El próximo 2 de julio, Argelia celebrará elecciones legislativas en un ambiente de creciente tensión política. La inhabilitación de unos 300 candidatos amparada en el artículo 200 de la ley electoral ha desatado una oleada de protestas entre los partidos políticos, que denuncian un texto «demasiado vago» y que podría estar siendo utilizado para excluir a oponentes.
La medida, comunicada por las autoridades electorales a un mes de los comicios, no ha sido acompañada de explicaciones detalladas sobre las causas de cada invalidación. Según fuentes políticas citadas por medios argelinos, el artículo 200 permite la exclusión de candidatos por incumplimiento de requisitos formales o por antecedentes judiciales, pero su aplicación ha generado «protesta general» en todas las fuerzas políticas, incluso entre formaciones afines al Gobierno.
Un clima de desconfianza
La oposición ha calificado la operación de «maniobra para vaciar de contenido la contienda electoral», mientras que desde el oficialismo se defiende la legalidad del proceso. El presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, no se ha pronunciado directamente sobre las invalidaciones, pero el Ministerio del Interior ha asegurado que se han respetado los procedimientos legales.
Argelia atraviesa un periodo de incertidumbre política y económica, con una inflación que supera el 10% y un descontento social creciente. La exclusión masiva de candidatos podría avivar las tensiones y reducir la participación electoral, ya de por sí baja en anteriores comicios.
La comunidad internacional, incluida la Unión Europea, ha mostrado preocupación por el proceso electoral argelino. Bruselas ha instado a las autoridades a garantizar la transparencia y el respeto a los plazos legales, así como a facilitar la participación de todas las fuerzas políticas.
