El presidente francés, Emmanuel Macron, ha ordenado este viernes 5 de junio una investigación sobre el sistema judicial del país tras el asesinato de Lyhanna, una niña de 11 años, en el suroeste de Francia. El mandatario calificó lo sucedido como un «mal funcionamiento» de la justicia, después de que el principal sospechoso hubiera sido acusado formalmente en dos ocasiones de violación a una menor sin que los casos prosperaran.

La muerte de la menor ha desatado una ola de indignación en Francia y ha reabierto el debate sobre la protección de los menores y la eficacia del sistema judicial. Según ha trascendido, el sospechoso, un hombre que ya había estado bajo investigación por delitos sexuales contra otra niña, logró eludir la prisión preventiva en ambas ocasiones, lo que permitió que estuviera en libertad cuando se produjo el crimen.

Un historial judicial en entredicho

Las dos acusaciones previas contra el sospechoso fueron archivadas o quedaron estancadas por diversas razones procesales, según fuentes judiciales citadas por medios locales. Esta situación ha llevado a la Fiscalía a abrir una investigación interna para determinar si hubo negligencia o errores en la tramitación de los casos. El Ministerio de Justicia francés ha anunciado que colaborará con la pesquisa.

El Gobierno galo ha prometido una revisión exhaustiva de los protocolos de protección a menores y de seguimiento de los acusados por delitos sexuales. Macron, que se ha reunido con la familia de la víctima, ha asegurado que «nada justifica que un sistema que debía proteger a una niña haya fallado de esta manera».

La indignación ciudadana se ha traducido en concentraciones en varias ciudades, con pancartas que exigen «justicia para Lyhanna» y una reforma profunda de la justicia. El caso ha reavivado el recuerdo de otros crímenes similares en Francia en los que el sistema judicial fue señalado por no actuar a tiempo.

Un tribunal del estado de Ondo, en el suroeste de Nigeria, ha condenado a la pena de muerte a cuatro personas halladas culpables de participar en la masacre contra fieles cristianos durante la celebración de Pentecostés en 2022, que dejó al menos 40 víctimas mortales. La sentencia, anunciada el 4 de junio de 2026, ha sido recibida con satisfacción por la comunidad cristiana local, aunque el obispo de Ondo, monseñor Jude Arogundade, ha instado a que la justicia no se convierta en venganza.

El ataque, ocurrido en la iglesia de San Francisco Javier en Owo, fue uno de los episodios más sangrientos contra cristianos en Nigeria en los últimos años. Según la acusación, los condenados formaban parte de un grupo armado que irrumpió en el templo durante la misa dominical, abriendo fuego y provocando una estampida. Las autoridades no han revelado la identidad de los sentenciados, pero fuentes judiciales confirmaron que se les consideró autores materiales del ataque.

Reacción del obispo de Ondo

Monseñor Arogundade expresó su pesar por el dolor causado a las familias de las víctimas y subrayó que la sentencia debe servir para cerrar heridas, no para abrir nuevas. «Acojo la decisión del tribunal con serenidad», declaró. «La justicia humana ha hablado, pero nuestra fe nos llama también a la misericordia y a la reconciliación. Oro por las almas de los fallecidos y por la conversión de los condenados.» El obispo pidió a las autoridades que sigan investigando a los autores intelectuales del ataque, que aún no han sido identificados.

La condena a muerte en Nigeria es una medida excepcional, aunque el país mantiene la pena capital para delitos graves como el asesinato y la traición. En la práctica, las ejecuciones son raras; la última ejecución documentada data de 2024. Amnistía Internacional ha criticado la sentencia, considerando que la pena de muerte vulnera el derecho a la vida. Sin embargo, organizaciones cristianas locales han celebrado el fallo como un paso hacia la justicia para las víctimas de la violencia sectaria.

Nigeria, el país más poblado de África, sufre una persistente violencia entre comunidades cristianas y musulmanas, especialmente en el norte, donde operan grupos yihadistas como Boko Haram. El estado de Ondo, de mayoría cristiana, no es ajeno a estos ataques, aunque el de Pentecostés de 2022 fue particularmente impactante por su brutalidad y por ocurrir durante una celebración religiosa.

El fallo conocido como Callais, publicado el 4 de junio de 2026, ha acabado con las restricciones que la Voting Rights Act (Ley de Derecho al Voto) imponía al gerrymandering político en Estados Unidos. Según el tribunal, la decisión elimina lo que quedaba de control sobre la manipulación de los distritos electorales con fines partidistas.

En la medida en que la Voting Rights Act servía al menos como una restricción mínima al gerrymandering político, esa restricción ha desaparecido.

El dictamen, emitido por un tribunal federal de apelaciones, supone un giro en la jurisprudencia electoral estadounidense. Hasta ahora, la ley de 1965 permitía a los tribunales federales intervenir cuando el trazado de distritos perjudicaba de forma desproporcionada a minorías raciales. Con el fallo Callais, los demandantes tendrán que demostrar una intención discriminatoria explícita, algo muy difícil de probar, lo que deja sin herramientas efectivas a los defensores del voto.

La decisión ha sido celebrada por sectores conservadores, que la consideran un paso hacia la neutralidad racial en las leyes electorales. En cambio, organizaciones de derechos civiles la han calificado de golpe mortal a la democracia representativa. Activistas advierten que el fallo abre la puerta a un gerrymandering aún más agresivo de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre de 2026.

El tribunal, en su razonamiento, argumentó que la Voting Rights Act no puede usarse para corregir desequilibrios políticos siempre que no haya una prueba clara de discriminación racial. Esto, según críticos, ignora que el racismo estructural está a menudo implícito en el diseño partidista de los distritos.

El caso Callais se suma a una serie de resoluciones judiciales que han ido vaciando de contenido la ley de 1965, tras el fallo del Tribunal Supremo de 2013 en el caso Shelby County v. Holder, que eliminó la obligación de ciertos estados de obtener autorización federal previa para modificar sus leyes electorales.

Ucrania y sus aliados han puesto en marcha un tribunal especial para juzgar el crimen de agresión cometido por Rusia con la invasión a gran escala de 2022. La iniciativa, anunciada en junio de 2026, busca cerrar una brecha en el derecho penal internacional que hasta ahora impedía procesar a los líderes rusos por la decisión misma de invadir, más allá de los crímenes de guerra o de lesa humanidad que ya investiga la Corte Penal Internacional (CPI).

El tribunal, cuyo diseño institucional aún se negocia, contará con el respaldo explícito de más de 40 países, según fuentes diplomáticas. La Unión Europea ha comprometido 50 millones de euros como financiación inicial, una cantidad que se prevé ampliar conforme avance la estructura del mecanismo híbrido internacionalizado. El fiscal general de Ucrania, en un discurso ante la Asamblea Nacional, declaró:

Este tribunal no es opcional, es una obligación moral y legal.

La declaración subraya el tono de urgencia con el que Kiev y sus socios abordan la creación de esta instancia judicial.

Un vacío legal que se cierra

El crimen de agresión –definido en el Estatuto de Roma como el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía de otro– ha sido históricamente el más difícil de perseguir. La CPI puede juzgarlo, pero solo cuando el Estado agresor ha ratificado el Estatuto, lo que no es el caso de Rusia. El nuevo tribunal sorteará esa limitación al establecerse mediante un acuerdo multilateral entre Ucrania y sus aliados, sin pasar por el Consejo de Seguridad de la ONU, donde Rusia tiene poder de veto.

Expertos en justicia transicional consultados por la fiscalía ucraniana señalan que las pruebas del crimen de agresión –actas del Consejo de Seguridad ruso, órdenes militares, declaraciones públicas de líderes– son especialmente sensibles y su manejo requerirá protocolos estrictos de clasificación. Las agencias de inteligencia occidentales, que ya han compartido información con la CPI, prevén colaborar también con este tribunal, lo que abre la puerta a filtraciones y operaciones de influencia que podrían marcar la geopolítica de la información en los próximos meses.

Un ciudadano argelino residente en Francia, chef de profesión, ha conseguido que la justicia francesa anule la Obligación de Salir del Territorio Francés (OQTF) que le había sido impuesta, al demostrar su arraigo profesional y familiar en el país. El fallo, conocido el pasado viernes, sienta un precedente sobre la aplicación de criterios de integración frente a la política migratoria restrictiva del Gobierno de Emmanuel Macron.

El demandante, que entró legalmente en Francia, había solicitado la renovación de su título de residencia, pero la prefectura competente se la denegó y le notificó una OQTF. El chef recurrió la decisión ante el tribunal administrativo, que ha dado la razón al recurrente al considerar que el demandante cuenta con un empleo estable y vínculos familiares sólidos en territorio francés, elementos que, según la sentencia, priman sobre la decisión de expulsión.

La resolución judicial subraya que el demandante está perfectamente integrado profesionalmente: trabaja como cocinero en un restaurante de la región parisina y cotiza a la seguridad social francesa. Además, mantiene lazos familiares directos en Francia, lo que, a juicio del tribunal, hace desproporcionada la medida de expulsión.

Tensión bilateral franco-argelina

El caso se produce en un contexto de tensión migratoria entre Francia y Argelia. París ha endurecido las condiciones para la concesión de visados y residencias a ciudadanos argelinos, mientras que Argel ha criticado lo que considera un trato discriminatorio hacia su diáspora. Según fuentes diplomáticas citadas por la prensa francesa, el número de OQTF dictadas contra argelinos ha aumentado en el último año, aunque la tasa de ejecución sigue siendo baja debido a los recursos judiciales.

El fallo no afecta directamente a la política migratoria española, pero sí ilustra cómo los tribunales franceses están interpretando los criterios de arraigo en un clima de endurecimiento. España, como otro gran destino migratorio de origen argelino, observa estos casos con atención, ya que comparte con Francia el reto de equilibrar el control fronterizo y la integración de los migrantes ya establecidos.

La Conferencia Episcopal Polaca ha defendido este 29 de mayo de 2026 el significado constitucional del matrimonio, afirmando que esta postura «no atenta contra la dignidad de nadie». Los prelados reaccionan así a la decisión de varias ciudades polacas de registrar a parejas del mismo sexo, tras un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

En un comunicado, los obispos subrayan que «defender el matrimonio como unión entre hombre y mujer no implica actuar contra nadie ni menoscabar la dignidad de nadie». La declaración se enmarca en la creciente presión europea para redefinir la institución matrimonial, lo que ha generado un intenso debate en Polonia, país de fuerte tradición católica.

Reacción al fallo del TJUE

El pasado mes de abril, el TJUE dictaminó que los Estados miembros de la UE deben reconocer, a efectos de residencia, las uniones entre personas del mismo sexo celebradas legalmente en otros países del bloque. Desde entonces, varias administraciones locales polacas han comenzado a inscribir estas uniones, lo que ha provocado la reacción de la jerarquía católica.

La postura de la Iglesia no es contra nadie, sino a favor de una visión del matrimonio arraigada en la Constitución y en la tradición polaca.

La Conferencia Episcopal recuerda que la Constitución polaca define el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, y advierte de que «cualquier reinterpretación que se aparte de este fundamento constitucional debe ser objeto de un debate social profundo y no puede imponerse por vía judicial».