Las autoridades rusas han presentado cargos formales contra Pavel Durov, fundador y CEO de Telegram, por supuesta colaboración con el terrorismo. La acusación se produce en el marco de una ofensiva del Kremlin contra la plataforma de mensajería, que incluye la reducción del 55% del tráfico de Telegram en el país y la promoción de un mensajero alternativo sin cifrado.
Una campaña contra Telegram
Según fuentes oficiales rusas, Durov habría permitido el uso de Telegram por parte de grupos terroristas, sin que se hayan ofrecido pruebas concretas. La acusación coincide con medidas técnicas que estrangulan el acceso a la aplicación: desde hace meses, el regulador de comunicaciones ruso limita deliberadamente la velocidad de Telegram, lo que ha degradado su uso de forma significativa.
Paralelamente, el Gobierno ruso impulsa MAX, un mensajero sin cifrado que viene preinstalado en todos los nuevos dispositivos vendidos en Rusia. Esta aplicación carece de las garantías de privacidad que caracterizan a Telegram, lo que permite un control gubernamental directo sobre las comunicaciones.
Implicaciones para la libertad digital
El caso de Durov representa un hito en la escalada de presión rusa contra las herramientas de comunicación cifradas. El fundador de Telegram, que abandonó Rusia en 2014 tras negarse a entregar datos de usuarios, podría enfrentarse a penas severas si es declarado culpable. Organizaciones internacionales de derechos digitales han denunciado la acusación como un intento de silenciar a la plataforma, aunque ninguna ha podido verificar los cargos de forma independiente.
Telegram, con más de 900 millones de usuarios activos, es especialmente popular en países del antiguo espacio soviético y se ha convertido en una herramienta clave para la disidencia y la organización política. La ofensiva rusa contra la aplicación no tiene precedentes por su escala y coordinación.
