El Tribunal Central Penal de Londres, conocido como el Old Bailey, ha cerrado sin condenas el juicio contra tres activistas kurdos acusados de pertenencia al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), grupo designado como organización terrorista por el Reino Unido. El jurado no logró alcanzar un veredicto unánime, lo que ha provocado que los acusados se enfrenten a un nuevo juicio, según informaron fuentes judiciales británicas.

El caso, que se ha prolongado durante varias semanas, pone de relieve las tensiones geopolíticas en torno a la diáspora kurda en Europa y el papel de las operaciones de inteligencia británicas en la lucha contra el terrorismo. El PKK, que desde 1984 mantiene un conflicto armado con Turquía, está considerado una organización terrorista por el Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea.

Un jurado en desacuerdo

Los tres activistas, cuyas identidades no han sido reveladas públicamente, fueron acusados de recaudar fondos y promover las actividades del PKK en el Reino Unido. Sin embargo, tras varias semanas de deliberaciones, el jurado comunicó al juez que no podía alcanzar un veredicto, lo que llevó a la declaración de juicio nulo. La Fiscalía de la Corona (CPS) ha anunciado que solicitará un nuevo proceso, que se celebrará en una fecha aún por determinar.

La defensa de los acusados sostuvo que las actividades de sus clientes se limitaban a la promoción de la cultura y los derechos kurdos, sin vinculación con la violencia. Organizaciones de derechos humanos han criticado la criminalización del activismo kurdo en el país.

El resultado del juicio supone un revés para las autoridades británicas, que han intensificado en los últimos años la vigilancia sobre la comunidad kurda en el Reino Unido, especialmente tras el aumento de las tensiones entre Turquía y los grupos kurdos en Siria e Iraq. Según fuentes judiciales, el nuevo juicio podría comenzar en los próximos meses.

El Mando de Operaciones Especiales de Estados Unidos en Somalia ha publicado una solicitud de contratistas para desempeñar funciones de asesoramiento cultural, con el objetivo de formar a las tropas desplegadas en el país africano sobre la política, cultura y dinámicas tribales somalíes. La iniciativa, enmarcada dentro del Comando África de EE.UU. (AFRICOM), busca reforzar la efectividad de las operaciones dirigidas contra el grupo yihadista Al-Shabaab.

El anuncio, fechado el 1 de junio de 2026, señala que los asesores culturales deberán proporcionar formación continua a los miembros de la Fuerza de Tarea de Operaciones Especiales en Somalia, con el fin de mejorar la comprensión del contexto local y evitar errores tácticos derivados del desconocimiento de las estructuras tribales y políticas de la región. La medida refleja un cambio de enfoque en la estrategia estadounidense, que busca integrar el conocimiento local en la planificación militar.

Según la solicitud, los contratistas seleccionados trabajarán directamente con las unidades desplegadas en Somalia, donde EE.UU. mantiene una presencia militar limitada pero activa, realizando operaciones de contraterrorismo y entrenamiento de fuerzas locales. La presencia estadounidense en el Cuerno de África ha sido objeto de debate, especialmente tras el aumento de los ataques con drones y las operaciones conjuntas con el ejército somalí.

La iniciativa se produce en un momento de intensificación de los enfrentamientos entre las fuerzas somalíes y Al-Shabaab, que aún controla amplias zonas rurales del país. La integración de asesores culturales busca reducir la brecha entre los militares estadounidenses y la población local, un factor clave para el éxito de las misiones de contrainsurgencia. El programa no especifica el número de asesores que se contratarán ni el presupuesto asignado, pero subraya la importancia de la inteligencia cultural en las operaciones militares.

El director de la Oficina Central de Investigaciones Judiciales (BCIJ) de Marruecos, Cherkaoui Habboub, ha revelado que 130 ciudadanos marroquíes combaten actualmente en organizaciones terroristas en África, principalmente en el Sahel y África Occidental. La declaración, realizada el 1 de junio de 2026 en una entrevista al diario Al Ahdath Al Maghribiya, expone las fragilidades internas del reino alauí en su lucha antiterrorista y el riesgo de desbordamiento hacia el norte de África y España.

Habboub advirtió de que la amenaza no se limita a los combatientes desplazados, sino que se extiende a la radicalización exprés de menores dentro de Marruecos, un fenómeno que calificó de “nuevo desafío” para los servicios de seguridad. La cifra de 130 combatientes, aunque modesta en términos absolutos, refleja la persistencia de redes de reclutamiento y la permeabilidad de las fronteras en una región donde la inestabilidad es creciente.

Expertos en seguridad consultados señalan que la presencia de marroquíes en grupos como el Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS) o JNIM (vinculado a Al Qaeda) convierte al Sahel en un vivero de combatientes experimentados que podrían regresar a Marruecos o infiltrarse en el sur de Europa. España, por su proximidad geográfica y la intensa cooperación antiterrorista con Marruecos, sigue siendo un objetivo potencial si la presión migratoria y yihadista se intensifica.

El director del BCIJ insistió en que Marruecos actúa como “baluarte regional” contra el terrorismo, pero la propia dimensión de la diáspora combatiente revela grietas en el control interno. “Luchamos contra el terrorismo en el extranjero para proteger nuestras propias ciudades”, ha declarado Habboub, sin precisar si los combatientes marroquíes han sido identificados en operaciones concretas o si existe un plan de repatriación.

La noticia llega en un contexto de competencia diplomática entre Marruecos y España por la influencia en el Sahel, donde ambos países despliegan estrategias de cooperación militar y desarrollo. Mientras Rabat ofrece sus servicios de inteligencia a los países vecinos, Madrid teme que una desestabilización del norte de África pueda generar flujos migratorios descontrolados y células dormidas en suelo español. El Ministerio del Interior español sigue con atención el fenómeno, según fuentes del departamento.

Por ahora, la cifra de 130 combatientes marroquíes es la primera estimación oficial de Rabat en años, y supone un reconocimiento implícito de que la amenaza yihadista no solo viene de fuera, sino que también se nutre de estructuras internas.