto la entrega de una agrupación táctica de 57 vehículos”. “Todo esto no implica ninguna reducción, ninguna supresión de las penalidades que legalmente correspondan”. La secretaria de Estado no precisó qué sobrecostes va a implicar el nuevo acuerdo.

En sus últimas cuentas, Tess Defence confiaba en que este año “se materialice para el programa VCR8X8 una ampliación del techo de gasto del programa del 20% para cubrir una serie de posibles modificaciones solicitadas por el cliente entre las que se encontrarían” pasar los vehículos “en configuración simple a completa”, la adquisición de simuladores para entrenamiento y la contratación “del sistema de conciencia situacional LSAS”.

Según explicó Valcarce, “los primeros vehículos entregados son de altísima calidad y fiabilidad” y “lo importante” es que se está trabajando para “agilizar” las entregas y “reforzar tecnológicamente” unos vehículos que “tienen que ser seña de identidad del Ejército de Tierra”. Valcarce defendió la legalidad de los préstamos a dedo al 0% que ha concedido el Gobierno al sector en los últimos meses por importe de más de 14.200 millones.

Entre sus beneficiarios están, entre otras, las integrantes de Tess Defence y el propio consorcio, al que Defensa (a través del Ministerio de Industria) va a prestar 788 millones entre este año y 2028 para desarrollar el vehículo de apoyo Cadenas (VAC). Para el VAC el Consejo de Ministros aprobó un compromiso de gasto de 1.628 millones en diciembre de 2013.

Se trata de una actuación “prioritaria” de las Fuerzas Armadas, que consiste en dotar al Ejército de Tierra de una familia de vehículos cadena multipropósito capaz de llevar a cabo las misiones operativas y logísticas que actualmente realizan las unidades del Transporte Oruga Acorazado (TOA), “que han superado ampliamente su ciclo de vida previsto”.

Fuente: https://www.eldiario.es/economia/ex...

Jaime Luján

El alto el fuego en Gaza no ha frenado los ataques de Israel contra los palestinos. No lo ha hecho en la propia Franja, ni en el otro territorio palestino, también ocupado, de Cisjordania. Los habitantes de esta región limítrofe con el río Jordán han sufrido desde el 7 de octubre de 2023 el recrudecimiento de las agresiones de los colonos israelíes hacia ellos. Palizas, robos e incendios son algunas de estas acciones que, además, en muchas ocasiones, cuentan con la connivencia de la Policía y el Ejército israelíes.

El periodista A. A. y la activista R. R. –ambos palestinos– han descrito la dramática situación de su tierra, Cisjordania, en el encuentro Palestina. Defender la vida, defender la tierra, organizado por la Alternativa Antimilitarista-MOC. A. A. es cofundador de la organización Youth of Sumud, que se dedica a ofrecer ayuda y protección en la región de Masafer Yatta: tanto a pastores en su actividad como a niños en su ruta hacia el colegio. Por su parte, R. R. es una joven activista que participa en Ikhilia, una cooperativa agrícola formada por mujeres palestinas en el valle del Jordán. infoLibre ha sido el único medio escrito que ha podido conversar con ellos durante su visita a España.

Ellos mismos han asegurado a este periódico que han sufrido personalmente el acoso de los colonos. “Intentaron robar un rebaño de ovejas de mi tío. Él, su esposa y yo intentamos impedirlo y me rompieron la pierna. Este año, en enero, atacaron mi casa y quemaron mi coche”, cuenta A. A. En cuanto a la Policía israelí, los entrevistados sostienen que “no hace nada” ante estos ataques. “Si llamamos a la Policía, esta dice que es una zona militarizada y que no es nuestra tierra. O te vas o nos dejas de llamar”, explica A. A.

En Cisjordania, según relata, la situación de las mujeres es especialmente alarmante ya que la asistencia médica es escasa, al igual que el acceso a la educación. “La mayoría de estas zonas no tiene centro médico, por eso cuando una mujer está enferma o embarazada tiene que ir en coche, que son atacados por los colonos”, explica R. R. Además, la activista señala que “la mayoría de las mujeres no pueden ir a la escuela porque tienen miedo de ellos. Muchas son asesinadas mientras caminan para ir a la universidad o a trabajar”, añade.

Ambos palestinos están de acuerdo en que, tras el alto el fuego en Gaza del pasado octubre, la situación en Cisjordania ha empeorado: “Los colonos creen que la guerra no debería parar y que deben continuarla ellos mismos”. Tampoco se muestran satisfechos con el reconocimiento a Palestina por varios países occidentales: “Primero, salvar vidas. Luego hablamos de los Estados”.

A.A. proviene de la aldea de Tuba, en la zona de Masafer Yatta, mientras que R. R. es del valle del Jordán. Ambos lugares se encuentran en la sección C de Cisjordania –bajo control civil y militar israelí– y donde se ubican los asentamientos de colonos, declarados ilegales por el derecho internacional. El área C supone alrededor del 60% de Cisjordania y cuenta con una población de unos 300.000 palestinos, según el Observatorio Mundial sobre Finanzas y la Inversión de los Gobiernos Subnacionales (SNG-WOFI, por sus siglas en inglés). En 2020, Cisjordania albergaba a más de 2,8 millones de palestinos y a 450.000 israelíes.

Parte de Masafer Yatta ha sido considerado por Israel como zona militarizada, lo que supone para los palestinos la imposibilidad de construir y, además, la demolición de algunas de sus viviendas. Los residentes de la región han acudido en varias ocasiones a la Justicia israelí para revocar esta calificación del suelo, sin éxito. “A día de hoy, las personas que viven en esta zona están aisladas y el ejército no permite a nadie entrar allí. Ni familiares, ni periodistas, ni profesores, ni médicos”, explica A. A.
La resistencia no violenta

Ambos palestinos han elegido la vía pacífica para luchar por los derechos de la población en Cisjordania, en un momento en el que ser activista en la región de Oriente Medio no es fácil. “No tenemos la protección para contar la verdad”, afirma R. R, que hace hincapié en el caso de Ayman Ghrayeb.

“Estuvimos sin saber de él durante tres días y después nos dijeron que estaba en el hospital. Ahora está detenido por seis meses y no tiene abogado”, prosigue. Este activista fue arrestado por el Ejército israelí el pasado 17 de noviembre mientras grababa con una cámara el ataque de unos colonos a la aldea de Fasayil.

Precisamente, Ghrayeb es el fundador de Ikhilia, que pretende “dar a los agricultores y las mujeres algo para continuar con sus vidas”, según R. R. Sin embargo, otra labor que llevan a cabo organizaciones como esta es la de documentar las distintas formas de acoso por parte de los israelíes. “Sirve para luego escribir sobre ello en las redes sociales o ir a los tribunales y comisarías israelíes; aunque eso no ayude, hay que intentarlo”, afirma A. A. Además del apoyo legal, Youth of Sumud también colabora con organizaciones de derechos humanos para ofrecer ayuda humanitaria a la población.

Para los dos activistas, lo esencial es “fortalecer la resiliencia de la gente para que pueda permanecer en sus tierras”. “Si estas personas no permanecen en sus casas, será un desastre más grande”, concluye A. A.

Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus iniciales en inglés), desde el pasado 7 de octubre, 200 palestinos –52 de ellos eran niños– han sido asesinados por las fuerzas israelíes en Cisjordania. En este mismo periodo de tiempo, 2.803 palestinos han sido heridos, de los cuales al menos 355 son niños; y se han registrado 254 ataques de colonos contra la población palestina.

Los palestinos A. A. y R. R., junto con el nepalí Subhash Kattel –miembro de la Internacional de Resistentes en la Guerra (IRG)– han participado en el encuentro Desarmar el militarismo: Resistir la guerra, construir la paz, organizado por la Alternativa Antimilitarista-MOC e IRG, y celebrado a finales de noviembre en Barcelona. También han visitado Valencia y Madrid, este último acto acogido por la Fundación Anselmo Lorenzo.

Fuente: https://www.infolibre.es/internacio...

Es inaceptable formar a seres humanos para la lucha y la guerra a estas alturas de la Civilización o la Cultura, mientras se debería trabajar por el fomento de la paz, como cantara el desaparecido beatle John Lennon.

Por Pepe Aguza

A estas alturas del siglo XXI, es incomprensible el lamentable retorno intelectual de la mente y la conciencia de la sociedad europea al proponer e instaurar nuevamente la prestación obligatoria del servicio militar a los jóvenes. El miedo y preocupación por invasiones bélicas junto al interés comercial de venta de armas del imperialismo americano, propician la necesidad de ampliar los ejércitos, especialmente europeos, en los que hacía décadas se venían reduciendo.

Dicho servicio a la patria, solo implica un brutal entorpecimiento en la vida laboral o la interrupción de las carreras profesionales o estudios universitarios de los jóvenes, que pueden suponer el fracaso o abandono futuro. Por otra parte, significa un innecesario gasto económico a los Presupuestos Generales del Estado, que bien podría dedicarse a la mejora de los servicios públicos, construcción de centros de salud y hospitales, escuelas o universidades públicas.

Es inaceptable formar a seres humanos para la lucha y la guerra a estas alturas de la Civilización o la Cultura, mientras se debería trabajar por el fomento de la paz, como cantara el desaparecido beatle John Lennon, en aquellos temas pacifistas “Give peace a chace” (Dad una oportunidad a la paz), o “Imagine” que decía:

“Imagina que no hay países,

no es difícil hacerlo.

Nada por lo que matar o morir,

tampoco ninguna religión.

Imagina a toda esa gente

viviendo la vida en paz…”

O recordar ahora que se aproxima la Navidad aquel “Happy Xmas (War is over)” – Feliz Navidad (La guerra ha terminado).

Después de décadas en que la juventud trabajara por la objeción de conciencia o la insumisión, que en muchos casos supondría años de prisión, y los gobiernos suprimieran la obligatoriedad de prestación militar, hoy diferentes países como Letonia, que tras dieciséis años de haberlo suprimido, lo vuelve a restablecer en 2023, Suecia que lo hace en 2018, tras ocho años suprimido, Lituania que los restablecería en 2015 o Dinamarca, que no solo ha ampliado su duración, sino que lo hace obligatorio para las mujeres, igual que ocurre con Croacia, que también lo ha reintroducido haciéndolo extensible voluntariamente a las mujeres, o Alemania, donde fue suspendido en 2011, que pretende aprobar un plan de reclutamiento a partir de 2026.

De los 27 países que conforman la Unión Europea, diez de ellos tienen en activo la prestación del servicio militar obligatorio (Austria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Letonia, Lituania y Suecia), mientras otros de los que hay que decir toman la decisión de reintroducirlo, sus políticos y líderes estarían fuera de la edad militar, se proponen volver a activarlo, como sería el caso de Polonia, Francia o Alemania.

Varios de estos países que pretenden reactivar la prestación militar, intentan estimular la conciencia de los jóvenes con promesas de remuneración salarial y otros incentivos económicos, como el caso de Bélgica, que ha enviado una carta a 150.000 jóvenes próximos a cumplir 18 años, prometiéndoles un salario de 2.000 Euros mensuales.

Sin embargo, dependiendo de la zona en la Unión Europea, existen grandes diferencias de opinión sobre la recuperación de dicha prestación militar y así en la Europa Occidental, la posición es mayoritariamente contraria, sobrepasando el 52 %, mientras en la Europa del Este, esta cifra alcanza el 39 %, según estimaciones del pasado año de la empresa americana de consultoría, encuestas y recursos humanos, Gallup, que reconoce que casi la mitad de la población, el 47 % no estaría dispuesta a luchar por su país en caso de conflicto bélico, mientras el 32 % sí lo haría y el 21 % que no sabe o no contesta.

Para los jóvenes españoles está claro su rechazo a la prestación del servicio militar obligatorio superando el 58 % de los encuestados, mientras otros países de nuestro entorno como italianos, franceses o alemanes se muestran divididos.

España, tras más de dos siglos de permanencia, puso fin al reclutamiento obligatorio con el gobierno de José María Aznar, a través del Real Decreto del 9 de marzo de 2001 y a pesar del decreciente número de militares profesionales en las Fuerzas Armadas, (aproximadamente 13.300 efectivos en los últimos quince años, hasta 2025), el gasto de defensa para este año, se calcula que superará el 2´1 % del PIB destinado principalmente a los 147.134 militares profesionales en activo y gastos militares. Ello supone que una enorme cantidad de dinero irá destinada a formación para un modelo más competitivo, tecnológico y profesional, con tropa altamente cualificada y especializada, que a soldados voluntarios de reemplazo como mano de obra sin capacitación.

Los motivos de quienes rechazan la recuperación están desde la objeción de conciencia por motivos éticos, morales o laborales que pueden afectar a relaciones familiares, de paternidad o económicas, así como otras relacionadas con la salud por enfermedades mentales, cardíacas, diabetes, asmáticas o problemas graves, incluso otros motivos relacionados con estudios universitarios o profesionales.

Por otra parte, para casi ese 40 % de españoles que apoyan la reinstauración del servicio militar, entre los que por supuesto deberían quedan exentos los que por diversos motivos, edad, patologías o intereses militares de alta graduación, pretenden implantar dicha prestación aumentando la participación de la mujer, dificultando la posible prestación sustitutoria de objetores o penalizando dentro de un marco jurídico la insumisión, valoran de forma positiva ideas fascistoides como el reforzamiento de la conciencia nacional, defensa y respeto de los símbolos patrióticos o los valores humanos.

Pero también podemos encontrar detractores como la Ministra de Defensa, Margarita Robles, contraria a su implantación, frente a políticos como Josep Borrell, Alto Representante para Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, que defiende la idea de un servicio militar obligatorio que integrara a los jóvenes en la disciplina de un ejército europeo, cuyo servicio se prestara lejos del lugar de nacimiento del recluta y bajo el mando de un país diferente de su nacionalidad, lo que supondría una auténtica afrenta y falta de respeto a los derechos individuales del ciudadano.

Por ello y como apuntaba al principio, una decisión de tal trascendencia, debería ser tomada por personas cuya edad se vea afectada por dicho servicio y no por quien ya queda fuera de tal resolución, que en definitiva no solo afectaría a sus vidas, sino a la estabilidad y futuro del país.

Pepe Aguza es miembro del Colectivo Prometeo.

Fuente: https://nuevarevolucion.es/no-a-la-...

Francia, en 1997; España, en 2001; Italia, en 2005; Suecia, en 2010; Alemania, en 2011… Durante las décadas bisagra de los siglos XX y XXI un número considerable de países europeos suspendieron o abolieron el servicio militar obligatorio. Se abría un ciclo propio de una nueva época, una coyuntura geopolítica distinta que provocaba cambios en el conjunto y en cada uno de los estados europeos. Era el fin de la Guerra Fría y se había puesto en valor la política de “dividendos de paz” en un panorama geoestratégico que, en principio, parecía más seguro y asimismo más rentable, sobre todo porque podía reducirse el ingente gasto dedicado al armamentismo y a la proliferación nuclear, mientras se aceleraban los procesos de profesionalización de las fuerzas armadas y, de paso, se tranquilizaba a la juventud europea y a unas clases medias que ostensiblemente estaban en contra de la conscripción o buscaban afanosamente librarse de tan ominosa y a veces peligrosa obligación. En nuestro país, además, el desafecto social hacia la mili, simbólicamente representada como “la puta mili”, se hizo mayoritario, espoleado por el movimiento de objeción de conciencia e insumisión. Sin embargo, ese ciclo tenía los años contados.

Muy pronto comenzó el nuevo ciclo que está restituyendo la conscripción en Europa. Hoy en día el balance es muy distinto del que teníamos en 2010. Hay mili en diez países comunitarios (Austria, Estonia, Finlandia, Grecia, Chipre, Dinamarca, Suecia, Lituania, Letonia y Croacia), además de los otros cuatro que no pertenecen a la UE (Suiza, Noruega, Ucrania y Moldavia). El proceso que se está siguiendo nos debe alertar. Desde la anexión rusa de Crimea, con el neolenguaje de la Paz y la Seguridad o con el lenguaje clásico y crudo de la guerra, ha vuelto a las agendas políticas la vieja expectativa militarista de los ejércitos de leva, con decenas de miles o centenares de miles de soldados puestos en los frentes para que sirvan de carne de cañón, dígase carne de contención, qué más da, si a fin de cuentas se trata de una huida hacia adelante, pues ya sabemos que algo así siempre resultó ser una catástrofe material y una enorme carnicería humana, como de hecho está ocurriendo en los frentes de Ucrania.

Hoy sabemos que llevamos diez años inmersos en un nuevo ciclo de retorno de la mili: se inició en 2015, tomó vuelo en 2022 y amenaza con agudizarse en los años venideros. Lituania, que reintrodujo el servicio militar obligatorio en 2015 tras la invasión rusa de Crimea, quiere extenderlo e incluir a las mujeres. Finlandia está en esa misma tesitura. Letonia reintrodujo la mili en 2023. Serbia y Croacia han anunciado su restitución. Suecia ya lo había hecho en 2017. Hay países que no podrían hacerlo o se enfrentarían a un importante sector de la opinión pública, como ocurre en Italia y más aún en España (de momento, la reinstauración de la mili es una idea exclusiva de las ultraderechas, de Salvini y Abascal respectivamente). Pero el debate toma visos de seriedad en Reino Unido, Francia, Bélgica… En Alemania, el ministro de Defensa, Boris Pistorius, sostiene que “no hay capacidad de defensa sin servicio militar obligatorio”. Las últimas noticias sobre una mili voluntaria y bien pagada en Bélgica y Alemania están en las mismas coordenadas de la vuelta de la conscripción.

Es un cambio trascendente, es algo muy serio. Es serio porque nos recuerda que hay decisiones políticas envueltas de hipocresía e inmoralidad. Ese tipo de decisiones estratégicas se estén adoptando en parlamentos inestables y en una coyuntura de extrema volatilidad electoral. Las alientan líderes que se han beneficiado personalmente del ciclo anterior, políticos populistas que en su día no hicieron la mili porque pudieron librarse de ella. Es serio porque afecta a los derechos y a las vidas de futuros reclutas que hoy están en los jardines de infancia y en las aulas de primaria y secundaria. Es serio porque el retorno de la mili se justifica con el discurso del miedo, con la exaltación de las retóricas belicistas, señalando las amenazas del expansionismo ruso, pero lanzando contra él otras amenazas preventivas, y obviando la responsabilidad de los países de la OTAN en la escalada armamentística y en el riesgo de guerra nuclear, mientras se margina a la sociedad civil de un proceso de toma de decisiones que, por cultura de paz e incluso por pura humanidad y por instinto de supervivencia, debería sustentarse en la resolución pacífica de los conflictos. El retorno de la mili no detendrá la guerra; solo nos acerca más a ella.